Perú y el “boom” de su economía

El Ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, a través de las tribunas cedidas por diferentes medios de comunicación, viene anunciando que la economía peruana cerrará el año 2006 con un crecimiento de 7,5%, gracias a una inflación de 1.5%, al incremento en las exportaciones, y sobretodo al comportamiento de la inversión privada que creció a un ritmo de 16% a lo largo de estos meses. De cara al próximo año, el Gobierno ha reducido aranceles y ha establecido una serie de reformas tributarias tendientes a incrementar los ingresos tributarios.

Todo hace prever que en los próximos años el país continuará el boom económico, según palabras del propio Alan García, lo cual nos llena de satisfacción por tratarse del Perú, pero a la vez nos invita a tomar cautela, porque quienes han ejercido el poder durante los últimos 20 años han gobernado para sí y para una pequeña oligarquía. Ad portas del año 2007 merece reflexionar sobre cuatro cuestiones: ¿El crecimiento de las exportaciones es real o aparente?, ¿La prosperidad se produce en todos los sectores macroeconómicos?, ¿Si hay bonanza económica por qué existe tanta pobreza?, ¿El boom económico garantiza la democracia en nuestra sociedad?

Toledo y el actual presidente García hacen gala de que las exportaciones están creciendo a un ritmo acelerado, pero cabría preguntarse si ello se debe a que existe mayor producción de bienes exportables, o es que el precio de los bienes que ya exportamos se ha incrementado en el mercado internacional. Más generoso parecería ser la primera alternativa, porque los precios internacionales, por ejemplo de nuestros minerales, podrían caer en virtud a distorsiones cambiarias, o por el surgimiento de nuevos competidores que ofrezcan el producto a menores precios.

De otro lado, es necesario preguntarse si el crecimiento económico viene siendo uniforme en todos los sectores macroeconómicos, o es que el fuerte despegue del sector minero y del sector construcción, compensan el débil crecimiento del sector agrícola, pecuario, pesquero. En la medida en que el agro demanda mayor mano de obra que la minería, el gobierno debe poner énfasis en este sector para generar empleo, y su exacerbado optimismo en los precios de nuestros minerales debe tomar en cuenta que la bonanza minera es limitada en el tiempo, por tratarse de recursos naturales no renovables.

Y si venimos creciendo por años, ¿Por qué no se percibe a nivel de indicadores microeconómicos?, ¿Por qué no se siente el chorreo?, ¿Por qué la pobreza aprisiona a la mitad de las familias peruanas? Creo que una explicación convincente de esta paradoja recaería en los economistas serios y responsables. Baste con señalar que una de las razones se traduce en que la riqueza está pésimamente distribuida, y la brecha económica entre quienes tienen más y quienes tienen menos es incontrolable e inmanejable.

Respecto a la última cuestión, por años se ha pretendido dilucidar si el logro de la democracia, o su estabilidad, depende del crecimiento económico que un país puede experimentar. Así lo entendió Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, y creyó que para lograr democracias sólidas en Latinoamérica eran necesarios organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para coadyuvar a la lucha contra la pobreza de la región.

Académicos de talla mundial como Seymour Lipset y Robert Dahl, con ciertos matices, sostuvieron tesis en la misma línea, pensando que el factor causal de la democracia era el crecimiento económico. No obstante, Muller relativizó tal determinismo al considerar que si la renta per capita era distribuida inequitativamente, el impacto para la democracia sería negativo. Me adhiero a esta última afirmación porque estoy convencido que un crecimiento económico que genera grandes desigualdades es incompatible con el ideal democrático.

A la luz de los nuevos conceptos que ha adquirido la democracia y de los múltiples componentes que posee, considero que el crecimiento económico será favorable a la democracia cuando vaya acompañada de un descenso en los niveles de brecha económica que nuestro país padece. Es impensable para cualquier sistema democrático que un porcentaje considerable de la riqueza quede en pocas manos, siendo la mayoría de la población ajena a los servicios públicos básicos y a considerables niveles de educación, sanidad, empleo y vivienda.

Asimismo, el protagonismo exacerbado de la representación política, dejando un margen muy estrecho a los canales de participación ciudadana, es incompatible con la democracia, si es que entendemos por ésta en su sentido Habermasiano como un sistema en donde las decisiones políticas se producen a través de un proceso dialogante y concertado de los diferentes actores sociales y políticos. Un crecimiento económico no garantiza mayor participación ciudadana, al contrario parecería hacerla retroceder.

No hay duda que el liberalismo económico promueve crecimiento económico. El reto consiste en lograr que ese crecimiento sea socialmente justo en cuanto a su distribución, y que gran parte de la riqueza sea destinada a la educación y a la salud. La libertad es tan importante como la igualdad y la equidad. Un Gobierno que no sepa armonizar ambos principios, aparentemente contradictorios, será incapaz de sostener un régimen verdaderamente democrático.

30/12/06

¿Evaluación a los maestros o al presidente Alan García?

La evaluación de docentes escolares anunciado por el Ministro de Educación José Antonio Chang y avalado por el gobierno aprista, ha acaparado la atención pública de la ciudadanía y las primeras planas de los medios de comunicación. La importancia del tema es crucial, al punto que una serie de acontecimientos suscitados en torno a él, sin dejar de lado el abierto enfrentamiento entre el SUTEP y el Poder Ejecutivo, han motivado la postergación de la evaluación para el próximo 08 de enero del año 2007.

El Gobierno se ha apresurado, acaso por desentenderse de la educación escolar, en someter a una evaluación a los maestros del Perú, pero ¿qué sucedería si a priori evaluáramos al presidente de la República? ¿Acaso sería irrazonable evaluar las capacidades de quien ostenta el más alto rango de la función pública, de acuerdo con la constitución?

Para medir el desempeño de Alan García se requieren 2 evaluaciones paralelas: Una vinculada al factor psicológico para conocer los efectos del Litio, hasta ahora suministrado, y la otra referida a su desempeño propiamente dicho como Jefe de Estado y de Gobierno. En cuanto a derechos humanos, con la propuesta de instauración de la pena capital, el presidente queda desaprobado de lejos, pues es evidente que el Perú como miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no puede restaurar la pena de muerte. La Internacional Socialista, que acoge en su seno al APRA, debería darle un jalón de orejas por insistir en dicha medida, proscrita también por la Unión Europea.

En materia de terrorismo, con endurecimiento de penas, reformas al Código Penal, incursión de las fuerzas de seguridad en los recintos universitarios públicos para evitar un supuesto rebrote, saldría también desaprobado. El problema del terrorismo tiene su origen en factores sociales y económicos que ameritan erradicarlos. El Gobierno no es consciente que la mera aprobación de normas penales, con la esperanza de la resocialización del condenado, no resulta del todo convincente.

A nivel tributario, la oposición al establecimiento de impuestos a las sobreganacias de las empresas mineras y a la revisión de sus contratos de estabilidad tributaria -vía reforma constitucional- suscrita irresponsablemente en beneficio de grandes multinacionales, desaprueban de lejos al presidente. Si seguimos evaluándolo en temas como el narcotráfico, la descentralización, el TLC, políticas públicas, reforma del Estado, e inclusive la gestión de su aparato administrativo, Alan García quedaría mal parado.

La medición del desempeño o evaluación por resultados es una lógica impuesta por las corrientes gerencialistas para lograr, dizque, una nueva gestión pública al interior de las administraciones estatales. Al enfocar su atención en los resultados y no en los procesos (propio de la burocracia Weberiana) se lograría un eficaz y eficiente rendimiento de la administración pública. Esta práctica, asentada generalmente en los países angloamericanos, típica del sector privado, tiene una serie de desventajas cuando se pretende extrapolar al sector público, peor aún cuando quienes van a ser sujetos de evaluación son personas.

Es perfectamente factible evaluar por resultados los presupuestos públicos; se puede medir el rendimiento de una obra de infraestructura y su impacto para generar dividendos a favor de una comunidad; es factible medir los efectos de la ejecución de un programa social, o de cierta política pública cuantificable económicamente; se puede evaluar el desempeño de funcionarios públicos cuando en un sistema de carrera pretenden el ascenso; pero ¿puede cuantificarse o medirse la capacidad de un docente escolar?

En principio, resulta demasiado complejo diseñar indicadores efectivos que midan el desempeño de los educadores. La existencia de elementos subjetivos imposibilita una evaluación seria y responsable. ¿En el Perú quién es buen maestro y quién es mal docente?; ¿El maestro que cuenta con más años de docencia es necesariamente mejor que un docente joven?; ¿El profesor egresado de una universidad particular es más eficiente que uno proveniente de un claustro universitario público?; ¿El docente de un colegio urbano es más calificado que uno que presta sus servicios en colegios o escuelas rurales?

Si a la complejidad de establecer indicadores que arrojen un perfil adecuado del buen docente, subyace la pregunta ¿Quién está capacitado para sentar las pautas de la evaluación?, la situación se agrava. El Ministro de Educación que poco o nada sabe de la problemática educativa de nuestro país, ¿estará capacitado y legitimado para ello?; ¿la burocracia que labora en el sector podrá diseñar indicadores de desempeño?; ¿El APRA podrá hacerlo?; O como el reciente descubrimiento de petróleo ¿habrá que esperar la bondad de Dios?

Afrontar el tema educativo es sumamente complejo y sensible. No puede pretenderse evaluar los recursos humanos cuando éstos no han participado en serios programas de capacitación; cuando su retribución por formar nuevas generaciones es irrisoria; cuando poco o nada se ha hecho por ejecutar verdaderos planes de formación y especialización; cuando hay centros de enseñanza superior de dudosa reputación en la formación de educadores; con un diseño curricular desfasado; con un SUTEP que ha capturado el magisterio para beneficio de su oligarquía sindical.

Por lo tanto, El Gobierno y el SUTEP deberían dedicarse más a trabajar por los docentes que a protagonizar enfrentamientos que son parte del problema y no de la solución. Sólo después de sentar los presupuestos básicos de una moderna y eficiente carrera magisterial, puede pretenderse evaluar el desempeño de los maestros, merced a indicadores diseñados por verdaderos especialistas.

20/12/2006

Fuente de la imagen:

http://www.peru.com/noticias/idocs/2003/6/12/Imagen50954.jpg

El sueño de la “Sudamérica solidaria” y la doble moral de García

La comunidad sudamericana de naciones (CSN) gestada en Cusco el 08 de diciembre de 2004, fue un hito trascendente que rememora el gran sueño de Simón Bolívar allá por el siglo XIX, y que evidencia la madurez y progresismo de la actual clase política. Pese a no contar con un patrón monetario único, el móvil que impulsó este “afecto societatis” fue el económico, razón por la que los países considerados Socios – Nación eliminaron barreras arancelarias y cuotas a la importación, pero también político, encaminado a la voluntad supranacional de lucha contra los gérmenes y flagelos que aquejan a la región.

La última cumbre de los Socios Nación se produjo en Cochabamba (Bolivia), al cual asistió el reciente electo presidente ecuatoriano Rafael Correa, y en donde los medios de comunicación estaban más atentos al impase suscitado, meses atrás, entre los presidentes venezolano y peruano. Lo cierto es que en ese aforo internacional, Alan García Pérez fue nuevamente fiel a la escopeta de 2 cañones, cuando en su disertación apeló a la unión de los pueblos sudamericanos para encarar el déficit educativo que aún es latente en la zona.

Al margen de lo acertado que fue García, pues a nuestro juicio Sudamérica arroja preocupantes niveles de educación, en comparación con los estándares norteamericano y europeo, su exclamación a la unión demuestra su doble moral. Por un lado apela a lo comunitario, pero por otro lado dinamita la unión. Cuando se encuentra en foros, cumbres, reuniones de Jefes de Estado, es partidario de la promoción de políticas comunes; cuando está en el Perú o frente a George Bush es enemigo de la comunidad sudamericana.

La mejor evidencia empírica de su doble moral es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Aún cuando era clave negociar en bloque, merced a una propuesta compartida por Perú, Ecuador, Colombia, el lobby de los grandes grupos de poder económico, la derecha peruana neoliberal, los medios de comunicación, etc., se tumbaron el tripartito y lo que significa el sueño comunitario en la región. Cada uno fue por su lado de manera individualista: Ecuador suspendió la negociación y no habrá TLC; Colombia cerró su negociación después que Perú; y Alan García anda desesperado por conseguir la ratificación del TLC, ofreciendo dádivas a Bush como la apertura de nuestra soberanía para el ingreso de tropas norteamericanas.

Motivados por la teoría de la elección racional los neoliberales y las empresas multinacionales recurren a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) cuando saben que ello será provechoso para sus bolsillos; pero para el fomento de políticas sociales, la protección medio ambiental, el resguardo de las soberanías frente a la política exterior Norteamérica de intervención, la inmigración, las políticas de género, el combate contra la corrupción en las esferas políticas, la ayuda y apoyo a los sectores sociales excluidos, entre otros, la motivación no parecería ser la misma.

El libre tránsito de ciudadanos sudamericanos sin requerimiento de visas es una medida necesaria más no suficiente. Sería recomendable por ejemplo la creación de programas sociales supranacionales o subsidios a los países más pobres de la región. Brasil y Chile podrían apoyar (en la medida de sus posibilidades) a las zonas rurales más pobres de Ecuador, Bolivia, Perú. De otro lado, la extradición y expulsión de ex presidentes y funcionarios corruptos debería hacerse en base a procedimientos sumarios, existiendo la posibilidad de que sean juzgados y castigados severamente en cualquier Estado socio por tribunales de justicia imparciales.

El intercambio o comercio a bajos costos de medicamentos contra el VIH, por ejemplo, libre de impuestos o aranceles, es otra medida que la comunidad sudamericana debería impulsar. La eliminación de la discriminación por cualquier índole debería ser fomentada, siendo su práctica sancionada con penas severas; la protección ambiental y la explotación responsable de recursos naturales y energéticos deben atenderse con mayor ímpetu; el fortalecimiento del papel de la comunidad para corregir las perversiones del mercado debe promoverse, regulando en el sector donde sea razonable y prudente.

Aunque la experiencia de la Unión Europea sea rica y sugerente, no por ello perfecta, es necesario advertir los peligros que podría suponer el izoomorfismo mimético de dicho modelo. Los traumas de la segunda guerra mundial y un nuevo enfrentamiento entre Alemania y Francia, llevaron a sentar las bases para la gesta de una comunidad europea (a partir de la primigenia comunidad económica del carbón y el acero), inicialmente con 6 Estados Miembros, ahora compuesta por 25 países, y posteriormente con 29 (Rumania, Bulgaria, Croacia, Turquía), aunque las negociaciones con el penúltimo es aún incipiente, y con el último se han estancado por los impases con Chipre.

Nuestra realidad multicultural diversa y las graves carencias congénitas de la región, ameritan un modelo autóctono, cuyo objetivo primordial sea la consolidación de una Sudamérica solidaria, donde la cooperación y coordinación de los países miembros marquen la pauta del espíritu integracionista, máxime cuando la pobreza, la exclusión social, la discriminación imperante, la corrupción, el desempleo, entre otras, exige la unión para el logro de una comunidad económicamente justa y equitativa, políticamente estable, y socialmente inclusiva e igualitaria.

14/12/06

Fuente de la imagen:

http://www.elpais.com.uy/especiales/comunidad_sudamericana/images/info_comunidad_red.jpg

“No Tax without Representation”

El Poder Ejecutivo, merced al proyecto de ley 715-2006-PE, ha solicitado al Parlamento la delegación de facultades para legislar en materia tributaria por un plazo de 90 días. Para Alan García y su Consejo de Ministros, el fundamento principal de su solicitud es la preocupación y consideración de que los ingresos tributarios no han superado el 15% del PBI, a pesar de los 15 años de reformas tributarias y políticas fiscales neoliberales, impulsadas desde la década de los noventa.

Si nos remontamos a la historia jurídica normativa, los decretos legislativos fueron concebidos para que órganos distintos al Parlamento pudieran ejercer ad hoc facultades legislativas, por un tiempo determinado, en ciertas materias específicas, y en virtud a una ley autoritativa emanada del “Poder Legislativo”. La historia política reciente nos demuestra que al amparo de decretos legislativos y decretos de urgencia, con un Congreso timorato, cómplice, e inepto, Fujimori legisló cuando quiso y cuanto pudo, y al parecer su aliado García intenta heredar las mañas del prófugo.

El perfil neoliberal del APRA y la traición a los postulados de papá Haya lo expresa el párrafo siguiente: “La situación actual no es más que el reflejo de la apertura comercial, la tendencia que se aprecia en los países en vías de desarrollo de reducir la carga tributaria sobre el capital en su afán por atraer inversión extranjera directa y de las grandes limitaciones del Estado para identificar adecuadamente los ingresos de los contribuyentes, debido a la informalidad y la cada vez mayor movilidad del capital y el trabajo” (exposición de motivos, pág. 5).

¿Para qué modificar el sistema tributario nacional? De acuerdo con el Gobierno para incrementar la presión tributaria, formalizando la economía, sancionando la evasión fiscal, implementando los mecanismos de fiscalización, y potenciando la imposición indirecta. Pero, ¡¡oh sorpresa!! Aspectos como la eliminación de impuestos antitécnicos (ITF); la corrección de perversiones que imposibilitan que los que ganen más tributen más; la revisión de la situación tributaria de las empresas mineras; la eliminación de exoneraciones irracionales; la creación de un impuesto a las sobreganancias mineras; y, la puesta en marcha de la ansiada descentralización fiscal, son omitidos expresamente por los “técnicos” del MEF.

Y es que claro, así se establezcan impuestos a futuro, o se quiten exoneraciones inútiles, estos cambios no afectarían a los contribuyentes que han suscrito contratos de estabilidad tributaria, en virtud a su naturaleza de contratos leyes, otorgadas por las gestiones fujimorista, toledista, y acaso aprista. Por el contrario, las actividades menores sujetas al régimen único simplificado (bodegas, tiendas, negocios menores, restaurantes, etc.) y al régimen especial de impuesto a la renta (agentes que inician actividades comerciales o empresariales) si experimentarán los cambios tributarios.

Para fundamentar la solicitud de facultades legislativas, el Gobierno se escuda en los “técnicos” y tributaristas nacionales, pero los obvia a la hora de mantener la vigencia de impuestos antitécnicos como el ITF, fuertemente cuestionado en el momento de su creación. Asimismo, apela a la benevolencia de legislar vía decreto, amparándose en la constitución política, según la cual los decretos legislativos están sometidos a un control ex post a cargo del Congreso. Pero si el Parlamento no tiene la cualificación requerida para dar normas tributarias, y por ello debe delegar ¿Es razonable pedir a un incapacitado que controle ex post la actividad legisferante del Poder Ejecutivo en materia tributaria?

Los apristas deben entender que el tema tributario es probablemente el más sensible de todas las materias del ámbito público. El título de este artículo recuerda la expresión que, entre otras, alimentó la revolución inglesa de 1688 y a la posterior revolución de las 13 colonias norteamericanas en 1776. Históricamente uno de los móviles de pugna entre Ejecutivo y Legislativo era el hecho que el monarca no podía establecer tributos dado que no representaba al pueblo, siendo el Parlamento el único facultado para ello.

La historia ha cambiado y es perfectamente legítima la autorización para legislar en materia tributaria. No obstante, los partidos de oposición y la ciudadanía debemos estar alertas, pues muchas de estas medidas, a veces, encubren ventajas y favores del Poder Ejecutivo a grandes grupos de poder y multinacionales extranjeras. Al fin y al cabo, lo expresado por el premier Del Castillo, sobre la perversión de la estabilidad laboral absoluta, pone de manifiesto que el APRA gobierna para los empresarios y no para el país.

04/12/2006

Fuente de la imagen:

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