Perú y el “boom” de su economía

El Ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, a través de las tribunas cedidas por diferentes medios de comunicación, viene anunciando que la economía peruana cerrará el año 2006 con un crecimiento de 7,5%, gracias a una inflación de 1.5%, al incremento en las exportaciones, y sobretodo al comportamiento de la inversión privada que creció a un ritmo de 16% a lo largo de estos meses. De cara al próximo año, el Gobierno ha reducido aranceles y ha establecido una serie de reformas tributarias tendientes a incrementar los ingresos tributarios.

Todo hace prever que en los próximos años el país continuará el boom económico, según palabras del propio Alan García, lo cual nos llena de satisfacción por tratarse del Perú, pero a la vez nos invita a tomar cautela, porque quienes han ejercido el poder durante los últimos 20 años han gobernado para sí y para una pequeña oligarquía. Ad portas del año 2007 merece reflexionar sobre cuatro cuestiones: ¿El crecimiento de las exportaciones es real o aparente?, ¿La prosperidad se produce en todos los sectores macroeconómicos?, ¿Si hay bonanza económica por qué existe tanta pobreza?, ¿El boom económico garantiza la democracia en nuestra sociedad?

Toledo y el actual presidente García hacen gala de que las exportaciones están creciendo a un ritmo acelerado, pero cabría preguntarse si ello se debe a que existe mayor producción de bienes exportables, o es que el precio de los bienes que ya exportamos se ha incrementado en el mercado internacional. Más generoso parecería ser la primera alternativa, porque los precios internacionales, por ejemplo de nuestros minerales, podrían caer en virtud a distorsiones cambiarias, o por el surgimiento de nuevos competidores que ofrezcan el producto a menores precios.

De otro lado, es necesario preguntarse si el crecimiento económico viene siendo uniforme en todos los sectores macroeconómicos, o es que el fuerte despegue del sector minero y del sector construcción, compensan el débil crecimiento del sector agrícola, pecuario, pesquero. En la medida en que el agro demanda mayor mano de obra que la minería, el gobierno debe poner énfasis en este sector para generar empleo, y su exacerbado optimismo en los precios de nuestros minerales debe tomar en cuenta que la bonanza minera es limitada en el tiempo, por tratarse de recursos naturales no renovables.

Y si venimos creciendo por años, ¿Por qué no se percibe a nivel de indicadores microeconómicos?, ¿Por qué no se siente el chorreo?, ¿Por qué la pobreza aprisiona a la mitad de las familias peruanas? Creo que una explicación convincente de esta paradoja recaería en los economistas serios y responsables. Baste con señalar que una de las razones se traduce en que la riqueza está pésimamente distribuida, y la brecha económica entre quienes tienen más y quienes tienen menos es incontrolable e inmanejable.

Respecto a la última cuestión, por años se ha pretendido dilucidar si el logro de la democracia, o su estabilidad, depende del crecimiento económico que un país puede experimentar. Así lo entendió Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, y creyó que para lograr democracias sólidas en Latinoamérica eran necesarios organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para coadyuvar a la lucha contra la pobreza de la región.

Académicos de talla mundial como Seymour Lipset y Robert Dahl, con ciertos matices, sostuvieron tesis en la misma línea, pensando que el factor causal de la democracia era el crecimiento económico. No obstante, Muller relativizó tal determinismo al considerar que si la renta per capita era distribuida inequitativamente, el impacto para la democracia sería negativo. Me adhiero a esta última afirmación porque estoy convencido que un crecimiento económico que genera grandes desigualdades es incompatible con el ideal democrático.

A la luz de los nuevos conceptos que ha adquirido la democracia y de los múltiples componentes que posee, considero que el crecimiento económico será favorable a la democracia cuando vaya acompañada de un descenso en los niveles de brecha económica que nuestro país padece. Es impensable para cualquier sistema democrático que un porcentaje considerable de la riqueza quede en pocas manos, siendo la mayoría de la población ajena a los servicios públicos básicos y a considerables niveles de educación, sanidad, empleo y vivienda.

Asimismo, el protagonismo exacerbado de la representación política, dejando un margen muy estrecho a los canales de participación ciudadana, es incompatible con la democracia, si es que entendemos por ésta en su sentido Habermasiano como un sistema en donde las decisiones políticas se producen a través de un proceso dialogante y concertado de los diferentes actores sociales y políticos. Un crecimiento económico no garantiza mayor participación ciudadana, al contrario parecería hacerla retroceder.

No hay duda que el liberalismo económico promueve crecimiento económico. El reto consiste en lograr que ese crecimiento sea socialmente justo en cuanto a su distribución, y que gran parte de la riqueza sea destinada a la educación y a la salud. La libertad es tan importante como la igualdad y la equidad. Un Gobierno que no sepa armonizar ambos principios, aparentemente contradictorios, será incapaz de sostener un régimen verdaderamente democrático.

30/12/06

¿Evaluación a los maestros o al presidente Alan García?

La evaluación de docentes escolares anunciado por el Ministro de Educación José Antonio Chang y avalado por el gobierno aprista, ha acaparado la atención pública de la ciudadanía y las primeras planas de los medios de comunicación. La importancia del tema es crucial, al punto que una serie de acontecimientos suscitados en torno a él, sin dejar de lado el abierto enfrentamiento entre el SUTEP y el Poder Ejecutivo, han motivado la postergación de la evaluación para el próximo 08 de enero del año 2007.

El Gobierno se ha apresurado, acaso por desentenderse de la educación escolar, en someter a una evaluación a los maestros del Perú, pero ¿qué sucedería si a priori evaluáramos al presidente de la República? ¿Acaso sería irrazonable evaluar las capacidades de quien ostenta el más alto rango de la función pública, de acuerdo con la constitución?

Para medir el desempeño de Alan García se requieren 2 evaluaciones paralelas: Una vinculada al factor psicológico para conocer los efectos del Litio, hasta ahora suministrado, y la otra referida a su desempeño propiamente dicho como Jefe de Estado y de Gobierno. En cuanto a derechos humanos, con la propuesta de instauración de la pena capital, el presidente queda desaprobado de lejos, pues es evidente que el Perú como miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no puede restaurar la pena de muerte. La Internacional Socialista, que acoge en su seno al APRA, debería darle un jalón de orejas por insistir en dicha medida, proscrita también por la Unión Europea.

En materia de terrorismo, con endurecimiento de penas, reformas al Código Penal, incursión de las fuerzas de seguridad en los recintos universitarios públicos para evitar un supuesto rebrote, saldría también desaprobado. El problema del terrorismo tiene su origen en factores sociales y económicos que ameritan erradicarlos. El Gobierno no es consciente que la mera aprobación de normas penales, con la esperanza de la resocialización del condenado, no resulta del todo convincente.

A nivel tributario, la oposición al establecimiento de impuestos a las sobreganacias de las empresas mineras y a la revisión de sus contratos de estabilidad tributaria -vía reforma constitucional- suscrita irresponsablemente en beneficio de grandes multinacionales, desaprueban de lejos al presidente. Si seguimos evaluándolo en temas como el narcotráfico, la descentralización, el TLC, políticas públicas, reforma del Estado, e inclusive la gestión de su aparato administrativo, Alan García quedaría mal parado.

La medición del desempeño o evaluación por resultados es una lógica impuesta por las corrientes gerencialistas para lograr, dizque, una nueva gestión pública al interior de las administraciones estatales. Al enfocar su atención en los resultados y no en los procesos (propio de la burocracia Weberiana) se lograría un eficaz y eficiente rendimiento de la administración pública. Esta práctica, asentada generalmente en los países angloamericanos, típica del sector privado, tiene una serie de desventajas cuando se pretende extrapolar al sector público, peor aún cuando quienes van a ser sujetos de evaluación son personas.

Es perfectamente factible evaluar por resultados los presupuestos públicos; se puede medir el rendimiento de una obra de infraestructura y su impacto para generar dividendos a favor de una comunidad; es factible medir los efectos de la ejecución de un programa social, o de cierta política pública cuantificable económicamente; se puede evaluar el desempeño de funcionarios públicos cuando en un sistema de carrera pretenden el ascenso; pero ¿puede cuantificarse o medirse la capacidad de un docente escolar?

En principio, resulta demasiado complejo diseñar indicadores efectivos que midan el desempeño de los educadores. La existencia de elementos subjetivos imposibilita una evaluación seria y responsable. ¿En el Perú quién es buen maestro y quién es mal docente?; ¿El maestro que cuenta con más años de docencia es necesariamente mejor que un docente joven?; ¿El profesor egresado de una universidad particular es más eficiente que uno proveniente de un claustro universitario público?; ¿El docente de un colegio urbano es más calificado que uno que presta sus servicios en colegios o escuelas rurales?

Si a la complejidad de establecer indicadores que arrojen un perfil adecuado del buen docente, subyace la pregunta ¿Quién está capacitado para sentar las pautas de la evaluación?, la situación se agrava. El Ministro de Educación que poco o nada sabe de la problemática educativa de nuestro país, ¿estará capacitado y legitimado para ello?; ¿la burocracia que labora en el sector podrá diseñar indicadores de desempeño?; ¿El APRA podrá hacerlo?; O como el reciente descubrimiento de petróleo ¿habrá que esperar la bondad de Dios?

Afrontar el tema educativo es sumamente complejo y sensible. No puede pretenderse evaluar los recursos humanos cuando éstos no han participado en serios programas de capacitación; cuando su retribución por formar nuevas generaciones es irrisoria; cuando poco o nada se ha hecho por ejecutar verdaderos planes de formación y especialización; cuando hay centros de enseñanza superior de dudosa reputación en la formación de educadores; con un diseño curricular desfasado; con un SUTEP que ha capturado el magisterio para beneficio de su oligarquía sindical.

Por lo tanto, El Gobierno y el SUTEP deberían dedicarse más a trabajar por los docentes que a protagonizar enfrentamientos que son parte del problema y no de la solución. Sólo después de sentar los presupuestos básicos de una moderna y eficiente carrera magisterial, puede pretenderse evaluar el desempeño de los maestros, merced a indicadores diseñados por verdaderos especialistas.

20/12/2006

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El sueño de la “Sudamérica solidaria” y la doble moral de García

La comunidad sudamericana de naciones (CSN) gestada en Cusco el 08 de diciembre de 2004, fue un hito trascendente que rememora el gran sueño de Simón Bolívar allá por el siglo XIX, y que evidencia la madurez y progresismo de la actual clase política. Pese a no contar con un patrón monetario único, el móvil que impulsó este “afecto societatis” fue el económico, razón por la que los países considerados Socios – Nación eliminaron barreras arancelarias y cuotas a la importación, pero también político, encaminado a la voluntad supranacional de lucha contra los gérmenes y flagelos que aquejan a la región.

La última cumbre de los Socios Nación se produjo en Cochabamba (Bolivia), al cual asistió el reciente electo presidente ecuatoriano Rafael Correa, y en donde los medios de comunicación estaban más atentos al impase suscitado, meses atrás, entre los presidentes venezolano y peruano. Lo cierto es que en ese aforo internacional, Alan García Pérez fue nuevamente fiel a la escopeta de 2 cañones, cuando en su disertación apeló a la unión de los pueblos sudamericanos para encarar el déficit educativo que aún es latente en la zona.

Al margen de lo acertado que fue García, pues a nuestro juicio Sudamérica arroja preocupantes niveles de educación, en comparación con los estándares norteamericano y europeo, su exclamación a la unión demuestra su doble moral. Por un lado apela a lo comunitario, pero por otro lado dinamita la unión. Cuando se encuentra en foros, cumbres, reuniones de Jefes de Estado, es partidario de la promoción de políticas comunes; cuando está en el Perú o frente a George Bush es enemigo de la comunidad sudamericana.

La mejor evidencia empírica de su doble moral es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Aún cuando era clave negociar en bloque, merced a una propuesta compartida por Perú, Ecuador, Colombia, el lobby de los grandes grupos de poder económico, la derecha peruana neoliberal, los medios de comunicación, etc., se tumbaron el tripartito y lo que significa el sueño comunitario en la región. Cada uno fue por su lado de manera individualista: Ecuador suspendió la negociación y no habrá TLC; Colombia cerró su negociación después que Perú; y Alan García anda desesperado por conseguir la ratificación del TLC, ofreciendo dádivas a Bush como la apertura de nuestra soberanía para el ingreso de tropas norteamericanas.

Motivados por la teoría de la elección racional los neoliberales y las empresas multinacionales recurren a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) cuando saben que ello será provechoso para sus bolsillos; pero para el fomento de políticas sociales, la protección medio ambiental, el resguardo de las soberanías frente a la política exterior Norteamérica de intervención, la inmigración, las políticas de género, el combate contra la corrupción en las esferas políticas, la ayuda y apoyo a los sectores sociales excluidos, entre otros, la motivación no parecería ser la misma.

El libre tránsito de ciudadanos sudamericanos sin requerimiento de visas es una medida necesaria más no suficiente. Sería recomendable por ejemplo la creación de programas sociales supranacionales o subsidios a los países más pobres de la región. Brasil y Chile podrían apoyar (en la medida de sus posibilidades) a las zonas rurales más pobres de Ecuador, Bolivia, Perú. De otro lado, la extradición y expulsión de ex presidentes y funcionarios corruptos debería hacerse en base a procedimientos sumarios, existiendo la posibilidad de que sean juzgados y castigados severamente en cualquier Estado socio por tribunales de justicia imparciales.

El intercambio o comercio a bajos costos de medicamentos contra el VIH, por ejemplo, libre de impuestos o aranceles, es otra medida que la comunidad sudamericana debería impulsar. La eliminación de la discriminación por cualquier índole debería ser fomentada, siendo su práctica sancionada con penas severas; la protección ambiental y la explotación responsable de recursos naturales y energéticos deben atenderse con mayor ímpetu; el fortalecimiento del papel de la comunidad para corregir las perversiones del mercado debe promoverse, regulando en el sector donde sea razonable y prudente.

Aunque la experiencia de la Unión Europea sea rica y sugerente, no por ello perfecta, es necesario advertir los peligros que podría suponer el izoomorfismo mimético de dicho modelo. Los traumas de la segunda guerra mundial y un nuevo enfrentamiento entre Alemania y Francia, llevaron a sentar las bases para la gesta de una comunidad europea (a partir de la primigenia comunidad económica del carbón y el acero), inicialmente con 6 Estados Miembros, ahora compuesta por 25 países, y posteriormente con 29 (Rumania, Bulgaria, Croacia, Turquía), aunque las negociaciones con el penúltimo es aún incipiente, y con el último se han estancado por los impases con Chipre.

Nuestra realidad multicultural diversa y las graves carencias congénitas de la región, ameritan un modelo autóctono, cuyo objetivo primordial sea la consolidación de una Sudamérica solidaria, donde la cooperación y coordinación de los países miembros marquen la pauta del espíritu integracionista, máxime cuando la pobreza, la exclusión social, la discriminación imperante, la corrupción, el desempleo, entre otras, exige la unión para el logro de una comunidad económicamente justa y equitativa, políticamente estable, y socialmente inclusiva e igualitaria.

14/12/06

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“No Tax without Representation”

El Poder Ejecutivo, merced al proyecto de ley 715-2006-PE, ha solicitado al Parlamento la delegación de facultades para legislar en materia tributaria por un plazo de 90 días. Para Alan García y su Consejo de Ministros, el fundamento principal de su solicitud es la preocupación y consideración de que los ingresos tributarios no han superado el 15% del PBI, a pesar de los 15 años de reformas tributarias y políticas fiscales neoliberales, impulsadas desde la década de los noventa.

Si nos remontamos a la historia jurídica normativa, los decretos legislativos fueron concebidos para que órganos distintos al Parlamento pudieran ejercer ad hoc facultades legislativas, por un tiempo determinado, en ciertas materias específicas, y en virtud a una ley autoritativa emanada del “Poder Legislativo”. La historia política reciente nos demuestra que al amparo de decretos legislativos y decretos de urgencia, con un Congreso timorato, cómplice, e inepto, Fujimori legisló cuando quiso y cuanto pudo, y al parecer su aliado García intenta heredar las mañas del prófugo.

El perfil neoliberal del APRA y la traición a los postulados de papá Haya lo expresa el párrafo siguiente: “La situación actual no es más que el reflejo de la apertura comercial, la tendencia que se aprecia en los países en vías de desarrollo de reducir la carga tributaria sobre el capital en su afán por atraer inversión extranjera directa y de las grandes limitaciones del Estado para identificar adecuadamente los ingresos de los contribuyentes, debido a la informalidad y la cada vez mayor movilidad del capital y el trabajo” (exposición de motivos, pág. 5).

¿Para qué modificar el sistema tributario nacional? De acuerdo con el Gobierno para incrementar la presión tributaria, formalizando la economía, sancionando la evasión fiscal, implementando los mecanismos de fiscalización, y potenciando la imposición indirecta. Pero, ¡¡oh sorpresa!! Aspectos como la eliminación de impuestos antitécnicos (ITF); la corrección de perversiones que imposibilitan que los que ganen más tributen más; la revisión de la situación tributaria de las empresas mineras; la eliminación de exoneraciones irracionales; la creación de un impuesto a las sobreganancias mineras; y, la puesta en marcha de la ansiada descentralización fiscal, son omitidos expresamente por los “técnicos” del MEF.

Y es que claro, así se establezcan impuestos a futuro, o se quiten exoneraciones inútiles, estos cambios no afectarían a los contribuyentes que han suscrito contratos de estabilidad tributaria, en virtud a su naturaleza de contratos leyes, otorgadas por las gestiones fujimorista, toledista, y acaso aprista. Por el contrario, las actividades menores sujetas al régimen único simplificado (bodegas, tiendas, negocios menores, restaurantes, etc.) y al régimen especial de impuesto a la renta (agentes que inician actividades comerciales o empresariales) si experimentarán los cambios tributarios.

Para fundamentar la solicitud de facultades legislativas, el Gobierno se escuda en los “técnicos” y tributaristas nacionales, pero los obvia a la hora de mantener la vigencia de impuestos antitécnicos como el ITF, fuertemente cuestionado en el momento de su creación. Asimismo, apela a la benevolencia de legislar vía decreto, amparándose en la constitución política, según la cual los decretos legislativos están sometidos a un control ex post a cargo del Congreso. Pero si el Parlamento no tiene la cualificación requerida para dar normas tributarias, y por ello debe delegar ¿Es razonable pedir a un incapacitado que controle ex post la actividad legisferante del Poder Ejecutivo en materia tributaria?

Los apristas deben entender que el tema tributario es probablemente el más sensible de todas las materias del ámbito público. El título de este artículo recuerda la expresión que, entre otras, alimentó la revolución inglesa de 1688 y a la posterior revolución de las 13 colonias norteamericanas en 1776. Históricamente uno de los móviles de pugna entre Ejecutivo y Legislativo era el hecho que el monarca no podía establecer tributos dado que no representaba al pueblo, siendo el Parlamento el único facultado para ello.

La historia ha cambiado y es perfectamente legítima la autorización para legislar en materia tributaria. No obstante, los partidos de oposición y la ciudadanía debemos estar alertas, pues muchas de estas medidas, a veces, encubren ventajas y favores del Poder Ejecutivo a grandes grupos de poder y multinacionales extranjeras. Al fin y al cabo, lo expresado por el premier Del Castillo, sobre la perversión de la estabilidad laboral absoluta, pone de manifiesto que el APRA gobierna para los empresarios y no para el país.

04/12/2006

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Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno: Algunos comentarios y críticas

Con gran júbilo fue celebrada en Uruguay la “XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno”, cita en la que estuvieron ausentes líderes políticos de la región iberoamericana como Luiz I. Lula Da Silva, Fidel Castro, entre otros presidentes centroamericanos. Pero más allá de esbozar ciertas conclusiones a las que arribaron, considero pertinente acotar algunos comentarios particulares, dado que si bien el tema está en la agenda del gobierno central, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil están excluidos del mismo.

¿Qué son las cumbres? Son reuniones anuales en las que participan 22 países iberoamericanos, menos Haití, Jamaica, y Puerto Rico, este último protectorado de Estados Unidos, y que en un eventual referéndum de autodeterminación se convertiría en un Estado más de Norteamérica. Conviene advertir que la región iberoamericana cuenta con una población aproximada de 600 millones de habitantes, de los cuales 400 millones son de habla castellana, y 200 millones de habla portuguesa (nacionales de Brasil y Portugal).

La primera cumbre fue celebrada en México el año de 1992, merced al aniversario 500 del descubrimiento de América, siendo la cooperación mutua, la coordinación de políticas iberoamericanas, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, los objetivos primordiales que hermana a los países miembros.

Más allá de las bondades que el proyecto pueda tener, sobretodo a nivel de cooperación internacional (actualmente existen 18 proyectos, 14 aún en ejecución), nos interesa esbozar algunas críticas, puesto que el statu quo atemoriza a quienes estamos sumidos en política y en la política como ciencia, máxime cuando las nuevas transformaciones políticas y económicas invitan a la crítica de los presupuestos básicos sobre los que se asientan las instituciones, el régimen político, la cultura, e incluso la sociedad misma.

Quizá convenga empezar señalando que si bien uno de sus propósitos es el respeto a la soberanía, la no intervención, y sobretodo el derecho de cada pueblo a construir libremente su sistema político y sus instituciones, no se haya emplazado a los gobiernos norteamericanos cuando se han inmiscuido en la región. Sabemos que hoy la guerra no es la forma de violar soberanía de países bélicamente inferiores, sino que el control del espacio geoestratégico, el dominio del mercado mundial, los empréstitos internacionales, el desarrollo de conocimiento y tecnología, el aprovechamiento de recursos naturales y energéticos, son factores útiles que constituyen solapamientos de dominación y sometimiento.

El interés de Estados Unidos no es en vano. La región posee del total mundial el 33% de agua, 40% de cobre, 41% de estaño, 25% de hierro, 24% de níquel, 15% de plata, 10% de petróleo, 4.2% de gas, 15% de tierras agrícolas, y 93% de bosques tropicales. Debido a esta voracidad USA clama el ingreso de sus tropas a Sudamérica, montando bases militares en Paraguay para controlar a Bolivia, y capitalizando el Plan Colombia para monitorear de cerca a Venezuela. A ello se suma la complicidad de Alan García, quien con anuencia de un Parlamento irresponsable ha flexibilizado la autorización para el ingreso de tropas extranjeras.

La segunda crítica es el férreo determinismo económico que gira en torno a estas cumbres. La Secretaría General Iberoamericana, en manos de Enrique Iglesias, entiende erróneamente que el flagelo de nuestros países es el factor económico, cuando en realidad nuestro talón de Aquiles es la falta de institucionalidad política. La existencia en Iberoamérica de 200 millones de pobres, una tasa de desempleo abierto en el orden de 10% (con mayor repercusión en los jóvenes), y la presencia de 30 millones de indígenas en situación de exclusión, no pueden solucionarse, a priori, con un mero desarrollo económico, máxime cuando el crecimiento a nivel de indicadores macroeconómicos no se refleja a nivel micro, y cuando los presupuestos públicos están distribuidas de manera poco equitativa.

La tercera crítica es la generalización y uniformismo con que se trata a los pueblos iberoamericanos. España es un país industrializado y del primer mundo junto con Portugal. A nivel latinoamericano México y Brasil ejercen supremacía por encima del resto de países. En Sudamérica misma una realidad son los Estados miembros del MERCOSUR (Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y otra muy distinta son los países miembros de la CAN (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). Chile, aunque participando de tales bloques, siempre por su lado. Urge por tanto focalizar los proyectos y ayuda económica en los países iberoamericanos más desfavorecidos.

La cuarta, y penúltima, crítica es la relativa importancia que las cumbres vienen dando al tema medioambiental. De los 4 pilares que impulsa la secretaría general (económico, cultural, político, educativo), la protección ambiental queda rezagada a un segundo plano, lo cual llama la atención, toda vez que la región es rica en recursos naturales e hidroenergéticos, y es conocido el hecho de la contaminación ambiental que las operaciones de grandes multinacionales producen. Si a ello no contribuyen los propios países propietarios de sus riquezas (el caso de García negándose a revisar los contratos de estabilidad tributaria, o a imponer impuestos a las sobreganancias, es un ejemplo ilustrativo de irresponsabilidad), poco podemos esperar de las cumbres.

Finalmente, nuestra crítica última apunta al carácter exclusivo de este proyecto a nivel de oligarquías y altas esferas políticas de los gobiernos centrales. La sociedad civil y los gobiernos subnacionales desconocen los objetivos, las propuestas, la finalidad, y la razón misma de estas cumbres. En aras de fomentar una ciudadanía activa, sería recomendable que la secretaría general lleve esta idea a los sectores sociales y gobiernos locales tradicionalmente excluidos de la vida política iberoamericana. Por lo tanto, la realización de talleres informativos, la generación de debates en los espacios locales, la adopción de algunos acuerdos no vinculantes, fruto de procesos dialogantes, concertados, participativos, podrían interiorizar la bondad de este mega proyecto.

28/11/06

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Estado sin Nación y Nación sin Estado: Hacia un entendimiento de la soberanía compartida

De acuerdo con la clásica teoría de Estado, que aún viene impartiéndose en algunas facultades de Ciencia Política y Derecho Constitucional, la compleja relación entre Estado y nación fuerza a postular la interdependencia entre ambas categorías. Por años, y aún hasta hoy, se suele interiorizar la tesis que los identifica, tesis conocida como el dogma del Estado - Nación, el cual presenta una vertiente descriptiva (Estado y nación son coincidentes) y otra normativa (a cada Estado debe corresponder una nación, y viceversa). De esta forma, la soberanía sería unívoca y monocéntrica.

Desafortunadamente, y con la venia de aquéllos que profesan un nacionalismo in extremis, ese dogma está en retirada, pues su falacia viene siendo demostrada no solamente a nivel teórico, sino sobretodo desde el punto de vista empírico. Y es que hoy, aunque suene paradójico, existen Estados sin nación y naciones sin Estado propio. Prueba fehaciente del primer supuesto es el Reino Unido, en el que los 4 países del reino (Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte) difícilmente reivindican una nación británica; y del segundo supuesto, Palestina, nación que hace años viene clamando ser Estado.

El país Vasco sería otro ejemplo de una nación que desea reivindicar un Estado propio diferente al español, y lo mismo habría que decir de Chechenia, que pese a la pérdida de vidas humanas reclama su secesión de la federación Rusa. Estas evidencias de Estados plurinacionales y de naciones sin Estado propio (los casos de Chipre, las islas Aaland en Finlandia, y las islas Faroe en Dinamarca, no deberían pasar desapercibidos) llaman a la reflexión y al debate, toda vez que las transformaciones que venimos experimentando, supondrá nuevas construcciones políticas y una reingeniería de la concepción misma de Estado.

¿Qué tiene un Estado, que no tenga una nación? Palestina, que posee un profundo sentimiento patriótico, a pesar de no ser Estado formalmente reconocido, carece de un territorio perfectamente delimitado. Asimismo, una nación sin Estado propio no tiene soberanía ni personalidad jurídica internacional, con lo cual si una nación desea tener soberanía política tendría que ejercer, vía referéndum, su libre autodeterminación. El caso del nuevo Estado de Montenegro, independizado de Serbia hace poco más de 4 meses, es ilustrativo al respecto.

Pero las transformaciones políticas van mucho más de lo que nos imaginamos, y actualmente estamos frente a un ente que no siendo nación, ni Estado, goza de soberanía. Nos referimos a la Unión Europea, un cuerpo supranacional surgido en 1992 con el Tratado de Maastricht, aunque el proceso de integración europea viene desde 1952 con la Comunidad Económica del Carbón y Acero (CECA), seguida en 1957 con la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM) en 1958.

Esta soberanía de la Unión Europea es denominada soberanía compartida, pues los 25 Estados miembros (a futuro 28 con los ingresos de Rumania, Bulgaria y probablemente Turquía) han decidido ceder parte de su soberanía a favor de la Unión. En virtud a este proceso de integración comunitaria se ha transitado de la idea de Estado – Nación a Estado miembro de la comunidad, y se ha instaurado la ciudadanía europea para los ciudadanos de los Estados parte. De esta manera, un vasco es ciudadano vasco, ciudadano español, y ciudadano europeo; uno de Flandes es ciudadano flamenco, belga, y europeo.

El revés sufrido por la negativa de Francia y Holanda a ratificar el Tratado Constitucional para Europa es consustancial a todo proceso de integración, dada su complejidad; no obstante, al margen de la existencia de pocas voces que perciben tal negativa como un retroceso, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, y sobretodo el Tribunal de Justicia Europeo, son instituciones de la Unión garantes de las políticas de integración y de la legalidad comunitaria.

En el Perú, la clase política, la ciudadanía, los partidos, los gobiernos, entre otros actores, deberían ser conscientes que los conceptos de Estado, nación, nacionalismo, vienen reinventándose de tiempo en tiempo, y que hoy el paradigma de los Estado – Nación, la idea de que únicamente la soberanía estatal implica poder real, y la tesis de que sólo existe el Derecho de un Estado, son postulados caducos. Es menester, por tanto, educar a la ciudadanía, máxime cuando tenemos retos como la Comunidad Sudamericana de Naciones y la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones.

Si bien estas transformaciones son inevitables, llama la atención el comportamiento de Alan García y la pléyade de neoliberales (bajo la batuta de Aldo Mariátegui desde su pasquín) que nos están conduciendo al abismo. El primero, porque pese a que estamos sometidos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, advierte demagógicamente con instaurar la pena de muerte para violadores y terroristas. Y los segundos, porque saben que en la Unión Europea no hay cabida para su antojadiza máxima “dejar hacer, dejar pasar”.

Hay libre competencia sí, pero la libertad económica se armoniza con un control de la Unión, que impone incluso topes a la producción agrícola de las empresas asentadas en cada Estado miembro. La búsqueda de un mercado común impone ciertas restricciones por parte de la Unión, y el Tratado Constitucional para Europea habla de una economía social de mercado. La Unión Europea profesa entre sus fines el empleo, la protección social, la libertad, justicia, seguridad, y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos se constituye en la piedra angular de la integración.

20/11/06

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Una reflexión para el Soberano equivocado

Se acerca el momento de acudir a las urnas, estando el Soberano convocado para elegir gobiernos regionales y municipales, delegando su poder originario a los siguientes representantes infranacionales. En tal contexto, se vislumbra a los partidos políticos convertidos en maquinarias electorales; responsables solidarios de la desafección política; promotores de una ciudadanía pasiva que se dirige a las ánforas cada 4 y 5 años; y, cómplices del retraso de nuestra gestión pública, acaso por presentar (salvo honrosas excepciones) candidatos mediocres e indeseables.

Lima Metropolitana es un caso sui géneris, pues no habrá competencia electoral, ni siquiera en varios distritos. El ahijado de Susana Villarán, al lado de un remedo de sheriff, no son competencia seria para el derechista y regular gestor Castañeda. El pastor Lay debería dedicarse a salvar almas, como la mía, y dejar la política para quienes están involucrados en ella. Los demás ni merecen comentario, menos el candidato del fascista Ollanta Humala, a cuyo llamado no deberían acudir quienes tienen un mínimo de criterio, pues ello sería una afrenta a nuestra incipiente militancia y traición al socialismo.

Cuánta falta hace en Lima un candidato socialista de vuelo, merced a la intransigencia de la cúpula regional, la falta de coraje de nuestras bases, y el desentendimiento inequívoco de la dirección nacional. Todos son responsables fraternos por dejar la metrópoli sin un candidato socialista. En el nivel distrital ni qué decir. En Lince parece evidente la reelección del aprista; en Miraflores, Andrade tiene la primera opción; en el Callao Kouri tiene la reelección en el bolsillo; y en Lima Provincias el cargo le sonríe a don Mufarech.

Pero, ¿Qué han hecho estos indeseables para merecer respaldo popular?; ¿Por qué si la organización Somos Perú es un aborto de partido político va a ganar muchos gobiernos municipales?; ¿Cómo es posible que el APRA sea favorecido en algunas regiones y en varias municipalidades?; ¿En qué medida los partidos nacionales, tradicionales y nuevos, serán opacados por los movimientos regionales y locales?; ¿Por qué el electorado va entregar gestiones locales a la neoliberal UN?

Porque el Soberano suele equivocarse, y de manera estúpida, sino veamos a quién puso en la presidencia de la república. El Soberano, por voluntad propia, nos está llevando al abismo raudamente, destrozando las esperanzas que muchos peruanos aún abrigamos. El Soberano está ciego, no sabe ni puede castigar moralmente a los malos partidos políticos, muy por el contrario, entrega los destinos del país, las regiones, provincias y distritos, a tanto mediocre, ineptos, e imitaciones de pobres diablos.

El Soberano se vende, cual meretriz de a 20 soles, al mejor postor. Aquél que suele ofertar víveres y productos materiales, haciendo de la pobreza y la miseria humana un trampolín para lograr aspiraciones individualistas o personalistas. Los buenos planes de gobierno; las cualidades personales, académicas, profesionales; el liderazgo político y otras dotes de estadista, no valen a la hora en que el Soberano debe elegir a sus representantes.

El verbo barroco, florido, e histriónico; los escándalos políticos; las campañas electorales improvisadas; la ausencia de verdaderos debates entre candidatos; las estrategias de contra campaña; entre otros factores exógenos y endógenos a la coyuntura, determinan la inclinación del voto. Y cuando ya todo esta consumado, el Soberano se olvida de participar activamente en la vida política de la nación, haciendo caso omiso a la operatividad de la revocatoria, el referéndum, o la vacancia del cargo público.

¿Tenemos a un Soberano equivocado, o es que se trata de un Soberano maligno empecinado en llevarnos al fracaso e ingobernabilidad?

Nos gustaría pensar que se trata de un Soberano equivocado, pero nos conmueve el hecho de que ni el más tonto del mundo suele equivocarse tanto. Ante la inactividad del Soberano; la arbitrariedad de un gobierno represor; la ineficiencia del aparato administrativo; la debilidad congénita de las organizaciones sociales; el reconocimiento a tanto gangster y desprecio por los mejores cuadros, además de tanta cloaca, el escenario medianamente futuro podría ser propicio para un nuevo sendero.

Quienes acudan a las urnas deberían emitir su voto responsablemente, ejerciendo por vez primera la potestad de castigar electoralmente a malos gobernantes y pésimas gestiones gubernamentales. Quizá durante el anochecer de este domingo, mis reflexiones ocupen el altar de algunos espacios higiénicos; no obstante, espero que la historia no nos haga nuevamente cómplices de nuestro fracaso, donde el Soberano, titular indiscutible de la soberanía, sea quien pague la factura de su propio actuar.

13/11/06

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¿Y dónde están los mejores cuadros de Alan García?

Cuando se revisa la última propuesta legislativa formulada por el Poder Ejecutivo, surge la inquietud por conocer al ilustre cerebro autor del proyecto. Al fin y al cabo, el otrora candidato aprista, Alan García, prometió que los mejores cuadros del país trabajarían en el aparato administrativo de su gobierno, y siendo el tema electoral algo complejo, era obvio que una pretendida modificación a la ley orgánica de elecciones recaería en un politólogo, experto en sistemas electorales.

Al parecer, nos equivocamos. El proyecto de ley 611/2006-PE no fue de autoría de Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, o Arend Lijphart, sino de la secretaria de Palacio, en coautoría con el conserje de la casa del pueblo y la juventud aprista (JAP). Y es que resulta inconcebible, hasta ahora cuesta entenderlo, cómo el Poder Ejecutivo puede presentar una modificatoria a una ley orgánica, a través de una pobre y mediocre fórmula legal, exposición de motivos, análisis costo beneficio, y los efectos de la vigencia de la norma.

Pero estimo que caeríamos en similar irresponsabilidad si sólo nos centráramos en una crítica de forma, y no hiciéramos una crítica aguda, vinculada al fondo del asunto. El proyecto de ley establece la creación de un nuevo distrito electoral: el distrito de Lima provincias, cuya población electoral de 541 mil votantes sería mérito suficiente, según el gobierno, para que esta nueva circunscripción posea representación parlamentaria.

De esta forma, el departamento de Lima se dividiría en 3 distritos electorales: Lima Metropolitana, Callao, y Lima provincias, además de un distritos especial para la representación de peruanos residentes en el exterior. Conviene advertir que si bien el proyecto de ley recoge la figura de este distrito especial, éste es materia de otra iniciativa legal, también del Ejecutivo, signada con el número 579/2006-PE ¿Son sensatas ambas propuestas?

En un artículo anterior, demostramos lo inviable del distrito electoral especial porque no habría forma de cómo los representantes podrían ejercer la función deliberativa, funciones legislativas, fiscalizadoras, y de control político. Además, si por imperativo constitucional los parlamentarios representan a la nación, ¿A quiénes representarían éstos?; ¿Los peruanos en el exterior gozarán de representación poblacional o territorial?; ¿Representarán a USA, Argentina, España, Italia, independientemente, o a todos a la vez?; ¿Es decir, a estos representantes se les elegirá en distrito único o múltiple? Son cuestiones que no aparecen en la segunda iniciativa legal acotada.

La norma estipula que luego de haber asignado un escaño a cada uno de los 27 distritos electorales, el JNE asignará tantos escaños en proporción al número de electores. De esa manera, a Lima le corresponden 35 curules, Ayacucho se queda con 3, y así sucesivamente. Pero ¿Cuántos escaños le correspondería al distrito especial?
Si tomamos en cuenta que el número aproximado de residentes en el extranjero es de 1 millón 820 mil ciudadanos (7% de las población total), llegamos a la conclusión de que tendría 9 escaños, constituyéndose en el distrito electoral más grande del país, solamente superado por Lima.

Esta propuesta legislativa es por tanto inviable. Primero, porque confunde la diferencia entre ciudadanos con capacidad de sufragio y el ciudadano menor de edad; segundo, supone iniciativa de gasto público al tener que pagar a un número mayor de parlamentarios; tercero, porque presupone que el domicilio electoral de tales residentes es Lima, cuando muchos de ellos son de las provincias del Perú.

El Ejecutivo hace gala del derecho electoral francés para sustentar su propuesta, pero olvida que el viaje de Francia al grueso de países europeos no dura más de 3 horas, además de ser económicamente mucho más barato; y desconoce, también, el sistema electoral francés, que cuenta con un sistema electoral de mayoría absoluta, con ballotage incorporado, no siendo entonces comparable ni en el tipo de sistema, ni en el mecanismo de transformación de votos en escaños, menos en la configuración de distritos electorales.

No hay que olvidar también que Francia es bicameral, y solamente permite la representación de sus ciudadanos residentes en el extranjero a través del Senado, no en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los autores de la propuesta legislativa en mención ni siquiera saben la diferencia existente entre diputados y senadores. Queda al descubierto la bondad de la propuesta para el APRA y UN, ya que ambos tienen militantes en el exterior (por el dinero que manejan y por la organización partidista), sin obviar que la mayoría de organizaciones políticas perderán su registro por el tema de la valla.

Respecto al nuevo distrito electoral Lima Provincias, resulta evidente que las provincias de la metrópoli están subrepresentadas; no obstante, el espíritu centralista de García es tal que olvida que muchos distritos de Lima están subrepresentadas también (San Juan Lurigancho por ejemplo), y lo mismo sucede con los demás departamentos del país, en los cuales la representación lo tienen las capitales, quedando el resto de provincias subrepresentadas e inclusive ignoradas.

Desde esta perspectiva, estoy convencido de que el Perú, en su conjunto, está subrepresentado en el Parlamento. ¿Qué hacer para corregir tal deficiencia? Habida cuenta que entramos a un escenario prescriptivo, no voy a detenerme en explicar cada propuesta, pues ello excedería el espacio del artículo.

Lo primero es instaurar el bicameralismo, por cuestiones funcionales y debido a un tema de representación; segundo, ir a un diseño ficticio de distritos electorales que no guarden relación con la demarcación administrativa o territorial, distritos pequeños preferiblemente, dependiendo de cuántos diputados va a tener nuestro Parlamento y del techo presupuestal que ello conlleva; tercero, si lo que se quiere es efectividad política en la relación mayoría – oposición, pensar en el sistema electoral de mayoría, relativa o absoluta. En cambio, si se quiere que el poder sea compartido por varios partidos, mantener el sistema proporcional; finalmente, si se desea un representación más pura o fidedigna, cambiar la cifra repartidora del modelo del cociente electoral al modelo d’ Hondt.

Pero insisto, si se pretende modificar el tema electoral, hay que dejarlo a los expertos. ¿Por qué? Porque solamente ellos, dado el conocimiento que poseen, pueden realizar diseños electorales que se ajusten al sistema político de un Estado, partiendo siempre de la pregunta ¿Para qué quiero modificar el sistema electoral?, y luego concluir con la respuesta a la pregunta ¿Cómo sería el diseño adecuado? Ello no obsta, de modo alguna, la participación de la ciudadanía en la discusión del tema, cuyo aporte siempre será enriquecedor.

07/11/06

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Psicosociales de Alan García Pérez

Si algo ha demostrado el presidente Alan García Pérez, cabeza de un Poder Ejecutivo monista, con el respaldo y apoyo incondicional de la oligarquía aprista, es su eficacia para crear psicosociales y desatar los efectos perversos que supone, quizá no con el mismo ímpetu de los medios de comunicación que sirvieron al prófugo Alberto Fujimori Fujimori, pero sí de manera suficiente como para sorprender a ciertos incautos.

García aparenta ser tonto, pero no lo es. Al igual que grandes dictadores totalitarios es consciente que la clave para ejercer un dominio absoluto sobre la ciudadanía (poco organizada e inactiva), es privarles de educación y de medios de comunicación demócratas al servicio de una información veraz, incondicional, y oportuna. Para lograr tal propósito, no solamente apela a lanzar medidas populistas de corte electoral, sino que recurre constantemente a campañas psicosociales para encubrir políticas públicas sensibles.

Los psicosociales que más trasuntaron las últimas semanas fueron: la presunta responsabilidad de la marina en el accidente aéreo que enlutara a la familia aliancista; el shock de la descentralización, cuyas 20 medidas no constituyen -como lo demostramos en un artículo anterior- propuestas vanguardista a favor del proceso; la creación de representación parlamentaria para los compatriotas residentes en el exterior; la muerte irremediable de 11 dromedarios donados por Marruecos; la instauración de la pena capital para castigar la acción terrorista; la persecución de las ONGs; entre otros.

Todas estas campañas populistas tuvieron la finalidad, desde mi lectura, de encubrir y preparar, con alfombra y todo, el ingreso de tropas extranjeras estadounidenses a nuestro territorio. Pese a la multiplicidad de psicosociales, abordados muchos de ellos con buena pluma, a partir de disímiles enfoques, en los siguientes párrafos vamos a referirnos sucintamente a las 2 últimas, acaso por el mayor impacto que han tenido en los diferentes actores sociopolíticos.

La exageración del rebrote terrorista y el supuesto copamiento de subversivos al interior de las universidades públicas, fueron la excusa perfecta para que García propusiera la pena de muerte a quienes resultaran sentenciados por delito de terrorismo; no obstante, dicha medida ha sido rechazada por el grueso de juristas nacionales, y ha generado el pronunciamiento de la Federación de Estudiantes del Perú, en el que se afirma una contundente oposición a la incursión de la fuerzas del orden en los respectivos centros de estudio.

¿El gobierno puede instaurar la pena de muerte para los terroristas y violadores? En teoría sí, pero en la práctica no.

SÍ, porque la “Convención Americana de Derechos Humanos” de San José permite a los estados que lo han ratificado denunciar el tratado, con lo cual un país quedaría liberado del cumplimiento de las disposiciones del mencionado instrumento internacional. Y NO, porque en la práctica los costes políticos que supondría la retirada de la convención serían muy altos para el Perú, al punto de ser considerado un paria internacional y quedar excluido de sendos beneficios que otorga una buena imagen supranacional.

García sabe que la convención no permite una denuncia parcial, por lo que la opción no puede ser similar a la escopeta de 2 cañones. Opto por la denuncia total, o por su respeto total e incondicional. Pero claro, como al APRA le gusta dejar en ruinas al país, la responsabilidad del retiro lo asumirían los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al propio tratado, la denuncia supone una serie de procedimientos que deben acatarse.

Se requiere 1 año de preaviso, y por si fuera poco, todos los actos cometidos durante el período de vigencia de la convención, seguirán sometidos al sistema interamericano. De esta forma, vencido el año de preaviso, más los años que demandaría procesar debidamente a un acusado, el sentenciado sería fusilado, asfixiado, inyectado, o electrocutado, durante la presidencia del próximo mandatario.

Por lo tanto, la propuesta de Alan García obedece a un déficit de Litio en el botiquín de Palacio de Gobierno, o en las farmacias de a sol que oferta la casa del pueblo.

De otro lado, el tema de las ONGs ha sido el que más ha concitado la atención pública en los últimos días. ¿Por qué estas organizaciones se mostraron mutis ante la aprobación de la ley que permite el ingreso de las tropas extranjeras? No es porque reciban necesariamente financiamiento norteamericano, sino porque (apelando a la teoría de la elección racional) está en juego la maximización de sus intereses.

Los ataques que han venido de los pro y anti ONGs han obedecido a cierto fundamentalismo que los ha hecho perder racionalidad para encarar el problema. Yo no creo que la ley aprobada sea inconstitucional, como tampoco creo que las ONGs no hayan contribuido a cubrir los vacíos dejados por los gobiernos de turno. Si en algo se ha avanzado, es en el fomento de la participación política de los ciudadanos, sobretodo en los espacios municipales. Al fin y al cabo, no es tarea de las ONGs cubrir la ineptitud gubernamental.

En realidad, para medir el desempeño y el aporte de estas organizaciones no gubernamentales, habría que realizar una investigación empírica; sin embargo, no puede sostenerse, con criterios generalizables, que las ONGs no tengan móviles políticos, pues ello no se condice con la realidad. La motivación política de sus actividades, en no poco casos, obedecen a cierto perfil ideológico, legítimo por cierto, pero veraz también. Del mismo modo, no puedo aceptar la tesis de la persecución debido a cierta imposición tributaria a favor del fisco, o el registro de sus proyectos. Ser partidario de dicha tesis supondría aceptar la persecución de las mineras, en virtud a una imposición tributaria que gravara las sobreganancias.

El registro de las ONGs y de sus proyectos es garantía de transparencia, y la imposición tributaria, o exoneración de la misma, obedece al ius imperium del cual todo Estado está investido. Me sorprende que los dueños de estas organizaciones, muchos de los cuales de ex tendencia y tendencia socialista, apelen al clásico liberalismo económico, en el entendido de evitar a toda costa el control estatal. Con ello han demostrado ser, en sentido metafórico claro, discípulos de Adam Smith, John Stuart Mill, o Jeremy Bentham.

Tampoco estaría tan seguro de afirmar que los dueños o directores de tales organizaciones no saquen jugosas utilidades. De lo que sí estoy convencido es de la existencia de consultores y trabajadores de ONG que no están en planillas, existiendo por tanto un abuso de las contrataciones por servicios no personales y la consiguiente violación de los derechos sociales, sobre todo de seguridad social y sanidad. La existencia de un contrato temporal no es óbice para el atropello a los derechos más elementales de un trabajador, ¿O sí?




03/11/2006

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El ocaso de la descentralización: Una mirada crítica (Parte II)

Si bien en nuestro artículo anterior hicimos reflexiones de orden político, en éste pondremos de relieve cuestiones técnicas, que en buena cuenta agravan el panorama.

Muchos alcaldes han celebrado el aumento de sus representantes locales en el seno del CND, como si la funcionalidad dependiera exclusivamente de un juego de mayorías y minorías. El problema central no es la sub representación de los gobiernos locales o regionales, el problema es que no hay un ente rector capaz de llevar las riendas del proceso, y en caso que lo hubiere (lo dudo), no hay una organización funcional que garantice la efectividad de la trayectoria. Con esta observación quiero recordar que uno de los pilares básicos de toda administración pública es el diseño adecuado de una estructura orgánica que responda a sus objetivos institucionales.

Desde nuestra lectura muchas medidas anunciadas por el APRA no constituyen medidas descentralistas estrictamente hablando. A continuación vamos a referirnos brevemente a ellas, y como quiera que no hay una relación causal que las integre, ejercitaré mi libertad para abordarlos desconociendo el orden citado por García.

La medida 1 denota desconocimiento del proceso. ¿De dónde se saca 185 funciones a transferirse el 2007? En el Perú, y en muchos países del mundo, por no decir todos, existen solamente 4 funciones: función legislativa, ejecutiva, jurisdiccional, y administrativa. El error de los “expertos” radica en catalogar como función a cada uno de los incisos de la ley orgánica de gobiernos regionales, y claro, “funcionalizando” (si vale el gerundio) cada una de las atribuciones se llega a un aproximado de 200 funciones.

La dación de algunos incisos de la LOGR me hace presumir “iuris tantum” que estamos ante una desconcentración administrativa o descentralización administrativa, pero no ante una descentralización del poder. Para que haya descentralización política, el gobierno central tiene que transferir la competencia y el gobierno regional se encargará de promover, impulsar, diseñar, ejecutar, etc. Con esto no solamente se facilitaría el proceso, sino que nos libraríamos de la confusión entre funciones – competencias, y de lo que cada gobierno debe asumir en caso se trate de una competencia de naturaleza compartida.

La medida 2 sí me parece de Perogrullo, pues una revisión “in toto” de la ley orgánica de gobiernos regionales lleva a sostener que la designación de los directores regionales sectoriales es potestad exclusiva del gobierno regional (entiéndase presidente regional), en virtud de su autonomía política. Por lo tanto no estamos ante una medida descentralizadora. Lo mismo sucede con la medida 17, ya que las reformas fiscales tienen como propósito ampliar la base tributaria y captar mayores recursos, pero el problema no está en la captación de impuestos en cada gobierno regional, sino en la distribución de los mismos. No es que el IGV o el IR estén mal recaudados, sino que están pésimamente repartidos entre los gobiernos subnacionales.

El impulso de las nuevas tecnologías de información (medida 10) no es en sí una medida descentralizadora. Se trata de una reivindicación del gobierno central de llegar ahí donde nunca llegó para proveer servicios básicos a los lugares excluidos, ignorados o desfavorecidos del país. El gobierno central está asumiendo aquello que siempre fue su obligación y nunca cumplió. Sierra exportadora (medida 20); la exoneración de IGV a las obras que realicen los municipios distritales (medida 12), no son medidas estrictamente descentralizadoras. La exoneración de impuestos a las empresas que se ubiquen en las zonas alto andinas (medida 13) generará qué duda cabe mayores recursos a favor de esas zonas; no obstante, la medida no tiene que ver estricto sensu con transferencia de poder.

El plan de fortalecimiento de capacidades (medida 18) es el mismo cuento chino formulado por el CND toledista. Para que esto sea viable y se haga efectivo necesitamos dos planes de mejoramiento de capacidades: uno destinado al CND, PCM, ONGs; y el otro para que estos recientemente capacitados fortalezcan las capacidades de los gobiernos subnacionales. Por lo tanto, urge capacitar a los capacitadotes. La asignación de proyectos de INADE (medida 14) tiene que ver con el proceso, pero es algo viejo, no es nuevo, con lo cual no tiene el carácter de “shock descentralista” balbuceado por el gobierno.

¿Es relevante el traspaso de ENACO al gobierno regional de Cusco (medida 5)? En términos de descentralización política NO, pues el Tribunal Constitucional en el conflicto de competencias suscitado entre el gobierno central y los gobiernos del Cusco y Huánuco, ha determinado que la política cocalera es competencia exclusiva del primero, siendo irrelevante que la empresa encargada de comprar la hoja de coca a los productores pase a otro nivel de gobierno.

La medida 9, referida al traspaso hacia las municipalidades de obras que deberán ejecutarse con los créditos del BID y del BM, es una mera transferencia de la gestión administrativa, pero en ningún momento supone transferencia de poder a los subnacionales para decidir qué obras se hacen, mucho menos para celebrar operaciones oficiales de crédito externo. Esto es pues desconcentración, no descentralización del poder. Distinto sería la transferencia de poder para contraer empréstitos internacionales con gobiernos extranjeros u organismos multilaterales.

Sobre la transferencia de la educación y la salud (medidas 7 y 8) ya advertí en un artículo anterior sobre las motivaciones que ello implica, en todo caso vuelvo a reiterarlo expresamente: “Más del 70% de las casi 1830 municipalidades del país son rurales, y la educación que se concentra en ese otro Perú mayoritariamente es multigrado y unidocente.

¿Quién se encargará de contratar maestros, además del personal administrativo que toda entidad educativa requiere?; ¿Las municipalidades rurales, al margen de la buena voluntad, estarán en condiciones de destinar recursos para infraestructura educativa?; ¿Los gobiernos rurales y otros tantos urbanos tendrán capacidad de gestión y supervisión de la calidad educativa?; ¿Las municipalidades rurales tendrán los recursos y la logística necesaria para implementar planes de capacitación docente? ¿Tendrán acaso la fuerza necesaria y sabiduría mínima para negociar con el sindicato magisterial?

Este intento de municipalizar la educación y la salud despierta sospechas fundadas de un desentendimiento del gobierno central respecto a temas sensibles. En efecto, se trata de las políticas sociales más complejas de todo país en proceso de desarrollo, capaz de deslegitimar un gobierno en caso de ineficiencia e ineficacia en su gestión. Que no se trate entonces de una lavada de manos o de la renuncia del gobierno a estas cruciales políticas sectoriales, para luego encontrar la excusa perfecta de su privatización o la justificación idónea de la ineficiencia gubernamental.

No me pronuncio respecto a la medida 3 porque estoy analizando el tema competencial, no así los programas sociales o proyectos de infraestructura productiva. Y si no he mencionado las medidas restantes es porque se vinculan directamente con el proceso de descentralización; no obstante, pienso en su inejecución debido a: falta de voluntad política del APRA; carácter personalista y autoritario del presidente; tradición o espíritu centralista del partido de gobierno; complejidad de las tareas; apresuramientos infundados como si se tratara de una política de gobierno y no de Estado; incapacidad de la burocracia que labora en el CND y en el Poder Ejecutivo.

Por lo tanto, no demos falsas expectativas a la población. Antes de correr aprendamos a caminar, sino recuerden cómo fue la descentralización en la gestión anterior pese a que su “adalid” Toledo logró reformar la constitución en la sección referida a la descentralización; logró la aprobación de la ley de bases, la LOM, la LOGR, ley de incentivos para la integración regional, ley de acreditaciones, ley de descentralización fiscal, etc.

26/10/06

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El ocaso de la descentralización. Una mirada crítica (Parte I)

Con cierta parafernalia por demás conocida en el partido de la estrella, el pasado 18 de octubre el presidente Alan García Pérez anunció las 20 medidas del proceso de descentralización, medidas que con ciertos matices fueron pomposamente aplaudidas por las ONGs, algunos gobiernos regionales, y un número de “expertos” en el tema. A ellos debo recordarles la frase de que en octubre no hay milagros, y así como fui uno de los pocos opositores a la improvisada integración regional, veo con mucha preocupación lo que se viene.

Una cuestión que frecuentemente se olvida es que la descentralización es un proceso politécnico; es decir, su trayectoria debe suponer un “feedback” permanente de diseños y estructuras técnicas, en la que el factor político no debe estar ausente. Con ello no estamos apelando a la dicotomía wilsoniana de lo político versus lo técnico -dado que a la hora de formular políticas públicas es complejo determinar el límite de tales componentes-, sino que simplemente sugerimos no tomar posiciones maximalistas, máxime cuando se desconocen los presupuestos básicos de la descentralización.

Es a partir de esta lógica que mi preocupación responde tanto al componente político, como al componente estrictamente técnico.

Desde el enfoque político es evidente que la motivación detrás del anuncio es eminentemente populista, electorero, y demagógico. No perdamos de vista que el ansiado contrapoder al gobierno central es pura retórica si el APRA, tal como lo presume y espera a la luz de las encuestas, consigue varios gobiernos regionales. Los “expertos en gobernabilidad” han olvidado que si el gobierno central tiene mayoría en el nivel regional no habrá contrapoder, sino componenda para legitimar privatizaciones, corruptelas, e ineficiencias en la gestión pública ¿Acaso el APRA no está en campaña?

De otro lado, Raza Urbina no es garantía de la efectividad de un buen proceso. Olvidamos que fue presidente de la comisión de descentralización del Congreso, ¿Qué hizo?; ¿Cómo representante de la nación dijo algo sobre el boicot de su partido al referéndum de integración regional? ¿Cómo opositor al régimen, fiscalizó o pidió informes responsables al CND toledista? Con el encumbramiento de Jorge del Castillo como el responsable político del proceso, resulta obvio el sometimiento férreo del CND al manejo político de la PCM (entiéndase a García); y que la susodicha contratación de los mejores cerebros para la administración pública fue fruto de un discurso florido barroco.

Asimismo, el APRA ha desconocido vilmente el aspecto planificador que subyace a la transferencia de competencias. El plan quinquenal, por errores que tenga, ha sido convertido en papel higiénico, pues resulta inequívoco que García, al igual que Fujimori, es enemigo a todo intento de planificación, y es por ello que anhela desaparecer el neonato CEPLAN, aprobado en la gestión de Toledo, pero que lamentablemente nunca entró en funciones. El papel planificador del CND será igual o peor que su gestión institucional.

Lo que en el fondo intenta García es emular, con ciertas variantes, lo que en los 70s y 80s hicieron Margaret Thatcher y Ronald Reagan (en Sudamérica seguidos por el dictador Augusto Pinochet). Mientras la dama de hierro redujo el tamaño del Estado -manteniendo racionalidad y austeridad del gasto-, centralizó el poder, recortó los servicios sociales, instauró herramientas de mercado para asegurar la eficiencia y eficacia de la gestión pública; el gobierno aprista pretende lo mismo, pero dada la coyuntura política, trasluce la idea de que está descentralizado el poder.

Una de las técnicas para evitar responsabilidades es hacer el papel de Pilatos. Desentenderse de la salud, educación, y de la mayoría de competencias sectoriales, dejando a los gobiernos regionales a su suerte. Con ello Alan quiere legitimar el centralismo, merced a una buena gestión pública de su gobierno, en tanto y en cuanto asumiría menos responsabilidades; y de paso le hace el favor a los neoliberales, pues ante el fracaso de gestión en los gobiernos subnacionales, se da la justificación perfecta para privatizaciones y el empleo de otras herramientas del gerencialismo en las administraciones públicas.

Para que el proceso de descentralización sea viable políticamente, se requiere declararla en emergencia, en tanto se generen las matrices para su funcionamiento. La idea es crear un Ministerio de Administración Pública, en cuyo seno estén 3 viceministerios claves: el de modernización de Estado y administración pública; el de conformación de autonomías y descentralización; y, el de planificación nacional. Cada uno con sus respectivas burocracias cualificadas y sus institutos de investigación.

Termino esta primera parte, dejando algunas interrogantes. ¿Algún “experto” ha podido encontrar, haciendo estudios comparativos, alguna experiencia descentralizadora, en la que se haya propuesto transferir competencias en menos de 2 años?; ¿Cuánto ha demorado en descentralizarse Alemania, incluso si fijamos como inicio la caída del muro?; ¿Creen que las comunidades autónomas españolas, los Länder alemanes, o los cantones suizos, podrían descentralizarse en 2, 3, 5 años?

26/10/06

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El populismo desmesurado del “caballo loco”

Cuando uno escucha los mensajes o discursos del presidente Alan García Pérez, no queda más opción que adoptar dos gestos distintos: O te muestras atónito por una supuesta decisión revolucionaria, como lo sucedido con las 20 medidas a “favor” de la descentralización; o simplemente bajas la cabeza y de manera decepcionante emites una sonrisa de impotencia. Lo cierto es que, en uno u otro supuesto, el carácter populista y eminentemente electorero aflora, sin que lamentablemente sea percibido por algunos incautos, presumiendo -acaso de buena fe- la viabilidad de lo expresado.

En una conferencia de prensa García señaló -dizque consciente de los 3 mil millones de dólares que por remesas envían los peruanos residentes en el exterior- la imperiosa necesidad de que estos compatriotas tengan representación parlamentaria, pues el monto mencionado refleja un porcentaje significativo para la economía del país. Pero, ¿Se ha preguntado Sr. García por qué miles de peruanos se van del país?; ¿Cree usted que la demanda de estos compatriotas es contar con representantes congresales?; ¿Acaso ha razonado en torno a la viabilidad de lo que propone?; ¿Considera funcional la representación parlamentaria para afrontar el tema de la emigración?

Si las preguntas son demasiadas complejas debido a su falta de memoria, permítame ayudarle un poco. Si miles de peruanos se han ido del país es porque en su primer gobierno fueron ignorados y excluidos de participar en la vida política de la nación; si ellos decidieron emigrar fue para encontrar oportunidades negadas por su gobierno; otros tantos se fueron para recuperar el valor de sus ahorros que tras la inflación monstruosa no significaron nada; y otro tanto de jóvenes se fueron porque su gobierno no generó políticas de becas o subvenciones al estudio postgraduado.

Ahora bien, yo sostengo que la posibilidad de contar con representantes parlamentarios es inviable políticamente, es infuncional para evitar la emigración, y no creo que les interese a los compatriotas. Primero, porque los beneficiarios no son ingenuos y saben perfectamente de quién viene la decisión; segundo, porque la medida se contradice con la política de austeridad tantas veces balbuceada (al suponer un aumento en el gasto público para retribuir la labor parlamentaria); y, finalmente, porque la propuesta se opone a los supuestos teóricos de la representación política.

Pero García no es ingenuo eh, pues sabe que si esta iniciativa se llegara a aprobar los grandes beneficiarios serían el APRA y la derecha. ¿Por qué? Porque la valla electoral ha dejado fuera de toda competencia a casi todos los partidos políticos, y porque en Estados Unidos, país en el que tenemos mayor cantidad de nacionales, existe preferencia por Unidad Nacional, siendo además mayor la posibilidad de manipulación y chantaje por parte del gobierno americano, cuando sus intereses comerciales y geoestratégicos estén en juego.

¿Es viable entonces la medida propuesta? No. Porque los congresistas representan a la nación, no a sus electores. Recuérdese que los familiares de nuestros hermanos en el exterior han dado su voto a quienes consideran sus representantes. De esta forma, al igual que los demás peruanos, esos familiares se encuentran representados eficaz o ineficazmente en el actual Congreso. Ahora bien, si quienes se consideran desprotegidos son los peruanos en el exterior, existen mecanismos a nivel de relaciones exteriores que permiten atender sus demandas o reivindicaciones.

No olvidemos que los peruanos en el exterior se encuentran sometidos a las leyes de los países que los acogen, siendo inaplicable las leyes peruanas que pretendieran entrometerse, salvo los tratados internacionales que están vigentes. Las inconsistencias teóricas son las que atañen al sistema electoral. ¿Cuántos representantes tendrían los peruanos residentes en USA, Argentina, España, Italia?; ¿La elección sería bajo el sistema proporcional o bajo el mayoritario?; ¿Cómo sería la distribución de escaños?; ¿Si las sesiones del Congreso son semanales, los representantes tendrían que viajar cada semana, pues de otra forma no se entendería la remuneración?; ¿Estos congresistas tendrían grupo parlamentario, y formarían parte de las comisiones ordinarias?

García presume que nuestros hermanos se encuentran en completa indefensión, y no se da cuenta que aquellos, con permiso de trabajo y con estancia legal en el exterior, cuentan con un empleo que obligatoriamente les otorga sanidad y seguridad social. La reducción de tasas consulares, la disminución del coste de emisión del pasaporte, la creación del fondo de solidaridad, el acceso a los créditos de MIVIVIENDA, claro que suponen de por sí un beneficio. ¿Fue necesario para adoptar estas decisiones tener representación política? No.

20/10/06







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“Como Pedro en su casa”. Un análisis reflexivo sobre la autorización para el ingreso de tropas extranjeras

Después de la visita de Alan García Pérez a su homólogo George Bush, dizque para presionar y agilizar la firma del TLC, era evidente que la susodicha reunión no fue exclusivamente para tratar asuntos de negociaciones comerciales. Probablemente temas sensibles como el narcotráfico y las políticas de erradicación o sustitución alternativa de cultivos de hoja de coca; la gobernabilidad latinoamericana y el empoderamiento de movimientos de izquierda en la región; el terrorismo; los recursos naturales; y sobretodo la posición geoestratégica de los EEUU en Sudamérica, no escaparon de la agenda binacional.

Lo común a tales temas, aunque entre ellos pueda haber ciertos matices, es que en todos, la posición del presidente peruano no fue de primos interpares (de igual a igual), sino de completa subordinación y sumisión a los designios de Bush, algo paradójico por cierto si tomamos en consideración las cualidades mesiánicas de García. Qué curioso resulta la coyuntura política que ahora el APRA, UN, la aristocracia, los empresarios, y otros incautos, estén vistiendo la camiseta republicana, pues una victoria demócrata en las 2 cámaras congresales pondría en jaque la aprobación del TLC, y con ello se esfumarían oscuros intereses neoliberales.

No hay para el oficialismo, por tanto, mayor mérito que portarse bien con la Casa Blanca, y con un espíritu de mendicidad lamentable la Comisión de Defensa del Congreso hace unos días autorizó el ingreso de tropas norteamericanas a territorio nacional, entre el 20 de octubre y el 31 de diciembre. Según Radio Programas del Perú, empresa de radiodifusión no opuesta al gobierno, la resolución legislativa aprobatoria fue el resultado de una sesión extraordinaria de la comisión dictaminadora, en la que 10 minutos de deliberación fueron suficientes para dar luz verde a la propuesta.

Pero lo más curioso aún es que el Poder Ejecutivo, a través del proyecto de ley 161-2006/PE, establece que sea el ministro de defensa, con cargo a dar cuenta a la comisión de defensa, quien decida el ingreso o no de tropas extranjeras vía resolución ministerial, con lo cual se busca modificar la ley 27856 que exige resolución suprema para adoptar tal decisión. El fundamento principal de tal iniciativa es liberar al presidente de carga laboral, y dedicar su escaso tiempo a temas más importantes de la agenda pública.

Conviene hacer al respecto algunas precisiones: Pese a que la autorización para el ingreso de tropas extranjeras es potestad exclusiva del Parlamento, según la constitución política (artículo 102, inciso 8), la ley 27856 ha hecho la distinción entre tropas militares con armas y personal militar sin armas. Para los primero estipuló el permiso del Congreso vía resolución legislativa; y para los segundos, bastó la decisión del Ejecutivo vía resolución suprema, refrendada por el premier y el ministro de RREE.

Craso error del legislador, pues éste al ejercer la función legislativa para regular la citada disposición constitucional no puede establecer distinciones allí donde la constitución no distingue. ¿Cuál es la finalidad objetiva de diferenciar personal militar extranjero con armas de aquellos que no portan armas?; ¿Acaso la presencia de armas supone un riesgo para nuestra soberanía, y la presencia de militares desprovistos de armamento no?; ¿Siempre que los militares extranjeros no posean armas, debemos presumir que su labor en nuestro territorio será de cooperación cívica, solemne, o protocolar? ¿Necesariamente se requiere contar con armamento para ejercer acciones de espionaje? ¿El espionaje no es riesgoso para nuestra soberanía nacional?

Resulta evidente que el ingreso de tropas extranjeras con o sin armas conlleva riesgos a nuestra soberanía nacional, y por ello la motivación del constituyente fue que tal decisión recayera en el Parlamento vía resolución legislativa (norma poseedora de rango de ley) a diferencia de cualquier resolución emanada del Gobierno, que de por sí poseen una jerarquía muy por debajo de la ley.

Ahora bien, la situación se agrava si consideramos que la iniciativa del gobierno busca que el ingreso de las tropas foráneas “sin armas” no sea ya por resolución suprema sino solamente por resolución ministerial. Esta propuesta fue dictaminada favorablemente por Gonzáles Posada (presidente de la comisión de defensa, como segunda comisión dictaminadora) y por Aurelio Pastor (Presidente de la comisión de constitución, como comisión principal) y claro, el lector podrá darse cuenta que ambos son apristas.

¿Por qué la situación se agrava con la propuesta del gobierno? Porque en la teoría del derecho y la hermeneútica jurídica la resolución suprema tiene mayor rango o jerarquía que la resolución ministerial, pues en esta última no interviene el presidente de la república, bastando únicamente la decisión del titular del sector; en cambio, toda resolución suprema debe llevar necesariamente la rúbrica del presidente y del ministro encargado del sector. ¿La rúbrica del presidente será capaz de restarle demasiado tiempo? No, porque aunque no haya hecho un trabajo empírico, estimo un calculo de no más de 20 resoluciones supremas por año que dispongan el permiso de tropas extranjeras “sin armas”.

Como consecuencia, se puede evidenciar claramente la echada del gobierno a las exigencias norteamericanas, cual meretriz de a 20 soles deambulando por las calles. No sé si a estas alturas la propuesta legislativa sea aprobada, probablemente ya lo fue, pero sí sé que José María Aznar no ostenta el monopolio de haber sido catalogado durante su gobierno como la “Mónica Lewinsky con bigotes”.

Congratulations Mr. Bush, ya tiene en Sudamérica, para ser más específicos en Perú, a su becaria predilecta.

18/10/06

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El caso Chiclayo: Una aproximación al choque institucional como razón causal del conflicto

Algunos meses atrás, por ciertos malos entendidos o interpretaciones erróneas en el campo doctrinal, sumado a iniciativas legislativas con débiles fundamentos jurídicos, fue generado el enfrentamiento entre dos organismos constitucionalmente autónomos: El Tribunal Constitucional (TC) y el Jurado Nacional de Elecciones (JNE). Cuando todo hacía prever que el conflicto no trascendería el ámbito institucional, merced a una negociación en la esfera puramente decisional, la realidad demostró, con los lamentables sucesos acaecidos en Chiclayo, que el susodicho pleito competencial puede acarrear conflictos sociales y políticos con graves consecuencias para la gobernabilidad.

El caso empírico suscitado en tan noble ciudad ha motivado la declaratoria de emergencia en esa jurisdicción por el lapso de 60 días, medida adoptada dentro de las reglas constitucionales establecidas por la propia constitución, y que supone la suspensión del ejercicio de algunos derechos fundamentales. Pero, ¿Cuál es el móvil del conflicto? La razón fundamental es una interpretación antojadiza del artículo constitucional 142, el cual prevé la irrrevisabilidad, por parte de cualquier fuero, de las resoluciones del JNE en materia electoral.

Acorde a una interpretación literal de la citada norma constitucional, queda claro que ningún órgano administrativo, judicial, menos arbitral, puede revisar las resoluciones del JNE que versen sobre las siguientes materias: la inscripción de fórmulas o listas de candidatos; las tachas contra las candidaturas presentadas; resoluciones que aludan a la inscripción de partidos políticos o alianzas; las resoluciones referidas a la vacancia de autoridades sujetas a elección popular; entre otras de naturaleza electoral. Esta interpretación ha llevado a sostener la irresponsabilidad de todo acto que pretendiera judicializar materias reservadas a órganos especializados (tal como ocurre con el JNE) cuya especial función de administrar justicia electoral ha hecho que el constituyente garantice la irrevisabilidad de sus resoluciones, siendo éstas definitivas e inimpugnables jurisdiccionalmente.

No obstante, la justificación del JNE resulta pobre y débil ya que no se condice con un adecuado entendimiento constitucional respecto a la autonomía e independencia de los fueros. El hecho de que el texto constitucional impida tal revisión, no da carta libre ni otorga al emisor potestad para vulnerar principios o derechos constitucionalmente establecidos. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha sentado jurisprudencia reiterando que no cabe invocar campos de invulnerabilidad absoluta al control constitucional, so pretexto de especial protección constitucional otorgada a determinadas resoluciones del órgano electoral (Expediente 2409-2002-AA/TC).

Por lo tanto, las resoluciones del JNE no serán revisables en sede judicial siempre que hayan sido emitidas en forma regular o debida. Lo que determina su irrevisabilidad es el respeto a los derechos fundamentales, caso contrario se estaría fomentando la indefensión de los perjudicados por dichas decisiones. Dentro de esta lógica, el Código Procesal Constitucional prevé la improcedencia de los procesos constitucionales cuando se cuestionen resoluciones del JNE -en materia electoral-, salvo que violen la tutela procesal efectiva.

La tutela judicial efectiva es un derecho fundamental cuyo contenido esencial supone la motivación de las resoluciones, el derecho de defensa, pluralidad de instancias, publicidad de los procesos (salvo excepciones de ley), juez natural, entre otros aspectos, cuya vulneración deja el camino expedito para interponer un proceso de Amparo. Sólo si este derecho fundamental u otro se violenta, pueden ser revisados jurisdiccionalmente las resoluciones del JNE o del CNM, con la salvedad de que cuando el amparo se lleva ante el Poder Judicial, éste no puede pronunciarse sobre el fondo del asunto, sino únicamente le corresponde determinar si la tutela judicial ha sido o no vulnerada.

Consideramos que no hay un vacío legal, porque queda claro que si existe una resolución violatoria se puede interponer el proceso constitucional de Amparo ante el Poder Judicial, el mismo que será visto por el TC en última y definitiva instancia, siempre que se haya denegado al recurrente la protección debida. Con ello no queremos sostener la supremacía del TC sobre el JNE, pues el problema no es de jerarquía institucional, sino de ejercicio de competencias dentro del ordenamiento jurídico.

En todo Estado de Derecho el ejercicio del poder es reglado. No hay entidad estatal ni organismo público que no esté sometido al impero de la Constitución, el mismo que exige a los Poderes del Estado y demás entes públicos un debido ejercicio de sus atribuciones y funciones, a fin de salvaguardar principios constitucionales y derechos fundamentales.

En una democracia, para toda vulneración de derechos fundamentales siempre existirán mecanismos de protección que garanticen un ejercicio legítimo de los derechos. El Hábeas Corpus, el Amparo y el Hábeas Data, constituyen procesos constitucionales al servicio de las personas, quienes ante la amenaza o violación de sus derechos podrán recurrir a los órganos jurisdiccionales para hacerlos valer, siempre y cuando cumplan con los requisitos y presupuestos previstos por el Código Procesal Constitucional.

13/10/2006

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El intelectual peruano y su otro yo: Una reflexión sobre la participación política de los intelectuales

Cuando uno rememora la historia del Perú, aunque sea de manera rauda y escasamente analítica, se pregunta: ¿Por qué antes el país paría intelectuales de renombre, y ahora parecería abortarlos? ¿Por qué con José Carlos Mariátegui, Jorge Basadre, Raúl Porras Barrenechea, César Vallejo, José María Arguedas, entre otros tantos, el siglo XX fue tan generoso con nosotros? ¿Por qué después de Alberto Flores Galindo parecería haberse sellado el final de la natalidad intelectual?

Al respecto, se suelen subrayar razones causales múltiples y de diversa naturaleza: el aspecto genético, la ineficacia de los procesos de estimulación temprana y aprendizaje durante la infancia, pobres niveles de educación escolar y superior, ausencia de oportunidades por parte de los gobiernos, además de otros condicionamientos sociales y económicos. Sin embargo, quienes avizoran estas razones olvidan, o no perciben, un elemento trascendente: la desafección política de los intelectuales y la persecución de intereses no colectivos.

Los intelectuales invierten su tiempo en centros de enseñanza, en sus labores particulares, en las bibliotecas, o sencillamente en casa. Al margen de si profesan o no cierta ideología, se muestran reacios a ejercer una identidad partidaria y a participar activamente en la política. ¿Por qué tal desafección?

Porque el intelectual ha heredado el complejo de que la política le va a arrebatar sus méritos, desprestigiándolo a futuro; porque ha entendido erróneamente que la política está desvinculada de toda acción social, no siendo necesario por tanto participar de él; porque participando en ella ha sufrido grandes derrotas y decepciones; porque ha sido dominado por la lógica individualista, estando lo colectivo y lo comunitario en un segundo plano; o, sencillamente, porque han otorgado a su progreso material y monetario prioridad ineludible.

No es el caso, pero sin haber hecho una investigación empírica sostengo -con riesgo a equivocarme- que la mayoría de intelectuales del país fueron, o son, de izquierda, en sus múltiples versiones. Es sobre esto que los socialistas debemos reflexionar, pues al fin y al cabo, al intelectual de derecha le es más fácil huir de las responsabilidades que supone la búsqueda de los intereses generales o colectivos. El intelectual de derecha no es, ni puede ser agobiado por su yo interior, reiterándole un imperativo de solidaridad con los menos favorecidos. Un intelectual que abrigue los postulados de la izquierda tiene el imperativo categórico y moral de militar en un partido político afín a su ideología.

Es aquí entonces, y no lo olvidemos, donde el intelectual choca con su yo interno, y decide por voluntad propia ser preso de su ignorancia. Nuestro propósito desde esta tribuna radica en otorgar la luz a los intelectuales del Perú, pues ellos deben disipar toda duda posible y tener claro de manera indubitable e inequívoca que su participación en la vida política de la nación puede contribuir a cambiar la realidad social y económica.

He preferido usar los términos de “izquierda” y “derecha” (antagónicos entre sí) porque no encuentro una contraposición absoluta entre ser liberal y ser socialista. Si bien ambas categorías están construidas sobre presupuestos distintos, no se excluyen por una lógica sistémica cuando se las aborda desde el plano político (desde la esfera de los derechos y libertades fundamentales). Si recurrimos, en cambio, al plano económico la cosa cambia, pues no hay duda que el liberalismo económico o de mercado genera profunda brecha económica e inequidad social.

Si mi oposición es a la satanización del liberalismo político -por confundirlo con el económico-, mi oposición a la existencia de un “centro” partidista es aún más férrea. ¿Qué significa ser un partido de centro? No lo sé, pues parecería ser el pretexto perfecto para disparar en ambos sentidos; parecería denotar la fuente de poder de aquellos partidos con espíritu puramente electorero. Y es que se apela al “centro” para justificar -de manera poco lógica- la conveniencia política, y explicar la moderación o radicalidad de la identidad partidista partiendo de él (centro derecha, centro izquierda), cuando lo racional, lógico, y cierto, es sostener el origen de la moderación o radicalidad de las posiciones políticas a partir de los puntos extremos de izquierda o derecha. Al fin y al cabo, creo, la identidad partidista no puede ser dual, ¿o sí?

Finalmente, profeso mi fe en el papel del intelectual para un viraje revolucionario de la política peruana. No es relevante si se es intelectual de izquierda o de derecha, pues lo trascendente -desde mi punto de vista- es que ese intelectual abrace una ideología o doctrina política, y contribuya activamente, desde una organización partidista, a la solución de los problemas sociales, políticos, económicos. Sólo de esta forma los debates entre el gobierno – oposición; la dialéctica en torno a políticas públicas de la agenda nacional; las relaciones Ejecutivo – Legislativo, e inclusive la defensa de las posiciones ideológicas partidistas, serán de calidad.

11/10/2006

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Desmitificando la democracia participativa: 9 reflexiones en torno a su delimitación conceptual

La “crisis” de la representación política, aún vigente en algunas poliarquías de Latinoamérica, ha puesto en cuestionamiento -entre otras consideraciones- la concepción misma de la democracia, y es sin duda un factor causal de ingobernabilidad e inestabilidad política, que motiva a los politólogos reflexionar en torno a una reingeniería política, capaz de mantener un equilibrio racional de todo Estado estable.

En este contexto de crisis, un sector de la literatura académica considera relevante la promoción y práctica de la participación ciudadana, pues entiende su necesidad en aquellos escenarios cuyos gobiernos -por sí solos- son incapaces de ensayar soluciones a los problemas más gravitantes de una comunidad política.

Si bien la idea por la promoción de la democracia participativa posee argumentos sólidos casi unánimes a su favor, no hay consenso respecto a su delimitación, y es a este nivel donde se genera polémica constantemente, la que es alimentada cuando se confrontan opiniones divergentes. Sin embargo, el tema delibertivo argumental pierde sentido cuando se parla no en torno a parámetros conceptuales que guían su contenido esencial, sino en algunos mitos que se han creado alrededor de la democracia participativa.

En los párrafos siguientes, intentaremos -con las limitaciones debidas y habidas- desmitificar la democracia participativa, basándonos en algunos argumentos teóricos, comparativos y empíricos que puedan dar pinceladas a un tema sumamente complejo y multidimensional.

1. La democracia participativa es alternativa a la democracia representativa. FALSO.

La alternancia supone una relación disyuntiva que de por sí elimina una de las democracias. En ningún momento de la historia humana ambas figuras se contrapusieron, y si en alguna civilización o Estado moderno imperó una de ellas no fue debido a la crisis o infuncionalidad de la otra, sino a su inexistencia paralela en un momento determinado.

Lo correcto no es la alternativa sino la complementariedad de ambas formas, dado que hoy no puede entenderse la una sin la operacionalidad de la otra. La crisis de representación que experimentamos actualmente no se refiere a la debacle de los presupuestos básicos sobre los que se asienta la democracia representativa, sino a la disfuncionalidad de la forma de gobierno y a la poca operatividad de nuestro sistema electoral.

Un Estado será más democrático que otro cuanto más representativo sea y promueva diversos canales de participación. Hoy en día no existe ningún Estado en el planeta que no posea un Parlamento. Por lo tanto, la democracia participativa complementa, enriquece, le da soporte, a la representativa, pero no la excluye, ni la subordina jerárquicamente.

2. La democracia participativa es ilimitada o absoluta. FALSO.

Se trata de la afirmación más polémica suscitada en torno a la democracia participativa, dado que su dilucidación efectiva y contundente delimitaría los “contornos” de su contenido. En efecto, el debate versa sobre si esta democracia debe expresarse en una forma de autogobierno o poder popular, o basta una decisión ciudadana no vinculante, políticamente hablando.

Desde nuestra perspectiva, el que la voluntad ciudadana no participe directamente de las decisiones políticas (o lo que es lo mismo, no sea vinculante para el gobierno), no niega el ejercicio de una auténtica democracia participativa, al fin y al cabo lo determinante es la deliberación ciudadana y su intervención en torno a distintas políticas públicas (previa a su aprobación por el gobierno o Parlamento), y la fiscalización permanente del ciudadano, organizado o no organizado, de los actos de sus autoridades.

Sería impensable en el mundo moderno en el que vivimos someter a consideración ciudadana la estructura orgánica del aparato administrativo local o regional, la contratación de servidores públicos, la participación ciudadana en gastos corrientes del personal administrativo, temas tributarios o financieros, o en el diseño y formulación de políticas públicas técnicamente complejas.

Quienes abogan por el autogobierno o el poder popular tendrían que demostrar la innecesidad de la democracia representativa y la inutilidad del sufragio, cosa que de por sí resulta demasiado compleja. En este sentido, la democracia participativa es limitada en lo temático o en su esfera de actuación, pero ilimitada en cuanto a convocatoria, pues es mejor para la salud democrática cuanto mayor número de ciudadanos participe.

Probablemente se hayan dado en el Perú, o se viene dando, experiencias de autogobierno y poder popular, sobretodo en el ámbito rural. Ello de por sí es muy loable y saludamos su continuidad; no obstante, no se requiere necesariamente este aspecto para el éxito, concreción y funcionalidad, de la democracia participativa. No olvidemos que la participación directa será más fidedigna cuanto más pequeñas sean las jurisdicciones territoriales.

3. La democracia participativa es completa y acabada. FALSO.

La democracia participativa, como cualidad de un régimen político, siempre estará ahí, aunque el ejercicio concreto de una modalidad o mecanismo de participación ciudadana concluya, en el momento en que se produzcan los resultados esperados. El dinamismo que encierra posibilita una polémica constante en torno a su columna vertebral y a sus contenidos.

Es en ese carácter de inacabada e incompleta que la democracia participativa encuentra su propia optimización y desarrollo, porque de la dialéctica permanente se originan los gérmenes de su evolución y corrección.

4. La democracia participativa es uniforme y estandarizada. FALSO.

En el Perú, con realidades multiculturales diversas, con disímiles orografías, y con evoluciones políticas y sociales distintas, es inconsistente e irrazonable pensar en mecanismos participativos uniformes. El ejercicio de la democracia participativa no es igual en ciudades urbanas, en zonas rurales, en metrópolis; tampoco puede ser igual en una jurisdicción de 200 mil habitantes y en otra de 8 mil ciudadanos.

Los presupuestos participativos pueden ser muy significativos en unas realidades concretas (algunos países de Sudamérica), y en otras no, simplemente porque han desarrollado otras figuras como los Jurados Ciudadanos en España, los referéndums en Suiza, o aquellas modalidades avanzadas de los países nórdicos. De otro lado, el tipo de régimen político (parlamentarismo o presidencialismo), así como el nivel de institucionalidad política construida, predeterminan el nivel alto o bajo de la participación.

5. Un Estado con mayor democracia participativa es más gobernable y estable políticamente. FALSO.

El Perú y otros Estados latinoamericanos son ricos convocando a la ciudadanía para participar en los asuntos públicos de la nación, sin embargo no por ello son estables políticamente o gobernables. En España, los Jurados Ciudadanos ni siquiera están regulados normativamente, y su periodicidad es muy discontinua; no obstante, ¿Quién podría dudar de la estabilidad que actualmente goza el país ibérico?

Probablemente podría sostenerse que las experiencias nórdicas son estables por haber desarrollado mecanismos avanzados y permanentes de participación, pero a priori no podríamos establecer el sentido de la relación causal entre las variables estabilidad política – democracia participativa. Siguiendo a Karl Popper, la experiencia española nos basta para falsear la tesis de que una sociedad con mayor democracia participativa predetermina su gobernabilidad y estabilidad política.

6. La democracia participativa no es mutable. FALSO.

La democracia participativa es mutable, innovativa y renovada. La experiencia pre cristiana de Atenas con Solón, Clístenes, Perícles, difícilmente podría darse en la actualidad, pues en aquella época no existía ni la noción de representación política, menos aún la noción de Estado. Las polis griegas eran ciudades estado con menos de 5 mil habitantes, en las que era factible el ejercicio de la democracia directa.

La realidad peruana demuestra la mutabilidad de la democracia participativa, y si en la década de los ochenta fue una reivindicación de la izquierda los cabildos abiertos y la rendición de cuentas, a partir del año 2002 los presupuestos participativos han adquirido singular protagonismo, aunque en los noventa hubieron también experiencias municipales trascendentes (Limatambo por ejemplo).

7. La democracia participativa es solamente una reivindicación ciudadana. FALSO.

En sociedades carentes de voluntad participatoria, y con gobiernos medianamente representativos, la decisión de otorgar canales de participación ciudadana proviene de una iniciativa gubernamental. Se trata entonces de decisiones políticas top – down (de arriba hacia abajo), en las que la formulación y diseño de mecanismos participativos no nacen por reivindicación ciudadana.

Por contraposición, en sociedades de obediencias endebles y con alto grado de participación, son los ciudadanos organizados quienes han forzado y reivindicado distintos canales de participación, tratándose por tanto de una trayectoria del tipo bottom – up (de abajo hacia arriba).

8. El presupuesto participativo y los planes de desarrollo concertado son expresiones máximas de la democracia participativa. FALSO.

Ambas herramientas expresan una forma de participación ciudadana, pero no son todas, ni es la más importante en nuestro ordenamiento jurídico. Desde nuestro punto de vista, las expresiones máximas de la democracia participativa son el referéndum y la revocatoria del cargo público representativo, por constituir referentes claros de la democracia directa.

La democracia participativa puede ser directa e indirecta. Es la primera cuando la voluntad soberana del pueblo arriba directamente en una decisión política de carácter vinculante; es la segunda, cuando la decisión política requiere la intermediación de otros órganos, aunque haya habido previamente intervención ciudadana (proyectos de ley de iniciativa ciudadana, demanda de inconstitucionalidad por iniciativa ciudadana, presupuestos participativos).

9. Democracia participativa es un fin en sí mismo. FALSO

No se trata de un fin en sí mismo, sino que es un medio necesario -aunque no suficiente- para lograr la gobernanza. Por sí sola no construye ciudadanía ni identidad, pero sí permite que sectores sociales tradicionalmente excluidos en la vida política participen en los asuntos de interés público.

En medio de un mundo globalizado en el que cobra vital importancia las nuevas tecnologías de la información, la participación ciudadana se constituye en el arma de auditoria social y rendición de cuentas más crucial, con lo cual la calidad del gasto y la transparencia de la gestión pública tienden a efectivizarse.

A partir de estas nueve nociones debe ensayarse un debate racional sobre la democracia participativa, sin apelarse a criterios puramente emocionales.

Reza un proverbio: “No se trata de que el pueblo lo haga todo, sino de hacerlo todo para el pueblo.”

08/10/2006

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