Por vez primera, desde la asunción a su segundo gobierno, Alan García llegó a España, específicamente a la comunidad de Madrid, con el propósito principal de invitar a nuevas empresas ibéricas para que inviertan en el Perú, en un contexto de apertura comercial inédita, tratados de libre comercio, crecimiento económico sostenible, modernización de la administración pública, estabilidad jurídico tributaria con las multinacionales, y demás generosos beneficios con el gran capital e inversores internacionales.Como gerente de marketing esa fue su gran misión, dejando felices a directivos y ejecutivos de empresas como Telefónica, Repsol YPF, BBVA, Santander, MAPFRE, entre otras que tienen inversiones en Perú y aquellas que tienen expectativas en invertir. La consecución de financiamiento para la lucha contra la pobreza y el analfabetismo, el tema medio ambiental, el fortalecimiento de los lazos de cooperación internacional, e incluso el apoyo de Zapatero para que intermedie un TLC con la UE al margen de la “Comunidad Andina de Naciones”, fueron objetivos meramente accesorios.
En medio de una agenda estrictamente económica evitó abordar la forma y el modo como viene implementándose la reforma del Estado, acaso por excesiva confianza en su viabilidad, quizá por considerarla trivial, o simplemente por evadir las burlas de un auditorio que, pienso, entiende mejor que su gobierno los procesos de modernización de las administraciones públicas y la gestión pública de las políticas sectoriales. García cree que para conseguir objetivos económicos, políticos y sociales, basta con un crecimiento envidiable de PIB. Lo institucional, lo organizativo, la gestión, no importan.
Craso error del gobierno. Poner en marcha el buen gobierno supone el diseño de una agenda política cuyas propuestas se traduzcan en políticas públicas, y en donde la ejecución e implementación de las mismas recaiga en manos de una adecuada administración central, regional, o local. Lo institucional, por tanto, importa, y mucho más de lo que imagina García, pues su relevancia permite despejar dudas como ¿Por qué el proceso de descentralización está paralizado?, ¿Por qué las entidades del sector público no logran los objetivos institucionales que se proponen?, ¿Por qué no hay eficacia y eficiencia en el presupuesto público?, o ¿Porqué tenemos los funcionarios que tenemos?
Si la gestión pública del país es precaria, la causa fundamental radica en la inexistencia de un Ministerio de Administraciones Públicas, órgano público capaz de dar lineamiento en gestión y administración, así como formular diseños organizativos y procesos innovativos de gestión que consoliden una adecuada provisión de servicios públicos. En el contexto mundial el Perú es una de las pocas experiencias que carece de una entidad clave como la mencionada. España, Brasil, México, Portugal, Venezuela, Costa Rica, Ecuador, Chile, cada uno con diferentes denominaciones y matices, son ejemplos ilustrativos que cuentan con un ministerio u otro ente rector con autonomía política, capaz de llevar adelante políticas de gestión pública. ¿Y lo que fue el CND, hoy secretaría de descentralización?, ¿Y la “Secretaría de Gestión Pública”? Son entidades inertes e infuncionales adscritas a la PCM, meros órganos de línea carentes de autonomía política efectiva, de las que no cabe generarse grandes expectativas.
Después del autogolpe de 1992 Fujimori mató al Instituto de Administración Pública (INAP) -órgano que pudo ser el germen de un futuro ministerio de administración- transfiriendo sus atribuciones a la “Dirección Nacional de Programación Multianual”, ente dependiente del MEF, cuyos resultados saltan a la vista: Inexistencia de planeamiento global, en virtud al cual no hay visión de país ni un plan de desarrollo nacional; marginación de la función pública, lo que explica la calidad de funcionarios públicos que detentamos; puestos y escalas remunerativas anárquicas; estructuras organizativas infuncionales; presupuestos huérfanos formulados sobre la base de meros indicadores macroeconómicos; escasa cultura del servicio civil; falencias sustantivas de la burocracia, las que hacen aflorar sus defectos y no sus virtudes.
Lógicamente, lo institucional supone voluntad política de quienes gobiernan y una reingeniería de la administración por parte de expertos. Requiere, asimismo, consenso y participación de la sociedad civil organizada en la formulación e implementación de reformas creativas. De esta forma, la creación de institucionalidad política gozará de eficacia y de legitimidad social. Si a ello le sumamos un blindaje normativo para evadir las corruptelas y viejas prácticas corporativas, nuestro proceso de reforma y modernización resulta prometedora.
Por tal razón, mi propuesta aboga por la creación de un Ministerio de Administración Pública, que albergue en su seno 3 vice - ministerios claves: Planeamiento y desarrollo, Reforma de Estado y Descentralización, y Función Pública y servicio civil. Cada una con sus diferentes organizaciones y élites burocráticas, con autonomía político normativa, y con alta profesionalización. Sólo a partir de esta reforma, podemos mirar con ojos optimistas las propuestas del gobierno en esta temática, y no saludar a priori, como algunos incautos, la creación de un ministerio de medio ambiente.
