¿Reconstrucción Amañada?

Han transcurrido diez días desde el lamentable sismo que dejó en ruinas varias ciudades de Ica, y otros departamentos del país, y el gobierno de Alan García no sólo viene demostrando incapacidad en el manejo o gestión de los asuntos públicos, sino también graves desaciertos que confirman a un presidente del Consejo de Ministros como aquel niño tonto que se solía parodiar perfectamente en reiteradas escenas cómicas de televisión.

A la falta de capacidad gubernamental para encarar adecuadamente acontecimientos contingentes, se suman: Inexistencia de un verdadero órgano estatal encargado de la defensa civil; el escándalo derivado de la licitación de patrulleros chinos; el vergonzoso ingenio natural de Rafael Rey para promover cierta bebida alcohólica; la creación de un improvisado fondo rotulado “Fondo para la Reconstrucción del Sur” (FORSUR); y demás reacciones poco afortunadas del mandatario, que lo han desnudado como déspota, soberbio, contradictorio, escaso de asesoría e información.

La improvisación del FORSUR es tan manifiesta que el Premier ha sugerido una serie de modificaciones que serán debatidas en el Pleno congresal próximo. Lo cierto es que la constitución del fondo podría significar la espada de Damocles para el propio gobierno, toda vez que su adscripción a la Presidencia de la República supondría responsabilidad política de Alan García en caso los funcionarios del fondo evidencien ineptitud en sus funciones. En este supuesto, no sería descabellado sugerir la consumación de un supuesto de “incapacidad moral permanente” del jefe de Estado.

Con bombos y platillos se celebra la designación de Julio Favre, empresario avícola, como director del FONSUR. Las sabias recomendaciones de Cecilia Blume, Verónica Zavala, Cayetana Aljovín, Rosa María Palacios, y otros tantos amateurs en reforma de Estado, parecen concretarse. Para los neoliberales hay que convertir al Estado en una empresa, dotándola de una estructura y organización gerencial para lograr la eficiencia y eficacia. La solución que ofrecen para liberarnos de tanta burocracia inútil es la extrapolación de una cultura gerencialista o mercantilista al ámbito público. Por lo tanto, hay que designar funcionario a un empresario exitoso.

Pero además el FONSUR desnuda otra realidad del Perú: el centralismo. Utilizando el pretexto de que los gobiernos regionales y locales son ineficientes por antonomasia, el gobierno central propone la creación de un fondo adscrito a la Presidencia de la República. En lugar de transferir recursos necesarios para afrontar las demandas sociales de las zonas afectadas por el desastre, encuentra en un fondo de 260 millones de soles la panacea, cuando la solución consiste más bien en dotar de recursos a los gobiernos regionales y apoyar el fortalecimiento de las 26 direcciones regionales encargadas de la defensa civil, con énfasis en los que tienen menos presupuesto y en aquellos ubicados en zonas de riesgo.

Para el Poder Ejecutivo el Instituto de Defensa Civil (INDECI) es un estorbo, sirviendo sólo para realizar simulacros de sismo, programas de sensibilización, y programas de prevención. El Ministerio de Vivienda, y los demás ministerios involucrados, en el mejor de los casos, son insuficientes para ejecutar políticas públicas post desastre. Las direcciones regionales de defensa civil y las municipalidades tampoco sirven para dicha tarea. ¿La solución? Crear un fondo cuyo directorio reafirme el pacto APRA y derecha, en lugar de integrar a los profesionales más idóneos.

¿Qué se viene tejiendo alrededor del FONSUR? No lo sabemos en principio, pero la incomodidad de algunos funcionarios del gobierno respecto al rol fiscalizador de la Contraloría General de la República en zonas devastadas, invitan a predecir situaciones futuras. Al fin y al cabo, las atribuciones del FONSUR no son protocolares: priorizar las obras que serán ejecutadas; aprobar las operaciones fiduciarias para administrar los recursos destinados a los damnificados; pero sobretodo, autorizar la contratación de personas naturales o jurídicas para la ejecución de obras.

La iniciativa ideada por George Bush y su entorno republicano parecería aleccionar al gobierno. Invadido Afganistán y pulverizado Irak tras la ocupación Norteamericana, denominada sarcásticamente “guerra preventiva”, había que reconstruir el país del golfo pérsico. ¿Quién se encargaría de la reconstrucción del otrora imperio mesopotámico?; ¿En manos de quién o de qué recaería la reconstrucción de las ciudades de Bagdad o Kabul? En manos de grandes empresas constructoras ligadas al Vicepresidente Dick Cheney.

Según la BBC., la empresa de ingeniería petrolera Kellogg Brown and Root (KBR), filial de Halliburton, dirigida por Dick Cheney, ha sido la mayor beneficiada con los contratos federales para los dos países, valorados en su caso en más de US$2.300 millones. El grupo Bechtel ocupa el segundo lugar, con aproximadamente US$1.030 millones. De esta forma, los contratos para la reconstrucción de Irak y Afganistán, que suman más de US$8.000 millones, quedaron en manos de 70 empresas estadounidenses que donaron más de medio millón de dólares para la campaña electoral de George W. Bush.

La ciudadanía está cansada de tanta ineptitud evidente de García, del partido de gobierno, y del equipo que está al frente del Poder Ejecutivo. La creación de fondos, para diversos propósitos, es una contradicción a la reducción del aparato estatal como modelo de reforma de Estado que tanto jacta al gobierno. Es probable que para esconder tantos desaciertos, el APRA capitalice el “psicosocial”: ¿Qué pasaría si en Lima Metropolitana de produjera un sismo de 7,9 grados de intensidad?

Los culpables de la desdicha del Perú: Gobiernos regionales en la mira

Cuando en el país se suscita un acontecimiento saludable, el gran responsable es el Poder Ejecutivo y el partido que ejerce el gobierno nacional. Pero cuando se suceden eventos trágicos y lamentables, como los acaecidos durante la semana pasada con el transporte interprovincial de pasajeros, los grandes culpables son los gobiernos regionales, incapaces e ineptos, según Alan García, para gestionar las diferentes competencias sectoriales que desde el 2005 les fueron transferidas.

En efecto, desde el año 2004 se han formulado planes anuales de transferencia, según los cuales, se ha transferido a la fecha 129 funciones de un total de 185 (69.7%). Tan elogioso es el susodicho espíritu descentralista del APRA, como perverso es que a 2 años de gestión se les impute a las regiones responsabilidad por las debilidades en las políticas públicas de turismo, agricultura, comercio, minería y energía. Lo mismo con el “shock de inversiones”. Incapaces son los gobiernos regionales y las municipalidades, dado la ineptitud en el manejo de la cosa pública.

Los gobiernos regionales sólo sirven, entonces, para obtener réditos políticos. Son grandes aliados a la hora de lanzar propuestas demagógicas como el shock de la descentralización; son amigos útiles para lograr, de sus representantes congresales, votos para ganar la mesa directiva, a cambio obviamente de lobbies que explican la hegemonía de una minoría oficialista en el Parlamento. Sin embargo, cuando de movilizaciones sociales se trata, reivindicando legítimas plataformas políticas, son los grandes enemigos, a quienes hay que castigarlos penalmente por azuzar los conflictos sociales y alterar el orden público.

Los trágicos accidentes de tránsito que han enlutado recientemente a varias familias peruanas, viene siendo el pretexto perfecto del Poder Ejecutivo para evadir responsabilidad de gestión pública y responsabilidad política. Responsabilidad de gestión, por un lado, porque el sector transportes es una competencia compartida entre los tres niveles de gobierno. Es falso, por tanto, atribuir a los gobiernos regionales responsabilidad exclusiva, arguyendo la transferencia de la competencia en mención.

Responsabilidad política, de otro lado, porque en los regímenes presidenciales latinoamericanos, los ministros de Estado (conocidos también como secretarios) son responsables políticos de sus carteras ministeriales. Esta responsabilidad política se hace efectiva a través de un voto de censura, merced a una motivación política que, a juicio del Parlamento, suponga incapacidad para el cargo encomendado. Si el inefable Fernando Rospigliosi fue expectorado del gabinete, con razón, por los sucesos de Ilave, hay razón legítima para exigir la responsabilidad política de la actual titular de Transportes y Comunicaciones.

Conviene recordarles, finalmente, a los grandes técnicos del gobierno, conspicuos analistas del proceso de reforma de Estado, que en la problemática del transporte no sólo está involucrada la cartera respectiva, sino además el sector interior, encargado de hacer cumplir la normativa de seguridad y tránsito en las carreteras del país. Hay, por tanto, responsabilidad del Ministerio del Interior, imputable al sector y al gobierno nacional, en virtud a que “interior” es una competencia exclusiva del Poder Ejecutivo, imposible de ser transferida.

Paralelamente, el Poder Judicial y el Ministerio Público también tienen algo que decir, con la salvedad que éstos, el primero poder del Estado, y el segundo, órgano constitucionalmente autónomo, carecen de responsabilidad política. No obstante, las denuncias, investigaciones, y posteriores sanciones a las infracciones, al incumplimiento de exigencias administrativas para circular por el país, a la sistemática informalidad de empresas de transportes fantasmas, deberían ser efectivas, ejemplares, transparentes, sumarias, disuasivas.

Por lo tanto, el Estado debe regular toda actividad privada que preste servicios públicos al ciudadano. No se trata de intervenir para corregir únicamente las fallas del mercado, o para fijar el precio de los servicios; tampoco se trata de desplegar actividades regulativas ex post. La regulación tiene que ser de inicio a fin, durante todo el proceso gestor de políticas públicas; caso contrario, se suscitaría la gran paradojahabría de regular el sector minero solamente ante la pérdida de vidas humanas, ocasionada por el derrumbe de un socavón operado por una de las multinacionales mineras.

La meta del milenio o el mito de siempre

La cumbre del milenio, convocada por la ONU el año 2000 y en el que participaron 189 países, concluyó con la Declaración del Milenio, declaración en la que se establecieron ocho objetivos de desarrollo, vinculados a la educación, salud, igualdad, el medio ambiente, y la pobreza. De esta forma, los países miembros se comprometieron a lograr, para el año 2015, la reducción a la mitad del porcentaje de personas cuyos ingresos son inferiores a 1 dólar por día, y la disminución de aquellos que padecen hambre extrema.

Hoy, 7 años después, y a 8 de que finalizara el plazo impuesto, los resultados no parecen tan alentadores. En un informe del 2005, la ONU soslaya enfáticamente: “Los pobres cada vez son más pobres”. La extrema pobreza en África Subsahariana se ha incrementado, si bien en Asia hubo una reducción moderada, y en menor medida en el resto de regiones, entre las que figura Latinoamérica. No hay duda que la erradicación de la extrema pobreza es compleja, pero se torna imposible cuando hay ausencia de voluntad política en los gobiernos más poderosos del planeta.

Si revisamos los 9 países más ricos del mundo: USA, Japón, Alemania, China, Reino Unido, Francia, Italia, España, Canadá, sólo algunos han mostrado gestos de cooperación y solidaridad real con los menos favorecidos. Ya en junio del 2005, el G 8 confirmó la condonación de la deuda externa a favor de las 18 naciones más pobres. Sería interesante que estas sólidas economías continúen con un calendario de condonación al resto de países, en coordinación directa con el FMI, el BM, el Club de París, y otros acreedores multilaterales.

Aún así, el contexto político mundial de hoy, y quizá del mañana, parecería no ser favorable. Estados Unidos viene sumido en su propia agenda interna, dedicada casi exclusivamente a la guerra, la invasión a Irak y Afganistán, pero sobretodo a la ejecución de una política fundamentalista contra el terrorismo. Condoleezza Rice, recientemente en Madrid, sostuvo que su país es líder en el respeto a los derechos humanos, cosa por demás curiosa si recordamos Guantánamo, el traslado secreto de “sospechosos” utilizando espacio aéreo europeo, la no ratificación de la “Convención Americana de DDHH” o el Protocolo de Kyoto, y la permanente solicitud de inmunidad para sus soldados.

Por otro lado, la Unión Europea viene debilitada después de la negativa del pueblo holandés y francés al tratado por el que se establece una Constitución para Europa. Desde entonces, pese al ingreso de Bulgaria y Rumania, el proyecto más ambicioso de integración supranacional ha quedado en un limbo, si bien Ángela Merkel, canciller alemana y presidenta del Consejo Europeo, está inmersa en propuestas para impulsar la organización que acoge hoy a 27 Estados miembros.
En el ámbito estatal, el gobierno del Reino Unido viene cosechando frutos, a raíz de su aventura expansionista y hegemónica. La renuncia de Tony Blair como primer ministro británico, al margen de la asunción de su sucesor Gordon Brown, ha significado un duro revés para los laboristas. No habrá otra dama de hierro, pero la vuelta al poder del partido conservador es cuestión de tiempo y estrategia.

El otrora aliado de USA, España, vive hoy preocupado en sus 4 grandes flagelos domésticos: El desempleo, el terrorismo, la inmigración, y la vivienda. El hecho de que los socialistas conduzcan hoy el gobierno ibérico, no garantiza su permanencia en el poder después de las elecciones generales del 2008. El sistema bipartidista que posee, posibilitaría el regreso del Partido Popular (la derecha franquista) al Palacio de Moncloa, máxime si el resultado de las elecciones autonómicas y locales satisfizo la expectativa de los populares.

Francia, por su lado, ha sido tomada, en las últimas elecciones presidenciales, por la derecha conservadora de Nicolás Sarkozy. La estrategia de Sarkozy no sólo estuvo encaminada a la derrota de la socialista Segolène Royal, sino a resquebrajar la izquierda francesa y a debilitarla para las próximas elecciones parlamentarias. En Italia, por el contrario, gobierna la izquierda merced a un pacto de varias agrupaciones partidistas. No obstante, la estabilidad del gobierno italiano no parece sólida, al menos después de la dimisión de Romano Prodi, hoy nuevamente en el poder gracias a un segundo voto de confianza.

La derecha parece retornar en Europa. Del gobierno americano (hoy republicano, mañana demócrata) poco o nada se puede esperar. Con este panorama sombrío, el mantenimiento de la solidaridad social global, o su impulso para erradicar la pobreza extrema, parece inalcanzable. Es evidente que la justicia social, la igualdad de oportunidades, el estado de bienestar, la reducción de las brechas sociales y económicas, son ajenos a los proyectos del neoliberalismo.

Si los 100 países más pobres tendrían condonadas sus deudas externas, habría más presupuesto para sus sectores sociales: Educación, salud, vivienda y empleo; si los Estados más poderosos del globo renunciaran a la guerra y al desarrollo armamentista, los miles de millones de dólares ahorrados serían destinados a educar y desarrollar tecnología de punta en los países menos avanzados; si las multinacionales farmacéuticas ofrecieran medicamentos subsidiados para encarar el VIH, o flexibilizaran sus patentes para producir en masa genéricos; si las naciones industrializadas cumplirían de verdad sus metas para disminuir la contaminación ambiental, otro mundo sería posible.

¿Bicameralismo o más de lo mismo?

En la última sesión del Pleno se ha iniciado el debate del dictamen que plantea la instauración del bicameralismo en nuestro ordenamiento. El autor del proyecto (Víctor Andrés García Belaúnde), el APRA, y algunos analistas improvisados han saludado la propuesta, lo cual no deja de preocuparnos, porque nos pone frente a un dilema: El Instituto de Gobernabilidad del APRA ¿es un centro de segunda?, o es que sus alumnos no aprenden lo impartido por tan ilustres “politólogos”.

El debate en mención gira en torno a dos posiciones encontradas: a favor y en contra. Quienes se oponen al retorno del Senado, por cuestiones estrictamente presupuestarias, apelan a un fundamento tan simplista, por el que todo se reduce al poderoso caballero “don dinero”. Al mismo tiempo, aquellos que abogan por la eficiencia y eficacia de un Congreso Unicameral (Natale Amprimo) padecen de Alzheimer, puesto que olvidan la crisis, manipulación, e ineptitud, de los Congresos que han ejercido potestad legislativa.

La idea de contar con una segunda cámara es acertada y crucial para oxigenar la democracia asfixiada que padecemos, pero sobretodo para lograr armonía con la representación política, tan venida a menos desde 1993. No obstante, la forma de elección, la composición, y el marco de competencias para el Senado, resultan equivocados. Lo único resultante de esta reforma constitucional será traer a colación el statu quo vigente desde la aprobación de la constitución fujimorista. Conclusión: El nuevo Senado será más de lo mismo.

Es inconcebible, en primer lugar, pretender una elección senatorial por distrito único, tomando como circunscripción el territorio nacional. En un escenario donde la mayoría de población electoral se concentra en la capital y en dos o tres departamentos más, el distrito único es contraproducente y fortalece el centralismo, pues es evidente que la mayoría de los senadores serán de Lima, La Libertad, Piura, Puno, Arequipa. Recuérdese sino la composición del Congreso en 1993, 1995, 2000, cuando regía el distrito electoral único.

Segundo, la representación asignada al Senado es errónea. La Cámara senatorial no representa al Estado nacional, sino a las regiones o departamentos de un país (Alemania, España, Italia, USA, Suiza, Canadá, etc.). Por lo tanto, la idea de circunscripción única para su elección contradice el espíritu mismo de su existencia. Se advierte, más bien, cierta contradicción, dado que al establecer en 48 el número de senadores, se estaría pensando en dos representantes por cada departamento del país (similar al modelo americano). Pero, como se ha dispuesto distrito único, los senadores elegidos serán los 48 que obtuvieron mayor votación electoral, sin importar si éstos provienen de todas las regiones.

Finalmente, el marco de competencias es similar a lo que teníamos con la Carta de 1979, es decir el Senado tendrá iniciativa legislativa, decidirá si hay o no lugar a acusación constitucional, conocerá los estados de excepción declarados por el gobierno, ratificará los nombramientos de altos funcionario del Estado, y actuará como cámara de reflexión de los proyectos aprobados por los diputados. No se evidencia por tanto competencias vanguardistas para la segunda cámara, menos aún atribuciones distintas a los Diputados. La única diferencia será que la Cámara de Diputados otorgará voto de confianza al gobierno, interpelará y censurará a los ministros. El Senado no.

De esta forma, el proyecto de ley (ya en orden del día) instaurará lo que en doctrina se conoce como bicameralismo perfecto. Antes de 1993 algunos expertos decían que contábamos con un bicameralismo imperfecto (y es lo que en el fondo se quiere con esta nueva reforma), pero tal posición no era del todo cierta, puesto que sólo en el plano formal teníamos 2 cámaras con atribuciones distintas. En el plano real, no existía una clara diferenciación de funciones, por tal razón, el CCD lo utilizó como pretexto para suprimir el Senado.

Una propuesta responsable y técnica tiene que ser vanguardista, y ello no pasa por instaurar un bicameralismo perfecto o imperfecto, sino un bicameralismo funcional. He sostenido en artículos anteriores que un senado debería adecuarse al contexto político actual por el que atraviesa el Perú. En medio de un proceso de descentralización, resulta pertinente darle al Senado una representación territorial.

Bajo estas premisas, el país requiere 52 senadores (2 por cada región) que tengan participación activa e incluso derecho de veto en todo proyecto de ley que verse sobre descentralización fiscal, gobiernos regionales, municipalidades, autonomías, y todo aquello que tenga repercusión en el segundo y tercer nivel de gobierno. Estos 52 senadores podrían ser electos en sus respectivas regiones, o podrían ser designados políticamente por los 26 gobiernos regionales, en base a mérito, trayectoria profesional intachable, ética y moral indiscutibles, y con un pleno compromiso democrático.

Para terminar vale la pena mencionar que si la propuesta de García Belaúnde prospera, el Perú tendría como ilustres senadores vitalicios al Gral. Morales Bermúdez, Alberto Fujimori, Alejandro Toledo, Alan García, mandatarios tan cuestionados y sobre los que pesa conductas delictivas (salvo el ex militar). Al disponer que para ser senador se requiere 35 años de edad, surge en mí la siguiente duda: ¿Cuáles son los parámetros de racionalidad que sostengan que la vejez otorga mayor nivel de reflexión o capacidad técnica para aprobar una ley? Me parece una afirmación simplista que no merece mayor comentario.

Internacional: Elecciones autonómicas y locales en España

En cumplimiento de las normas y disposiciones electorales estatales, y de acuerdo a sendos decretos autonómicos, la ciudadanía española fue convocada a elecciones generales para designar autoridades regionales y locales. Si bien no habrá elecciones en todas las comunidades autónomas, a lo largo y ancho de la península ibérica, incluida las islas ibéricas, se vienen desarrollando campañas electorales a favor de los partidos políticos en contienda.

La TV., radio, Internet, las calles, están infestadas de propagandas y afiches que muestran propuestas programáticas y no ideológicas, salvo los partidos regionalistas, caracterizados desde siempre por reivindicar “nacionalismos” al interior de España. De esta forma, el 27 de mayo serán electos las Asambleas Legislativas de 13 comunidades autónomas (Cantabria, Castilla y León, Extremadura, Murcia, La Rioja, Navarra, Canarias, Baleares, Madrid, Aragón, Valencia, Castilla la Mancha, Asturias) y los concejos de 8,111 ayuntamientos.

Actualmente la comunidad de Madrid y el ayuntamiento de Madrid se encuentran en manos de la derecha franquista -el partido popular (PP)-, y es probable que conserve el poder en la capital. Sólo una mínima diferencia posibilitaría un gobierno pactado entre el PSOE e IU. La desventaja del PP es que sus pasivos son más que sus activos: corrupción sistemática de los gobiernos locales que ha dirigido o conduce; oposición férrea a las políticas vinculadas con la igualdad, inmigración, memoria histórica y medio ambiente, pero sobretodo, utilización sistemática de las víctimas de la violencia ETARRA como eje central de su campaña.

A nivel de las comunidades autónomas algunas encuestas de opinión dan como favorito a este partido popular (de las 13 conseguirían 7 gobiernos regionales), aunque las estrategias de campaña política del PSOE vienen afianzándose a escasos 6 días para las elecciones. Por el contrario, Izquierda Unida aparece muy disminuida a pesar de las propuestas programáticas que ha planteado durante los debates que las tres agrupaciones han sostenido en televisión.

Baste por ahora el tema mediático y de campañas electorales, insuficiente por cierto, pero innecesario si nuestro propósito es abordar algunas peculiaridades del sistema político español. En primer término, no todas las regiones tendrán elecciones. Las autoridades regionales de las comunidades autónoma de Cataluña, Galicia, País Vasco, Andalucía, continuarán ejerciendo poder hasta el término de sus mandatos, o hasta que sus gobiernos sean disueltos conforme a sus ordenamientos jurídicos respectivos.

En segundo lugar, el régimen parlamentario no es exclusivo del gobierno nacional, sino que también rige en el segundo y tercer nivel de gobierno. Por lo tanto, no se eligen a los Ejecutivos de las comunidades autónomas y municipalidades (presidentes regionales y alcaldes), sino a sus parlamentos o asambleas legislativas (consejos regionales y concejos municipales). Una vez elegido estas instancias, las fuerzas políticas designan al partido o partidos que se harán cargo del gobierno regional o local.

Como quiera que no se eligen los gobiernos sino los parlamentos o concejos, los partidos compiten para obtener el mayor número de escaños, pues de ese modo tendrán fuerza y peso político para influir en la designación del Ejecutivo. Demás está decir que el partido, o alianza de partidos, que logre el 50% más 1 de los escaños legislativos, tendrá los votos suficientes para designar al gobierno autonómico, el cual será -sin duda- del propio partido, y estará dirigido por el candidato que en la lista postulaba con el número 1.

¿Qué sucede cuando ninguno de los partidos logra obtener la mayoría de escaños? Con eso voy al tercer punto. Los gobiernos españoles, autonómicos o municipales (inclusive el nacional), son gobiernos de coalición o alianzas entre dos o más partidos políticos, siendo frecuente que quien obtenga el mayor número de votos no necesariamente ejerza el gobierno. Ahora bien, estos pactos son pre electorales o post electorales, siendo evidente la excepcionalidad de los primeros, en virtud al hecho de tener mayor poder de negociación luego de conocido el escrutinio oficial.

En cuarto lugar, el sistema de partidos español muestra un pluripartidismo en los 3 niveles de gobierno, aunque los partidos hegemónicos son el PSOE y el Partido Popular (izquierda y derecha respectivamente), seguidos en tercer lugar por el partido comunista Izquierda Unida, el mismo que desde la transición democrática de 1978 no ha ejercido el gobierno nacional en España, ni lo ejercerá debido al relego en que se encuentra, a no ser que el deterioro significativo del PSOE y PP se lo permita.

En quinto y último lugar, las elecciones en todo nivel son voluntarias; y al igual que en Reino Unido o Suecia puede votarse por correo postal cuando se está fuera del distrito electoral de empadronamiento. Después del gobierno nacional, la pugna entre el PSOE y PP se traslada al nivel autonómico, mientras que el interés se difumina en el nivel municipal, en donde los requisitos para presentar listas electorales no son tan exigentes como parece.

Más allá de las encuestas recientes y de las campañas electorales en vigor, el sufragio que se avecina será una radiografía de las preferencias electorales de cara a las elecciones nacionales del 2008. Por el momento, existe una ligera ventaja a favor del PSOE para ejercer nuevamente el gobierno español. Aún así, todo dependerá de las propuestas programáticas que la derecha e izquierda cuajen en los indecisos. En la España de hoy, los asuntos que más preocupa a la ciudadanía son: Terrorismo y seguridad, inmigración, vivienda, desempleo, igualdad de oportunidades.

Reflexiones sobre la descentralización y Gobiernos Locales

La política centralista del gobierno actual, bajo el manto de un proceso de descentralización artificial, viene ignorando la importancia histórica de las municipalidades a lo largo de la vida republicana del país. Los decisores políticos del gobierno central, merced a una improvisación patógena en la transferencia de funciones, continúan irrogándose un espíritu democrático descentralista, avalado involuntariamente por los diferentes actores locales, ONGs, analistas políticos, y otros expertos en gobiernos multinivel.

A menudo se olvida que las decisiones y propuestas racionales en el ámbito de los gobiernos locales tienen que nacer a partir de un adecuado entendimiento de la autonomía local. Bajo esta premisa, la definición más acertada de autonomía local es aquella que proclama la capacidad de las municipalidades para gestionar, ordenar, e intervenir en una parte importante de los asuntos públicos. Es necesario, por tanto, contar con la potestad para ejercer competencias sobre una determinada materia, con lo cual “autonomía” y “competencias” son conceptos ligados indisolublemente.

Apelar a dicha autonomía no es -como pretende el APRA y la derecha- invocar libertinaje en la administración y distribución de las finanzas públicas locales. La existencia de un ordenamiento jurídico nacional prohíbe per sé comportamientos anárquicos en el tercer nivel de gobierno, máxime tratándose de Estados unitarios. Que algunas municipalidades hayan tenido gestores deficientes o decisores políticos de poca monta es otro cuento, inevitable incluso en otros países más desarrollados, donde la actividad oportuna de los interventores (contralores) restaura el orden democrático.

Ahora bien, la transferencia de competencias no debe ser, ni tiene que ser, una concesión graciable o demagógica del Poder Ejecutivo o del Parlamento. Es más, la transferencia debería ser del tipo “bottom – up”, es decir son los gobiernos subnacionales quienes deben solicitarlas en virtud a sus necesidades institucionales y reales capacidades de gestión. No perdamos de vista que las tres características de toda competencia son: exclusividad (cuando no son competencias compartidas), decisoriedad, especificidad.

Pese a estas consideraciones usualmente claras, los gobiernos de turno se han caracterizado por ser excesivamente centralistas. Lo que han hecho desde los albores de 1980 ha consistido en meras desconcentraciones administrativas, aún cuando los prefectos, gobernadores, o presidentes de los consejos regionales, fueron personajes de confianza designados discrecionalmente desde Lima Metropolitana. Por lo tanto, ningún traspaso de gestión burocrática puede equipararse a un proceso de descentralización, pues éste comporta transferencia de poder político real y no únicamente nominal.

En sintonía con dicha transferencia de poder avalo la bondad de un Estado descentralizado, porque un poder compartido entre dos o tres niveles de gobierno es más democrático que un poder centralizado en un solo nivel, aunque la eficiencia gubernamental tenga otra dirección. Así por ejemplo nadie dudaría en términos de eficiencia y eficacia sobre la gestión pública en Francia o Reino Unido, aunque ambos países sean centralistas por vocación.

Ahora bien, la existencia de tres niveles de gobierno generará siempre conflictos competenciales, máxime en el caso de las competencias compartidas. Salvo Educación y Salud, el resto de competencias sectoriales están reservadas, en principio, para los gobiernos regionales y no así en favor de los gobiernos locales, pese a que éstos últimos (por el principio de subsidiariedad) vienen ejecutando de manera artesanal políticas en turismo, medio ambiente, comercio interior, entre otros.

¿Pueden las municipalidades asumir competencias sectoriales? SÍ, en tanto y en cuanto la naturaleza de la materia y la capacidad de gestión de sus burocracias locales lo permitan. Aunque la educación y la salud, competencias claves del desarrollo humano y social, aconsejen a las municipalidades su prestación debida, me temo que de las más de 1830 instituciones ediles sólo un porcentaje cuenten con real capacidad para gestionarla eficientemente. La transferencia de salud y educación no deben hacerse por simple populismo, sino para eficientar su prestación.

Todas estas razones conllevan a concluir que al presidente Alan García la educación no le interesa. Ocupa un lugar prioritario en su agenda los tratados de libre comercio, y la sumisión incondicionada a Washington. Es probable que algunos sostengan lo relevante del crecimiento económico; no obstante desde 1950 ha quedado demostrado que si bien el desarrollo económico puede ayudar, no garantiza la igualdad, mucho menos la consolidación de la democracia sustantiva. De nada sirve crecer 6% anual si existe una distribución inequitativa de los recursos.

Por lo tanto, las transferencias futuras programadas en el calendario “descentralizador” de este gobierno se prestarán al juego político y a las condiciones del APRA, con lo cual se enciende el riesgo inminente de evitar la ejecución de planes de desarrollo a largo plazo, y sobretodo se genera la perversión de que las prioridades de los gobiernos regionales y locales se orienten en función de los recursos a transferirse y no en función a las necesidades de los gobiernos subnacionales, y por ende de los ciudadanos.

Repensando en el concepto de autonomía local

A raíz de la aprobación del DS 025-2007-PCM, por el que se fija remuneraciones y dietas de alcaldes y regidores, algunos análisis profusos han sostenido que la medida adoptada ha vulnerado la autonomía de las municipalidades. Tan sólo para el presidente García y el partido de gobierno el decreto aprobado es legal y constitucional, habiendo obedecido su emisión a una decisión legítima enmarcada dentro de las potestades y atribuciones que el sistema constitucional otorga al Poder Ejecutivo.

Si bien una adecuada interpretación sistemática de la constitución, con todo el bloque de constitucionalidad que ello implica, puede llevarnos a concluir que la autonomía local ha sido infringida, merece la pena determinar el contenido esencial de tal autonomía, máxime cuando el propósito es delimitar el corpus de actuación de los gobiernos regionales y locales. Dicha tarea, nada sencilla, supone tener en cuenta dos aspectos sustanciales: Distinguir la autonomía funcional de la autonomía política; y, excluir el principio de jerarquía en la relación entre gobierno central y gobiernos subnacionales.

Respecto a la primera consideración cabe advertir que la autonomía política supone, normalmente, autonomía funcional, pero no toda autonomía funcional conlleva autonomía política. El BCR, las entidades de tratamiento empresarial, los organismos reguladores, entre otros, tienen garantizado independencia en el ejercicio de sus funciones. Para evitar la intromisión de terceros, la constitución o la ley reconocen la autonomía funcional para el adecuado desempeño de atribuciones, aunque a veces estas instancias son capturadas por el poder político o económico.

Empero, lo que estas entidades no tienen es autonomía política. Primero, porque carecen de atribución para adoptar decisiones políticas, es decir, no ejercen funciones de gobierno; segundo, porque al no tener una legitimidad derivada de elección popular sus ámbitos quedan relegados al campo técnico administrativo; y, tercero, porque no tienen potestad para aprobar normas generales y abstractas de carácter vinculante a todo ciudadano. Pueden autonormar sí su organización interna, y sus disposiciones serán obligatorias en tanto y en cuanto el ciudadano posea una vinculación administrativa.

Desde esta perspectiva, los únicos órganos que gozan de autonomía política son, a nuestro entender, el Parlamento y el Poder Ejecutivo en el nivel del gobierno central, y los gobiernos locales y regionales en el ámbito subnacional. Está demás decir que también poseen autonomía económica y autonomía administrativa para el ejercicio de sus respectivas burocracias.

En cuanto a la segunda consideración, es menester soslayar que en la relación entre gobiernos de distinto nivel no cabe espacio para el principio de jerarquía. Entre los gobiernos de un mismo Estado no existe subordinación, sino por el contrario una relación de cooperación y coordinación entre autonomías políticas que ejercen potestades y atribuciones en una determinada jurisdicción. Ello, sin duda, no es óbice para que los gobiernos subnacionales, en virtud a la garantían institucional de la que están investidos, pretendan estar al margen del ordenamiento jurídico nacional y de los lineamientos generales de políticas públicas legítimamente tomados por el gobierno central.

Por lo tanto, la vinculación entre gobierno central y gobiernos subnacionales se rige por el principio de competencia. Ahora bien, si el ejercicio de una competencia está delimitado por decisiones políticas que un gobierno toma soberanamente sobre su territorio, ¿Hasta dónde llega dicha autonomía? Responder tal interrogante sin utilizar un metalenguaje determinado es incómodo, pero intentaremos despejar tal inquietud para nuestros lectores.

En Estados federales son las constituciones políticas las que establecen la separación de competencias entre el Estado federal central y los Estados federados, de manera que el reparto competencial y el ejercicio de la autonomía política llegan hasta donde expresamente prevé el texto fundamental. En cambio, en Estados unitarios descentralizados, la distribución de competencias lo hace una ley (orgánica u ordinaria), y si esta norma no es clara e inequívoca resulta complejo determinar hasta dónde llega la autonomía subnacional, máxime tratándose de competencias compartidas y delegadas.

En este último supuesto, la autonomía política queda delimitada por el juez constitucional vía el proceso denominado “Conflicto de competencias”. De esta forma, la amenaza al proceso de descentralización por parte de un Congreso hostil, sujeto al juego político interesado de los grupos parlamentarios, se ventila ante el Tribunal Constitucional. Empero, si la agresión proviene de un Poder Ejecutivo abiertamente centralista, el conflicto se resuelve vía la “Acción Popular”, merced al cual el Poder Judicial ordenará la ilegalidad o inconstitucionalidad de un decreto del gobierno.

Como es de observarse, el conflicto competencial entre gobierno central y regional es de por sí engorroso; no obstante, el problema se agrava cuando entran en escena las municipalidades. De hecho, en Europa y en países sólidamente descentralizados el protagonismo lo tienen los segundos niveles de gobierno (regiones, comunidades autónomas, Länder). Pero nuestro país es municipalista por tradición e historia.

Por tanto, en escenarios regulados deficientemente y con un reparto competencial confuso, la delimitación de las autonomías municipales recaerá en los órganos jurisdiccionales, ordinario y constitucional, quienes determinarán la existencia o no de vulneración autonómica. Se requieren por tanto asesores legales idóneos y gerentes municipales eficientes. Pero además, partidos políticos, alcaldes y regidores, con capacidad de negociación ante el poder central, porque la solución al problema, no es, ni será, únicamente normativa.

La autonomía asfixiada de las Municipalidades

El Poder Ejecutivo ha dispuesto ayer jueves 22 de marzo, vía decreto supremo 025-2007-PCM, los montos que por todo concepto percibirán los alcaldes distritales y provinciales del país. La responsabilidad de aprobar el decreto, tres años después del plazo previsto por la ley 28212 (promulgada en abril del 2004), fue sorteada por un Toledo que quería ser descentralista y no pudo, y ahora es asumida por un García que no puede ser descentralista aunque lo quiera.

Con esta medida continúa el acoso a la autonomía económica de los gobiernos locales, sin que las municipalidades desplieguen esfuerzos necesarios para hacer respetar, en las calles, la garantía institucional de la que están investidas. Ya con la aprobación del DU 038-2006 se puso en cuestionamiento la fuerza modificatoria de un decreto de urgencia sobre una ley del Parlamento, pero ello no fue óbice para un Poder Ejecutivo decidido a gobernar vía decretazos.

La ley 28212, madre del cordero, emitida para desarrollar un equivocado artículo 39 de la constitución, subyuga jerárquicamente a los alcaldes al último escalafón en el servicio a la nación, a pesar de que poseen legitimidad directa otorgada por el voto ciudadano. Los ministros de Estado que no representan a nadie, y cuya designación es a dedo, ostentan el tercer lugar, mientras que los magistrados supremos y los miembros de la junta de fiscales supremos son tomados en cuenta cuando tienen un régimen distinto a los demás altos funcionarios.

Deficiencias como éstas deberían ser subsanadas por los reformadores. Quienes ingresan al sector público para hacer carrera (fiscales y jueces) tienen que estar fuera del alcance de la norma y sujetarse a disposiciones especiales de la administración pública. Los presidentes regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y regidores, tienen la misma fuente de legitimidad que el presidente y los parlamentarios. Es irracional, por tanto, que estén por debajo del JNE, TC, CNM, Defensoría, porque no sólo son cargos públicos de representación política, sino que pertenecen a distintos niveles de gobierno.

Tan o más irracional es la fijación del sueldo de alcaldes en base a la población electoral, cuando los criterios pertinentes habrían sido: el nivel de ingresos propios de la municipalidad, el monto de las transferencias ordinarias, y el tamaño del aparato burocrático local. Tres indicadores mínimos que hubieran interactuado sobre un monto máximo consensuado entre el gobierno central y los primeros regidores provinciales, con acuerdo de los respectivos concejos distritales. Si la ley primigenia, con las modificaciones hechas, ya preveía techos máximos, ¿Era necesario un decreto supremo interventor?

Por lo tanto, el decreto supremo 025-2007-PCM no sólo violenta la autonomía económica de las municipalidades, sino además la autonomía política. No hay duda de que al prescribir que las reducciones de ingresos deberán ser aprobadas por Acuerdo del Concejo, se está coactando a los legislativos municipales (los concejos) a emitir normas dentro de los 15 días de entrada en vigor del referido decreto. La potestad legislativa de los regidores ya no obedece a una decisión discrecional y oportuna, sino a la imperatividad de un decreto supremo decido por el gobierno central.

Al igual que muchos demócratas, estamos en contra de la fijación irracional y desmesurada de remuneraciones que se han hecho en algunas jurisdicciones locales, como también en contra de la ejecución de antojadizos proyectos de infraestructura que no justifican enormes inversiones infuncionales, sobretodo en ayuntamientos rurales. Pero nuestra apología no es en beneficio de casos particulares, sino en favor de los fueros municipales.

¿A quién pretende este gobierno darle lecciones de austeridad presupuestaria? Se habla ostentosamente en nombre de la austeridad y el ahorro público, y la señora Mercedes Cabanillas, presidenta del Congreso, ha solicitado a la Comisión de Presupuesto un crédito suplementario para su sector, el mismo que será financiado con ahorros del presupuesto institucional parlamentario del año 2006. Si eso es ahorro público, economistas de la talla de Yunus, Prescott, Stiglitz, Friedman, o Amartya Sen, quedarían estupefactos.

Es más, la cuestionada ley 28212 prevé en su artículo 4, inciso a), que el presidente, al concluir su mandato, recibirá en forma vitalicia una pensión equivalente a la retribución de un parlamentario en ejercicio. Es decir, los ex presidentes cobrarán perpetuamente 15, 600 soles sentados en casa sin hacer nada. Mientras el ciudadano de a pie tiene que sudar la gota para llevarse un pan al hogar, los ex presidentes, aunque hayan sido mediocres, gozarán de tal privilegio. Didáctica lección de austeridad que linda con la falta de ética y con la pérdida de valores solidarios con un país que alberga miles de pobres.

¿Cuál es la motivación que impulsa el doble discurso de Alan García? Al parecer, la única motivación es el solo hecho de ser aprista. La cuestión funcional de su pretendida reforma de Estado, la eficiencia y eficacia de la gestión pública es burda retórica para un pueblo cada vez más engañado. Sino preguntemos al APRA lo funcional que puede ser para nuestro país acreditar, hace algunos días atrás, a un embajador ante el Vaticano ¿Para qué? Probablemente para intermediar por las almas de los pecadores peruanos.

Cuando la fuerza impone su voluntad

El pasado 17 de marzo se ha conmemorado el cuarto aniversario de la invasión a Irak y los resultados de la barbarie arrojan la descomunal cifra de más de 100 mil iraquíes muertos, entre civiles y soldados, y aproximadamente 3,200 soldados de la coalición invasora caídos en combate. Con la última ampliación presupuestaria solicitada por la Casa Blanca y el Pentágono, el coste económico de la guerra se estimaría en 600 mil millones de dólares, sin considerar costes indirectos que supuso, por ejemplo, el alza del precio del petróleo.

Hoy Irak ya no vive una guerra, sino una masacre. Sumida en una cruenta guerra civil cuya solución para el presidente norteamericano es la ocupación del país como la medida garante de la democracia en el golfo, no hay día en el que no se informe la pérdida de más vidas humanas. La historia ha demostrado que la “guerra preventiva” contra el terrorismo y sobretodo el mantenimiento y proliferación de armas de destrucción masiva fueron burdos pretextos para disfrazar intereses geoestratégicos de las potencias hegemónicas.

Es en conmemoración a ese cuarto aniversario que queremos recordar al lector lo que ha causado el poder de la fuerza a lo largo de estos 4 años. Estados Unidos ha arrasado con la mítica y legendaria civilización Caldeo Asiria, también denominada Mesopotamia, asentada entre los ríos Tigris y Eufrates hace unos miles de años A.C. Lo que fueron los Sumerios, Acadios, los imperios de Babilonia (recordada por sus jardines colgantes), Asiria (pueblo guerrero por excelencia), o la ciudad de Ur (donde nació Abraham), hoy queda sólo para la memoria y el recuerdo.

Bush y sus aliados se han ensañado con un pueblo que legó a la humanidad, antes que Grecia y Roma, la escritura cuneiforme, las matemáticas, la medicina, la astronomía, el desarrollo del álgebra, el código de Hammurabi como vestigio primigenio de los códigos legales, y algunos avances en arquitectura, arte y escultura. Toda esta herencia cultural, cuyo coste es invalorable, ha sido borrada del mapa por los fusiles, cañones y tanques. No olvidemos que el 10 de abril del 2003 el Museo Nacional de Bagdad fue saqueado vilmente por el tripartito.

Toda esta catástrofe permite objetar, acaso, la funcionalidad de organismos supranacionales, pero sobretodo de la Organización de Naciones Unidas (ONU). Creada en 1919 luego de la primera guerra mundial como la Sociedad de Naciones (SDN), pero fundada oficialmente el 24 de octubre de 1945, hoy a casi 62 años de vigencia resulta paradójico e inexplicable que el garante de mantener la paz mundial no pueda evitar violaciones reiteradas a las soberanías de Estados menores, económica y bélicamente.

Si la Sociedad de Naciones parida por el Tratado de Versalles fue disuelta por su incapacidad de prevenir la segunda conflagración mundial, ¿No habría que pensar lo mismo respecto a la ONU? ¿Acaso no se suscitaron las guerras de Korea, Vietnam, la guerra Irán – Irak, la invasión de la URSS a Afganistán, etc.? Con 192 Estados miembros en su seno, la ONU se ha caracterizado por su naturaleza altamente elitista y oligárquica, en el que los 5 países más poderosos del mundo, miembros permanentes del Consejo de Seguridad, tienen derecho de veto sobre cualquier resolución de la organización.

Del mismo modo, aunque en menor medida, la inacción de la Unión Europea lo catapulta como cómplice indirecto de la invasión a Irak, porque no sólo Estados miembros como España, Reino Unido, Italia, apoyaron incondicionalmente a Washington, sino porque los derechos humanos parecería importarle poco cuando el violador es un todopoderoso. Los vuelos secretos de la CIA sobre espacio europeo, transportando sospechosos de terrorismo para ser torturados sistemáticamente, es una muestra de que la ley y la justicia sólo se exigen a quienes no tienen poder.

Mientras tanto el Gobierno del Perú se queda inmune ante los acontecimientos históricos. El señor Alan García, aliado incondicional de Bush, no se ha manifestado, ni ha sacado comunicado alguno en contra de la invasión a Irak. Muy por el contrario, le ha abierto nuestras fronteras a sus tropas, suplicando la ratificación de un TLC por demás cuestionado. Al fin y al cabo ¿Qué puede esperarse de un APRA que por tradición fue un partido felón?, ¿O es que se olvida sus pactos con Odría y antes con Prado?

Si es verdad que vivimos en un Estado de Derecho, las democracias más avanzadas del planeta deben dar el ejemplo de que la lucha y la reivindicación por la vigencia de los derechos humanos no han sido en vano. Salvo que la vida, como derecho humano, sea una cojudez, según “sabias” palabras del inefable Cardenal Cipriani, esperamos que los tribunales internacionales no claudiquen cuando tengan que juzgar por lesa humanidad a George Bush, Tonny Blair, José María Aznar, y a todos aquellos que digitaron tal insania, alevosa, premeditada y criminal.

Un aporte a la agónica descentralización en el Perú

Para impulsar un auténtico proceso de descentralización resulta clave el diseño institucional sobre el que tiene que asentarse. La propuesta de la Red de Municipales del Perú (REMURPE) sobre el Consejo Intergubernamental de Descentralización es una iniciativa saludable, aunque no suficiente. Se hace imperativo, además, la voluntad política del gobierno central, porque un ente sin autonomía o con decisiones que carezcan de carácter vinculante servirán muy poco a los fines del proceso.

La constitución fujimorista de 1993 extinguió el bicameralismo sin argumentos funcionales, pero con intenciones manipuladoras y oscuras. Al fin y al cabo, todo dictador es enemigo de la distribución del poder, sea horizontal o vertical. El resultado: centralismo, ineficiencia, infra representación ciudadana, aprobación desmedida de leyes improvisadas y utilitaristas, ausencia de control y fiscalización a las diferentes entidades públicas.

Contar con un Parlamento unicameral puede ser funcional en poliarquías avanzadas donde no existen problemas de sub representación, y donde los legisladores están altamente profesionalizados (democracias nórdicas por ejemplo). No obstante, en países con alta polarización social y política, presencia de sectores sociales huérfanos de representación, con partidos políticos escasamente disciplinados pero altamente improvisados, el unicameralismo es a todas luces contraproducente.

Si la descentralización supone la distribución vertical del poder, es necesario contar con un bicameralismo que impulse el proceso, pues un Estado que va a conformar autonomías requiere de un órgano político que canalice las demandas de las regiones o entes territoriales de segundo nivel de gobierno. No perdamos de vista que los diputados representan a la Nación, además de los ciudadanos obviamente. Ahora ¿Quién representa a las regiones? En el Perú nadie, pero en sistemas bicamerales lo ejerce el Senado, además de otras tareas.

Esa es la razón por la que el mecanismo de elección de ambas cámaras es distinto. Los diputados se eligen por distritos electorales que responden a criterios de población electoral, mientras que en la elección senatorial la designación obedece no necesariamente al número de electores, sino a la configuración territorial del país. Bajo esta perspectiva, cada región puede tener un número igual de senadores (USA), o además puede introducir el número de electores para generar una mejor representación (Alemania).

Tomando en consideración los estudios comparados, estimo que para garantizar un saludable proceso de descentralización es necesario instaurar un Parlamento bicameral. El nuevo Senado estaría compuesto por 1 ó 2 representantes de las regiones, designados por los miembros de los respectivos consejos regionales.

Quienes argumentan a favor del unicameralismo por cuestiones presupuestarias y para evitar duplicidad de funciones, confunden un bicameralismo perfecto con otro imperfecto. Además no son conscientes que el Perú adolece de una grave sub representación política. Un ejemplo concreto de nuestra actual Cámara de Diputados: Cada diputado representa hoy a algo más de 125 mil ciudadanos (en términos electorales), y a un promedio de 230 mil personas (en términos de población global).

Ello es inaudito en un país que no es pequeño, ni poblacional, ni territorialmente. Bolivia con casi 1/3 de población menos tiene 157 congresistas entre senadores y diputados, Chile tiene 158, Noruega 165, Suecia 349, Finlandia 200, Dinamarca 179. Democracias europeas estas últimas, unicamerales por cierto, que en conjunto no sobrepasan los 25 millones de habitantes, comparado con los casi 28 millones que posee el Perú.

Es necesario acotar que por tratarse de un bicameralismo imperfecto, el Senado peruano no ejercería las mismas atribuciones que la Cámara de Diputados, pero sí tendría participación directa, y acaso derecho de veto, sobre las leyes que versen en descentralización, reparto competencial, federalismo fiscal, y gobierno multinivel. Sólo de esta forma podrá ser sostenible un proceso de descentralización agonizante, sujeto cada vez más al buen humor del demagogo Alan García y a un APRA centralista por vocación.

La iglesia católica y la gobernabilidad de un Estado

A lo largo de la historia los dos flagelos más grandes del planeta fueron, y son, las guerras y la religión. En nombre de ellas se han perdido tantas vidas humanas, y ambas hoy por hoy significan un obstáculo a la gobernabilidad de cualquier Estado. La doble moral que la iglesia profesa para inmiscuirse en la vida pública es comparable al pretexto que usan los poderosos para, en nombre de la paz, violar soberanía ajena e instaurar un supuesto orden de acuerdo a su propia percepción.

Si en la edad media la iglesia hizo su festín matando a miles de personas (recordemos las cruzadas, la guerra de las religiones a raíz de la reforma protestante, la guerra de los 30 años, y por último la inquisición), en la edad contemporánea son los Estados hegemónicos (militar o económicamente) quienes deciden sobre el destino de otros Estados. El tema medio ambiental, la famosa guerra preventiva, la lucha contra el terrorismo internacional, el pretexto de interdicción de armas nucleares y destrucción masiva, son sólo algunos ejemplos ilustrativos.

La religión católica, al igual que la musulmana, es por definición fundamentalista y ortodoxa. Lo mismo puede sostenerse respecto a otras iglesias, con ciertas reservas hacia los anglicanos y presbiterianos. Lo relevante en todo caso es la hipocresía natural que lleva dentro y la doble moral que comporta a la hora de dar lecciones de vida. Sus dogmas de fe casi siempre lo vincularon con gobiernos autoritarios, y por mantener sus privilegios decimonónicos estuvieron al lado de la derecha. Recordemos la Italia de Benito Mussolini, o la España de Franco.

Por estas razones la iglesia católica es contraria a todo intento de gobernabilidad. Su conservadurismo, tradicionalismo, machismo, dogmatismo, interés, doble moral, no encajan con los supuestos básicos de toda política progresista. En el Perú, los gobernantes de turno no han tenido cojones para evitar que la iglesia meta sus narices en política. El peso del voto de los cristianos católicos, apostólico, romanos, los han disuadido, al punto de no entender que la competencia de la iglesia debe circunscribirse únicamente a salvar las almas de sus fieles. Algunos ejemplos concretos:

En el tema del feminismo, quien se opone a medidas vanguardista para reivindicar a las mujeres es la religión. Desde la creación del hombre se muestra un machismo evidente. El hecho de que la mujer haya sido creada a partir de una costilla de Adán, denota dependencia. La tentación de Eva por comer la manzana prohibida del árbol de la ciencia arroja una carga valorativa muy fuerte, pues muestra una supuesta debilidad del sexo femenino. A raíz del pecado original el castigo impuesto a la mujer fue: “Parirás tus hijos con dolor”. Pues bien, la predominancia del hombre ha sido adoptada por la iglesia en su seno, ¿Algún fiel conoce a una obispo o arzobispo?; ¿De acuerdo al derecho canónico, podríamos tener a una mujer como la sucesora de Pedro, o a lo sumo como cardenal?; ¿Cuál es el papel de las monjas en la comunidad católica, ejercen acaso cargos de importancia?

Pero el papel de la iglesia es más que cuestionable cuando se abordan los derechos sexuales y reproductivos de la mujer. Cada vez que el aborto, como derecho libre y soberano, es puesto en la agenda pública de los gobiernos, quien se opone férreamente es la iglesia. Desafiando a la ciencia prescribe que la despenalización del aborto supone la legalización del mismo, atentándose contra la vida del que está por nacer. ¿Y la vida de tantas mujeres que recurren clandestinamente a practicar el aborto?; ¿La penalización del aborto ha significado una reducción considerable de su práctica?; ¿Acaso quienes lo realizan no se benefician de la especulación de una actividad ilegal?

Lo más aberrante es cuando en nombre de quien está por nacer la ley obliga a una niña de 9 ó 11 años, violada por algún “inimputable”, a cargar con un castigo que nunca buscó. Pero claro, oír la opinión de quienes son expertos en el rezo y la oración, es como escuchar a Aldo Mariátegui. Algo similar sucede con la distribución de las píldoras de emergencia, a cuyo efecto, dizque abortivo, se oponen los católicos. Ni qué decir tiene el matrimonio de personas del mismo sexo, la vindicación de lesbianas, homosexuales, por ejercer derechos civiles (patria potestad por ejemplo), la clonación, el uso de células madre, etc.

En el tema de la eutanasia sucede algo similar. Los fundamentalistas sostienen que la vida lo concede dios, y solo él puede quitarla en cualquier momento. No obstante, el dios misericordioso no es consciente del sufrimiento y padecimiento de personas dependientes de respiradores artificiales. Afortunadamente la lucha por la consecución de una muerte digna es cuestión de tiempo. Baste con soslayar que la Junta de Andalucía ya aprobó, luego de serios análisis, exámenes y recomendaciones, la desconexión de una mujer que depende de un respirador artificial hace 10 años. Ello será, sin duda, un precedente para España y un ejemplo dado desde una región autónoma.

No entramos a la doble moral del clero por ser ampliamente conocida. A ello se suma las concesiones económicas que el Estado otorga a la iglesia, gracias a la contribución de los peruanos, que a la postre genera desazón. Si Alan García se jacta de su gobierno por ser austero, debería suprimir de inmediato las subvenciones que el Ministerio de Justicia otorga anualmente al clero (véase en los anexos de las leyes anuales de presupuesto). ¿O es que ahora los acuerdos con la iglesia, al igual que con las mineras, son contratos leyes, y por tanto irrevisables?; si en plena reforma del Estado lo que mandan son los resultados ¿No habría que evaluar a la iglesia?

No hay duda que con la conquista española el peor castigo que pudimos heredar es la religión católica. Los problemas terrenales sólo pueden ser entendidos por humanos, y un divino por definición no puede ser humano, porque lo humano es perceptible por humanos, es contradicción, y sobretodo imperfección. Al fin y al cabo el dios sol o los “apus” fueron incondicionales, amorales, centrados en aquello para lo que existen, sin dogmas que profesar, y cuando fueron usados para explicar el orden social lo hicieron en positivo.

Reforma de Estado: En boca de todos, entendido por pocos

El tema de la reforma de Estado viene ocupando los titulares de los diferentes medios de comunicación. Alan García, su gabinete ministerial, y su entorno político partidista, inflan el pecho por las propuestas que la pandilla neoliberal con la que cogobierna ha puesto en la agenda pública. Algunos constitucionalistas, con las limitaciones que otorga el Derecho, han ejercido su derecho a la libertad de opinión, aunque estén del todo errados. Inclusive un candidato al Tribunal Constitucional, con la intención de capitalizar los votos apristas en el Congreso, ha aplaudido las medidas del gobierno.

Políticos reputados, economistas, profesionales de ONG, columnistas de prensa escrita, “analistas” políticos, han abordado la reforma de Estado, aunque de manera poco acertada. Sostener que la reforma es luchar contra la pobreza, la corrupción, el logro de la igualdad y equidad, etc., es confundir los medios con los fines. La reforma de Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para tener el país que queremos. Las propuestas de García, con la intención de obtener la simpatía de sectores sociales largamente excluidos y postergados por la desidia de quienes fueron gobierno, son populistas a todas luces.

Y es que hablar de reforma de Estado y entenderlo supone ubicarse espacialmente y conocer los antecedentes. En Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la reforma se produce en el ámbito de la administración pública. Estos países debido a la sólida institucionalidad política que poseen no necesitan reformas estructurales, sino más bien modernizar sus burocracias a través de herramientas que provienen del gerencialismo. A esto se denomina nueva gestión pública (“New Public Management”), y dependiendo de cada gobierno, el papel del Estado se ha fortalecido o reducido.

Sin embargo, en Latinoamérica se ha pretendido hacer lo mismo a iniciativa del Consenso de Washington y presión de los neoliberales. El éxito que supuso la reducción del Estado en algunos países de Europa, copiado por Chile en su momento, quiere ser aplicado ciegamente por Alan García y su ministra de transportes. Con el afán de lograr la eficiencia y eficacia en la provisión de servicios públicos, insisten en contraer el gasto, reducir la administración pública (no CND, no OPDs, no CEPLAN,), implantar un control por resultados, cuando ni siquiera se han planteado a dónde quieren llegar.

El problema es que en Latinoamérica (pensemos en Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Haití) medidas de este tipo pueden ser peligrosas si se hacen improvisadamente. Nuestros países requieren a priori reformas estructurales en la columna vertebral del Estado, requieren sentar y consolidar institucionalidad política, para luego recién modernizar nuestras burocracias estatales con las herramientas que ofrece la ciencia de la administración y las teorías de organización.

En el Perú, los temas de educación, salud, empleo, están a la orden del día, pero ¿Cómo hablar de reformas educativas, enmiendas en sanidad, creación de empleo, promoción de programas sociales, si el régimen político está agotado y viene demostrando incapacidad patógena para superar la crisis de gobernabilidad? ¿Cómo prometer al pueblo una reforma de Estado si la institución presidencial, como régimen de gobierno, es poco funcional? ¿Cómo levantar las banderas de la democracia representativa si las reglas sustanciales del actual sistema electoral son poco representativas?

¿Cómo pretender crear empleo público si la administración es deficiente, no existe auténtica carrera administrativa, y viene siendo copada por criterios partidistas?; ¿Cómo hablar de empleo digno en el sector privado, si lo más probable es que se generen puestos de trabajo por servicios no personales (denominados en España “contratos basura”), que no reconocen derechos laborales y sociales, y que hacen de la estabilidad laboral un cuento de hadas?; ¿Así quieren TLC?; ¿Cómo ser los adalides de los programas sociales si el Perú está lejos de promover un Estado de bienestar?

Las decisiones gubernamentales sobre políticas públicas son necesarias. Pero ellas no pueden realizarse sin una conexión lógica con reformas estructurales y administrativas que supongan plantear enmiendas al régimen político (gobierno parlamentario, presidencial, semipresidencial), al sistema electoral (sistema de representación mayoritaria o de representación proporcional), a la estructura orgánica del Estado (básicamente evaluar la competencia de los tres poderes), a la distribución territorial del poder (descentralización, autonomías, federalización), al régimen de administración pública (enfoque neo público o neo empresarial), y al sistema de partidos.

Resulta familiar que propuestas de este tipo estén muy difusas o ajenas a los planteamientos del APRA. La situación se agrava si ante una iniciativa vanguardista se le consultara a la ministra de transportes sobre la estrategia para su ejecución. Los asesores del gobierno quedarían inmovilizados si se les preguntara por el cómo, pues es verdad que plantear el qué es mucho más sencillo que el cómo. Los “expertos” en reforma de Estado y las ONGs son campeones en realizar diagnósticos y saber con claridad qué ofrecen o qué requiere el país, pero poseen limitaciones para definir trayectorias de reforma.

Pretender prescindir del Estado es inconcebible en pleno siglo XXI. Solamente cabe esta tentación en la mentalidad de los comunistas ortodoxos (no Estado, sí la dictadura del partido), de los anarquistas (no Estado), y de los neoliberales (no Estado, sí el dios mercado). Por lo tanto, el tema requiere ser debatido con seriedad. Es hora de que los tecnócratas, los partidos, universidades, colectivos, asuman el rol protagónico de pedagogía y diseñen trayectorias claras, eficaces, racionales, que potencien el papel del Estado en beneficio de la sociedad.

Internacional: Antes Cataluña, ahora Andalucía

En los últimos meses se viene experimentando en algunas comunidades autónomas de España procesos de reforma de sus respectivos estatutos de autonomía. El primero fue Valencia, cuya aprobación final no requirió ser ratificada vía referéndum. Luego vino Cataluña, una de las comunidades más desarrolladas de la península ibérica, en cuyo referéndum la población catalana le dijo “SÍ” a su nuevo estatuto. Ahora, el 18 de febrero, por Decreto 2/2007, el pueblo andaluz ha sido convocado a las urnas con la misma finalidad.

Un estatuto de autonomía es la norma suprema de las comunidades autónomas que rige su estructura orgánica, funciones y competencias. No obstante, en virtud al carácter unitario de España los estatutos están sometidos a la constitución española y al ordenamiento jurídico general, con lo cual sus disposiciones no son ilimitadas, ni tampoco se encuentran exentas de control. Su iniciativa está en manos de los parlamentos autonómicos, pasando luego a consideración de las Cortes Generales, culminando con su ratificación definitiva vía referéndum.

En unos días más, Sevilla, Cádiz, Huelva, Córdova, Málaga, Granada, Jaén y Almería, todas provincias de la comunidad de Andalucía -la más grande de España territorialmente y que alberga a unos 7 millones de habitantes- participarán del referéndum convocado, a efectos de manifestarse en favor o en contra de su nuevo estatuto de autonomía. Los dos partidos nacionales antagónicos, el PSOE y el PP, vienen promoviendo campañas a favor del estatuto, mientras que el Partido Andalucista está en contra del mismo.

Pero ¿Por qué el Partido Andalucista se opondría a un nuevo estatuto? ¿Por qué si el nuevo estatuto es más autonómico, habría que decirle NO? Podría entenderse tal actitud si el móvil fuera jurídico, es decir si alguna disposición normativa del nuevo estatuto vulnerara el ordenamiento constitucional español para favorecer deliberadamente a la comunidad. Sin embargo, el móvil del partido regional parece ser político, encaminado a la consecución de imagen y “posicionamiento” que otorgan las tribunas de los distintos medios de comunicación.

Los expertos en procesos de conformación de autonomías han soslayado que el estatuto andaluz se ha elaborado sobre la base del nuevo estatuto catalán, no con fines miméticos, sino tomado como parámetro de referencia. Por tal razón llama la atención que el partido de la derecha recalcitrante en España, el PP, partido de Aznar, Acebes, Rajoy, Manuel Fraga (fundador del PP, cuyo pasado franquista es evidente) apoye el nuevo estatuto de autonomía andaluz y se haya opuesto rotundamente al estatuto catalán, al punto de haber interpuesto a una acción de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional Español.

También son móviles políticos los que impulsan a la derecha para apoyar el referéndum andaluz. Andalucía, a diferencia de Galicia por ejemplo, le ha sido ajena al PP, siendo ahora oportuno estar con la comunidad y con la población andaluza para obtener réditos electorales. Bastaría por tanto al Tribunal Constitucional identificar una disposición estatutaria similar, en Cataluña y Andalucía, para rechazar el recurso interpuesto por la derecha.

Si formalmente se trata de reformas estatutarias, a nivel sustancial se instauraron en ambas comunidades autónomas verdaderos procesos estatuyentes. Se trata por tanto de nuevos estatutos, más autonómicos, con una clara reivindicación de competencias exclusivas, compartidas, y ejecutivas, y sobretodo con disposiciones vinculadas al federalismo fiscal. El problema que podría suscitarse es jurídico, es decir ¿Qué sucedería si el Tribunal Constitucional Español declara inconstitucional el estatuto catalán a pesar de haber sido ratificado vía referéndum?, ¿Podría un tribunal “desconocer” la voz del pueblo?

Nótese que la situación es demasiado seria porque si el supremo intérprete de la constitución declara inconstitucional el nuevo estatuto catalán, en principio lo expulsaría del ordenamiento jurídico español al tratarse de un control constitucional concentrado, “erga omnes” y “ex nunc”. Sin embargo, el tribunal podría utilizar sentencias interpretativas, aditivas, integrativas, para aminorar los efectos duros de la declaratoria de una supuesta inconstitucionalidad.

Este problema no se avizoraba en el pasado porque existía un control constitucional previo de los diferentes estatutos antes de pasar por referéndum. En la actualidad no hay tal control preventivo y la decisión del pueblo podría perfectamente ser “desconocida” por el Tribunal Constitucional. En nuestros países esto resultaría inaudito dado el protagonismo y la importancia de la democracia participativa; pero en democracias representativas sólidas, con un Tribunal Constitucional independiente y capaz, y con procesos rigurosos en la toma de decisiones políticas responsables, un impase de este tipo es superado vía canales institucionales.

Al margen de tales inconvenientes, no perdamos de vista que los estatutos de autonomía reflejan una vocación descentralista del pueblo español. Nos enseña que un proceso de descentralización es más que una simple transferencia trasnochada de competencias; nos muestra que es necesario la presencia de técnicos especialistas en autonomías y no de cualquier “experto”; pero sobretodo, nos evidencia que parte de la reivindicación de poder político debe nacer en las regiones, porque esperar la voluntad del poder central es apelar a la voluntad individual de quien ejerce el gobierno central, y ya sabemos la actitud del APRA.

Un llamado a la Unidad: Hacia un frente de oposición

Han transcurrido más de 6 meses de ejercicio del poder y, salvo, para los apristas el régimen es democrático, efectivo, justo, inclusivo, eficaz y eficiente. El crecimiento económico del país lo justifica todo: centralismo, reducción del aparato estatal, ingreso de tropas norteamericanas, pena de muerte, TLC, cuestionamiento a fallos de la Corte de San José, políticas públicas trasnochadas e improvisadas. No hace falta mencionar taxativamente los errores y desaciertos voluntarios del gobierno. Baste revisar artículos míos o de amigos como Wiener, Javier Diez Canseco, César Hildebrant, Nelson Manrique, Luis Pásara.

Cada analista político, con matices propios, ha interpretado los fenómenos políticos y en base a una descripción de la realidad han soslayado los peligros del régimen actual. El punto de encuentro es que Alan García viene ejerciendo el poder de manera omnipotente, es decir lo tiene todo. Tiene el control del Parlamento, tiene el Gobierno, los ministerios, el BCR, los medios de comunicación, y sobretodo el control de una sociedad civil inerte. Los demócratas más comprometidos han tratado de ensayar soluciones al respecto y ninguna ha resultado efectiva, ni siquiera la idea de una constituyente.

La convocatoria a una “Asamblea Constituyente” para refundar un nuevo “contrato social” (en palabras de Rousseau) es sugerente a todas luces, pero resulta demasiado inoportuna políticamente en la coyuntura actual y en los próximos años. ¿Por qué? Porque en una elección de constituyentes sólo puede participar organizaciones políticas de alcance nacional que tienen inscripción vigente en el JNE. De convocarse a elecciones, el pueblo soberano detentaría el poder constituyente en manos del APRA, la derecha neoliberal, los fujimoristas, y aquellos minúsculos partidos que superaron la valla electoral.

De esta forma, teóricamente, una constituyente le convendría al APRA y a la derecha, pero no a la izquierda ni a los movimientos regionales o locales. De la misma forma, Alan García no tendría problemas para disolver el Parlamento cuando encontrara férrea oposición a sus políticas públicas, pues al disolverlo está forzado a convocar a nuevas elecciones congresales, y gracias a esa inexistente competencia electoral que hoy se da, seguramente el nuevo congreso tendría una composición apro – fujimorista – neoliberal.

Algunos podrían sostener la relatividad de mis afirmaciones en caso Ollanta Humala y otros partidos menores -que no han perdido su inscripción- salgan victoriosos en la constituyente o en un nuevo Parlamento. Es cierto y fundado el escepticismo, pero Humala no tiene partido, ni mucho menos organización, siendo difícil que pueda obtener un 30% o más de la asamblea. No hay que olvidar, además, dos situaciones conexas que a menudo solemos obviar: En el Parlamento existe una mayoría pactada y una minoría fragmentada e irresponsable, pero no existe Oposición, con lo cual “mutatis mutandi” los constituyentes humalistas serían tan o más irresponsables que ahora. Al no haber partido estructurado, ni una burocracia partidista que los respalde, la disciplina partidaria es inexistente y los representantes son presa fácil de mandatos imperativos provenientes de poderes fácticos. La otra situación es que el APRA ganó la presidencia por el apoyo obtenido en Lima (cuyo centralismo concentra el tercio de la población electoral), La Libertad y Piura, casualmente el segundo y tercer departamento con mayor cantidad de electores.

Si el panorama es desolador, ¿Qué hacer?; si el Perú en manos del APRA y de García está en completa indefensión ¿Cómo revertir, aminorar o al menos frenar la situación? La propuesta es sencilla pero a la vez compleja. Sencilla, porque requerimos unirnos en un gran frente opositor al gobierno aprista, un frente que reúna a progresistas, ecologistas, comunistas, socialista, reformistas, sindicatos, gremios, organizaciones sociales, universidades, etc. en torno a un proyecto común: Salvar al Perú. Lo complejo es el tránsito que significa mutar de una ciudadanía puramente electoral a una ciudadanía activa, máxime en un clima de preocupante desafección política e individualismo exacerbado.

Se trata de un frente para hacer oposición en el marco de la constitución y la ley. No se trata de una unión con fines electorales o para adquirir protagonismos y figuretismos personalistas al interior de una organización política u otro colectivo, menos para legitimar falsos liderazgos. El telos del frente es limitar el poder omnímodo que manosea antojadizamente Alan García, requiriendo por tanto una organización mínima y concertada, no una oligarquía enquistada por el mero hecho de arrastrar canas.

Si el APRA tiene controlado el Parlamento, el Ejecutivo, la administración pública, probablemente los órganos jurisdiccionales, la policía y las fuerzas armadas, ¿cómo enfrentarlo y hacerle oposición? García tiene el poder de la fuerza pero nosotros tendríamos el poder del Derecho y la razón, siendo el “Referéndum” el arma idónea para salvar al país. Pese a ser un instrumento de participación política por antonomasia es inutilizado, olvidando que reformas constitucionales pueden hacerse por esta vía, aprobación de leyes, derogación de leyes tiranas también.

Para hacerlo eficaz se requiere un grupo impulsor y una cantidad de firmas requeridas. Si un proyecto de ley de iniciativa popular es rechazada por el Parlamento, la fuerza del Referéndum es tal que en un segundo momento obliga al Parlamento a aprobarla sí o sí. Si la mayoría de los peruanos quiere que los que ganen más tributen más; si la ciudadanía quiere que se revisen los contratos de estabilidad y los privilegios que gozan las multinacionales; si es clamor del pueblo la revisión del modelo económico imperante, ¿La ciudadanía se mostraría renuente a firmar un padrón de referéndum? Creo que no.

Es cierto que los trámites procesales ralentizan un referéndum. Los resultados no serían inmediatos y quizá el gobierno actual sufra el impacto de sus efectos cuando ya esté de salida. Pero no es menos cierto que la fuerza económica y el poder mediático de la derecha impedirán toda reforma constitucional que consideren peligroso para el mercado y para sus bolsillos. Seamos realistas: Es factible que la derecha llegue al poder el 2011 con Lourdes o Castañeda, es posible que García salga reelecto si manipula las reglas electorales; y es probable también que Fujimori salga nuevamente electo.

Estamos a tiempo.

06/02/07

Las municipalidades en la “real politic”: ¿Qué hacer?

Para entender el significado de lo que es una municipalidad o gobierno local, resulta clave diferenciar dos planos no necesariamente coincidentes: El plano formal, según el cual los gobiernos locales son lo que la constitución y su ley orgánica dicen que son; y, el plano sustantivo o material, según el cual los gobiernos locales son lo que la realidad muestra, constituyéndose como parámetro de entendimiento el ejercicio de gobierno dentro de una circunscripción determinada, sea de ámbito provincial o distrital.

De acuerdo con la constitución vigente y su antecesora, la constitución histórica de 1979, el Perú es una república unitaria, representativa y descentralizada. Según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) las municipalidades rurales tienen un régimen especial y una atención prioritaria por parte del gobierno central. En sentido similar, las disposiciones referidas al FONCOMUN prevén su carácter compensatorio en beneficio de las municipalidades que menos ingresos perciben. La ley de tributación municipal establece que los gobiernos locales tienen potestad para recaudar impuestos, contribuciones y tasas.

En resumen, en el plano formal los gobiernos locales son homogéneos, y las normas que regulan el tema municipal comprenden supuestos de hecho que reflejan escenarios de gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad política. Así lo han entendido los gobiernos centrales desde la transición a la democracia en 1980. Pero ¿Es cierto que las municipalidades rurales se autofinancian de tributos y otros recursos administrativos?, ¿Las municipalidades rurales tienen un trato preferente por el gobierno central y las instituciones nacionales?, ¿El Perú es un país descentralizado? NO, ni aspira serlo por voluntad de quienes ejercen el gobierno y por ausencia de un verdadero ente rector.

Si el gobierno central, los actores políticos, inclusive los académicos e intelectuales, conciben a las municipalidades desde el enfoque meramente formal, ¿Qué hacen los gobiernos locales para garantizar condiciones de gobernanza y proveer a los ciudadanos servicios públicos de calidad? Los riesgos que supone un gobierno centralizado como el de García aconsejan dos posibilidades: la unión de las municipalidades rurales para reivindicar poder político; o, darle la espalda al gobierno central para deslegitimar las medidas centralistas que tiene en agenda.

Desde la asunción del prófugo Alberto Fujimori en 1990, los gobiernos centrales gobernaron de espaldas a las municipalidades rurales del país. Desconocieron la autonomía normativa, administrativa, económica y presupuestaria. Si tomamos en cuenta la lógica liberal representativa, cabría preguntarse ¿Si las municipalidades rurales son el 70% del total de gobiernos locales, porqué siempre han estado marginados cuando el gobierno central ha adoptado decisiones políticas en temas municipales?, si las localidades rurales albergan ciudadanos en condiciones de pobreza, ¿Por qué son relegadas al último escalafón en la distribución de recursos?

Todo hacer suponer que los gobiernos centrales abusan porque no ven a los municipios rurales como adversarios políticos sólidos. La AMPE fue tomada por Fujimori en base a dádivas mercenarias y la ANADIS es casi un fantasma. El Acuerdo Nacional ha demostrado ser un foro político completamente infuncional, que responde a intereses de sus participantes y no a intereses de la colectividad. El único espacio que se mantiene firme es la REMURPE, cuya consolidación dependerá de factores contingentes exógenos y endógenos.

La otra opción, acaso más sugerente, es dejar al gobierno central solo y evitar coqueteos políticos por el mero ofrecimientos de mayores recursos o transferencia de políticas sociales sensibles como la salud y la educación. El asentir complaciente a lo que quiere García le otorga legitimidad en esta imitación de descentralización populista que está impulsando. Es hora de hacer sentir el peso q significan las autonomías locales. Una suerte de desobediencia civil de las municipalidades rurales para impulsar un verdadero proceso de descentralización.

El CND ha sido extinguido en el término de la distancia y el protagonismo será asumido por la PCM, cuya burocracia dorada desconoce en mayor medida que su antecesora procesos de autonomía. En todo proceso descentralizador se requiere necesariamente un órgano rector que lo impulse, con decisión política vinculante y con rigor técnico profesional que toda entidad de la administración pública debe tener. En Ecuador es la CONAM; en República Dominicana es la CONARE; en Colombia la DNP, etc.

La conducta de García, probablemente por su entorno neoliberal, rememora a la vieja conservadora Margareth Thatcher: “Reducir el Estado lo máximo que se pueda en pos de lograr la eficacia y eficiencia”, con la diferencia de que ésta agencializó ciertos ámbitos de la administración. Ya fue el CND, pronto serán CONASEV, INDECOPI, CONSUCODE y posteriormente, cuando el APRA se hay empoderado, le tocará el turno a las reguladoras: OSIPTEL, OSITRAN, OSINERG. ¿Qué esperan los gobiernos regionales y locales para movilizarse?

30/01/07

La Descentralización y el CND: ¿Del payaso al dueño del circo?

El día de ayer el premier Jorge Del Castillo anunció la “fusión” del Consejo Nacional de Descentralización (CND) a la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM), arguyendo que para consolidar el proceso de descentralización resulta clave el contacto directo entre el gobierno central y las autoridades subnacionales elegidas por sufragio directo. Hoy, acaba de publicarse el Decreto Supremo Nº 007-2007-PCM, el cual ha sido criticado por Juan Carlos Eguren (Presidente de la Comisión de Descentralización del Parlamento) y por el Presidente Regional de Lambayeque Yehude Simon.

Al respecto existen 2 tipos de cuestionamientos: uno formal y otro sustantivo. A nivel formal, la creación o supresión de pliegos presupuestarios (y el CND era un pliego) requiere una ley del Parlamento, no un reglamento del gobierno. Sin embargo, el APRA para demostrar autoridad viene ejerciendo el gobierno merced a decretos, vulnerando sistemáticamente el principio de legalidad y el ordenamiento procesal para la aprobación de políticas públicas. No perdamos de vista que el CND fue creado por la Ley de Bases de la Descentralización.

El otro tipo de cuestionamiento, de índole sustantivo, soslaya una supuesta pérdida de autonomía del órgano a fusionarse, suponiendo un retroceso de la descentralización. Pero ¿La fusión del CND socava su autonomía? NO. En primer lugar, el CND nunca fue un órgano políticamente autónomo. A pesar del rango ministerial que tenía la presidencia de la entidad, con derecho a participar en las sesiones del gabinete, jamás fue un primus interpares de los ministros de Estado. He ahí una de las razones por el que la descentralización siempre estuvo estancada.

¿Se trata en puridad de una fusión? NO. De acuerdo con la “Real Academia de la Lengua”, fusión alude a la acción y efecto de fundirse, y el CND siempre estuvo fundido en la PCM. El carácter de Organismo Público Descentralizado (OPD) de la PCM demostraba perfectamente su absorción, al igual que otras OPDs insertas en la PCM como el CONAJU, CONAM, INEI, DEVIDA, etc. En todo caso, el premier Del Castillo -que de Gestión Pública no conoce ni el término- debería explicar con propiedad a la hora de realizar sus declaraciones.

Si autonomía política nunca tuvo el CND, menos tuvo autonomía funcional. O es que ya olvidamos que las transferencias anuales de competencias se aprueban por decreto supremo de la PCM, y su retraso desmesurado se debía a que el gobierno central no tenía voluntad política real para descentralizar el Estado. Las resoluciones presidenciales del CND son meramente declarativas o confirmativas, de carácter simbólico, máxime tratándose del tema de acreditaciones. ¿Por qué entonces nunca se llevó a cabo el Plan de Fortalecimiento de Capacidades?; ¿Por qué se generó enfrentamientos vanos entre el CND y el MIMDES por la transferencia de programas sociales?; ¿Por qué el proceso de descentralización, a 5 años de su inicio, está en nada?

Urge reflexionar profundamente sobre el proceso. Si éste consiste únicamente en traspasar recursos y competencias, sin un ápice de estudios, análisis y planificación, diremos que el proceso va viento en popa. No obstante, desde mi óptica, reducir la descentralización a una transferencia simplista de competencias es muy peligrosa, y circunscribirla a un grupo de burócratas que desconocen las complejidades del proceso es tan o más peligrosa. Recordemos que los neoliberales del entorno aprista hace mucho vienen sugiriendo la reducción del Estado, la contracción del gasto, y las concesiones.

De otro lado, perdemos de vista que Alan García, al igual que Toledo, utiliza la descentralización de manera populista, máxime cuando tiene en frente gobiernos regionales no apristas, que podrían jaquear (si se lo proponen) al gobierno central. Para librarse de las “incómodas” políticas sociales más sensibles de todo Estado: salud y educación, decidió transferirlas, con todas sus debilidades estructurales, para que sean los gobiernos locales quienes las gestionen. Pero la descentralización trasciende la mera gestión, porque significa transferencia de poder político, algo que Alan García no lo hará.

El CND ha pasado de Raza Urbina a Jorge del Castillo. No hay fusión ni nada por el estilo, aunque formalmente se diga que ha desaparecido el órgano rector de la descentralización. Algo que nunca estuvo no puede ahora desaparecer. Al margen de ello, ¿Es el premier el dueño del circo? Lo dudo mucho, porque el dueño del circo a nivel del gobierno y a nivel partidario es Alan García, comparable al más déspota de los luises, Luis XIV, rey de Francia quien se hizo célebre por acuñar la frase: “El Estado soy Yo”.

25/01/07

El papel del Estado frente a la vivienda: El caso español

Con la constitución aprobada por el CCD de Jaime Yoshiyama Tanaka, y del ahora Ministro de la Producción Rafael Rey, el rol económico del Estado peruano ha quedado marginado a un segundo plano. Desde 1993 la intervención estatal en el ámbito empresarial es meramente subsidiaria, a diferencia del papel protagónico y cuasi ilimitado que le ha sido reconocido al mercado, cuyas reglas sacrosantas -según los liberales económicos- acabarían con los flagelos de la pobreza, la exclusión social, la ineficiencia de las empresas públicas y la inestabilidad política.

El Estado es ineficaz e ineficiente reza el proverbio neoliberal, siendo clave para el desarrollo económico de un país la reducción de la esfera pública y el ensanchamiento de lo privado. Bajo esta lógica, se instauran instrumentos gerencialistas como la tercerización, la agencialización, las privatizaciones, el outsourcing, entre otros, con el propósito específico de dar solución a la ineptitud del Estado. De esta manera se logra las 3 “e” que postula la nueva gestión pública: economía, eficacia, eficiencia.

Pero, ¿Qué tan cierto es la afirmación de que el desarrollo de un Estado puede lograrse cuando el papel del mismo es mínimo? ¿Es aún vigente la tesis Smithiana que postulaba el “dejar hacer dejar pasar”? A nivel general debo sostener que no hay país en el planeta que no regule las políticas públicas que conforman su agenda, máxime cuando aquellas son sensibles. Estados Unidos otorga millonarias subvenciones para proteger su agricultura; la Unión Europea es proteccionista en cuanto a su política agraria, exigiendo en algunos casos ciertos límites o topes a la producción de un determinado bien, u otorgando subsidios directos a los agricultores comunitarios.

A nivel específico, los 4 grandes problemas que aqueja España son: Terrorismo, inmigración, género, vivienda, aunque esta última es competencia de las comunidades autónomas. En cuanto al primero, las negociaciones de paz que venía ejecutando el gobierno español con el grupo ETA (Euskadi Ta Askatasuna) han quedado paralizadas, acaso frustradas luego del atentado de Barajas. Los españoles desean vivir en paz y terminar con el terrorismo que ha causado cientos de muertes; sin embargo, de ninguna manera se conseguirá la paz con el uso de las armas y otras medidas radicales que algunos extremistas sostienen.

El tema de la inmigración es otro de los problemas en que la presencia del Estado es clave. España conjuntamente con la comunidad de Canarias, vienen implementando una serie de medidas para frenar la ola de inmigrantes que llegan del África subsahariana, muriendo muchos en su intento por arribar a tierra firme y lograr nuevas oportunidades de vida. El problema de los inmigrantes latinoamericanos es igualmente preocupante, pues no son pocos quienes se encuentran en situación de ilegalidad. Antes que deportarlos se prefiere su legalización, dado que la gran fuerza laboral de inmigrantes latinos soporta un porcentaje considerable de la seguridad social española.

A nivel de género, el 12 de diciembre pasado fue aprobada por la comisión de trabajo del Congreso de los Diputados la medida que dispone 15 días de permiso de paternidad, periodo que se ampliará de forma gradual durante los próximos 8 años hasta alcanzar las 4 semanas (similar al modelo noruego). Esta medida de índole laboral, al igual que otros ámbitos de igualdad en la representación política, en los órganos de dirección de las empresas, en el sector público, será incluida en la futura ley de igualdad que viene debatiéndose en las Cortes Generales.

Pero quizá el tema de la vivienda es el que más preocupa al ciudadano español, y es a su vez el más controvertido por estar en juego el derecho a la propiedad privada. Si el metro cuadrado en uno de los distritos exclusivos de Lima oscila entre 300 y 500 dólares, el costo de 1 m2 en Madrid bordea una media de 3,870 euros (más de 4 mil dólares). Un ciudadano que desea poseer un apartamento o piso en España tiene que hipotecar entre 20 y 40 años de su vida para adquirirlo. Lo sorprendente es que hay propietarios que se niegan a alquilarlos, disparándose por tanto el precio de los arrendamientos.

Ante tal especulación los neoliberales dirían que prima la propiedad privada, y que si un titular no desea arrendar un inmueble le asiste todo su derecho. Pues bien, las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco han tomado el toro por las astas. En el caso de la primera, los propietarios que mantengan sus pisos vacíos 2 años, y que además no acepten la ayuda del gobierno autonómico para rehabilitarlo (en caso de deterioro) ni el aval de la administración para su cesión al mercado de alquiler, corren el riesgo de ser expropiados "temporalmente" por la Generalitat para destinarlos al alquiler.

En Euskadi, el gobierno puso en marcha el programa de arrendamiento “Bizigune”, en virtud al cual ha sacado al mercado de alquiler 2,712 pisos vacíos (10% de los 26,691 que se encuentran desocupados). De las 2,712 viviendas 1,739 ya están alquiladas y el resto se encuentran en proceso de reforma para poder entrar a vivir. El referido programa consiste en un sistema de arrendamiento a través del cual la administración alquila el piso al propietario a precio de mercado, para luego ofertarlo a los solicitantes a un precio menor. La diferencia entre ambos precios corre a cargo del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

Para moderar este sistema que involucra el subsidio a cargo del gobierno autonómico, la burocracia vasca analiza la inclusión (en su futura ley de vivienda) de un canon de 3,285 euros por cada año que el piso se mantengan inhabitado, pues resulta claro que quien se da el lujo de no arrendar un piso determinado (el precio promedio de un piso con 3 habitaciones es 900 euros mensual) tiene renta suficiente como para pagar un canon o penalidad impuesta.

Este último ejemplo del derecho a la vivienda nos muestra perfectamente que el papel del Estado importa, y mucho. Cuando está en juego la seguridad ciudadana, la salud pública, el orden público, las distorsiones mercantiles, la especulación económica, o simplemente el abuso del Derecho, el Estado debe hace sentir su “ius imperium” para regular ahí donde los sectores lo requieran. El mercado nunca logrará el beneficio colectivo, porque en sus genes transmite un individualismo exacerbado y el incremento de riqueza que -en nombre de la libre competencia- se concentra en unos pocos.