Días atrás el Ministro de Educación ultimó detalles de la convocatoria a concurso público para docentes, en virtud a la ley 28649 y el DS 027-2007-ED. Para tal efecto, se han previsto en total 23,733 plazas vacantes a nivel nacional, destinadas a educación especial, alternativa, regular (que incluye básica, primaria, secundaria), y educación técnica productiva. La medida ha generado expectativas en 120 mil profesores que van a tentar una plaza, y no se ha hecho esperar algunos cuestionamientos del SUTEP a ciertas disposiciones del sector.El citado concurso obedece al propósito central del gobierno: Encarar la crisis de la educación, a partir de la mejora progresiva en la calidad educativa del país, traída a menos por diferentes actores que en conjunto son responsables solidarios de nuestra precaria formación escolar. En tal sentido, se exigirá una calificación mayor a 14 para acceder a la segunda etapa, se valorará la pertenencia de los candidatos al tercio superior de pregrado, y se cuidará que no tengan destituciones, suspensiones, u otras sanciones impuestas en los últimos 5 años de carrera magisterial.
Si bien podemos estar de acuerdo en que la educación del país requiere mayores docentes, altamente competentes, capacitados académica y emocionalmente, es necesario tener en cuenta que el incremento de los recursos humanos no supone per se el logro de la eficacia y eficiencia educativa. El problema de la formación educativa no es mono causal, dado que su crisis obedece también a otros factores como el irrisorio gasto público en el sector, precarias remuneraciones, ausencia de incentivos a los maestros, escasa formación profesional, planes curriculares caducos, patrimonialización del sector por un sindicato decimonónico y ausencia de políticas públicas innovadoras.
Por cierto, no escapa como factor desencadenante de tal crisis la intromisión de los gobiernos de turno en los concursos y nombramientos realizados año tras año. Es sabido que por la importancia del sector y otros sectores como salud, justicia, interior, defensa y relaciones exteriores, la normativa presupuestal es algo más flexible para contratos y nombramientos anuales, siendo aprovechado por los partidos de gobierno para congraciarse con su militancia, carnetizada o no, y con los allegados al entorno político.
Evidencias empíricas de intromisión política hay muchas, y en la medida que el gobierno aprista está empecinado, dizque, en una reforma integral, conviene traer a colación el nombramiento de miles de docentes escolares durante su primer gobierno, más por filiación política que por mérito propio. Desde esa perspectiva, resulta imperativo estar atentos y vigilantes ante el concurso público venidero, dado que no solamente está en juego el sector educativo, sino también salud y sanidad, así como obras de infraestructura social.
En efecto, otros sectores han quedado habilitados para contratar o nombrar personal, al amparo de la ley del presupuesto 2008, cuyos anexos curiosamente no aparecen adjuntos a la norma. De esta forma, se prevé 1,724 nombramientos en salud; 308 plazas para 6 universidades públicas del país (entre docentes y personal administrativo); 1,288 para el Poder Judicial; 225 en favor de la ONP y 2,107 para el Ministerio Público. Otros sectores son: Defensa (1,314), Interior (7,230), RREE (45), DEVIDA (11), RENIEC (350), etc.
Esta amplitud de nombramientos y contratos son excepciones a las disposiciones de austeridad, racionamiento, y disciplina del gasto público. Las otras entidades del sector público no pueden contratar, menos nombrar, si no existe una plaza debidamente presupuestada. Lo cierto, en todo caso es que como ciudadanos activos pongamos en marcha procesos de auditoria social, con la finalidad de poner coto y freno a las conductas antidemocráticas y arbitrarias a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno aprista.
Procura sobremanera el doble discurso que sobre la descentralización de la educación viene esbozando el presidente García. Un tiempo atrás propuso el “shock” de la descentralización, en el que se daría la transferencia de educación a los gobiernos locales, sin embargo, los nombramientos y concursos siguen siendo manejados desde el Ministerio de Educación, desconcentrando algunas funciones y reservando las cuestiones meramente operativas en las UGELs y en las direcciones regionales de educación.
Urge corregir la propuesta de municipalizar la educación, redireccionando la transferencia de esta competencia a las regiones. Es vital que éstas coordinen con el SUTEP, las APAFAS, los municipios, los CCR, expertos en el tema, para la elaboración de nuevos currículos que respondan a la realidad vigente. Materias caducas e infuncionales como religión deben ser optativas; la formación del alumno debe ser científica, cívica, humanista y moral. Sin ello, y otras medidas vanguardistas de reforma educativa, seguiremos a años luz de los países más desarrollados, y probablemente la brecha se acreciente, porque son los hombres y mujeres del mañana, de cuya formación depende el progreso de una sociedad.
Esta amplitud de nombramientos y contratos son excepciones a las disposiciones de austeridad, racionamiento, y disciplina del gasto público. Las otras entidades del sector público no pueden contratar, menos nombrar, si no existe una plaza debidamente presupuestada. Lo cierto, en todo caso es que como ciudadanos activos pongamos en marcha procesos de auditoria social, con la finalidad de poner coto y freno a las conductas antidemocráticas y arbitrarias a la que ya nos tiene acostumbrados el gobierno aprista.
Procura sobremanera el doble discurso que sobre la descentralización de la educación viene esbozando el presidente García. Un tiempo atrás propuso el “shock” de la descentralización, en el que se daría la transferencia de educación a los gobiernos locales, sin embargo, los nombramientos y concursos siguen siendo manejados desde el Ministerio de Educación, desconcentrando algunas funciones y reservando las cuestiones meramente operativas en las UGELs y en las direcciones regionales de educación.
Urge corregir la propuesta de municipalizar la educación, redireccionando la transferencia de esta competencia a las regiones. Es vital que éstas coordinen con el SUTEP, las APAFAS, los municipios, los CCR, expertos en el tema, para la elaboración de nuevos currículos que respondan a la realidad vigente. Materias caducas e infuncionales como religión deben ser optativas; la formación del alumno debe ser científica, cívica, humanista y moral. Sin ello, y otras medidas vanguardistas de reforma educativa, seguiremos a años luz de los países más desarrollados, y probablemente la brecha se acreciente, porque son los hombres y mujeres del mañana, de cuya formación depende el progreso de una sociedad.
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