Internacional: Antes Cataluña, ahora Andalucía

En los últimos meses se viene experimentando en algunas comunidades autónomas de España procesos de reforma de sus respectivos estatutos de autonomía. El primero fue Valencia, cuya aprobación final no requirió ser ratificada vía referéndum. Luego vino Cataluña, una de las comunidades más desarrolladas de la península ibérica, en cuyo referéndum la población catalana le dijo “SÍ” a su nuevo estatuto. Ahora, el 18 de febrero, por Decreto 2/2007, el pueblo andaluz ha sido convocado a las urnas con la misma finalidad.

Un estatuto de autonomía es la norma suprema de las comunidades autónomas que rige su estructura orgánica, funciones y competencias. No obstante, en virtud al carácter unitario de España los estatutos están sometidos a la constitución española y al ordenamiento jurídico general, con lo cual sus disposiciones no son ilimitadas, ni tampoco se encuentran exentas de control. Su iniciativa está en manos de los parlamentos autonómicos, pasando luego a consideración de las Cortes Generales, culminando con su ratificación definitiva vía referéndum.

En unos días más, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdova, Málaga, Granada, Jaén y Almería, todas provincias de la comunidad de Andalucía -la más grande de España territorialmente y que alberga a unos 7 millones de habitantes- participarán del referéndum convocado, a efectos de manifestarse en favor o en contra de su nuevo estatuto de autonomía. Los dos partidos nacionales antagónicos, el PSOE y el PP, vienen promoviendo campañas a favor del estatuto, mientras que el Partido Andalucista está en contra del mismo.

Pero ¿Por qué el Partido Andalucista se opondría a un nuevo estatuto? ¿Por qué si el nuevo estatuto es más autonómico, habría que decirle NO? Podría entenderse tal actitud si el móvil fuera jurídico, es decir si alguna disposición normativa del nuevo estatuto vulnerara el ordenamiento constitucional español para favorecer deliberadamente a la comunidad. Sin embargo, el móvil del partido regional parece ser político, encaminado a la consecución de imagen y “posicionamiento” que otorgan las tribunas de los distintos medios de comunicación.

Los expertos en procesos de conformación de autonomías han soslayado que el estatuto andaluz se ha elaborado sobre la base del nuevo estatuto catalán, no con fines miméticos, sino tomado como parámetro de referencia. Por tal razón llama la atención que el partido de la derecha recalcitrante en España, el PP, partido de Aznar, Acebes, Rajoy, Manuel Fraga (fundador del PP, cuyo pasado franquista es evidente) apoye el nuevo estatuto de autonomía andaluz y se haya opuesto rotundamente al estatuto catalán, al punto de haber interpuesto a una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Español.

También son móviles políticos los que impulsan a la derecha para apoyar el referéndum andaluz. Andalucía, a diferencia de Galicia por ejemplo, le ha sido ajena al PP, siendo ahora oportuno estar con la comunidad y con la población andaluza para obtener réditos electorales. Bastaría por tanto al Tribunal Constitucional identificar una disposición estatutaria similar, en Cataluña y Andalucía, para rechazar el recurso interpuesto por la derecha.

Si formalmente se trata de reformas estatutarias, a nivel sustancial se instauraron en ambas comunidades autónomas verdaderos procesos estatuyentes. Se trata por tanto de nuevos estatutos, más autonómicos, con una clara reivindicación de competencias exclusivas, compartidas, y ejecutivas, y sobretodo con disposiciones vinculadas al federalismo fiscal. El problema que podría suscitarse es jurídico, es decir ¿Qué sucedería si el Tribunal Constitucional Español declara inconstitucional el estatuto catalán a pesar de haber sido ratificado vía referéndum?, ¿Podría un tribunal “desconocer” la voz del pueblo?

Nótese que la situación es demasiado seria porque si el supremo intérprete de la constitución declara inconstitucional el nuevo estatuto catalán, en principio lo expulsaría del ordenamiento jurídico español al tratarse de un control constitucional concentrado, “erga omnes” y “ex nunc”. Sin embargo, el tribunal podría utilizar sentencias interpretativas, aditivas, integrativas, para aminorar los efectos duros de la declaratoria de una supuesta inconstitucionalidad.

Este problema no se avizoraba en el pasado porque existía un control constitucional previo de los diferentes estatutos antes de pasar por referéndum. En la actualidad no hay tal control preventivo y la decisión del pueblo podría perfectamente ser “desconocida” por el Tribunal Constitucional. En nuestros países esto resultaría inaudito dado el protagonismo y la importancia de la democracia participativa; pero en democracias representativas sólidas, con un Tribunal Constitucional independiente y capaz, y con procesos rigurosos en la toma de decisiones políticas responsables, un impase de este tipo es superado vía canales institucionales.

Al margen de tales inconvenientes, no perdamos de vista que los estatutos de autonomía reflejan una vocación descentralista del pueblo español. Nos enseña que un proceso de descentralización es más que una simple transferencia trasnochada de competencias; nos muestra que es necesario la presencia de técnicos especialistas en autonomías y no de cualquier “experto”; pero sobretodo, nos evidencia que parte de la reivindicación de poder político debe nacer en las regiones, porque esperar la voluntad del poder central es apelar a la voluntad individual de quien ejerce el gobierno central, y ya sabemos la actitud del APRA.

Un llamado a la Unidad: Hacia un frente de oposición

Han transcurrido más de 6 meses de ejercicio del poder y, salvo, para los apristas el régimen es democrático, efectivo, justo, inclusivo, eficaz y eficiente. El crecimiento económico del país lo justifica todo: centralismo, reducción del aparato estatal, ingreso de tropas norteamericanas, pena de muerte, TLC, cuestionamiento a fallos de la Corte de San José, políticas públicas trasnochadas e improvisadas. No hace falta mencionar taxativamente los errores y desaciertos voluntarios del gobierno. Baste revisar artículos míos o de amigos como Wiener, Javier Diez Canseco, César Hildebrant, Nelson Manrique, Luis Pásara.

Cada analista político, con matices propios, ha interpretado los fenómenos políticos y en base a una descripción de la realidad han soslayado los peligros del régimen actual. El punto de encuentro es que Alan García viene ejerciendo el poder de manera omnipotente, es decir lo tiene todo. Tiene el control del Parlamento, tiene el Gobierno, los ministerios, el BCR, los medios de comunicación, y sobretodo el control de una sociedad civil inerte. Los demócratas más comprometidos han tratado de ensayar soluciones al respecto y ninguna ha resultado efectiva, ni siquiera la idea de una constituyente.

La convocatoria a una “Asamblea Constituyente” para refundar un nuevo “contrato social” (en palabras de Rousseau) es sugerente a todas luces, pero resulta demasiado inoportuna políticamente en la coyuntura actual y en los próximos años. ¿Por qué? Porque en una elección de constituyentes sólo puede participar organizaciones políticas de alcance nacional que tienen inscripción vigente en el JNE. De convocarse a elecciones, el pueblo soberano detentaría el poder constituyente en manos del APRA, la derecha neoliberal, los fujimoristas, y aquellos minúsculos partidos que superaron la valla electoral.

De esta forma, teóricamente, una constituyente le convendría al APRA y a la derecha, pero no a la izquierda ni a los movimientos regionales o locales. De la misma forma, Alan García no tendría problemas para disolver el Parlamento cuando encontrara férrea oposición a sus políticas públicas, pues al disolverlo está forzado a convocar a nuevas elecciones congresales, y gracias a esa inexistente competencia electoral que hoy se da, seguramente el nuevo congreso tendría una composición apro – fujimorista – neoliberal.

Algunos podrían sostener la relatividad de mis afirmaciones en caso Ollanta Humala y otros partidos menores -que no han perdido su inscripción- salgan victoriosos en la constituyente o en un nuevo Parlamento. Es cierto y fundado el escepticismo, pero Humala no tiene partido, ni mucho menos organización, siendo difícil que pueda obtener un 30% o más de la asamblea. No hay que olvidar, además, dos situaciones conexas que a menudo solemos obviar: En el Parlamento existe una mayoría pactada y una minoría fragmentada e irresponsable, pero no existe Oposición, con lo cual “mutatis mutandi” los constituyentes humalistas serían tan o más irresponsables que ahora. Al no haber partido estructurado, ni una burocracia partidista que los respalde, la disciplina partidaria es inexistente y los representantes son presa fácil de mandatos imperativos provenientes de poderes fácticos. La otra situación es que el APRA ganó la presidencia por el apoyo obtenido en Lima (cuyo centralismo concentra el tercio de la población electoral), La Libertad y Piura, casualmente el segundo y tercer departamento con mayor cantidad de electores.

Si el panorama es desolador, ¿Qué hacer?; si el Perú en manos del APRA y de García está en completa indefensión ¿Cómo revertir, aminorar o al menos frenar la situación? La propuesta es sencilla pero a la vez compleja. Sencilla, porque requerimos unirnos en un gran frente opositor al gobierno aprista, un frente que reúna a progresistas, ecologistas, comunistas, socialista, reformistas, sindicatos, gremios, organizaciones sociales, universidades, etc. en torno a un proyecto común: Salvar al Perú. Lo complejo es el tránsito que significa mutar de una ciudadanía puramente electoral a una ciudadanía activa, máxime en un clima de preocupante desafección política e individualismo exacerbado.

Se trata de un frente para hacer oposición en el marco de la constitución y la ley. No se trata de una unión con fines electorales o para adquirir protagonismos y figuretismos personalistas al interior de una organización política u otro colectivo, menos para legitimar falsos liderazgos. El telos del frente es limitar el poder omnímodo que manosea antojadizamente Alan García, requiriendo por tanto una organización mínima y concertada, no una oligarquía enquistada por el mero hecho de arrastrar canas.

Si el APRA tiene controlado el Parlamento, el Ejecutivo, la administración pública, probablemente los órganos jurisdiccionales, la policía y las fuerzas armadas, ¿cómo enfrentarlo y hacerle oposición? García tiene el poder de la fuerza pero nosotros tendríamos el poder del Derecho y la razón, siendo el “Referéndum” el arma idónea para salvar al país. Pese a ser un instrumento de participación política por antonomasia es inutilizado, olvidando que reformas constitucionales pueden hacerse por esta vía, aprobación de leyes, derogación de leyes tiranas también.

Para hacerlo eficaz se requiere un grupo impulsor y una cantidad de firmas requeridas. Si un proyecto de ley de iniciativa popular es rechazada por el Parlamento, la fuerza del Referéndum es tal que en un segundo momento obliga al Parlamento a aprobarla sí o sí. Si la mayoría de los peruanos quiere que los que ganen más tributen más; si la ciudadanía quiere que se revisen los contratos de estabilidad y los privilegios que gozan las multinacionales; si es clamor del pueblo la revisión del modelo económico imperante, ¿La ciudadanía se mostraría renuente a firmar un padrón de referéndum? Creo que no.

Es cierto que los trámites procesales ralentizan un referéndum. Los resultados no serían inmediatos y quizá el gobierno actual sufra el impacto de sus efectos cuando ya esté de salida. Pero no es menos cierto que la fuerza económica y el poder mediático de la derecha impedirán toda reforma constitucional que consideren peligroso para el mercado y para sus bolsillos. Seamos realistas: Es factible que la derecha llegue al poder el 2011 con Lourdes o Castañeda, es posible que García salga reelecto si manipula las reglas electorales; y es probable también que Fujimori salga nuevamente electo.

Estamos a tiempo.

06/02/07

Las municipalidades en la “real politic”: ¿Qué hacer?

Para entender el significado de lo que es una municipalidad o gobierno local, resulta clave diferenciar dos planos no necesariamente coincidentes: El plano formal, según el cual los gobiernos locales son lo que la constitución y su ley orgánica dicen que son; y, el plano sustantivo o material, según el cual los gobiernos locales son lo que la realidad muestra, constituyéndose como parámetro de entendimiento el ejercicio de gobierno dentro de una circunscripción determinada, sea de ámbito provincial o distrital.

De acuerdo con la constitución vigente y su antecesora, la constitución histórica de 1979, el Perú es una república unitaria, representativa y descentralizada. Según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) las municipalidades rurales tienen un régimen especial y una atención prioritaria por parte del gobierno central. En sentido similar, las disposiciones referidas al FONCOMUN prevén su carácter compensatorio en beneficio de las municipalidades que menos ingresos perciben. La ley de tributación municipal establece que los gobiernos locales tienen potestad para recaudar impuestos, contribuciones y tasas.

En resumen, en el plano formal los gobiernos locales son homogéneos, y las normas que regulan el tema municipal comprenden supuestos de hecho que reflejan escenarios de gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad política. Así lo han entendido los gobiernos centrales desde la transición a la democracia en 1980. Pero ¿Es cierto que las municipalidades rurales se autofinancian de tributos y otros recursos administrativos?, ¿Las municipalidades rurales tienen un trato preferente por el gobierno central y las instituciones nacionales?, ¿El Perú es un país descentralizado? NO, ni aspira serlo por voluntad de quienes ejercen el gobierno y por ausencia de un verdadero ente rector.

Si el gobierno central, los actores políticos, inclusive los académicos e intelectuales, conciben a las municipalidades desde el enfoque meramente formal, ¿Qué hacen los gobiernos locales para garantizar condiciones de gobernanza y proveer a los ciudadanos servicios públicos de calidad? Los riesgos que supone un gobierno centralizado como el de García aconsejan dos posibilidades: la unión de las municipalidades rurales para reivindicar poder político; o, darle la espalda al gobierno central para deslegitimar las medidas centralistas que tiene en agenda.

Desde la asunción del prófugo Alberto Fujimori en 1990, los gobiernos centrales gobernaron de espaldas a las municipalidades rurales del país. Desconocieron la autonomía normativa, administrativa, económica y presupuestaria. Si tomamos en cuenta la lógica liberal representativa, cabría preguntarse ¿Si las municipalidades rurales son el 70% del total de gobiernos locales, porqué siempre han estado marginados cuando el gobierno central ha adoptado decisiones políticas en temas municipales?, si las localidades rurales albergan ciudadanos en condiciones de pobreza, ¿Por qué son relegadas al último escalafón en la distribución de recursos?

Todo hacer suponer que los gobiernos centrales abusan porque no ven a los municipios rurales como adversarios políticos sólidos. La AMPE fue tomada por Fujimori en base a dádivas mercenarias y la ANADIS es casi un fantasma. El Acuerdo Nacional ha demostrado ser un foro político completamente infuncional, que responde a intereses de sus participantes y no a intereses de la colectividad. El único espacio que se mantiene firme es la REMURPE, cuya consolidación dependerá de factores contingentes exógenos y endógenos.

La otra opción, acaso más sugerente, es dejar al gobierno central solo y evitar coqueteos políticos por el mero ofrecimientos de mayores recursos o transferencia de políticas sociales sensibles como la salud y la educación. El asentir complaciente a lo que quiere García le otorga legitimidad en esta imitación de descentralización populista que está impulsando. Es hora de hacer sentir el peso q significan las autonomías locales. Una suerte de desobediencia civil de las municipalidades rurales para impulsar un verdadero proceso de descentralización.

El CND ha sido extinguido en el término de la distancia y el protagonismo será asumido por la PCM, cuya burocracia dorada desconoce en mayor medida que su antecesora procesos de autonomía. En todo proceso descentralizador se requiere necesariamente un órgano rector que lo impulse, con decisión política vinculante y con rigor técnico profesional que toda entidad de la administración pública debe tener. En Ecuador es la CONAM; en República Dominicana es la CONARE; en Colombia la DNP, etc.

La conducta de García, probablemente por su entorno neoliberal, rememora a la vieja conservadora Margareth Thatcher: “Reducir el Estado lo máximo que se pueda en pos de lograr la eficacia y eficiencia”, con la diferencia de que ésta agencializó ciertos ámbitos de la administración. Ya fue el CND, pronto serán CONASEV, INDECOPI, CONSUCODE y posteriormente, cuando el APRA se hay empoderado, le tocará el turno a las reguladoras: OSIPTEL, OSITRAN, OSINERG. ¿Qué esperan los gobiernos regionales y locales para movilizarse?

30/01/07

La Descentralización y el CND: ¿Del payaso al dueño del circo?

El día de ayer el premier Jorge Del Castillo anunció la “fusión” del Consejo Nacional de Descentralización (CND) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), arguyendo que para consolidar el proceso de descentralización resulta clave el contacto directo entre el gobierno central y las autoridades subnacionales elegidas por sufragio directo. Hoy, acaba de publicarse el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, el cual ha sido criticado por Juan Carlos Eguren (Presidente de la Comisión de Descentralización del Parlamento) y por el Presidente Regional de Lambayeque Yehude Simon.

Al respecto existen 2 tipos de cuestionamientos: uno formal y otro sustantivo. A nivel formal, la creación o supresión de pliegos presupuestarios (y el CND era un pliego) requiere una ley del Parlamento, no un reglamento del gobierno. Sin embargo, el APRA para demostrar autoridad viene ejerciendo el gobierno merced a decretos, vulnerando sistemáticamente el principio de legalidad y el ordenamiento procesal para la aprobación de políticas públicas. No perdamos de vista que el CND fue creado por la Ley de Bases de la Descentralización.

El otro tipo de cuestionamiento, de índole sustantivo, soslaya una supuesta pérdida de autonomía del órgano a fusionarse, suponiendo un retroceso de la descentralización. Pero ¿La fusión del CND socava su autonomía? NO. En primer lugar, el CND nunca fue un órgano políticamente autónomo. A pesar del rango ministerial que tenía la presidencia de la entidad, con derecho a participar en las sesiones del gabinete, jamás fue un primus interpares de los ministros de Estado. He ahí una de las razones por el que la descentralización siempre estuvo estancada.

¿Se trata en puridad de una fusión? NO. De acuerdo con la “Real Academia de la Lengua”, fusión alude a la acción y efecto de fundirse, y el CND siempre estuvo fundido en la PCM. El carácter de Organismo Público Descentralizado (OPD) de la PCM demostraba perfectamente su absorción, al igual que otras OPDs insertas en la PCM como el CONAJU, CONAM, INEI, DEVIDA, etc. En todo caso, el premier Del Castillo -que de Gestión Pública no conoce ni el término- debería explicar con propiedad a la hora de realizar sus declaraciones.

Si autonomía política nunca tuvo el CND, menos tuvo autonomía funcional. O es que ya olvidamos que las transferencias anuales de competencias se aprueban por decreto supremo de la PCM, y su retraso desmesurado se debía a que el gobierno central no tenía voluntad política real para descentralizar el Estado. Las resoluciones presidenciales del CND son meramente declarativas o confirmativas, de carácter simbólico, máxime tratándose del tema de acreditaciones. ¿Por qué entonces nunca se llevó a cabo el Plan de Fortalecimiento de Capacidades?; ¿Por qué se generó enfrentamientos vanos entre el CND y el MIMDES por la transferencia de programas sociales?; ¿Por qué el proceso de descentralización, a 5 años de su inicio, está en nada?

Urge reflexionar profundamente sobre el proceso. Si éste consiste únicamente en traspasar recursos y competencias, sin un ápice de estudios, análisis y planificación, diremos que el proceso va viento en popa. No obstante, desde mi óptica, reducir la descentralización a una transferencia simplista de competencias es muy peligrosa, y circunscribirla a un grupo de burócratas que desconocen las complejidades del proceso es tan o más peligrosa. Recordemos que los neoliberales del entorno aprista hace mucho vienen sugiriendo la reducción del Estado, la contracción del gasto, y las concesiones.

De otro lado, perdemos de vista que Alan García, al igual que Toledo, utiliza la descentralización de manera populista, máxime cuando tiene en frente gobiernos regionales no apristas, que podrían jaquear (si se lo proponen) al gobierno central. Para librarse de las “incómodas” políticas sociales más sensibles de todo Estado: salud y educación, decidió transferirlas, con todas sus debilidades estructurales, para que sean los gobiernos locales quienes las gestionen. Pero la descentralización trasciende la mera gestión, porque significa transferencia de poder político, algo que Alan García no lo hará.

El CND ha pasado de Raza Urbina a Jorge del Castillo. No hay fusión ni nada por el estilo, aunque formalmente se diga que ha desaparecido el órgano rector de la descentralización. Algo que nunca estuvo no puede ahora desaparecer. Al margen de ello, ¿Es el premier el dueño del circo? Lo dudo mucho, porque el dueño del circo a nivel del gobierno y a nivel partidario es Alan García, comparable al más déspota de los luises, Luis XIV, rey de Francia quien se hizo célebre por acuñar la frase: “El Estado soy Yo”.

25/01/07

El papel del Estado frente a la vivienda: El caso español

Con la constitución aprobada por el CCD de Jaime Yoshiyama Tanaka, y del ahora Ministro de la Producción Rafael Rey, el rol económico del Estado peruano ha quedado marginado a un segundo plano. Desde 1993 la intervención estatal en el ámbito empresarial es meramente subsidiaria, a diferencia del papel protagónico y cuasi ilimitado que le ha sido reconocido al mercado, cuyas reglas sacrosantas -según los liberales económicos- acabarían con los flagelos de la pobreza, la exclusión social, la ineficiencia de las empresas públicas y la inestabilidad política.

El Estado es ineficaz e ineficiente reza el proverbio neoliberal, siendo clave para el desarrollo económico de un país la reducción de la esfera pública y el ensanchamiento de lo privado. Bajo esta lógica, se instauran instrumentos gerencialistas como la tercerización, la agencialización, las privatizaciones, el outsourcing, entre otros, con el propósito específico de dar solución a la ineptitud del Estado. De esta manera se logra las 3 “e” que postula la nueva gestión pública: economía, eficacia, eficiencia.

Pero, ¿Qué tan cierto es la afirmación de que el desarrollo de un Estado puede lograrse cuando el papel del mismo es mínimo? ¿Es aún vigente la tesis Smithiana que postulaba el “dejar hacer dejar pasar”? A nivel general debo sostener que no hay país en el planeta que no regule las políticas públicas que conforman su agenda, máxime cuando aquellas son sensibles. Estados Unidos otorga millonarias subvenciones para proteger su agricultura; la Unión Europea es proteccionista en cuanto a su política agraria, exigiendo en algunos casos ciertos límites o topes a la producción de un determinado bien, u otorgando subsidios directos a los agricultores comunitarios.

A nivel específico, los 4 grandes problemas que aqueja España son: Terrorismo, inmigración, género, vivienda, aunque esta última es competencia de las comunidades autónomas. En cuanto al primero, las negociaciones de paz que venía ejecutando el gobierno español con el grupo ETA (Euskadi Ta Askatasuna) han quedado paralizadas, acaso frustradas luego del atentado de Barajas. Los españoles desean vivir en paz y terminar con el terrorismo que ha causado cientos de muertes; sin embargo, de ninguna manera se conseguirá la paz con el uso de las armas y otras medidas radicales que algunos extremistas sostienen.

El tema de la inmigración es otro de los problemas en que la presencia del Estado es clave. España conjuntamente con la comunidad de Canarias, vienen implementando una serie de medidas para frenar la ola de inmigrantes que llegan del África subsahariana, muriendo muchos en su intento por arribar a tierra firme y lograr nuevas oportunidades de vida. El problema de los inmigrantes latinoamericanos es igualmente preocupante, pues no son pocos quienes se encuentran en situación de ilegalidad. Antes que deportarlos se prefiere su legalización, dado que la gran fuerza laboral de inmigrantes latinos soporta un porcentaje considerable de la seguridad social española.

A nivel de género, el 12 de diciembre pasado fue aprobada por la comisión de trabajo del Congreso de los Diputados la medida que dispone 15 días de permiso de paternidad, periodo que se ampliará de forma gradual durante los próximos 8 años hasta alcanzar las 4 semanas (similar al modelo noruego). Esta medida de índole laboral, al igual que otros ámbitos de igualdad en la representación política, en los órganos de dirección de las empresas, en el sector público, será incluida en la futura ley de igualdad que viene debatiéndose en las Cortes Generales.

Pero quizá el tema de la vivienda es el que más preocupa al ciudadano español, y es a su vez el más controvertido por estar en juego el derecho a la propiedad privada. Si el metro cuadrado en uno de los distritos exclusivos de Lima oscila entre 300 y 500 dólares, el costo de 1 m2 en Madrid bordea una media de 3,870 euros (más de 4 mil dólares). Un ciudadano que desea poseer un apartamento o piso en España tiene que hipotecar entre 20 y 40 años de su vida para adquirirlo. Lo sorprendente es que hay propietarios que se niegan a alquilarlos, disparándose por tanto el precio de los arrendamientos.

Ante tal especulación los neoliberales dirían que prima la propiedad privada, y que si un titular no desea arrendar un inmueble le asiste todo su derecho. Pues bien, las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco han tomado el toro por las astas. En el caso de la primera, los propietarios que mantengan sus pisos vacíos 2 años, y que además no acepten la ayuda del gobierno autonómico para rehabilitarlo (en caso de deterioro) ni el aval de la administración para su cesión al mercado de alquiler, corren el riesgo de ser expropiados "temporalmente" por la Generalitat para destinarlos al alquiler.

En Euskadi, el gobierno puso en marcha el programa de arrendamiento “Bizigune”, en virtud al cual ha sacado al mercado de alquiler 2,712 pisos vacíos (10% de los 26,691 que se encuentran desocupados). De las 2,712 viviendas 1,739 ya están alquiladas y el resto se encuentran en proceso de reforma para poder entrar a vivir. El referido programa consiste en un sistema de arrendamiento a través del cual la administración alquila el piso al propietario a precio de mercado, para luego ofertarlo a los solicitantes a un precio menor. La diferencia entre ambos precios corre a cargo del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

Para moderar este sistema que involucra el subsidio a cargo del gobierno autonómico, la burocracia vasca analiza la inclusión (en su futura ley de vivienda) de un canon de 3,285 euros por cada año que el piso se mantengan inhabitado, pues resulta claro que quien se da el lujo de no arrendar un piso determinado (el precio promedio de un piso con 3 habitaciones es 900 euros mensual) tiene renta suficiente como para pagar un canon o penalidad impuesta.

Este último ejemplo del derecho a la vivienda nos muestra perfectamente que el papel del Estado importa, y mucho. Cuando está en juego la seguridad ciudadana, la salud pública, el orden público, las distorsiones mercantiles, la especulación económica, o simplemente el abuso del Derecho, el Estado debe hace sentir su “ius imperium” para regular ahí donde los sectores lo requieran. El mercado nunca logrará el beneficio colectivo, porque en sus genes transmite un individualismo exacerbado y el incremento de riqueza que -en nombre de la libre competencia- se concentra en unos pocos.

La agonía del Perú en manos de Alan García

El tránsito del año 2006 al 2007 estuvo cargado de sorpresas al menos en el ambiente político. A la polémica sobre la evaluación de maestros se sumaron el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); las declaraciones políticas del Cardenal Cipriani sobre la referida evaluación docente (de haberlas hecho en México habría sido castigado); la presión de los medios de comunicación, el gobierno y Estados internacionales, abogando por la liberación de Rázuri, saludable por cierto, pero que no se habría dado tratándose de Quispe, Mamani, Tupayachi, u otro ciudadano de a pie.

En recientes declaraciones, el gobierno y sus “técnicos” no sólo estudian el desacato al fallo de la CIDH, sino que además han decidido acusar constitucionalmente a Toledo y a su entonces ministro de Justicia Alejandro Tudela, por haberse allanado en el caso de la matanza a los internos del penal Castro Castro. El aprista Javier Velásquez Quesquén o no ha aprendido las lecciones de Derecho Constitucional impartidas en la Universidad Católica, o se trata de una maestría que en lugar de especializar a los estudiantes termina por confundirlos.

¿Podría el Gobierno desacatar el fallo de la CIDH? En principio sí, pero las consecuencias políticas e internacionales serían tan graves que el Perú pasaría a ser un paria internacional. Ante esta situación los peruanos debemos mantenernos firmes para condenar decisiones irresponsables del gobierno, porque no está en juego su honor, el del APRA, o el de García, sino el honor del Perú como Estado y nación. ¿El gobierno de Alemania, Francia, o España, desacatarían el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?; ¿Se le ocurriría a cualquiera de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea desacatar el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque éste no verse sobre derechos humanos?

Conviene recordarle a Velásquez Quesquén y a Mulder que la acusación constitucional procede únicamente por delito de función o por infracciones constitucionales. ¿El allanamiento del Perú ante la CIDH es un delito de función o una infracción constitucional? NO. Si fuera un delito de función estaría tipificado en el Código Penal, y si fuera infracción constitucional tendría que estar señalado expresamente, pues de otra manera caeríamos en el absurdo de que cualquier comportamiento de quienes tienen la prerrogativa del antejuicio sería sancionable, máxime si estuviera vinculado a una disposición constitucional.

La afirmación de que no se agotó la vía interna para acudir a la CIDH es errónea, pues si fuera cierto el mismo tribunal supranacional no se hubiera pronunciado sobre el fondo del asunto, sino por el contrario, hubiera declarado inadmisible la demanda mientras no se cumpla con el requisito del agotamiento previo. El allanamiento es un mecanismo procesal de culminación anticipada del proceso, en virtud al cual el denunciado reconoce su culpa voluntariamente, allanándose a los efectos que pudiere devenir de la sentencia. No sé si se dé trámite a la susodicha acusación constitucional, pero de la alianza APRA – Fujimori – UN cualquier cosa puede esperarse, menos racionalidad, transparencia, prudencia, responsabilidad.

La actitud de Alan García me recuerda a la del Partido Popular Español (PP) antes del atentado a Barajas. Para oponerse a la política antiterrorista del PSOE dinamitaba constantemente las estrategias del gobierno español, movilizando (cuando ha podido) a los familiares de las víctimas de ETA en contra de las negociaciones de paz. Si el gobierno peruano considera que el fallo de la CIDH es vejatorio hacia el Estado, ¿Por qué García no muestra las mismas garras frente a Telefónica?; ¿Por qué irradia cobardía frente a las multinacionales mineras respecto a las regalías, los contratos de estabilidad tributaria, o la imposición fiscal a las sobreganancias?

Aunque amemos a nuestro Estado no podemos hacernos cómplice de él cuando en su nombre ciertos desadaptados, digitados o no desde el gobierno, cometen genocidio o actos criminales. La vida de un terrorista, de un demócrata, de un acusado, de un sentenciado, etc., vale tanto como la vida de cualquiera de nosotros. ¿O es que ahora hay jerarquía en la valoración del derecho a la vida? Apelar al terrorismo para enfrentar al terrorismo es una medida que conduce a un círculo perverso atemporal.

La práctica cultural del no perdón debemos erradicarla de raíz; la convicción de la efectividad en la mano de hierro para encarar flagelos de distinta índole debe ceder; la actitud de cuestionar al otro y no a sí mismo, a la familia, o al entorno (Luis Bedoya Reyes y los pecadillos del hijo; Alex Kouri y el desatino del hermano Alberto; Keiko Fujimori y las bondades del padre, etc.) tiene que ser expectorado de nuestra mentalidad. El Estado se equivoca, y mucho. Baste como ejemplos la Alemania nazi, la Italia fascista, la ex URSS comunista, o la España franquista.

Pero claro, cuando los medios de comunicación, el gobierno, la derecha, los empresarios, etc., manipulan la información a su antojo, e indisponen al ciudadano haciéndoles creer que los luchadores de la patria tienen inmunidad para matar, no puede haber Estado de Derecho. A pesar del boicot y bloqueo del PP, se viene discutiendo en España la ley de la memoria histórica, la misma que pretende honrar a las víctimas del franquismo. Urge por tanto aprender de estas experiencias, y evitar que los 100 años de adelanto tecnológico que nos llevan los países industrializados, no se conviertan en 100 años de adelanto mental, ético, o moral.

09/01/07

Piedra: el convidado del APRA

En este nuevo año 2007, año del deber, la presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas dio a conocer a la ciudadanía su satisfacción -como titular del pliego- por cuanto el 92% de los trabajadores del Parlamento (de un universo de 686 empleados) superó el proceso de evaluación de competencias, diseñada y tomada el pasado 17 de diciembre por la ahora Universidad ESAN. Solamente el 8% de servidores públicos no pasaron la prueba, razón por la que serán sometidos a una segunda evaluación que definirá el futuro de los mismos.

Al margen de lo saludable que puede ser someter a evaluación al personal administrativo del Congreso, la iniciativa aprista fue parcial, incompleta y convenida a todas luces, pues los trabajadores de confianza, los asesores de despacho, y todos quienes han entrado en manada desde que García asumió el poder, han quedado exonerados de la evaluación de competencias. ¿Dónde está el valor del deber señora Mercedes Cabanillas?

Seguramente la presidenta del Parlamento me replicará soslayando que la evaluación únicamente tiene sentido a nivel de empleados sujetos a carrera administrativa y no al personal de confianza. Yo responderé que en un Estado donde existe verdadera función pública los puestos de confianza son la excepción y no la regla, siendo una aberración que hayan 240 asesores de despacho (personal de confianza), sin contar los asesores políticos de los grupos parlamentarios, beneficiarios de los mismos derechos que tienen los 686 empleados de carrera, y acaso con retribuciones económicas más generosas.

Ahora bien, conviene preguntarse: ¿Todo el servicio parlamentario fue sometido a prueba?; ¿El Oficial Mayor rindió la susodicha prueba?; ¿El director general parlamentario, o el auditor general del Congreso aprobaron el examen?; ¿El apoderado del Congreso para la defensa de la constitucionalidad de las leyes se habrá sometido a evaluación? ¿El centro de estudios constitucionales y parlamentarios, que aunque sujeto a un régimen especial, fueron evaluados, a pesar de que nadie sabe qué hace?

Fiel a la escopeta de 2 cañones y a un espíritu de mantener el divorcio entre la política y la ética, el APRA suele tener alzheimer cuando de sus militantes y su entorno más cercano se trata. No vamos a mencionar la imposición de la hija de Judith de la Matta en la presidencia de CONAJU -para quien el cargo le queda grande-, o el nombramiento de Omar Quezada -ex presidente regional de Ayacucho, aprista por convicción e inepto por vocación- como director ejecutivo de COFOPRI. Nos referiremos al aparato administrativo del Poder Legislativo.

Se trata del afortunado José Cevasco Piedra, actual Oficial Mayor del Congreso, hombre fuerte del corrupto Alberto Fujimori y ahora allegado al APRA, acaso por un asunto de militancia partidaria y obvio por una cuestión de confianza depositada por Mercedes Cabanillas. De acuerdo al artículo 40 del reglamento del Congreso el nombramiento y remoción del Oficial es potestad exclusiva del Consejo Directivo, órgano presidido por Mercedes Cabanillas.

Lo paradójico es que la presidenta del Congreso parece no recordar sus años de congresista y los sucesos que giraron en torno al otrora ex oficial mayor y ahora nuevamente en el cargo. En efecto, después de la caída de Fujimori y luego de muchos años de bonanza para los bolsillos de Cevasco, el Congreso de Carlos Ferrero y Alejandro Toledo removieron del cargo al funcionario administrativo de mayor rango en el servicio parlamentario, y probablemente en el país.

El sueldo de Cevasco, uno de los más alto en la administración pública, mayor inclusive a lo que percibían en ese entonces los congresistas; el auto negro y la seguridad personal otorgado para el “cumplimiento” de sus funciones; y otros privilegios consustanciales a un burócrata dorado, parece haber sido olvidado por Mercedes Cabanillas, inexplicable por cierto dado la multiplicidad de veces que fue reelecta congresista, merced a una posición partidista privilegiada en la oligarquía aprista.

Aún así, el cuestionamiento no radica en la confianza depositada en tal servidor, pues -aunque lo dudamos mucho- podría tratarse de un burócrata eficiente y eficaz al estilo weberiano, sino en sus vínculos supuestos con el prófugo Fujimori. Cuando el otrora oficial mayor fue destituido y despedido del Parlamento, la asunción de José Élice Navarro como nuevo oficial mayor fue saludada por los congresistas y por la entonces Mesa Directiva. Sin embargo, la astucia de Cevasco Piedra le permitió pocos años después regresar al Congreso con el privilegiado cargo de asesor de una de las vicepresidencias, con lo cual nuevamente empezó a percibir una retribución a cargo del Estado.

Ahora con el nuevo gobierno aprista nuevamente goza del más alto cargo en el servicio parlamentario, siendo “el valor del deber” una burda retórica. Es evidente que el APRA se opone a nuevas formas de hacer política, formas en que la ética pública constituye la piedra angular de la gobernanza y en donde es impensable el divorcio entre la política y la ética. Lo sorprendente no es el valor del deber en sí, sino de quién lo profesa; el problema no es de palabras y buenos deseos sino de hechos y actitudes; el problema no es, por tanto, de lo que debería ser, sino de lo que es.

Perú y el “boom” de su economía

El Ministro de Economía y Finanzas Luis Carranza, a través de las tribunas cedidas por diferentes medios de comunicación, viene anunciando que la economía peruana cerrará el año 2006 con un crecimiento de 7,5%, gracias a una inflación de 1.5%, al incremento en las exportaciones, y sobretodo al comportamiento de la inversión privada que creció a un ritmo de 16% a lo largo de estos meses. De cara al próximo año, el Gobierno ha reducido aranceles y ha establecido una serie de reformas tributarias tendientes a incrementar los ingresos tributarios.

Todo hace prever que en los próximos años el país continuará el boom económico, según palabras del propio Alan García, lo cual nos llena de satisfacción por tratarse del Perú, pero a la vez nos invita a tomar cautela, porque quienes han ejercido el poder durante los últimos 20 años han gobernado para sí y para una pequeña oligarquía. Ad portas del año 2007 merece reflexionar sobre cuatro cuestiones: ¿El crecimiento de las exportaciones es real o aparente?, ¿La prosperidad se produce en todos los sectores macroeconómicos?, ¿Si hay bonanza económica por qué existe tanta pobreza?, ¿El boom económico garantiza la democracia en nuestra sociedad?

Toledo y el actual presidente García hacen gala de que las exportaciones están creciendo a un ritmo acelerado, pero cabría preguntarse si ello se debe a que existe mayor producción de bienes exportables, o es que el precio de los bienes que ya exportamos se ha incrementado en el mercado internacional. Más generoso parecería ser la primera alternativa, porque los precios internacionales, por ejemplo de nuestros minerales, podrían caer en virtud a distorsiones cambiarias, o por el surgimiento de nuevos competidores que ofrezcan el producto a menores precios.

De otro lado, es necesario preguntarse si el crecimiento económico viene siendo uniforme en todos los sectores macroeconómicos, o es que el fuerte despegue del sector minero y del sector construcción, compensan el débil crecimiento del sector agrícola, pecuario, pesquero. En la medida en que el agro demanda mayor mano de obra que la minería, el gobierno debe poner énfasis en este sector para generar empleo, y su exacerbado optimismo en los precios de nuestros minerales debe tomar en cuenta que la bonanza minera es limitada en el tiempo, por tratarse de recursos naturales no renovables.

Y si venimos creciendo por años, ¿Por qué no se percibe a nivel de indicadores microeconómicos?, ¿Por qué no se siente el chorreo?, ¿Por qué la pobreza aprisiona a la mitad de las familias peruanas? Creo que una explicación convincente de esta paradoja recaería en los economistas serios y responsables. Baste con señalar que una de las razones se traduce en que la riqueza está pésimamente distribuida, y la brecha económica entre quienes tienen más y quienes tienen menos es incontrolable e inmanejable.

Respecto a la última cuestión, por años se ha pretendido dilucidar si el logro de la democracia, o su estabilidad, depende del crecimiento económico que un país puede experimentar. Así lo entendió Estados Unidos después de la segunda guerra mundial, y creyó que para lograr democracias sólidas en Latinoamérica eran necesarios organismos multilaterales como el Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), para coadyuvar a la lucha contra la pobreza de la región.

Académicos de talla mundial como Seymour Lipset y Robert Dahl, con ciertos matices, sostuvieron tesis en la misma línea, pensando que el factor causal de la democracia era el crecimiento económico. No obstante, Muller relativizó tal determinismo al considerar que si la renta per capita era distribuida inequitativamente, el impacto para la democracia sería negativo. Me adhiero a esta última afirmación porque estoy convencido que un crecimiento económico que genera grandes desigualdades es incompatible con el ideal democrático.

A la luz de los nuevos conceptos que ha adquirido la democracia y de los múltiples componentes que posee, considero que el crecimiento económico será favorable a la democracia cuando vaya acompañada de un descenso en los niveles de brecha económica que nuestro país padece. Es impensable para cualquier sistema democrático que un porcentaje considerable de la riqueza quede en pocas manos, siendo la mayoría de la población ajena a los servicios públicos básicos y a considerables niveles de educación, sanidad, empleo y vivienda.

Asimismo, el protagonismo exacerbado de la representación política, dejando un margen muy estrecho a los canales de participación ciudadana, es incompatible con la democracia, si es que entendemos por ésta en su sentido Habermasiano como un sistema en donde las decisiones políticas se producen a través de un proceso dialogante y concertado de los diferentes actores sociales y políticos. Un crecimiento económico no garantiza mayor participación ciudadana, al contrario parecería hacerla retroceder.

No hay duda que el liberalismo económico promueve crecimiento económico. El reto consiste en lograr que ese crecimiento sea socialmente justo en cuanto a su distribución, y que gran parte de la riqueza sea destinada a la educación y a la salud. La libertad es tan importante como la igualdad y la equidad. Un Gobierno que no sepa armonizar ambos principios, aparentemente contradictorios, será incapaz de sostener un régimen verdaderamente democrático.

30/12/06

¿Evaluación a los maestros o al presidente Alan García?

La evaluación de docentes escolares anunciado por el Ministro de Educación José Antonio Chang y avalado por el gobierno aprista, ha acaparado la atención pública de la ciudadanía y las primeras planas de los medios de comunicación. La importancia del tema es crucial, al punto que una serie de acontecimientos suscitados en torno a él, sin dejar de lado el abierto enfrentamiento entre el SUTEP y el Poder Ejecutivo, han motivado la postergación de la evaluación para el próximo 08 de enero del año 2007.

El Gobierno se ha apresurado, acaso por desentenderse de la educación escolar, en someter a una evaluación a los maestros del Perú, pero ¿qué sucedería si a priori evaluáramos al presidente de la República? ¿Acaso sería irrazonable evaluar las capacidades de quien ostenta el más alto rango de la función pública, de acuerdo con la constitución?

Para medir el desempeño de Alan García se requieren 2 evaluaciones paralelas: Una vinculada al factor psicológico para conocer los efectos del Litio, hasta ahora suministrado, y la otra referida a su desempeño propiamente dicho como Jefe de Estado y de Gobierno. En cuanto a derechos humanos, con la propuesta de instauración de la pena capital, el presidente queda desaprobado de lejos, pues es evidente que el Perú como miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no puede restaurar la pena de muerte. La Internacional Socialista, que acoge en su seno al APRA, debería darle un jalón de orejas por insistir en dicha medida, proscrita también por la Unión Europea.

En materia de terrorismo, con endurecimiento de penas, reformas al Código Penal, incursión de las fuerzas de seguridad en los recintos universitarios públicos para evitar un supuesto rebrote, saldría también desaprobado. El problema del terrorismo tiene su origen en factores sociales y económicos que ameritan erradicarlos. El Gobierno no es consciente que la mera aprobación de normas penales, con la esperanza de la resocialización del condenado, no resulta del todo convincente.

A nivel tributario, la oposición al establecimiento de impuestos a las sobreganacias de las empresas mineras y a la revisión de sus contratos de estabilidad tributaria -vía reforma constitucional- suscrita irresponsablemente en beneficio de grandes multinacionales, desaprueban de lejos al presidente. Si seguimos evaluándolo en temas como el narcotráfico, la descentralización, el TLC, políticas públicas, reforma del Estado, e inclusive la gestión de su aparato administrativo, Alan García quedaría mal parado.

La medición del desempeño o evaluación por resultados es una lógica impuesta por las corrientes gerencialistas para lograr, dizque, una nueva gestión pública al interior de las administraciones estatales. Al enfocar su atención en los resultados y no en los procesos (propio de la burocracia Weberiana) se lograría un eficaz y eficiente rendimiento de la administración pública. Esta práctica, asentada generalmente en los países angloamericanos, típica del sector privado, tiene una serie de desventajas cuando se pretende extrapolar al sector público, peor aún cuando quienes van a ser sujetos de evaluación son personas.

Es perfectamente factible evaluar por resultados los presupuestos públicos; se puede medir el rendimiento de una obra de infraestructura y su impacto para generar dividendos a favor de una comunidad; es factible medir los efectos de la ejecución de un programa social, o de cierta política pública cuantificable económicamente; se puede evaluar el desempeño de funcionarios públicos cuando en un sistema de carrera pretenden el ascenso; pero ¿puede cuantificarse o medirse la capacidad de un docente escolar?

En principio, resulta demasiado complejo diseñar indicadores efectivos que midan el desempeño de los educadores. La existencia de elementos subjetivos imposibilita una evaluación seria y responsable. ¿En el Perú quién es buen maestro y quién es mal docente?; ¿El maestro que cuenta con más años de docencia es necesariamente mejor que un docente joven?; ¿El profesor egresado de una universidad particular es más eficiente que uno proveniente de un claustro universitario público?; ¿El docente de un colegio urbano es más calificado que uno que presta sus servicios en colegios o escuelas rurales?

Si a la complejidad de establecer indicadores que arrojen un perfil adecuado del buen docente, subyace la pregunta ¿Quién está capacitado para sentar las pautas de la evaluación?, la situación se agrava. El Ministro de Educación que poco o nada sabe de la problemática educativa de nuestro país, ¿estará capacitado y legitimado para ello?; ¿la burocracia que labora en el sector podrá diseñar indicadores de desempeño?; ¿El APRA podrá hacerlo?; O como el reciente descubrimiento de petróleo ¿habrá que esperar la bondad de Dios?

Afrontar el tema educativo es sumamente complejo y sensible. No puede pretenderse evaluar los recursos humanos cuando éstos no han participado en serios programas de capacitación; cuando su retribución por formar nuevas generaciones es irrisoria; cuando poco o nada se ha hecho por ejecutar verdaderos planes de formación y especialización; cuando hay centros de enseñanza superior de dudosa reputación en la formación de educadores; con un diseño curricular desfasado; con un SUTEP que ha capturado el magisterio para beneficio de su oligarquía sindical.

Por lo tanto, El Gobierno y el SUTEP deberían dedicarse más a trabajar por los docentes que a protagonizar enfrentamientos que son parte del problema y no de la solución. Sólo después de sentar los presupuestos básicos de una moderna y eficiente carrera magisterial, puede pretenderse evaluar el desempeño de los maestros, merced a indicadores diseñados por verdaderos especialistas.

20/12/2006

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El sueño de la “Sudamérica solidaria” y la doble moral de García

La comunidad sudamericana de naciones (CSN) gestada en Cusco el 08 de diciembre de 2004, fue un hito trascendente que rememora el gran sueño de Simón Bolívar allá por el siglo XIX, y que evidencia la madurez y progresismo de la actual clase política. Pese a no contar con un patrón monetario único, el móvil que impulsó este “afecto societatis” fue el económico, razón por la que los países considerados Socios – Nación eliminaron barreras arancelarias y cuotas a la importación, pero también político, encaminado a la voluntad supranacional de lucha contra los gérmenes y flagelos que aquejan a la región.

La última cumbre de los Socios Nación se produjo en Cochabamba (Bolivia), al cual asistió el reciente electo presidente ecuatoriano Rafael Correa, y en donde los medios de comunicación estaban más atentos al impase suscitado, meses atrás, entre los presidentes venezolano y peruano. Lo cierto es que en ese aforo internacional, Alan García Pérez fue nuevamente fiel a la escopeta de 2 cañones, cuando en su disertación apeló a la unión de los pueblos sudamericanos para encarar el déficit educativo que aún es latente en la zona.

Al margen de lo acertado que fue García, pues a nuestro juicio Sudamérica arroja preocupantes niveles de educación, en comparación con los estándares norteamericano y europeo, su exclamación a la unión demuestra su doble moral. Por un lado apela a lo comunitario, pero por otro lado dinamita la unión. Cuando se encuentra en foros, cumbres, reuniones de Jefes de Estado, es partidario de la promoción de políticas comunes; cuando está en el Perú o frente a George Bush es enemigo de la comunidad sudamericana.

La mejor evidencia empírica de su doble moral es el Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos. Aún cuando era clave negociar en bloque, merced a una propuesta compartida por Perú, Ecuador, Colombia, el lobby de los grandes grupos de poder económico, la derecha peruana neoliberal, los medios de comunicación, etc., se tumbaron el tripartito y lo que significa el sueño comunitario en la región. Cada uno fue por su lado de manera individualista: Ecuador suspendió la negociación y no habrá TLC; Colombia cerró su negociación después que Perú; y Alan García anda desesperado por conseguir la ratificación del TLC, ofreciendo dádivas a Bush como la apertura de nuestra soberanía para el ingreso de tropas norteamericanas.

Motivados por la teoría de la elección racional los neoliberales y las empresas multinacionales recurren a la Comunidad Andina de Naciones (CAN) cuando saben que ello será provechoso para sus bolsillos; pero para el fomento de políticas sociales, la protección medio ambiental, el resguardo de las soberanías frente a la política exterior Norteamérica de intervención, la inmigración, las políticas de género, el combate contra la corrupción en las esferas políticas, la ayuda y apoyo a los sectores sociales excluidos, entre otros, la motivación no parecería ser la misma.

El libre tránsito de ciudadanos sudamericanos sin requerimiento de visas es una medida necesaria más no suficiente. Sería recomendable por ejemplo la creación de programas sociales supranacionales o subsidios a los países más pobres de la región. Brasil y Chile podrían apoyar (en la medida de sus posibilidades) a las zonas rurales más pobres de Ecuador, Bolivia, Perú. De otro lado, la extradición y expulsión de ex presidentes y funcionarios corruptos debería hacerse en base a procedimientos sumarios, existiendo la posibilidad de que sean juzgados y castigados severamente en cualquier Estado socio por tribunales de justicia imparciales.

El intercambio o comercio a bajos costos de medicamentos contra el VIH, por ejemplo, libre de impuestos o aranceles, es otra medida que la comunidad sudamericana debería impulsar. La eliminación de la discriminación por cualquier índole debería ser fomentada, siendo su práctica sancionada con penas severas; la protección ambiental y la explotación responsable de recursos naturales y energéticos deben atenderse con mayor ímpetu; el fortalecimiento del papel de la comunidad para corregir las perversiones del mercado debe promoverse, regulando en el sector donde sea razonable y prudente.

Aunque la experiencia de la Unión Europea sea rica y sugerente, no por ello perfecta, es necesario advertir los peligros que podría suponer el izoomorfismo mimético de dicho modelo. Los traumas de la segunda guerra mundial y un nuevo enfrentamiento entre Alemania y Francia, llevaron a sentar las bases para la gesta de una comunidad europea (a partir de la primigenia comunidad económica del carbón y el acero), inicialmente con 6 Estados Miembros, ahora compuesta por 25 países, y posteriormente con 29 (Rumania, Bulgaria, Croacia, Turquía), aunque las negociaciones con el penúltimo es aún incipiente, y con el último se han estancado por los impases con Chipre.

Nuestra realidad multicultural diversa y las graves carencias congénitas de la región, ameritan un modelo autóctono, cuyo objetivo primordial sea la consolidación de una Sudamérica solidaria, donde la cooperación y coordinación de los países miembros marquen la pauta del espíritu integracionista, máxime cuando la pobreza, la exclusión social, la discriminación imperante, la corrupción, el desempleo, entre otras, exige la unión para el logro de una comunidad económicamente justa y equitativa, políticamente estable, y socialmente inclusiva e igualitaria.

14/12/06

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“No Tax without Representation”

El Poder Ejecutivo, merced al proyecto de ley 715-2006-PE, ha solicitado al Parlamento la delegación de facultades para legislar en materia tributaria por un plazo de 90 días. Para Alan García y su Consejo de Ministros, el fundamento principal de su solicitud es la preocupación y consideración de que los ingresos tributarios no han superado el 15% del PBI, a pesar de los 15 años de reformas tributarias y políticas fiscales neoliberales, impulsadas desde la década de los noventa.

Si nos remontamos a la historia jurídica normativa, los decretos legislativos fueron concebidos para que órganos distintos al Parlamento pudieran ejercer ad hoc facultades legislativas, por un tiempo determinado, en ciertas materias específicas, y en virtud a una ley autoritativa emanada del “Poder Legislativo”. La historia política reciente nos demuestra que al amparo de decretos legislativos y decretos de urgencia, con un Congreso timorato, cómplice, e inepto, Fujimori legisló cuando quiso y cuanto pudo, y al parecer su aliado García intenta heredar las mañas del prófugo.

El perfil neoliberal del APRA y la traición a los postulados de papá Haya lo expresa el párrafo siguiente: “La situación actual no es más que el reflejo de la apertura comercial, la tendencia que se aprecia en los países en vías de desarrollo de reducir la carga tributaria sobre el capital en su afán por atraer inversión extranjera directa y de las grandes limitaciones del Estado para identificar adecuadamente los ingresos de los contribuyentes, debido a la informalidad y la cada vez mayor movilidad del capital y el trabajo” (exposición de motivos, pág. 5).

¿Para qué modificar el sistema tributario nacional? De acuerdo con el Gobierno para incrementar la presión tributaria, formalizando la economía, sancionando la evasión fiscal, implementando los mecanismos de fiscalización, y potenciando la imposición indirecta. Pero, ¡¡oh sorpresa!! Aspectos como la eliminación de impuestos antitécnicos (ITF); la corrección de perversiones que imposibilitan que los que ganen más tributen más; la revisión de la situación tributaria de las empresas mineras; la eliminación de exoneraciones irracionales; la creación de un impuesto a las sobreganancias mineras; y, la puesta en marcha de la ansiada descentralización fiscal, son omitidos expresamente por los “técnicos” del MEF.

Y es que claro, así se establezcan impuestos a futuro, o se quiten exoneraciones inútiles, estos cambios no afectarían a los contribuyentes que han suscrito contratos de estabilidad tributaria, en virtud a su naturaleza de contratos leyes, otorgadas por las gestiones fujimorista, toledista, y acaso aprista. Por el contrario, las actividades menores sujetas al régimen único simplificado (bodegas, tiendas, negocios menores, restaurantes, etc.) y al régimen especial de impuesto a la renta (agentes que inician actividades comerciales o empresariales) si experimentarán los cambios tributarios.

Para fundamentar la solicitud de facultades legislativas, el Gobierno se escuda en los “técnicos” y tributaristas nacionales, pero los obvia a la hora de mantener la vigencia de impuestos antitécnicos como el ITF, fuertemente cuestionado en el momento de su creación. Asimismo, apela a la benevolencia de legislar vía decreto, amparándose en la constitución política, según la cual los decretos legislativos están sometidos a un control ex post a cargo del Congreso. Pero si el Parlamento no tiene la cualificación requerida para dar normas tributarias, y por ello debe delegar ¿Es razonable pedir a un incapacitado que controle ex post la actividad legisferante del Poder Ejecutivo en materia tributaria?

Los apristas deben entender que el tema tributario es probablemente el más sensible de todas las materias del ámbito público. El título de este artículo recuerda la expresión que, entre otras, alimentó la revolución inglesa de 1688 y a la posterior revolución de las 13 colonias norteamericanas en 1776. Históricamente uno de los móviles de pugna entre Ejecutivo y Legislativo era el hecho que el monarca no podía establecer tributos dado que no representaba al pueblo, siendo el Parlamento el único facultado para ello.

La historia ha cambiado y es perfectamente legítima la autorización para legislar en materia tributaria. No obstante, los partidos de oposición y la ciudadanía debemos estar alertas, pues muchas de estas medidas, a veces, encubren ventajas y favores del Poder Ejecutivo a grandes grupos de poder y multinacionales extranjeras. Al fin y al cabo, lo expresado por el premier Del Castillo, sobre la perversión de la estabilidad laboral absoluta, pone de manifiesto que el APRA gobierna para los empresarios y no para el país.

04/12/2006

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Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno: Algunos comentarios y críticas

Con gran júbilo fue celebrada en Uruguay la “XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno”, cita en la que estuvieron ausentes líderes políticos de la región iberoamericana como Luiz I. Lula Da Silva, Fidel Castro, entre otros presidentes centroamericanos. Pero más allá de esbozar ciertas conclusiones a las que arribaron, considero pertinente acotar algunos comentarios particulares, dado que si bien el tema está en la agenda del gobierno central, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil están excluidos del mismo.

¿Qué son las cumbres? Son reuniones anuales en las que participan 22 países iberoamericanos, menos Haití, Jamaica, y Puerto Rico, este último protectorado de Estados Unidos, y que en un eventual referéndum de autodeterminación se convertiría en un Estado más de Norteamérica. Conviene advertir que la región iberoamericana cuenta con una población aproximada de 600 millones de habitantes, de los cuales 400 millones son de habla castellana, y 200 millones de habla portuguesa (nacionales de Brasil y Portugal).

La primera cumbre fue celebrada en México el año de 1992, merced al aniversario 500 del descubrimiento de América, siendo la cooperación mutua, la coordinación de políticas iberoamericanas, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, los objetivos primordiales que hermana a los países miembros.

Más allá de las bondades que el proyecto pueda tener, sobretodo a nivel de cooperación internacional (actualmente existen 18 proyectos, 14 aún en ejecución), nos interesa esbozar algunas críticas, puesto que el statu quo atemoriza a quienes estamos sumidos en política y en la política como ciencia, máxime cuando las nuevas transformaciones políticas y económicas invitan a la crítica de los presupuestos básicos sobre los que se asientan las instituciones, el régimen político, la cultura, e incluso la sociedad misma.

Quizá convenga empezar señalando que si bien uno de sus propósitos es el respeto a la soberanía, la no intervención, y sobretodo el derecho de cada pueblo a construir libremente su sistema político y sus instituciones, no se haya emplazado a los gobiernos norteamericanos cuando se han inmiscuido en la región. Sabemos que hoy la guerra no es la forma de violar soberanía de países bélicamente inferiores, sino que el control del espacio geoestratégico, el dominio del mercado mundial, los empréstitos internacionales, el desarrollo de conocimiento y tecnología, el aprovechamiento de recursos naturales y energéticos, son factores útiles que constituyen solapamientos de dominación y sometimiento.

El interés de Estados Unidos no es en vano. La región posee del total mundial el 33% de agua, 40% de cobre, 41% de estaño, 25% de hierro, 24% de níquel, 15% de plata, 10% de petróleo, 4.2% de gas, 15% de tierras agrícolas, y 93% de bosques tropicales. Debido a esta voracidad USA clama el ingreso de sus tropas a Sudamérica, montando bases militares en Paraguay para controlar a Bolivia, y capitalizando el Plan Colombia para monitorear de cerca a Venezuela. A ello se suma la complicidad de Alan García, quien con anuencia de un Parlamento irresponsable ha flexibilizado la autorización para el ingreso de tropas extranjeras.

La segunda crítica es el férreo determinismo económico que gira en torno a estas cumbres. La Secretaría General Iberoamericana, en manos de Enrique Iglesias, entiende erróneamente que el flagelo de nuestros países es el factor económico, cuando en realidad nuestro talón de Aquiles es la falta de institucionalidad política. La existencia en Iberoamérica de 200 millones de pobres, una tasa de desempleo abierto en el orden de 10% (con mayor repercusión en los jóvenes), y la presencia de 30 millones de indígenas en situación de exclusión, no pueden solucionarse, a priori, con un mero desarrollo económico, máxime cuando el crecimiento a nivel de indicadores macroeconómicos no se refleja a nivel micro, y cuando los presupuestos públicos están distribuidas de manera poco equitativa.

La tercera crítica es la generalización y uniformismo con que se trata a los pueblos iberoamericanos. España es un país industrializado y del primer mundo junto con Portugal. A nivel latinoamericano México y Brasil ejercen supremacía por encima del resto de países. En Sudamérica misma una realidad son los Estados miembros del MERCOSUR (Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y otra muy distinta son los países miembros de la CAN (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). Chile, aunque participando de tales bloques, siempre por su lado. Urge por tanto focalizar los proyectos y ayuda económica en los países iberoamericanos más desfavorecidos.

La cuarta, y penúltima, crítica es la relativa importancia que las cumbres vienen dando al tema medioambiental. De los 4 pilares que impulsa la secretaría general (económico, cultural, político, educativo), la protección ambiental queda rezagada a un segundo plano, lo cual llama la atención, toda vez que la región es rica en recursos naturales e hidroenergéticos, y es conocido el hecho de la contaminación ambiental que las operaciones de grandes multinacionales producen. Si a ello no contribuyen los propios países propietarios de sus riquezas (el caso de García negándose a revisar los contratos de estabilidad tributaria, o a imponer impuestos a las sobreganancias, es un ejemplo ilustrativo de irresponsabilidad), poco podemos esperar de las cumbres.

Finalmente, nuestra crítica última apunta al carácter exclusivo de este proyecto a nivel de oligarquías y altas esferas políticas de los gobiernos centrales. La sociedad civil y los gobiernos subnacionales desconocen los objetivos, las propuestas, la finalidad, y la razón misma de estas cumbres. En aras de fomentar una ciudadanía activa, sería recomendable que la secretaría general lleve esta idea a los sectores sociales y gobiernos locales tradicionalmente excluidos de la vida política iberoamericana. Por lo tanto, la realización de talleres informativos, la generación de debates en los espacios locales, la adopción de algunos acuerdos no vinculantes, fruto de procesos dialogantes, concertados, participativos, podrían interiorizar la bondad de este mega proyecto.

28/11/06

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Estado sin Nación y Nación sin Estado: Hacia un entendimiento de la soberanía compartida

De acuerdo con la clásica teoría de Estado, que aún viene impartiéndose en algunas facultades de Ciencia Política y Derecho Constitucional, la compleja relación entre Estado y nación fuerza a postular la interdependencia entre ambas categorías. Por años, y aún hasta hoy, se suele interiorizar la tesis que los identifica, tesis conocida como el dogma del Estado - Nación, el cual presenta una vertiente descriptiva (Estado y nación son coincidentes) y otra normativa (a cada Estado debe corresponder una nación, y viceversa). De esta forma, la soberanía sería unívoca y monocéntrica.

Desafortunadamente, y con la venia de aquéllos que profesan un nacionalismo in extremis, ese dogma está en retirada, pues su falacia viene siendo demostrada no solamente a nivel teórico, sino sobretodo desde el punto de vista empírico. Y es que hoy, aunque suene paradójico, existen Estados sin nación y naciones sin Estado propio. Prueba fehaciente del primer supuesto es el Reino Unido, en el que los 4 países del reino (Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte) difícilmente reivindican una nación británica; y del segundo supuesto, Palestina, nación que hace años viene clamando ser Estado.

El país Vasco sería otro ejemplo de una nación que desea reivindicar un Estado propio diferente al español, y lo mismo habría que decir de Chechenia, que pese a la pérdida de vidas humanas reclama su secesión de la federación Rusa. Estas evidencias de Estados plurinacionales y de naciones sin Estado propio (los casos de Chipre, las islas Aaland en Finlandia, y las islas Faroe en Dinamarca, no deberían pasar desapercibidos) llaman a la reflexión y al debate, toda vez que las transformaciones que venimos experimentando, supondrá nuevas construcciones políticas y una reingeniería de la concepción misma de Estado.

¿Qué tiene un Estado, que no tenga una nación? Palestina, que posee un profundo sentimiento patriótico, a pesar de no ser Estado formalmente reconocido, carece de un territorio perfectamente delimitado. Asimismo, una nación sin Estado propio no tiene soberanía ni personalidad jurídica internacional, con lo cual si una nación desea tener soberanía política tendría que ejercer, vía referéndum, su libre autodeterminación. El caso del nuevo Estado de Montenegro, independizado de Serbia hace poco más de 4 meses, es ilustrativo al respecto.

Pero las transformaciones políticas van mucho más de lo que nos imaginamos, y actualmente estamos frente a un ente que no siendo nación, ni Estado, goza de soberanía. Nos referimos a la Unión Europea, un cuerpo supranacional surgido en 1992 con el Tratado de Maastricht, aunque el proceso de integración europea viene desde 1952 con la Comunidad Económica del Carbón y Acero (CECA), seguida en 1957 con la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM) en 1958.

Esta soberanía de la Unión Europea es denominada soberanía compartida, pues los 25 Estados miembros (a futuro 28 con los ingresos de Rumania, Bulgaria y probablemente Turquía) han decidido ceder parte de su soberanía a favor de la Unión. En virtud a este proceso de integración comunitaria se ha transitado de la idea de Estado – Nación a Estado miembro de la comunidad, y se ha instaurado la ciudadanía europea para los ciudadanos de los Estados parte. De esta manera, un vasco es ciudadano vasco, ciudadano español, y ciudadano europeo; uno de Flandes es ciudadano flamenco, belga, y europeo.

El revés sufrido por la negativa de Francia y Holanda a ratificar el Tratado Constitucional para Europa es consustancial a todo proceso de integración, dada su complejidad; no obstante, al margen de la existencia de pocas voces que perciben tal negativa como un retroceso, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, y sobretodo el Tribunal de Justicia Europeo, son instituciones de la Unión garantes de las políticas de integración y de la legalidad comunitaria.

En el Perú, la clase política, la ciudadanía, los partidos, los gobiernos, entre otros actores, deberían ser conscientes que los conceptos de Estado, nación, nacionalismo, vienen reinventándose de tiempo en tiempo, y que hoy el paradigma de los Estado – Nación, la idea de que únicamente la soberanía estatal implica poder real, y la tesis de que sólo existe el Derecho de un Estado, son postulados caducos. Es menester, por tanto, educar a la ciudadanía, máxime cuando tenemos retos como la Comunidad Sudamericana de Naciones y la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones.

Si bien estas transformaciones son inevitables, llama la atención el comportamiento de Alan García y la pléyade de neoliberales (bajo la batuta de Aldo Mariátegui desde su pasquín) que nos están conduciendo al abismo. El primero, porque pese a que estamos sometidos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, advierte demagógicamente con instaurar la pena de muerte para violadores y terroristas. Y los segundos, porque saben que en la Unión Europea no hay cabida para su antojadiza máxima “dejar hacer, dejar pasar”.

Hay libre competencia sí, pero la libertad económica se armoniza con un control de la Unión, que impone incluso topes a la producción agrícola de las empresas asentadas en cada Estado miembro. La búsqueda de un mercado común impone ciertas restricciones por parte de la Unión, y el Tratado Constitucional para Europea habla de una economía social de mercado. La Unión Europea profesa entre sus fines el empleo, la protección social, la libertad, justicia, seguridad, y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos se constituye en la piedra angular de la integración.

20/11/06

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Una reflexión para el Soberano equivocado

Se acerca el momento de acudir a las urnas, estando el Soberano convocado para elegir gobiernos regionales y municipales, delegando su poder originario a los siguientes representantes infranacionales. En tal contexto, se vislumbra a los partidos políticos convertidos en maquinarias electorales; responsables solidarios de la desafección política; promotores de una ciudadanía pasiva que se dirige a las ánforas cada 4 y 5 años; y, cómplices del retraso de nuestra gestión pública, acaso por presentar (salvo honrosas excepciones) candidatos mediocres e indeseables.

Lima Metropolitana es un caso sui géneris, pues no habrá competencia electoral, ni siquiera en varios distritos. El ahijado de Susana Villarán, al lado de un remedo de sheriff, no son competencia seria para el derechista y regular gestor Castañeda. El pastor Lay debería dedicarse a salvar almas, como la mía, y dejar la política para quienes están involucrados en ella. Los demás ni merecen comentario, menos el candidato del fascista Ollanta Humala, a cuyo llamado no deberían acudir quienes tienen un mínimo de criterio, pues ello sería una afrenta a nuestra incipiente militancia y traición al socialismo.

Cuánta falta hace en Lima un candidato socialista de vuelo, merced a la intransigencia de la cúpula regional, la falta de coraje de nuestras bases, y el desentendimiento inequívoco de la dirección nacional. Todos son responsables fraternos por dejar la metrópoli sin un candidato socialista. En el nivel distrital ni qué decir. En Lince parece evidente la reelección del aprista; en Miraflores, Andrade tiene la primera opción; en el Callao Kouri tiene la reelección en el bolsillo; y en Lima Provincias el cargo le sonríe a don Mufarech.

Pero, ¿Qué han hecho estos indeseables para merecer respaldo popular?; ¿Por qué si la organización Somos Perú es un aborto de partido político va a ganar muchos gobiernos municipales?; ¿Cómo es posible que el APRA sea favorecido en algunas regiones y en varias municipalidades?; ¿En qué medida los partidos nacionales, tradicionales y nuevos, serán opacados por los movimientos regionales y locales?; ¿Por qué el electorado va entregar gestiones locales a la neoliberal UN?

Porque el Soberano suele equivocarse, y de manera estúpida, sino veamos a quién puso en la presidencia de la república. El Soberano, por voluntad propia, nos está llevando al abismo raudamente, destrozando las esperanzas que muchos peruanos aún abrigamos. El Soberano está ciego, no sabe ni puede castigar moralmente a los malos partidos políticos, muy por el contrario, entrega los destinos del país, las regiones, provincias y distritos, a tanto mediocre, ineptos, e imitaciones de pobres diablos.

El Soberano se vende, cual meretriz de a 20 soles, al mejor postor. Aquél que suele ofertar víveres y productos materiales, haciendo de la pobreza y la miseria humana un trampolín para lograr aspiraciones individualistas o personalistas. Los buenos planes de gobierno; las cualidades personales, académicas, profesionales; el liderazgo político y otras dotes de estadista, no valen a la hora en que el Soberano debe elegir a sus representantes.

El verbo barroco, florido, e histriónico; los escándalos políticos; las campañas electorales improvisadas; la ausencia de verdaderos debates entre candidatos; las estrategias de contra campaña; entre otros factores exógenos y endógenos a la coyuntura, determinan la inclinación del voto. Y cuando ya todo esta consumado, el Soberano se olvida de participar activamente en la vida política de la nación, haciendo caso omiso a la operatividad de la revocatoria, el referéndum, o la vacancia del cargo público.

¿Tenemos a un Soberano equivocado, o es que se trata de un Soberano maligno empecinado en llevarnos al fracaso e ingobernabilidad?

Nos gustaría pensar que se trata de un Soberano equivocado, pero nos conmueve el hecho de que ni el más tonto del mundo suele equivocarse tanto. Ante la inactividad del Soberano; la arbitrariedad de un gobierno represor; la ineficiencia del aparato administrativo; la debilidad congénita de las organizaciones sociales; el reconocimiento a tanto gangster y desprecio por los mejores cuadros, además de tanta cloaca, el escenario medianamente futuro podría ser propicio para un nuevo sendero.

Quienes acudan a las urnas deberían emitir su voto responsablemente, ejerciendo por vez primera la potestad de castigar electoralmente a malos gobernantes y pésimas gestiones gubernamentales. Quizá durante el anochecer de este domingo, mis reflexiones ocupen el altar de algunos espacios higiénicos; no obstante, espero que la historia no nos haga nuevamente cómplices de nuestro fracaso, donde el Soberano, titular indiscutible de la soberanía, sea quien pague la factura de su propio actuar.

13/11/06

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¿Y dónde están los mejores cuadros de Alan García?

Cuando se revisa la última propuesta legislativa formulada por el Poder Ejecutivo, surge la inquietud por conocer al ilustre cerebro autor del proyecto. Al fin y al cabo, el otrora candidato aprista, Alan García, prometió que los mejores cuadros del país trabajarían en el aparato administrativo de su gobierno, y siendo el tema electoral algo complejo, era obvio que una pretendida modificación a la ley orgánica de elecciones recaería en un politólogo, experto en sistemas electorales.

Al parecer, nos equivocamos. El proyecto de ley 611/2006-PE no fue de autoría de Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, o Arend Lijphart, sino de la secretaria de Palacio, en coautoría con el conserje de la casa del pueblo y la juventud aprista (JAP). Y es que resulta inconcebible, hasta ahora cuesta entenderlo, cómo el Poder Ejecutivo puede presentar una modificatoria a una ley orgánica, a través de una pobre y mediocre fórmula legal, exposición de motivos, análisis costo beneficio, y los efectos de la vigencia de la norma.

Pero estimo que caeríamos en similar irresponsabilidad si sólo nos centráramos en una crítica de forma, y no hiciéramos una crítica aguda, vinculada al fondo del asunto. El proyecto de ley establece la creación de un nuevo distrito electoral: el distrito de Lima provincias, cuya población electoral de 541 mil votantes sería mérito suficiente, según el gobierno, para que esta nueva circunscripción posea representación parlamentaria.

De esta forma, el departamento de Lima se dividiría en 3 distritos electorales: Lima Metropolitana, Callao, y Lima provincias, además de un distritos especial para la representación de peruanos residentes en el exterior. Conviene advertir que si bien el proyecto de ley recoge la figura de este distrito especial, éste es materia de otra iniciativa legal, también del Ejecutivo, signada con el número 579/2006-PE ¿Son sensatas ambas propuestas?

En un artículo anterior, demostramos lo inviable del distrito electoral especial porque no habría forma de cómo los representantes podrían ejercer la función deliberativa, funciones legislativas, fiscalizadoras, y de control político. Además, si por imperativo constitucional los parlamentarios representan a la nación, ¿A quiénes representarían éstos?; ¿Los peruanos en el exterior gozarán de representación poblacional o territorial?; ¿Representarán a USA, Argentina, España, Italia, independientemente, o a todos a la vez?; ¿Es decir, a estos representantes se les elegirá en distrito único o múltiple? Son cuestiones que no aparecen en la segunda iniciativa legal acotada.

La norma estipula que luego de haber asignado un escaño a cada uno de los 27 distritos electorales, el JNE asignará tantos escaños en proporción al número de electores. De esa manera, a Lima le corresponden 35 curules, Ayacucho se queda con 3, y así sucesivamente. Pero ¿Cuántos escaños le correspondería al distrito especial?
Si tomamos en cuenta que el número aproximado de residentes en el extranjero es de 1 millón 820 mil ciudadanos (7% de las población total), llegamos a la conclusión de que tendría 9 escaños, constituyéndose en el distrito electoral más grande del país, solamente superado por Lima.

Esta propuesta legislativa es por tanto inviable. Primero, porque confunde la diferencia entre ciudadanos con capacidad de sufragio y el ciudadano menor de edad; segundo, supone iniciativa de gasto público al tener que pagar a un número mayor de parlamentarios; tercero, porque presupone que el domicilio electoral de tales residentes es Lima, cuando muchos de ellos son de las provincias del Perú.

El Ejecutivo hace gala del derecho electoral francés para sustentar su propuesta, pero olvida que el viaje de Francia al grueso de países europeos no dura más de 3 horas, además de ser económicamente mucho más barato; y desconoce, también, el sistema electoral francés, que cuenta con un sistema electoral de mayoría absoluta, con ballotage incorporado, no siendo entonces comparable ni en el tipo de sistema, ni en el mecanismo de transformación de votos en escaños, menos en la configuración de distritos electorales.

No hay que olvidar también que Francia es bicameral, y solamente permite la representación de sus ciudadanos residentes en el extranjero a través del Senado, no en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los autores de la propuesta legislativa en mención ni siquiera saben la diferencia existente entre diputados y senadores. Queda al descubierto la bondad de la propuesta para el APRA y UN, ya que ambos tienen militantes en el exterior (por el dinero que manejan y por la organización partidista), sin obviar que la mayoría de organizaciones políticas perderán su registro por el tema de la valla.

Respecto al nuevo distrito electoral Lima Provincias, resulta evidente que las provincias de la metrópoli están subrepresentadas; no obstante, el espíritu centralista de García es tal que olvida que muchos distritos de Lima están subrepresentadas también (San Juan Lurigancho por ejemplo), y lo mismo sucede con los demás departamentos del país, en los cuales la representación lo tienen las capitales, quedando el resto de provincias subrepresentadas e inclusive ignoradas.

Desde esta perspectiva, estoy convencido de que el Perú, en su conjunto, está subrepresentado en el Parlamento. ¿Qué hacer para corregir tal deficiencia? Habida cuenta que entramos a un escenario prescriptivo, no voy a detenerme en explicar cada propuesta, pues ello excedería el espacio del artículo.

Lo primero es instaurar el bicameralismo, por cuestiones funcionales y debido a un tema de representación; segundo, ir a un diseño ficticio de distritos electorales que no guarden relación con la demarcación administrativa o territorial, distritos pequeños preferiblemente, dependiendo de cuántos diputados va a tener nuestro Parlamento y del techo presupuestal que ello conlleva; tercero, si lo que se quiere es efectividad política en la relación mayoría – oposición, pensar en el sistema electoral de mayoría, relativa o absoluta. En cambio, si se quiere que el poder sea compartido por varios partidos, mantener el sistema proporcional; finalmente, si se desea un representación más pura o fidedigna, cambiar la cifra repartidora del modelo del cociente electoral al modelo d’ Hondt.

Pero insisto, si se pretende modificar el tema electoral, hay que dejarlo a los expertos. ¿Por qué? Porque solamente ellos, dado el conocimiento que poseen, pueden realizar diseños electorales que se ajusten al sistema político de un Estado, partiendo siempre de la pregunta ¿Para qué quiero modificar el sistema electoral?, y luego concluir con la respuesta a la pregunta ¿Cómo sería el diseño adecuado? Ello no obsta, de modo alguna, la participación de la ciudadanía en la discusión del tema, cuyo aporte siempre será enriquecedor.

07/11/06

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Psicosociales de Alan García Pérez

Si algo ha demostrado el presidente Alan García Pérez, cabeza de un Poder Ejecutivo monista, con el respaldo y apoyo incondicional de la oligarquía aprista, es su eficacia para crear psicosociales y desatar los efectos perversos que supone, quizá no con el mismo ímpetu de los medios de comunicación que sirvieron al prófugo Alberto Fujimori Fujimori, pero sí de manera suficiente como para sorprender a ciertos incautos.

García aparenta ser tonto, pero no lo es. Al igual que grandes dictadores totalitarios es consciente que la clave para ejercer un dominio absoluto sobre la ciudadanía (poco organizada e inactiva), es privarles de educación y de medios de comunicación demócratas al servicio de una información veraz, incondicional, y oportuna. Para lograr tal propósito, no solamente apela a lanzar medidas populistas de corte electoral, sino que recurre constantemente a campañas psicosociales para encubrir políticas públicas sensibles.

Los psicosociales que más trasuntaron las últimas semanas fueron: la presunta responsabilidad de la marina en el accidente aéreo que enlutara a la familia aliancista; el shock de la descentralización, cuyas 20 medidas no constituyen -como lo demostramos en un artículo anterior- propuestas vanguardista a favor del proceso; la creación de representación parlamentaria para los compatriotas residentes en el exterior; la muerte irremediable de 11 dromedarios donados por Marruecos; la instauración de la pena capital para castigar la acción terrorista; la persecución de las ONGs; entre otros.

Todas estas campañas populistas tuvieron la finalidad, desde mi lectura, de encubrir y preparar, con alfombra y todo, el ingreso de tropas extranjeras estadounidenses a nuestro territorio. Pese a la multiplicidad de psicosociales, abordados muchos de ellos con buena pluma, a partir de disímiles enfoques, en los siguientes párrafos vamos a referirnos sucintamente a las 2 últimas, acaso por el mayor impacto que han tenido en los diferentes actores sociopolíticos.

La exageración del rebrote terrorista y el supuesto copamiento de subversivos al interior de las universidades públicas, fueron la excusa perfecta para que García propusiera la pena de muerte a quienes resultaran sentenciados por delito de terrorismo; no obstante, dicha medida ha sido rechazada por el grueso de juristas nacionales, y ha generado el pronunciamiento de la Federación de Estudiantes del Perú, en el que se afirma una contundente oposición a la incursión de la fuerzas del orden en los respectivos centros de estudio.

¿El gobierno puede instaurar la pena de muerte para los terroristas y violadores? En teoría sí, pero en la práctica no.

SÍ, porque la “Convención Americana de Derechos Humanos” de San José permite a los estados que lo han ratificado denunciar el tratado, con lo cual un país quedaría liberado del cumplimiento de las disposiciones del mencionado instrumento internacional. Y NO, porque en la práctica los costes políticos que supondría la retirada de la convención serían muy altos para el Perú, al punto de ser considerado un paria internacional y quedar excluido de sendos beneficios que otorga una buena imagen supranacional.

García sabe que la convención no permite una denuncia parcial, por lo que la opción no puede ser similar a la escopeta de 2 cañones. Opto por la denuncia total, o por su respeto total e incondicional. Pero claro, como al APRA le gusta dejar en ruinas al país, la responsabilidad del retiro lo asumirían los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al propio tratado, la denuncia supone una serie de procedimientos que deben acatarse.

Se requiere 1 año de preaviso, y por si fuera poco, todos los actos cometidos durante el período de vigencia de la convención, seguirán sometidos al sistema interamericano. De esta forma, vencido el año de preaviso, más los años que demandaría procesar debidamente a un acusado, el sentenciado sería fusilado, asfixiado, inyectado, o electrocutado, durante la presidencia del próximo mandatario.

Por lo tanto, la propuesta de Alan García obedece a un déficit de Litio en el botiquín de Palacio de Gobierno, o en las farmacias de a sol que oferta la casa del pueblo.

De otro lado, el tema de las ONGs ha sido el que más ha concitado la atención pública en los últimos días. ¿Por qué estas organizaciones se mostraron mutis ante la aprobación de la ley que permite el ingreso de las tropas extranjeras? No es porque reciban necesariamente financiamiento norteamericano, sino porque (apelando a la teoría de la elección racional) está en juego la maximización de sus intereses.

Los ataques que han venido de los pro y anti ONGs han obedecido a cierto fundamentalismo que los ha hecho perder racionalidad para encarar el problema. Yo no creo que la ley aprobada sea inconstitucional, como tampoco creo que las ONGs no hayan contribuido a cubrir los vacíos dejados por los gobiernos de turno. Si en algo se ha avanzado, es en el fomento de la participación política de los ciudadanos, sobretodo en los espacios municipales. Al fin y al cabo, no es tarea de las ONGs cubrir la ineptitud gubernamental.

En realidad, para medir el desempeño y el aporte de estas organizaciones no gubernamentales, habría que realizar una investigación empírica; sin embargo, no puede sostenerse, con criterios generalizables, que las ONGs no tengan móviles políticos, pues ello no se condice con la realidad. La motivación política de sus actividades, en no poco casos, obedecen a cierto perfil ideológico, legítimo por cierto, pero veraz también. Del mismo modo, no puedo aceptar la tesis de la persecución debido a cierta imposición tributaria a favor del fisco, o el registro de sus proyectos. Ser partidario de dicha tesis supondría aceptar la persecución de las mineras, en virtud a una imposición tributaria que gravara las sobreganancias.

El registro de las ONGs y de sus proyectos es garantía de transparencia, y la imposición tributaria, o exoneración de la misma, obedece al ius imperium del cual todo Estado está investido. Me sorprende que los dueños de estas organizaciones, muchos de los cuales de ex tendencia y tendencia socialista, apelen al clásico liberalismo económico, en el entendido de evitar a toda costa el control estatal. Con ello han demostrado ser, en sentido metafórico claro, discípulos de Adam Smith, John Stuart Mill, o Jeremy Bentham.

Tampoco estaría tan seguro de afirmar que los dueños o directores de tales organizaciones no saquen jugosas utilidades. De lo que sí estoy convencido es de la existencia de consultores y trabajadores de ONG que no están en planillas, existiendo por tanto un abuso de las contrataciones por servicios no personales y la consiguiente violación de los derechos sociales, sobre todo de seguridad social y sanidad. La existencia de un contrato temporal no es óbice para el atropello a los derechos más elementales de un trabajador, ¿O sí?




03/11/2006

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