La autonomía asfixiada de las Municipalidades

El Poder Ejecutivo ha dispuesto ayer jueves 22 de marzo, vía decreto supremo 025-2007-PCM, los montos que por todo concepto percibirán los alcaldes distritales y provinciales del país. La responsabilidad de aprobar el decreto, tres años después del plazo previsto por la ley 28212 (promulgada en abril del 2004), fue sorteada por un Toledo que quería ser descentralista y no pudo, y ahora es asumida por un García que no puede ser descentralista aunque lo quiera.

Con esta medida continúa el acoso a la autonomía económica de los gobiernos locales, sin que las municipalidades desplieguen esfuerzos necesarios para hacer respetar, en las calles, la garantía institucional de la que están investidas. Ya con la aprobación del DU 038-2006 se puso en cuestionamiento la fuerza modificatoria de un decreto de urgencia sobre una ley del Parlamento, pero ello no fue óbice para un Poder Ejecutivo decidido a gobernar vía decretazos.

La ley 28212, madre del cordero, emitida para desarrollar un equivocado artículo 39 de la constitución, subyuga jerárquicamente a los alcaldes al último escalafón en el servicio a la nación, a pesar de que poseen legitimidad directa otorgada por el voto ciudadano. Los ministros de Estado que no representan a nadie, y cuya designación es a dedo, ostentan el tercer lugar, mientras que los magistrados supremos y los miembros de la junta de fiscales supremos son tomados en cuenta cuando tienen un régimen distinto a los demás altos funcionarios.

Deficiencias como éstas deberían ser subsanadas por los reformadores. Quienes ingresan al sector público para hacer carrera (fiscales y jueces) tienen que estar fuera del alcance de la norma y sujetarse a disposiciones especiales de la administración pública. Los presidentes regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y regidores, tienen la misma fuente de legitimidad que el presidente y los parlamentarios. Es irracional, por tanto, que estén por debajo del JNE, TC, CNM, Defensoría, porque no sólo son cargos públicos de representación política, sino que pertenecen a distintos niveles de gobierno.

Tan o más irracional es la fijación del sueldo de alcaldes en base a la población electoral, cuando los criterios pertinentes habrían sido: el nivel de ingresos propios de la municipalidad, el monto de las transferencias ordinarias, y el tamaño del aparato burocrático local. Tres indicadores mínimos que hubieran interactuado sobre un monto máximo consensuado entre el gobierno central y los primeros regidores provinciales, con acuerdo de los respectivos concejos distritales. Si la ley primigenia, con las modificaciones hechas, ya preveía techos máximos, ¿Era necesario un decreto supremo interventor?

Por lo tanto, el decreto supremo 025-2007-PCM no sólo violenta la autonomía económica de las municipalidades, sino además la autonomía política. No hay duda de que al prescribir que las reducciones de ingresos deberán ser aprobadas por Acuerdo del Concejo, se está coactando a los legislativos municipales (los concejos) a emitir normas dentro de los 15 días de entrada en vigor del referido decreto. La potestad legislativa de los regidores ya no obedece a una decisión discrecional y oportuna, sino a la imperatividad de un decreto supremo decido por el gobierno central.

Al igual que muchos demócratas, estamos en contra de la fijación irracional y desmesurada de remuneraciones que se han hecho en algunas jurisdicciones locales, como también en contra de la ejecución de antojadizos proyectos de infraestructura que no justifican enormes inversiones infuncionales, sobretodo en ayuntamientos rurales. Pero nuestra apología no es en beneficio de casos particulares, sino en favor de los fueros municipales.

¿A quién pretende este gobierno darle lecciones de austeridad presupuestaria? Se habla ostentosamente en nombre de la austeridad y el ahorro público, y la señora Mercedes Cabanillas, presidenta del Congreso, ha solicitado a la Comisión de Presupuesto un crédito suplementario para su sector, el mismo que será financiado con ahorros del presupuesto institucional parlamentario del año 2006. Si eso es ahorro público, economistas de la talla de Yunus, Prescott, Stiglitz, Friedman, o Amartya Sen, quedarían estupefactos.

Es más, la cuestionada ley 28212 prevé en su artículo 4, inciso a), que el presidente, al concluir su mandato, recibirá en forma vitalicia una pensión equivalente a la retribución de un parlamentario en ejercicio. Es decir, los ex presidentes cobrarán perpetuamente 15, 600 soles sentados en casa sin hacer nada. Mientras el ciudadano de a pie tiene que sudar la gota para llevarse un pan al hogar, los ex presidentes, aunque hayan sido mediocres, gozarán de tal privilegio. Didáctica lección de austeridad que linda con la falta de ética y con la pérdida de valores solidarios con un país que alberga miles de pobres.

¿Cuál es la motivación que impulsa el doble discurso de Alan García? Al parecer, la única motivación es el solo hecho de ser aprista. La cuestión funcional de su pretendida reforma de Estado, la eficiencia y eficacia de la gestión pública es burda retórica para un pueblo cada vez más engañado. Sino preguntemos al APRA lo funcional que puede ser para nuestro país acreditar, hace algunos días atrás, a un embajador ante el Vaticano ¿Para qué? Probablemente para intermediar por las almas de los pecadores peruanos.

Cuando la fuerza impone su voluntad

El pasado 17 de marzo se ha conmemorado el cuarto aniversario de la invasión a Irak y los resultados de la barbarie arrojan la descomunal cifra de más de 100 mil iraquíes muertos, entre civiles y soldados, y aproximadamente 3,200 soldados de la coalición invasora caídos en combate. Con la última ampliación presupuestaria solicitada por la Casa Blanca y el Pentágono, el coste económico de la guerra se estimaría en 600 mil millones de dólares, sin considerar costes indirectos que supuso, por ejemplo, el alza del precio del petróleo.

Hoy Irak ya no vive una guerra, sino una masacre. Sumida en una cruenta guerra civil cuya solución para el presidente norteamericano es la ocupación del país como la medida garante de la democracia en el golfo, no hay día en el que no se informe la pérdida de más vidas humanas. La historia ha demostrado que la “guerra preventiva” contra el terrorismo y sobretodo el mantenimiento y proliferación de armas de destrucción masiva fueron burdos pretextos para disfrazar intereses geoestratégicos de las potencias hegemónicas.

Es en conmemoración a ese cuarto aniversario que queremos recordar al lector lo que ha causado el poder de la fuerza a lo largo de estos 4 años. Estados Unidos ha arrasado con la mítica y legendaria civilización Caldeo Asiria, también denominada Mesopotamia, asentada entre los ríos Tigris y Eufrates hace unos miles de años A.C. Lo que fueron los Sumerios, Acadios, los imperios de Babilonia (recordada por sus jardines colgantes), Asiria (pueblo guerrero por excelencia), o la ciudad de Ur (donde nació Abraham), hoy queda sólo para la memoria y el recuerdo.

Bush y sus aliados se han ensañado con un pueblo que legó a la humanidad, antes que Grecia y Roma, la escritura cuneiforme, las matemáticas, la medicina, la astronomía, el desarrollo del álgebra, el código de Hammurabi como vestigio primigenio de los códigos legales, y algunos avances en arquitectura, arte y escultura. Toda esta herencia cultural, cuyo coste es invalorable, ha sido borrada del mapa por los fusiles, cañones y tanques. No olvidemos que el 10 de abril del 2003 el Museo Nacional de Bagdad fue saqueado vilmente por el tripartito.

Toda esta catástrofe permite objetar, acaso, la funcionalidad de organismos supranacionales, pero sobretodo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Creada en 1919 luego de la primera guerra mundial como la Sociedad de Naciones (SDN), pero fundada oficialmente el 24 de octubre de 1945, hoy a casi 62 años de vigencia resulta paradójico e inexplicable que el garante de mantener la paz mundial no pueda evitar violaciones reiteradas a las soberanías de Estados menores, económica y bélicamente.

Si la Sociedad de Naciones parida por el Tratado de Versalles fue disuelta por su incapacidad de prevenir la segunda conflagración mundial, ¿No habría que pensar lo mismo respecto a la ONU? ¿Acaso no se suscitaron las guerras de Korea, Vietnam, la guerra Irán – Irak, la invasión de la URSS a Afganistán, etc.? Con 192 Estados miembros en su seno, la ONU se ha caracterizado por su naturaleza altamente elitista y oligárquica, en el que los 5 países más poderosos del mundo, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho de veto sobre cualquier resolución de la organización.

Del mismo modo, aunque en menor medida, la inacción de la Unión Europea lo catapulta como cómplice indirecto de la invasión a Irak, porque no sólo Estados miembros como España, Reino Unido, Italia, apoyaron incondicionalmente a Washington, sino porque los derechos humanos parecería importarle poco cuando el violador es un todopoderoso. Los vuelos secretos de la CIA sobre espacio europeo, transportando sospechosos de terrorismo para ser torturados sistemáticamente, es una muestra de que la ley y la justicia sólo se exigen a quienes no tienen poder.

Mientras tanto el Gobierno del Perú se queda inmune ante los acontecimientos históricos. El señor Alan García, aliado incondicional de Bush, no se ha manifestado, ni ha sacado comunicado alguno en contra de la invasión a Irak. Muy por el contrario, le ha abierto nuestras fronteras a sus tropas, suplicando la ratificación de un TLC por demás cuestionado. Al fin y al cabo ¿Qué puede esperarse de un APRA que por tradición fue un partido felón?, ¿O es que se olvida sus pactos con Odría y antes con Prado?

Si es verdad que vivimos en un Estado de Derecho, las democracias más avanzadas del planeta deben dar el ejemplo de que la lucha y la reivindicación por la vigencia de los derechos humanos no han sido en vano. Salvo que la vida, como derecho humano, sea una cojudez, según “sabias” palabras del inefable Cardenal Cipriani, esperamos que los tribunales internacionales no claudiquen cuando tengan que juzgar por lesa humanidad a George Bush, Tonny Blair, José María Aznar, y a todos aquellos que digitaron tal insania, alevosa, premeditada y criminal.

Un aporte a la agónica descentralización en el Perú

Para impulsar un auténtico proceso de descentralización resulta clave el diseño institucional sobre el que tiene que asentarse. La propuesta de la Red de Municipales del Perú (REMURPE) sobre el Consejo Intergubernamental de Descentralización es una iniciativa saludable, aunque no suficiente. Se hace imperativo, además, la voluntad política del gobierno central, porque un ente sin autonomía o con decisiones que carezcan de carácter vinculante servirán muy poco a los fines del proceso.

La constitución fujimorista de 1993 extinguió el bicameralismo sin argumentos funcionales, pero con intenciones manipuladoras y oscuras. Al fin y al cabo, todo dictador es enemigo de la distribución del poder, sea horizontal o vertical. El resultado: centralismo, ineficiencia, infra representación ciudadana, aprobación desmedida de leyes improvisadas y utilitaristas, ausencia de control y fiscalización a las diferentes entidades públicas.

Contar con un Parlamento unicameral puede ser funcional en poliarquías avanzadas donde no existen problemas de sub representación, y donde los legisladores están altamente profesionalizados (democracias nórdicas por ejemplo). No obstante, en países con alta polarización social y política, presencia de sectores sociales huérfanos de representación, con partidos políticos escasamente disciplinados pero altamente improvisados, el unicameralismo es a todas luces contraproducente.

Si la descentralización supone la distribución vertical del poder, es necesario contar con un bicameralismo que impulse el proceso, pues un Estado que va a conformar autonomías requiere de un órgano político que canalice las demandas de las regiones o entes territoriales de segundo nivel de gobierno. No perdamos de vista que los diputados representan a la Nación, además de los ciudadanos obviamente. Ahora ¿Quién representa a las regiones? En el Perú nadie, pero en sistemas bicamerales lo ejerce el Senado, además de otras tareas.

Esa es la razón por la que el mecanismo de elección de ambas cámaras es distinto. Los diputados se eligen por distritos electorales que responden a criterios de población electoral, mientras que en la elección senatorial la designación obedece no necesariamente al número de electores, sino a la configuración territorial del país. Bajo esta perspectiva, cada región puede tener un número igual de senadores (USA), o además puede introducir el número de electores para generar una mejor representación (Alemania).

Tomando en consideración los estudios comparados, estimo que para garantizar un saludable proceso de descentralización es necesario instaurar un Parlamento bicameral. El nuevo Senado estaría compuesto por 1 ó 2 representantes de las regiones, designados por los miembros de los respectivos consejos regionales.

Quienes argumentan a favor del unicameralismo por cuestiones presupuestarias y para evitar duplicidad de funciones, confunden un bicameralismo perfecto con otro imperfecto. Además no son conscientes que el Perú adolece de una grave sub representación política. Un ejemplo concreto de nuestra actual Cámara de Diputados: Cada diputado representa hoy a algo más de 125 mil ciudadanos (en términos electorales), y a un promedio de 230 mil personas (en términos de población global).

Ello es inaudito en un país que no es pequeño, ni poblacional, ni territorialmente. Bolivia con casi 1/3 de población menos tiene 157 congresistas entre senadores y diputados, Chile tiene 158, Noruega 165, Suecia 349, Finlandia 200, Dinamarca 179. Democracias europeas estas últimas, unicamerales por cierto, que en conjunto no sobrepasan los 25 millones de habitantes, comparado con los casi 28 millones que posee el Perú.

Es necesario acotar que por tratarse de un bicameralismo imperfecto, el Senado peruano no ejercería las mismas atribuciones que la Cámara de Diputados, pero sí tendría participación directa, y acaso derecho de veto, sobre las leyes que versen en descentralización, reparto competencial, federalismo fiscal, y gobierno multinivel. Sólo de esta forma podrá ser sostenible un proceso de descentralización agonizante, sujeto cada vez más al buen humor del demagogo Alan García y a un APRA centralista por vocación.

La iglesia católica y la gobernabilidad de un Estado

A lo largo de la historia los dos flagelos más grandes del planeta fueron, y son, las guerras y la religión. En nombre de ellas se han perdido tantas vidas humanas, y ambas hoy por hoy significan un obstáculo a la gobernabilidad de cualquier Estado. La doble moral que la iglesia profesa para inmiscuirse en la vida pública es comparable al pretexto que usan los poderosos para, en nombre de la paz, violar soberanía ajena e instaurar un supuesto orden de acuerdo a su propia percepción.

Si en la edad media la iglesia hizo su festín matando a miles de personas (recordemos las cruzadas, la guerra de las religiones a raíz de la reforma protestante, la guerra de los 30 años, y por último la inquisición), en la edad contemporánea son los Estados hegemónicos (militar o económicamente) quienes deciden sobre el destino de otros Estados. El tema medio ambiental, la famosa guerra preventiva, la lucha contra el terrorismo internacional, el pretexto de interdicción de armas nucleares y destrucción masiva, son sólo algunos ejemplos ilustrativos.

La religión católica, al igual que la musulmana, es por definición fundamentalista y ortodoxa. Lo mismo puede sostenerse respecto a otras iglesias, con ciertas reservas hacia los anglicanos y presbiterianos. Lo relevante en todo caso es la hipocresía natural que lleva dentro y la doble moral que comporta a la hora de dar lecciones de vida. Sus dogmas de fe casi siempre lo vincularon con gobiernos autoritarios, y por mantener sus privilegios decimonónicos estuvieron al lado de la derecha. Recordemos la Italia de Benito Mussolini, o la España de Franco.

Por estas razones la iglesia católica es contraria a todo intento de gobernabilidad. Su conservadurismo, tradicionalismo, machismo, dogmatismo, interés, doble moral, no encajan con los supuestos básicos de toda política progresista. En el Perú, los gobernantes de turno no han tenido cojones para evitar que la iglesia meta sus narices en política. El peso del voto de los cristianos católicos, apostólico, romanos, los han disuadido, al punto de no entender que la competencia de la iglesia debe circunscribirse únicamente a salvar las almas de sus fieles. Algunos ejemplos concretos:

En el tema del feminismo, quien se opone a medidas vanguardista para reivindicar a las mujeres es la religión. Desde la creación del hombre se muestra un machismo evidente. El hecho de que la mujer haya sido creada a partir de una costilla de Adán, denota dependencia. La tentación de Eva por comer la manzana prohibida del árbol de la ciencia arroja una carga valorativa muy fuerte, pues muestra una supuesta debilidad del sexo femenino. A raíz del pecado original el castigo impuesto a la mujer fue: “Parirás tus hijos con dolor”. Pues bien, la predominancia del hombre ha sido adoptada por la iglesia en su seno, ¿Algún fiel conoce a una obispo o arzobispo?; ¿De acuerdo al derecho canónico, podríamos tener a una mujer como la sucesora de Pedro, o a lo sumo como cardenal?; ¿Cuál es el papel de las monjas en la comunidad católica, ejercen acaso cargos de importancia?

Pero el papel de la iglesia es más que cuestionable cuando se abordan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Cada vez que el aborto, como derecho libre y soberano, es puesto en la agenda pública de los gobiernos, quien se opone férreamente es la iglesia. Desafiando a la ciencia prescribe que la despenalización del aborto supone la legalización del mismo, atentándose contra la vida del que está por nacer. ¿Y la vida de tantas mujeres que recurren clandestinamente a practicar el aborto?; ¿La penalización del aborto ha significado una reducción considerable de su práctica?; ¿Acaso quienes lo realizan no se benefician de la especulación de una actividad ilegal?

Lo más aberrante es cuando en nombre de quien está por nacer la ley obliga a una niña de 9 ó 11 años, violada por algún “inimputable”, a cargar con un castigo que nunca buscó. Pero claro, oír la opinión de quienes son expertos en el rezo y la oración, es como escuchar a Aldo Mariátegui. Algo similar sucede con la distribución de las píldoras de emergencia, a cuyo efecto, dizque abortivo, se oponen los católicos. Ni qué decir tiene el matrimonio de personas del mismo sexo, la vindicación de lesbianas, homosexuales, por ejercer derechos civiles (patria potestad por ejemplo), la clonación, el uso de células madre, etc.

En el tema de la eutanasia sucede algo similar. Los fundamentalistas sostienen que la vida lo concede dios, y solo él puede quitarla en cualquier momento. No obstante, el dios misericordioso no es consciente del sufrimiento y padecimiento de personas dependientes de respiradores artificiales. Afortunadamente la lucha por la consecución de una muerte digna es cuestión de tiempo. Baste con soslayar que la Junta de Andalucía ya aprobó, luego de serios análisis, exámenes y recomendaciones, la desconexión de una mujer que depende de un respirador artificial hace 10 años. Ello será, sin duda, un precedente para España y un ejemplo dado desde una región autónoma.

No entramos a la doble moral del clero por ser ampliamente conocida. A ello se suma las concesiones económicas que el Estado otorga a la iglesia, gracias a la contribución de los peruanos, que a la postre genera desazón. Si Alan García se jacta de su gobierno por ser austero, debería suprimir de inmediato las subvenciones que el Ministerio de Justicia otorga anualmente al clero (véase en los anexos de las leyes anuales de presupuesto). ¿O es que ahora los acuerdos con la iglesia, al igual que con las mineras, son contratos leyes, y por tanto irrevisables?; si en plena reforma del Estado lo que mandan son los resultados ¿No habría que evaluar a la iglesia?

No hay duda que con la conquista española el peor castigo que pudimos heredar es la religión católica. Los problemas terrenales sólo pueden ser entendidos por humanos, y un divino por definición no puede ser humano, porque lo humano es perceptible por humanos, es contradicción, y sobretodo imperfección. Al fin y al cabo el dios sol o los “apus” fueron incondicionales, amorales, centrados en aquello para lo que existen, sin dogmas que profesar, y cuando fueron usados para explicar el orden social lo hicieron en positivo.