Las municipalidades en la “real politic”: ¿Qué hacer?

Para entender el significado de lo que es una municipalidad o gobierno local, resulta clave diferenciar dos planos no necesariamente coincidentes: El plano formal, según el cual los gobiernos locales son lo que la constitución y su ley orgánica dicen que son; y, el plano sustantivo o material, según el cual los gobiernos locales son lo que la realidad muestra, constituyéndose como parámetro de entendimiento el ejercicio de gobierno dentro de una circunscripción determinada, sea de ámbito provincial o distrital.

De acuerdo con la constitución vigente y su antecesora, la constitución histórica de 1979, el Perú es una república unitaria, representativa y descentralizada. Según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) las municipalidades rurales tienen un régimen especial y una atención prioritaria por parte del gobierno central. En sentido similar, las disposiciones referidas al FONCOMUN prevén su carácter compensatorio en beneficio de las municipalidades que menos ingresos perciben. La ley de tributación municipal establece que los gobiernos locales tienen potestad para recaudar impuestos, contribuciones y tasas.

En resumen, en el plano formal los gobiernos locales son homogéneos, y las normas que regulan el tema municipal comprenden supuestos de hecho que reflejan escenarios de gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad política. Así lo han entendido los gobiernos centrales desde la transición a la democracia en 1980. Pero ¿Es cierto que las municipalidades rurales se autofinancian de tributos y otros recursos administrativos?, ¿Las municipalidades rurales tienen un trato preferente por el gobierno central y las instituciones nacionales?, ¿El Perú es un país descentralizado? NO, ni aspira serlo por voluntad de quienes ejercen el gobierno y por ausencia de un verdadero ente rector.

Si el gobierno central, los actores políticos, inclusive los académicos e intelectuales, conciben a las municipalidades desde el enfoque meramente formal, ¿Qué hacen los gobiernos locales para garantizar condiciones de gobernanza y proveer a los ciudadanos servicios públicos de calidad? Los riesgos que supone un gobierno centralizado como el de García aconsejan dos posibilidades: la unión de las municipalidades rurales para reivindicar poder político; o, darle la espalda al gobierno central para deslegitimar las medidas centralistas que tiene en agenda.

Desde la asunción del prófugo Alberto Fujimori en 1990, los gobiernos centrales gobernaron de espaldas a las municipalidades rurales del país. Desconocieron la autonomía normativa, administrativa, económica y presupuestaria. Si tomamos en cuenta la lógica liberal representativa, cabría preguntarse ¿Si las municipalidades rurales son el 70% del total de gobiernos locales, porqué siempre han estado marginados cuando el gobierno central ha adoptado decisiones políticas en temas municipales?, si las localidades rurales albergan ciudadanos en condiciones de pobreza, ¿Por qué son relegadas al último escalafón en la distribución de recursos?

Todo hacer suponer que los gobiernos centrales abusan porque no ven a los municipios rurales como adversarios políticos sólidos. La AMPE fue tomada por Fujimori en base a dádivas mercenarias y la ANADIS es casi un fantasma. El Acuerdo Nacional ha demostrado ser un foro político completamente infuncional, que responde a intereses de sus participantes y no a intereses de la colectividad. El único espacio que se mantiene firme es la REMURPE, cuya consolidación dependerá de factores contingentes exógenos y endógenos.

La otra opción, acaso más sugerente, es dejar al gobierno central solo y evitar coqueteos políticos por el mero ofrecimientos de mayores recursos o transferencia de políticas sociales sensibles como la salud y la educación. El asentir complaciente a lo que quiere García le otorga legitimidad en esta imitación de descentralización populista que está impulsando. Es hora de hacer sentir el peso q significan las autonomías locales. Una suerte de desobediencia civil de las municipalidades rurales para impulsar un verdadero proceso de descentralización.

El CND ha sido extinguido en el término de la distancia y el protagonismo será asumido por la PCM, cuya burocracia dorada desconoce en mayor medida que su antecesora procesos de autonomía. En todo proceso descentralizador se requiere necesariamente un órgano rector que lo impulse, con decisión política vinculante y con rigor técnico profesional que toda entidad de la administración pública debe tener. En Ecuador es la CONAM; en República Dominicana es la CONARE; en Colombia la DNP, etc.

La conducta de García, probablemente por su entorno neoliberal, rememora a la vieja conservadora Margareth Thatcher: “Reducir el Estado lo máximo que se pueda en pos de lograr la eficacia y eficiencia”, con la diferencia de que ésta agencializó ciertos ámbitos de la administración. Ya fue el CND, pronto serán CONASEV, INDECOPI, CONSUCODE y posteriormente, cuando el APRA se hay empoderado, le tocará el turno a las reguladoras: OSIPTEL, OSITRAN, OSINERG. ¿Qué esperan los gobiernos regionales y locales para movilizarse?

30/01/07

La Descentralización y el CND: ¿Del payaso al dueño del circo?

El día de ayer el premier Jorge Del Castillo anunció la “fusión” del Consejo Nacional de Descentralización (CND) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), arguyendo que para consolidar el proceso de descentralización resulta clave el contacto directo entre el gobierno central y las autoridades subnacionales elegidas por sufragio directo. Hoy, acaba de publicarse el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, el cual ha sido criticado por Juan Carlos Eguren (Presidente de la Comisión de Descentralización del Parlamento) y por el Presidente Regional de Lambayeque Yehude Simon.

Al respecto existen 2 tipos de cuestionamientos: uno formal y otro sustantivo. A nivel formal, la creación o supresión de pliegos presupuestarios (y el CND era un pliego) requiere una ley del Parlamento, no un reglamento del gobierno. Sin embargo, el APRA para demostrar autoridad viene ejerciendo el gobierno merced a decretos, vulnerando sistemáticamente el principio de legalidad y el ordenamiento procesal para la aprobación de políticas públicas. No perdamos de vista que el CND fue creado por la Ley de Bases de la Descentralización.

El otro tipo de cuestionamiento, de índole sustantivo, soslaya una supuesta pérdida de autonomía del órgano a fusionarse, suponiendo un retroceso de la descentralización. Pero ¿La fusión del CND socava su autonomía? NO. En primer lugar, el CND nunca fue un órgano políticamente autónomo. A pesar del rango ministerial que tenía la presidencia de la entidad, con derecho a participar en las sesiones del gabinete, jamás fue un primus interpares de los ministros de Estado. He ahí una de las razones por el que la descentralización siempre estuvo estancada.

¿Se trata en puridad de una fusión? NO. De acuerdo con la “Real Academia de la Lengua”, fusión alude a la acción y efecto de fundirse, y el CND siempre estuvo fundido en la PCM. El carácter de Organismo Público Descentralizado (OPD) de la PCM demostraba perfectamente su absorción, al igual que otras OPDs insertas en la PCM como el CONAJU, CONAM, INEI, DEVIDA, etc. En todo caso, el premier Del Castillo -que de Gestión Pública no conoce ni el término- debería explicar con propiedad a la hora de realizar sus declaraciones.

Si autonomía política nunca tuvo el CND, menos tuvo autonomía funcional. O es que ya olvidamos que las transferencias anuales de competencias se aprueban por decreto supremo de la PCM, y su retraso desmesurado se debía a que el gobierno central no tenía voluntad política real para descentralizar el Estado. Las resoluciones presidenciales del CND son meramente declarativas o confirmativas, de carácter simbólico, máxime tratándose del tema de acreditaciones. ¿Por qué entonces nunca se llevó a cabo el Plan de Fortalecimiento de Capacidades?; ¿Por qué se generó enfrentamientos vanos entre el CND y el MIMDES por la transferencia de programas sociales?; ¿Por qué el proceso de descentralización, a 5 años de su inicio, está en nada?

Urge reflexionar profundamente sobre el proceso. Si éste consiste únicamente en traspasar recursos y competencias, sin un ápice de estudios, análisis y planificación, diremos que el proceso va viento en popa. No obstante, desde mi óptica, reducir la descentralización a una transferencia simplista de competencias es muy peligrosa, y circunscribirla a un grupo de burócratas que desconocen las complejidades del proceso es tan o más peligrosa. Recordemos que los neoliberales del entorno aprista hace mucho vienen sugiriendo la reducción del Estado, la contracción del gasto, y las concesiones.

De otro lado, perdemos de vista que Alan García, al igual que Toledo, utiliza la descentralización de manera populista, máxime cuando tiene en frente gobiernos regionales no apristas, que podrían jaquear (si se lo proponen) al gobierno central. Para librarse de las “incómodas” políticas sociales más sensibles de todo Estado: salud y educación, decidió transferirlas, con todas sus debilidades estructurales, para que sean los gobiernos locales quienes las gestionen. Pero la descentralización trasciende la mera gestión, porque significa transferencia de poder político, algo que Alan García no lo hará.

El CND ha pasado de Raza Urbina a Jorge del Castillo. No hay fusión ni nada por el estilo, aunque formalmente se diga que ha desaparecido el órgano rector de la descentralización. Algo que nunca estuvo no puede ahora desaparecer. Al margen de ello, ¿Es el premier el dueño del circo? Lo dudo mucho, porque el dueño del circo a nivel del gobierno y a nivel partidario es Alan García, comparable al más déspota de los luises, Luis XIV, rey de Francia quien se hizo célebre por acuñar la frase: “El Estado soy Yo”.

25/01/07

El papel del Estado frente a la vivienda: El caso español

Con la constitución aprobada por el CCD de Jaime Yoshiyama Tanaka, y del ahora Ministro de la Producción Rafael Rey, el rol económico del Estado peruano ha quedado marginado a un segundo plano. Desde 1993 la intervención estatal en el ámbito empresarial es meramente subsidiaria, a diferencia del papel protagónico y cuasi ilimitado que le ha sido reconocido al mercado, cuyas reglas sacrosantas -según los liberales económicos- acabarían con los flagelos de la pobreza, la exclusión social, la ineficiencia de las empresas públicas y la inestabilidad política.

El Estado es ineficaz e ineficiente reza el proverbio neoliberal, siendo clave para el desarrollo económico de un país la reducción de la esfera pública y el ensanchamiento de lo privado. Bajo esta lógica, se instauran instrumentos gerencialistas como la tercerización, la agencialización, las privatizaciones, el outsourcing, entre otros, con el propósito específico de dar solución a la ineptitud del Estado. De esta manera se logra las 3 “e” que postula la nueva gestión pública: economía, eficacia, eficiencia.

Pero, ¿Qué tan cierto es la afirmación de que el desarrollo de un Estado puede lograrse cuando el papel del mismo es mínimo? ¿Es aún vigente la tesis Smithiana que postulaba el “dejar hacer dejar pasar”? A nivel general debo sostener que no hay país en el planeta que no regule las políticas públicas que conforman su agenda, máxime cuando aquellas son sensibles. Estados Unidos otorga millonarias subvenciones para proteger su agricultura; la Unión Europea es proteccionista en cuanto a su política agraria, exigiendo en algunos casos ciertos límites o topes a la producción de un determinado bien, u otorgando subsidios directos a los agricultores comunitarios.

A nivel específico, los 4 grandes problemas que aqueja España son: Terrorismo, inmigración, género, vivienda, aunque esta última es competencia de las comunidades autónomas. En cuanto al primero, las negociaciones de paz que venía ejecutando el gobierno español con el grupo ETA (Euskadi Ta Askatasuna) han quedado paralizadas, acaso frustradas luego del atentado de Barajas. Los españoles desean vivir en paz y terminar con el terrorismo que ha causado cientos de muertes; sin embargo, de ninguna manera se conseguirá la paz con el uso de las armas y otras medidas radicales que algunos extremistas sostienen.

El tema de la inmigración es otro de los problemas en que la presencia del Estado es clave. España conjuntamente con la comunidad de Canarias, vienen implementando una serie de medidas para frenar la ola de inmigrantes que llegan del África subsahariana, muriendo muchos en su intento por arribar a tierra firme y lograr nuevas oportunidades de vida. El problema de los inmigrantes latinoamericanos es igualmente preocupante, pues no son pocos quienes se encuentran en situación de ilegalidad. Antes que deportarlos se prefiere su legalización, dado que la gran fuerza laboral de inmigrantes latinos soporta un porcentaje considerable de la seguridad social española.

A nivel de género, el 12 de diciembre pasado fue aprobada por la comisión de trabajo del Congreso de los Diputados la medida que dispone 15 días de permiso de paternidad, periodo que se ampliará de forma gradual durante los próximos 8 años hasta alcanzar las 4 semanas (similar al modelo noruego). Esta medida de índole laboral, al igual que otros ámbitos de igualdad en la representación política, en los órganos de dirección de las empresas, en el sector público, será incluida en la futura ley de igualdad que viene debatiéndose en las Cortes Generales.

Pero quizá el tema de la vivienda es el que más preocupa al ciudadano español, y es a su vez el más controvertido por estar en juego el derecho a la propiedad privada. Si el metro cuadrado en uno de los distritos exclusivos de Lima oscila entre 300 y 500 dólares, el costo de 1 m2 en Madrid bordea una media de 3,870 euros (más de 4 mil dólares). Un ciudadano que desea poseer un apartamento o piso en España tiene que hipotecar entre 20 y 40 años de su vida para adquirirlo. Lo sorprendente es que hay propietarios que se niegan a alquilarlos, disparándose por tanto el precio de los arrendamientos.

Ante tal especulación los neoliberales dirían que prima la propiedad privada, y que si un titular no desea arrendar un inmueble le asiste todo su derecho. Pues bien, las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco han tomado el toro por las astas. En el caso de la primera, los propietarios que mantengan sus pisos vacíos 2 años, y que además no acepten la ayuda del gobierno autonómico para rehabilitarlo (en caso de deterioro) ni el aval de la administración para su cesión al mercado de alquiler, corren el riesgo de ser expropiados "temporalmente" por la Generalitat para destinarlos al alquiler.

En Euskadi, el gobierno puso en marcha el programa de arrendamiento “Bizigune”, en virtud al cual ha sacado al mercado de alquiler 2,712 pisos vacíos (10% de los 26,691 que se encuentran desocupados). De las 2,712 viviendas 1,739 ya están alquiladas y el resto se encuentran en proceso de reforma para poder entrar a vivir. El referido programa consiste en un sistema de arrendamiento a través del cual la administración alquila el piso al propietario a precio de mercado, para luego ofertarlo a los solicitantes a un precio menor. La diferencia entre ambos precios corre a cargo del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

Para moderar este sistema que involucra el subsidio a cargo del gobierno autonómico, la burocracia vasca analiza la inclusión (en su futura ley de vivienda) de un canon de 3,285 euros por cada año que el piso se mantengan inhabitado, pues resulta claro que quien se da el lujo de no arrendar un piso determinado (el precio promedio de un piso con 3 habitaciones es 900 euros mensual) tiene renta suficiente como para pagar un canon o penalidad impuesta.

Este último ejemplo del derecho a la vivienda nos muestra perfectamente que el papel del Estado importa, y mucho. Cuando está en juego la seguridad ciudadana, la salud pública, el orden público, las distorsiones mercantiles, la especulación económica, o simplemente el abuso del Derecho, el Estado debe hace sentir su “ius imperium” para regular ahí donde los sectores lo requieran. El mercado nunca logrará el beneficio colectivo, porque en sus genes transmite un individualismo exacerbado y el incremento de riqueza que -en nombre de la libre competencia- se concentra en unos pocos.

La agonía del Perú en manos de Alan García

El tránsito del año 2006 al 2007 estuvo cargado de sorpresas al menos en el ambiente político. A la polémica sobre la evaluación de maestros se sumaron el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); las declaraciones políticas del Cardenal Cipriani sobre la referida evaluación docente (de haberlas hecho en México habría sido castigado); la presión de los medios de comunicación, el gobierno y Estados internacionales, abogando por la liberación de Rázuri, saludable por cierto, pero que no se habría dado tratándose de Quispe, Mamani, Tupayachi, u otro ciudadano de a pie.

En recientes declaraciones, el gobierno y sus “técnicos” no sólo estudian el desacato al fallo de la CIDH, sino que además han decidido acusar constitucionalmente a Toledo y a su entonces ministro de Justicia Alejandro Tudela, por haberse allanado en el caso de la matanza a los internos del penal Castro Castro. El aprista Javier Velásquez Quesquén o no ha aprendido las lecciones de Derecho Constitucional impartidas en la Universidad Católica, o se trata de una maestría que en lugar de especializar a los estudiantes termina por confundirlos.

¿Podría el Gobierno desacatar el fallo de la CIDH? En principio sí, pero las consecuencias políticas e internacionales serían tan graves que el Perú pasaría a ser un paria internacional. Ante esta situación los peruanos debemos mantenernos firmes para condenar decisiones irresponsables del gobierno, porque no está en juego su honor, el del APRA, o el de García, sino el honor del Perú como Estado y nación. ¿El gobierno de Alemania, Francia, o España, desacatarían el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?; ¿Se le ocurriría a cualquiera de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea desacatar el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque éste no verse sobre derechos humanos?

Conviene recordarle a Velásquez Quesquén y a Mulder que la acusación constitucional procede únicamente por delito de función o por infracciones constitucionales. ¿El allanamiento del Perú ante la CIDH es un delito de función o una infracción constitucional? NO. Si fuera un delito de función estaría tipificado en el Código Penal, y si fuera infracción constitucional tendría que estar señalado expresamente, pues de otra manera caeríamos en el absurdo de que cualquier comportamiento de quienes tienen la prerrogativa del antejuicio sería sancionable, máxime si estuviera vinculado a una disposición constitucional.

La afirmación de que no se agotó la vía interna para acudir a la CIDH es errónea, pues si fuera cierto el mismo tribunal supranacional no se hubiera pronunciado sobre el fondo del asunto, sino por el contrario, hubiera declarado inadmisible la demanda mientras no se cumpla con el requisito del agotamiento previo. El allanamiento es un mecanismo procesal de culminación anticipada del proceso, en virtud al cual el denunciado reconoce su culpa voluntariamente, allanándose a los efectos que pudiere devenir de la sentencia. No sé si se dé trámite a la susodicha acusación constitucional, pero de la alianza APRA – Fujimori – UN cualquier cosa puede esperarse, menos racionalidad, transparencia, prudencia, responsabilidad.

La actitud de Alan García me recuerda a la del Partido Popular Español (PP) antes del atentado a Barajas. Para oponerse a la política antiterrorista del PSOE dinamitaba constantemente las estrategias del gobierno español, movilizando (cuando ha podido) a los familiares de las víctimas de ETA en contra de las negociaciones de paz. Si el gobierno peruano considera que el fallo de la CIDH es vejatorio hacia el Estado, ¿Por qué García no muestra las mismas garras frente a Telefónica?; ¿Por qué irradia cobardía frente a las multinacionales mineras respecto a las regalías, los contratos de estabilidad tributaria, o la imposición fiscal a las sobreganancias?

Aunque amemos a nuestro Estado no podemos hacernos cómplice de él cuando en su nombre ciertos desadaptados, digitados o no desde el gobierno, cometen genocidio o actos criminales. La vida de un terrorista, de un demócrata, de un acusado, de un sentenciado, etc., vale tanto como la vida de cualquiera de nosotros. ¿O es que ahora hay jerarquía en la valoración del derecho a la vida? Apelar al terrorismo para enfrentar al terrorismo es una medida que conduce a un círculo perverso atemporal.

La práctica cultural del no perdón debemos erradicarla de raíz; la convicción de la efectividad en la mano de hierro para encarar flagelos de distinta índole debe ceder; la actitud de cuestionar al otro y no a sí mismo, a la familia, o al entorno (Luis Bedoya Reyes y los pecadillos del hijo; Alex Kouri y el desatino del hermano Alberto; Keiko Fujimori y las bondades del padre, etc.) tiene que ser expectorado de nuestra mentalidad. El Estado se equivoca, y mucho. Baste como ejemplos la Alemania nazi, la Italia fascista, la ex URSS comunista, o la España franquista.

Pero claro, cuando los medios de comunicación, el gobierno, la derecha, los empresarios, etc., manipulan la información a su antojo, e indisponen al ciudadano haciéndoles creer que los luchadores de la patria tienen inmunidad para matar, no puede haber Estado de Derecho. A pesar del boicot y bloqueo del PP, se viene discutiendo en España la ley de la memoria histórica, la misma que pretende honrar a las víctimas del franquismo. Urge por tanto aprender de estas experiencias, y evitar que los 100 años de adelanto tecnológico que nos llevan los países industrializados, no se conviertan en 100 años de adelanto mental, ético, o moral.

09/01/07

Piedra: el convidado del APRA

En este nuevo año 2007, año del deber, la presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas dio a conocer a la ciudadanía su satisfacción -como titular del pliego- por cuanto el 92% de los trabajadores del Parlamento (de un universo de 686 empleados) superó el proceso de evaluación de competencias, diseñada y tomada el pasado 17 de diciembre por la ahora Universidad ESAN. Solamente el 8% de servidores públicos no pasaron la prueba, razón por la que serán sometidos a una segunda evaluación que definirá el futuro de los mismos.

Al margen de lo saludable que puede ser someter a evaluación al personal administrativo del Congreso, la iniciativa aprista fue parcial, incompleta y convenida a todas luces, pues los trabajadores de confianza, los asesores de despacho, y todos quienes han entrado en manada desde que García asumió el poder, han quedado exonerados de la evaluación de competencias. ¿Dónde está el valor del deber señora Mercedes Cabanillas?

Seguramente la presidenta del Parlamento me replicará soslayando que la evaluación únicamente tiene sentido a nivel de empleados sujetos a carrera administrativa y no al personal de confianza. Yo responderé que en un Estado donde existe verdadera función pública los puestos de confianza son la excepción y no la regla, siendo una aberración que hayan 240 asesores de despacho (personal de confianza), sin contar los asesores políticos de los grupos parlamentarios, beneficiarios de los mismos derechos que tienen los 686 empleados de carrera, y acaso con retribuciones económicas más generosas.

Ahora bien, conviene preguntarse: ¿Todo el servicio parlamentario fue sometido a prueba?; ¿El Oficial Mayor rindió la susodicha prueba?; ¿El director general parlamentario, o el auditor general del Congreso aprobaron el examen?; ¿El apoderado del Congreso para la defensa de la constitucionalidad de las leyes se habrá sometido a evaluación? ¿El centro de estudios constitucionales y parlamentarios, que aunque sujeto a un régimen especial, fueron evaluados, a pesar de que nadie sabe qué hace?

Fiel a la escopeta de 2 cañones y a un espíritu de mantener el divorcio entre la política y la ética, el APRA suele tener alzheimer cuando de sus militantes y su entorno más cercano se trata. No vamos a mencionar la imposición de la hija de Judith de la Matta en la presidencia de CONAJU -para quien el cargo le queda grande-, o el nombramiento de Omar Quezada -ex presidente regional de Ayacucho, aprista por convicción e inepto por vocación- como director ejecutivo de COFOPRI. Nos referiremos al aparato administrativo del Poder Legislativo.

Se trata del afortunado José Cevasco Piedra, actual Oficial Mayor del Congreso, hombre fuerte del corrupto Alberto Fujimori y ahora allegado al APRA, acaso por un asunto de militancia partidaria y obvio por una cuestión de confianza depositada por Mercedes Cabanillas. De acuerdo al artículo 40 del reglamento del Congreso el nombramiento y remoción del Oficial es potestad exclusiva del Consejo Directivo, órgano presidido por Mercedes Cabanillas.

Lo paradójico es que la presidenta del Congreso parece no recordar sus años de congresista y los sucesos que giraron en torno al otrora ex oficial mayor y ahora nuevamente en el cargo. En efecto, después de la caída de Fujimori y luego de muchos años de bonanza para los bolsillos de Cevasco, el Congreso de Carlos Ferrero y Alejandro Toledo removieron del cargo al funcionario administrativo de mayor rango en el servicio parlamentario, y probablemente en el país.

El sueldo de Cevasco, uno de los más alto en la administración pública, mayor inclusive a lo que percibían en ese entonces los congresistas; el auto negro y la seguridad personal otorgado para el “cumplimiento” de sus funciones; y otros privilegios consustanciales a un burócrata dorado, parece haber sido olvidado por Mercedes Cabanillas, inexplicable por cierto dado la multiplicidad de veces que fue reelecta congresista, merced a una posición partidista privilegiada en la oligarquía aprista.

Aún así, el cuestionamiento no radica en la confianza depositada en tal servidor, pues -aunque lo dudamos mucho- podría tratarse de un burócrata eficiente y eficaz al estilo weberiano, sino en sus vínculos supuestos con el prófugo Fujimori. Cuando el otrora oficial mayor fue destituido y despedido del Parlamento, la asunción de José Élice Navarro como nuevo oficial mayor fue saludada por los congresistas y por la entonces Mesa Directiva. Sin embargo, la astucia de Cevasco Piedra le permitió pocos años después regresar al Congreso con el privilegiado cargo de asesor de una de las vicepresidencias, con lo cual nuevamente empezó a percibir una retribución a cargo del Estado.

Ahora con el nuevo gobierno aprista nuevamente goza del más alto cargo en el servicio parlamentario, siendo “el valor del deber” una burda retórica. Es evidente que el APRA se opone a nuevas formas de hacer política, formas en que la ética pública constituye la piedra angular de la gobernanza y en donde es impensable el divorcio entre la política y la ética. Lo sorprendente no es el valor del deber en sí, sino de quién lo profesa; el problema no es de palabras y buenos deseos sino de hechos y actitudes; el problema no es, por tanto, de lo que debería ser, sino de lo que es.