martes, noviembre 20, 2007

Crecimiento económico y fuga de capital humano

En el transcurso de las últimas semanas, tres noticias en el ámbito económico coparon las tribunas de los diferentes medios de comunicación: El otorgamiento del grado de inversión BBB (low) por la agencia canadiense “Dominion Bond Rating Service” (DBRS), merced a la fortaleza de nuestra economía; el crecimiento económico sostenido en términos del PIB, cuya proyección para el 2008 sería de 9%, según Alan García; y la ratificación del TLC por la cámara baja estadounidense, cuyo efecto permitiría mayor bonanza económica y por tanto mayor empleo.
El gobierno aprista, seguro que con los tratados comerciales los índices de desempleo se verán reducidos significativamente, espera la ratificación del TLC por el senado americano, persigue a costa de la comunidad andina negociaciones con la Unión Europea, y viene consolidando sus relaciones comerciales con Singapur y Tailandia. Si la ecuación: mayor inversión = a mayor crecimiento, y mayor crecimiento = a mayor empleo, ¿porqué existe fuga considerable de capital humano?; si el crecimiento anual del PIB es uno de los más altos en Latinoamérica, ¿porqué miles de peruanos están emigrando?
Una revisión detenida de los datos proporcionados por el Consulado Español revela cifras sorprendentes: Entre el 01 de agosto y el 31 de octubre del presente año se han concedido 7,374 visados, siendo negados únicamente 113 solicitudes. Es más, entre el 01 de noviembre y el 12 del mismo mes (en escasos 12 días) 1,325 personas obtuvieron visa, frente a una persona a la que le fue negada. Dentro de poco, por si ya ha sucedido, se irán del país 8,699 peruanos, lo cual resulta alarmante si constatamos las interminables colas que día a día se postran en el susodicho consulado.
Lo peor de todo es que no estamos hablando de visados de turismo, negocios, o tránsito aeroportuario. Se trata de visados por trabajo y residencia por cuenta ajena, reagrupación familiar, y una cantidad ínfima de visado de estudios. El problema se agrava si tomamos en cuenta que no consideramos otros países de destino como Estados Unidos, Argentina, Chile, resto de Europa. Asimismo, nos estamos refiriendo a la emigración legal, dejando fuera el número no registrado de emigrantes ilegales que se van del país.
Si hay empleo, y en los años subsiguiente habrá mayor oferta laboral, ¿porqué se van los peruanos progresivamente? El argumento de que en España se gana mucho más que acá es simplista, dado que el mayor salario que se percibe se compensa con el mayor gasto que supone vivir en Europa. Los aproximados 800 euros mensuales que se está retribuyendo a camareros, mozos, albañiles, agricultores, entre otros empleos que demandan mano de obra barata, no genera mayor utilidad si consideramos que el precio promedio de una habitación en Madrid oscila entre 300 y 700 euros, sin contar la alimentación, el transporte, y otras necesidades básicas.
Los compatriotas se van porque allá existe mayor estabilidad laboral, pero sobretodo, porque sus empleos les ofrecen derechos laborales y sociales que aquí no se garantizan. El derecho a la seguridad social pública se complementa con el acceso a un sistema de sanidad universal propio de un Estado de bienestar. Sin embargo, España no es la panacea para el desempleado peruano, ni mucho menos ofrece tales ventajas de manera incondicional. No es la panacea, porque los inmigrantes tienen que ingeniárselas para tener más de un empleo y obtener mayores ingresos.
Ahora bien, ¿quién es el gran beneficiario por la migración legal? Sin duda, el país ibérico. Para nadie es sorpresa que España, podría decirse Europa, es un Estado plagado de población vieja, siendo indispensable mayor fuerza laboral joven para soportar la seguridad social de millones de ancianos. Si a ello se suma que la tasa de natalidad de las mujeres españolas no llega al 2%, es evidente que en los próximos años se requerirán mayores inmigrantes. Ello explica los programas alemanes y españoles (el cheque baby) destinados a sus nacionales para fomentar un índice mayor de natalidad.
La situación descrita amerita la siguiente reflexión: Es cierto que un desempeño económico favorable es necesario para la consolidación de la democracia y el fortalecimiento de la gobernabilidad, pero la bonanza económica será inútil en tanto y en cuanto no responda a otras precondiciones de desarrollo. El presidente García y el partido de gobierno se equivocan de cabo a rabo cuando sostienen que tal crecimiento es suficiente. Y es que la tesis del determinismo económico resulta hoy anacrónica, siendo insuficiente por sí misma para lograr el desarrollo político y social de cualquier sociedad.
Por lo tanto, todo crecimiento económico será efectivo si viene acompañado de una seria institucionalidad política y de un adecuado desarrollo humano y social. Pero cuidado: Cuando la institucionalidad política es formal y no real; cuando las decisiones que involucran amplios sectores sociales se adoptan sin participación ciudadana; o cuando no hay respuesta a las demandas sociales básicas, o la misma es deficiente o excluyente, estamos frente a una democracia incompleta.

De esta forma, un gobierno incapaz de impulsar el desarrollo humano y social de sus ciudadanos, generará una crisis de gobernabilidad, aún cuando haya suscrito decenas de tratados comerciales, o haya obtenido PIBs similares a China e India. Si el desarrollo político, económico, social, no avanza en paralelo y en beneficio de la mayoría (los pobres del Perú), se vive un mundo artificial en el que la grave descomposición social se solapa con periodos de bonanza económica o con elecciones libres y transparentes.



martes, noviembre 13, 2007

Presupuesto público y privilegio de algunos

Cada año los distintos gobiernos nacionales, con ciertos matices cada uno, otorgan una porción del presupuesto a ciertas personas jurídicas, que a pesar de ser ajenas al sector público gozan de asignación presupuestal como si se tratara de pliegos presupuestarios u organismos públicos descentralizados (OPD). Aunque la cifra otorgada a estos privados no tenga un impacto significativo para la caja fiscal, lo cierto es que su vigencia denota una contradicción evidente para un gobierno que grita a los cuatro vientos ser austero y eficiente en el manejo de los recursos.

El rubro “Subvenciones para personas jurídicas” (Anexo A del proyecto de ley de presupuesto para el año 2008) es una muestra plausible de la concesión graciable del gobierno aprista. El gasto total que supone dicho rubro asciende a casi 36 millones de soles, y aunque el detalle desagregado consigne la identificación de la entidad privada, el pliego de egreso, y el monto asignado, en los siguientes párrafos identificaremos a las personas jurídicas que desde nuestro punto de vista no merecerían ser receptoras de ingresos públicos.

La iglesia católica es la entidad privada más privilegiada, pues percibirá del Ministerio de Justicia la friolenta cifra de 2 millones 602 mil soles. En un clima de racionalidad del gasto y sobretodo de la gestión del presupuesto orientado a resultados (tal como esbozan los “reformadores” del entorno gubernamental) ¿Qué resultados espera el gobierno de esta asignación presupuestal?; ¿Cuáles serán los indicadores que permitan medir el desempeño de la iglesia?; ¿Lograr la conversión al catolicismo de tantos agnósticos y ateos en un 60%, o acaso garantizar el paraíso al 70% de quienes dejan este mundo?

Los defensores de la iglesia sostendrán que su labor no se agota en predicar la palabra divina, sino que también comprende acciones y programas sociales destinados a los más necesitados del país. Sin embargo, la labor social de la iglesia no está en tela de juicio, al fin y al cabo encuentran justificación otras subvenciones otorgadas a escuelas hogares de niños huérfanos, centros de rehabilitación y reposo, institutos de educación, hogares clínicas, y otros tantos patronatos destinados a los menos favorecidos, algunos de los cuales son dirigidos también por la iglesia.

Nuestra crítica se enfoca más bien en la partida especial que recibe la iglesia católica, probablemente para gastos corrientes. La labor social bien podría ser desplegada por el propio Estado a través de sus programas sociales y proyectos de infraestructura productiva. Si la iglesia católica va ayudar a los pobres con recursos propios, provenientes del Vaticano o de financiamiento exterior, en hora buena; pero si lo hace con recursos del Tesoro, por una cuestión de transparencia, vigilancia y rendición de cuentas, es mejor que lo haga el Estado.
De otro lado, llama la atención la discriminación del gobierno hacia las otras iglesias, pues siendo el Perú un Estado laico cabría esperar similar trato, al fin y al cabo las demás iglesias también desarrollan actos de caridad.

Otros grandes privilegiados, cuya asignación presupuestaria no se justifica, están vinculados a la policía y a las Fuerzas Armadas. El Ministerio del Interior desembolsará 3 mil soles para la Asociación de Coroneles en retiro; 5 mil en favor de la Asociación de Oficiales Generales PNP; 4 mil para la Asociación de Oficiales Generales FFAA y PNP; 37, 500 en beneficio del obispado castrense; 301 mil para centros educativos PNP; 18 mil para zonas judiciales PNP; y la sorprendente cifra de un millón doscientos a favor del Comité de Damas PNP.

Por su parte, el Ministerio de Defensa otorgará 231 mil soles a la Asociación de Oficiales Generales y Almirantes; 44 mil a la Asociación de Capitanes de Navío, Coroneles FFAA y PNP en situación de retiro; 30 mil a la Asociación de Comandantes FFAA; 99 mil a la Asociación de Oficiales FAP; 60 mil a la Asociación de Oficiales retirados FFAA; 72 mil a la Asociación “Stella Maris”; 300 mil al Comité Femenino de Apoyo; 80 mil a instituciones religiosas; y 130 mil soles a favor del obispado castrense.

Por lo tanto, estamos ante una comprobación empírica de derroche fiscal. Las buenas intenciones que puedan tener estos privados no se condicen con los objetivos y estrategias que las entidades públicas han fijado para la consecución de sus fines institucionales. Al mismo tiempo, al ser personas jurídicas de derecho privado, la fiscalización y responsabilidad por el uso del dinero se difumina, aún cuando se trate de fondos públicos. No existe, por tanto, el escenario adecuado para que opere efectivamente el “accountanbility.”

Si bien estas subvenciones generosas no son invención del APRA actual, pues data de años atrás, lo cierto es que la responsabilidad del gobierno de turno es concreta, porque teniendo conocimiento previo de la situación ha mantenido deliberadamente el statu quo. ¿El Parlamento pondrá coto a este despilfarro? Lo dudo, porque también desembolsará 35 mil soles a favor de una persona jurídica no identificada, al menos no aparece el nombre en el proyecto de presupuesto del Ejecutivo. ¿Aparecerá en el Registro Público?











domingo, noviembre 04, 2007

Movilizaciones sociales: Entre lo inevitable y legítimo

En medio de un clima de permanente ingobernabilidad que vive el país, la “Confederación General de Trabajadores” (CGTP) ha convocado una movilización social para este 08 de noviembre, en el que diversos partidos políticos, organizaciones sociales, cocaleros, frentes de defensa, maestros, estudiantes, sociedad civil, entre otros colectivos, no serán ajenos a la jornada nacional, dado el contexto político crítico y la incapacidad del gobierno para dar respuesta a las distintas demandas ciudadanas.

La respuesta del gobierno no podría ser de otro modo: Rechazo a toda protesta social por suponer un jaque a la estabilidad política. Tal actitud, sin embargo, comporta una reacción antidemocrática que expresa un grave desconocimiento de la esencia que subyace a toda movilización. Urge, por tanto, plasmar algunas razones políticas y jurídicas que expliquen la legitimidad de las movilizaciones sociales, razones de peso que por cierto contradicen los frágiles argumentos del APRA, en su intento por boicotear o restar importancia a la jornada nacional.

Jurídica y constitucionalmente, la movilización es una expresión del derecho fundamental a participar en la vida pública del país. El ciudadano no solamente debe ser concebido instrumentalmente para acudir a las urnas cada cierto tiempo, sino que está facultado para ejercer una ciudadanía más activa en los asuntos económicos, sociales, políticos, culturales, y todos aquellos cuanto atañen a la comunidad política en la que vive. Desde esta perspectiva, las movilizaciones no sólo son importantes, sino necesarias, puesto que permiten conocer las demandas sociales postergadas o no atendidas.

Políticamente, las movilizaciones son una respuesta al modelo presidencial que caracteriza nuestro régimen político. En efecto, el sistema político del Perú está diseñado para que en el primer nivel de gobierno no exista auditoría social que haga efectiva la responsabilidad del presidente de la república y del Parlamento. A diferencia del segundo y tercer nivel de gobierno, en el nivel nacional no existe la revocatoria del cargo, remoción alguna, menos referéndum revocatorio. Ejecutivo y Legislativo son elegidos por un periodo fijo de mandato, no habiendo lugar para recambio de gobierno, salvo supuestos excepcionales y fortuitos.

Con un presidente irresponsable políticamente (los que responden son los ministros) e irresponsable penalmente durante su mandato (salvo tres delitos prescritos en la constitución); y con un Parlamento donde el mandato es irrenunciable e irrevocable, además de la exigencia de mayorías calificadas para el antejuicio político, las movilizaciones expresan una suerte de válvula de escape del régimen político, dado que llegado a su clímax puede devenir en situaciones similares a los acaecidos en Ecuador (Mahuad, Bucaram y Lucio Gutiérrez) o Bolivia (Sánchez de Lozada y Carlos Mesa).
Ahora bien, la gestión de Alan García, fuertemente cuestionada por su condescendencia con el gran capital; por su ineficacia en cuanto a reforma de Estado y modernización de la gestión pública; por su ineficiencia en la formulación de políticas públicas; por la corrupción en que está sumida; por su carácter cuasi autoritario; y por la exclusión de las reivindicaciones sociales de sectores tradicionalmente marginados, hace inevitable y legítima la protesta y el rechazo en las calles de los ciudadanos organizados o no.

Los sucesos que envuelven al SIS y al Ministerio del Interior; la provocadora propuesta del Parlamento para sustentar únicamente el 30% de gastos operativos; la ineficacia del FORSUR; la pretendida subordinación del tema ambiental y ecológico a la explotación minera y energética; la distribución nada equitativa del presupuesto público 2008; las políticas centralistas que bloquean el proceso de descentralización, so pretexto de una supuesta ineficiencia de los gobiernos subnacionales, son sólo algunos ejemplos evidentes que están conduciendo al país a un abismo sin salida.

La jornada de lucha del 08 de noviembre es una advertencia al gobierno para que cambie el rumbo de sus políticas. Al fin y al cabo es el pueblo el único detentador de la soberanía nacional, ¿O no?