Las Cumbres Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno: Algunos comentarios y críticas

Con gran júbilo fue celebrada en Uruguay la “XVI Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno”, cita en la que estuvieron ausentes líderes políticos de la región iberoamericana como Luiz I. Lula Da Silva, Fidel Castro, entre otros presidentes centroamericanos. Pero más allá de esbozar ciertas conclusiones a las que arribaron, considero pertinente acotar algunos comentarios particulares, dado que si bien el tema está en la agenda del gobierno central, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil están excluidos del mismo.

¿Qué son las cumbres? Son reuniones anuales en las que participan 22 países iberoamericanos, menos Haití, Jamaica, y Puerto Rico, este último protectorado de Estados Unidos, y que en un eventual referéndum de autodeterminación se convertiría en un Estado más de Norteamérica. Conviene advertir que la región iberoamericana cuenta con una población aproximada de 600 millones de habitantes, de los cuales 400 millones son de habla castellana, y 200 millones de habla portuguesa (nacionales de Brasil y Portugal).

La primera cumbre fue celebrada en México el año de 1992, merced al aniversario 500 del descubrimiento de América, siendo la cooperación mutua, la coordinación de políticas iberoamericanas, la consolidación de la democracia, el fortalecimiento de los mecanismos para garantizar el respeto a los derechos humanos y las libertades fundamentales, los objetivos primordiales que hermana a los países miembros.

Más allá de las bondades que el proyecto pueda tener, sobretodo a nivel de cooperación internacional (actualmente existen 18 proyectos, 14 aún en ejecución), nos interesa esbozar algunas críticas, puesto que el statu quo atemoriza a quienes estamos sumidos en política y en la política como ciencia, máxime cuando las nuevas transformaciones políticas y económicas invitan a la crítica de los presupuestos básicos sobre los que se asientan las instituciones, el régimen político, la cultura, e incluso la sociedad misma.

Quizá convenga empezar señalando que si bien uno de sus propósitos es el respeto a la soberanía, la no intervención, y sobretodo el derecho de cada pueblo a construir libremente su sistema político y sus instituciones, no se haya emplazado a los gobiernos norteamericanos cuando se han inmiscuido en la región. Sabemos que hoy la guerra no es la forma de violar soberanía de países bélicamente inferiores, sino que el control del espacio geoestratégico, el dominio del mercado mundial, los empréstitos internacionales, el desarrollo de conocimiento y tecnología, el aprovechamiento de recursos naturales y energéticos, son factores útiles que constituyen solapamientos de dominación y sometimiento.

El interés de Estados Unidos no es en vano. La región posee del total mundial el 33% de agua, 40% de cobre, 41% de estaño, 25% de hierro, 24% de níquel, 15% de plata, 10% de petróleo, 4.2% de gas, 15% de tierras agrícolas, y 93% de bosques tropicales. Debido a esta voracidad USA clama el ingreso de sus tropas a Sudamérica, montando bases militares en Paraguay para controlar a Bolivia, y capitalizando el Plan Colombia para monitorear de cerca a Venezuela. A ello se suma la complicidad de Alan García, quien con anuencia de un Parlamento irresponsable ha flexibilizado la autorización para el ingreso de tropas extranjeras.

La segunda crítica es el férreo determinismo económico que gira en torno a estas cumbres. La Secretaría General Iberoamericana, en manos de Enrique Iglesias, entiende erróneamente que el flagelo de nuestros países es el factor económico, cuando en realidad nuestro talón de Aquiles es la falta de institucionalidad política. La existencia en Iberoamérica de 200 millones de pobres, una tasa de desempleo abierto en el orden de 10% (con mayor repercusión en los jóvenes), y la presencia de 30 millones de indígenas en situación de exclusión, no pueden solucionarse, a priori, con un mero desarrollo económico, máxime cuando el crecimiento a nivel de indicadores macroeconómicos no se refleja a nivel micro, y cuando los presupuestos públicos están distribuidas de manera poco equitativa.

La tercera crítica es la generalización y uniformismo con que se trata a los pueblos iberoamericanos. España es un país industrializado y del primer mundo junto con Portugal. A nivel latinoamericano México y Brasil ejercen supremacía por encima del resto de países. En Sudamérica misma una realidad son los Estados miembros del MERCOSUR (Venezuela, Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay) y otra muy distinta son los países miembros de la CAN (Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia). Chile, aunque participando de tales bloques, siempre por su lado. Urge por tanto focalizar los proyectos y ayuda económica en los países iberoamericanos más desfavorecidos.

La cuarta, y penúltima, crítica es la relativa importancia que las cumbres vienen dando al tema medioambiental. De los 4 pilares que impulsa la secretaría general (económico, cultural, político, educativo), la protección ambiental queda rezagada a un segundo plano, lo cual llama la atención, toda vez que la región es rica en recursos naturales e hidroenergéticos, y es conocido el hecho de la contaminación ambiental que las operaciones de grandes multinacionales producen. Si a ello no contribuyen los propios países propietarios de sus riquezas (el caso de García negándose a revisar los contratos de estabilidad tributaria, o a imponer impuestos a las sobreganancias, es un ejemplo ilustrativo de irresponsabilidad), poco podemos esperar de las cumbres.

Finalmente, nuestra crítica última apunta al carácter exclusivo de este proyecto a nivel de oligarquías y altas esferas políticas de los gobiernos centrales. La sociedad civil y los gobiernos subnacionales desconocen los objetivos, las propuestas, la finalidad, y la razón misma de estas cumbres. En aras de fomentar una ciudadanía activa, sería recomendable que la secretaría general lleve esta idea a los sectores sociales y gobiernos locales tradicionalmente excluidos de la vida política iberoamericana. Por lo tanto, la realización de talleres informativos, la generación de debates en los espacios locales, la adopción de algunos acuerdos no vinculantes, fruto de procesos dialogantes, concertados, participativos, podrían interiorizar la bondad de este mega proyecto.

28/11/06

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Estado sin Nación y Nación sin Estado: Hacia un entendimiento de la soberanía compartida

De acuerdo con la clásica teoría de Estado, que aún viene impartiéndose en algunas facultades de Ciencia Política y Derecho Constitucional, la compleja relación entre Estado y nación fuerza a postular la interdependencia entre ambas categorías. Por años, y aún hasta hoy, se suele interiorizar la tesis que los identifica, tesis conocida como el dogma del Estado - Nación, el cual presenta una vertiente descriptiva (Estado y nación son coincidentes) y otra normativa (a cada Estado debe corresponder una nación, y viceversa). De esta forma, la soberanía sería unívoca y monocéntrica.

Desafortunadamente, y con la venia de aquéllos que profesan un nacionalismo in extremis, ese dogma está en retirada, pues su falacia viene siendo demostrada no solamente a nivel teórico, sino sobretodo desde el punto de vista empírico. Y es que hoy, aunque suene paradójico, existen Estados sin nación y naciones sin Estado propio. Prueba fehaciente del primer supuesto es el Reino Unido, en el que los 4 países del reino (Gales, Inglaterra, Escocia, Irlanda del Norte) difícilmente reivindican una nación británica; y del segundo supuesto, Palestina, nación que hace años viene clamando ser Estado.

El país Vasco sería otro ejemplo de una nación que desea reivindicar un Estado propio diferente al español, y lo mismo habría que decir de Chechenia, que pese a la pérdida de vidas humanas reclama su secesión de la federación Rusa. Estas evidencias de Estados plurinacionales y de naciones sin Estado propio (los casos de Chipre, las islas Aaland en Finlandia, y las islas Faroe en Dinamarca, no deberían pasar desapercibidos) llaman a la reflexión y al debate, toda vez que las transformaciones que venimos experimentando, supondrá nuevas construcciones políticas y una reingeniería de la concepción misma de Estado.

¿Qué tiene un Estado, que no tenga una nación? Palestina, que posee un profundo sentimiento patriótico, a pesar de no ser Estado formalmente reconocido, carece de un territorio perfectamente delimitado. Asimismo, una nación sin Estado propio no tiene soberanía ni personalidad jurídica internacional, con lo cual si una nación desea tener soberanía política tendría que ejercer, vía referéndum, su libre autodeterminación. El caso del nuevo Estado de Montenegro, independizado de Serbia hace poco más de 4 meses, es ilustrativo al respecto.

Pero las transformaciones políticas van mucho más de lo que nos imaginamos, y actualmente estamos frente a un ente que no siendo nación, ni Estado, goza de soberanía. Nos referimos a la Unión Europea, un cuerpo supranacional surgido en 1992 con el Tratado de Maastricht, aunque el proceso de integración europea viene desde 1952 con la Comunidad Económica del Carbón y Acero (CECA), seguida en 1957 con la Comunidad Económica Europea (CEE) y la Comunidad Europea de la Energía Atómica (CEEA o EURATOM) en 1958.

Esta soberanía de la Unión Europea es denominada soberanía compartida, pues los 25 Estados miembros (a futuro 28 con los ingresos de Rumania, Bulgaria y probablemente Turquía) han decidido ceder parte de su soberanía a favor de la Unión. En virtud a este proceso de integración comunitaria se ha transitado de la idea de Estado – Nación a Estado miembro de la comunidad, y se ha instaurado la ciudadanía europea para los ciudadanos de los Estados parte. De esta manera, un vasco es ciudadano vasco, ciudadano español, y ciudadano europeo; uno de Flandes es ciudadano flamenco, belga, y europeo.

El revés sufrido por la negativa de Francia y Holanda a ratificar el Tratado Constitucional para Europa es consustancial a todo proceso de integración, dada su complejidad; no obstante, al margen de la existencia de pocas voces que perciben tal negativa como un retroceso, la Comisión Europea, el Consejo Europeo, el Parlamento Europeo, y sobretodo el Tribunal de Justicia Europeo, son instituciones de la Unión garantes de las políticas de integración y de la legalidad comunitaria.

En el Perú, la clase política, la ciudadanía, los partidos, los gobiernos, entre otros actores, deberían ser conscientes que los conceptos de Estado, nación, nacionalismo, vienen reinventándose de tiempo en tiempo, y que hoy el paradigma de los Estado – Nación, la idea de que únicamente la soberanía estatal implica poder real, y la tesis de que sólo existe el Derecho de un Estado, son postulados caducos. Es menester, por tanto, educar a la ciudadanía, máxime cuando tenemos retos como la Comunidad Sudamericana de Naciones y la consolidación de la Comunidad Andina de Naciones.

Si bien estas transformaciones son inevitables, llama la atención el comportamiento de Alan García y la pléyade de neoliberales (bajo la batuta de Aldo Mariátegui desde su pasquín) que nos están conduciendo al abismo. El primero, porque pese a que estamos sometidos a la Convención Interamericana de Derechos Humanos, advierte demagógicamente con instaurar la pena de muerte para violadores y terroristas. Y los segundos, porque saben que en la Unión Europea no hay cabida para su antojadiza máxima “dejar hacer, dejar pasar”.

Hay libre competencia sí, pero la libertad económica se armoniza con un control de la Unión, que impone incluso topes a la producción agrícola de las empresas asentadas en cada Estado miembro. La búsqueda de un mercado común impone ciertas restricciones por parte de la Unión, y el Tratado Constitucional para Europea habla de una economía social de mercado. La Unión Europea profesa entre sus fines el empleo, la protección social, la libertad, justicia, seguridad, y el respeto por los derechos fundamentales de los ciudadanos europeos se constituye en la piedra angular de la integración.

20/11/06

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Una reflexión para el Soberano equivocado

Se acerca el momento de acudir a las urnas, estando el Soberano convocado para elegir gobiernos regionales y municipales, delegando su poder originario a los siguientes representantes infranacionales. En tal contexto, se vislumbra a los partidos políticos convertidos en maquinarias electorales; responsables solidarios de la desafección política; promotores de una ciudadanía pasiva que se dirige a las ánforas cada 4 y 5 años; y, cómplices del retraso de nuestra gestión pública, acaso por presentar (salvo honrosas excepciones) candidatos mediocres e indeseables.

Lima Metropolitana es un caso sui géneris, pues no habrá competencia electoral, ni siquiera en varios distritos. El ahijado de Susana Villarán, al lado de un remedo de sheriff, no son competencia seria para el derechista y regular gestor Castañeda. El pastor Lay debería dedicarse a salvar almas, como la mía, y dejar la política para quienes están involucrados en ella. Los demás ni merecen comentario, menos el candidato del fascista Ollanta Humala, a cuyo llamado no deberían acudir quienes tienen un mínimo de criterio, pues ello sería una afrenta a nuestra incipiente militancia y traición al socialismo.

Cuánta falta hace en Lima un candidato socialista de vuelo, merced a la intransigencia de la cúpula regional, la falta de coraje de nuestras bases, y el desentendimiento inequívoco de la dirección nacional. Todos son responsables fraternos por dejar la metrópoli sin un candidato socialista. En el nivel distrital ni qué decir. En Lince parece evidente la reelección del aprista; en Miraflores, Andrade tiene la primera opción; en el Callao Kouri tiene la reelección en el bolsillo; y en Lima Provincias el cargo le sonríe a don Mufarech.

Pero, ¿Qué han hecho estos indeseables para merecer respaldo popular?; ¿Por qué si la organización Somos Perú es un aborto de partido político va a ganar muchos gobiernos municipales?; ¿Cómo es posible que el APRA sea favorecido en algunas regiones y en varias municipalidades?; ¿En qué medida los partidos nacionales, tradicionales y nuevos, serán opacados por los movimientos regionales y locales?; ¿Por qué el electorado va entregar gestiones locales a la neoliberal UN?

Porque el Soberano suele equivocarse, y de manera estúpida, sino veamos a quién puso en la presidencia de la república. El Soberano, por voluntad propia, nos está llevando al abismo raudamente, destrozando las esperanzas que muchos peruanos aún abrigamos. El Soberano está ciego, no sabe ni puede castigar moralmente a los malos partidos políticos, muy por el contrario, entrega los destinos del país, las regiones, provincias y distritos, a tanto mediocre, ineptos, e imitaciones de pobres diablos.

El Soberano se vende, cual meretriz de a 20 soles, al mejor postor. Aquél que suele ofertar víveres y productos materiales, haciendo de la pobreza y la miseria humana un trampolín para lograr aspiraciones individualistas o personalistas. Los buenos planes de gobierno; las cualidades personales, académicas, profesionales; el liderazgo político y otras dotes de estadista, no valen a la hora en que el Soberano debe elegir a sus representantes.

El verbo barroco, florido, e histriónico; los escándalos políticos; las campañas electorales improvisadas; la ausencia de verdaderos debates entre candidatos; las estrategias de contra campaña; entre otros factores exógenos y endógenos a la coyuntura, determinan la inclinación del voto. Y cuando ya todo esta consumado, el Soberano se olvida de participar activamente en la vida política de la nación, haciendo caso omiso a la operatividad de la revocatoria, el referéndum, o la vacancia del cargo público.

¿Tenemos a un Soberano equivocado, o es que se trata de un Soberano maligno empecinado en llevarnos al fracaso e ingobernabilidad?

Nos gustaría pensar que se trata de un Soberano equivocado, pero nos conmueve el hecho de que ni el más tonto del mundo suele equivocarse tanto. Ante la inactividad del Soberano; la arbitrariedad de un gobierno represor; la ineficiencia del aparato administrativo; la debilidad congénita de las organizaciones sociales; el reconocimiento a tanto gangster y desprecio por los mejores cuadros, además de tanta cloaca, el escenario medianamente futuro podría ser propicio para un nuevo sendero.

Quienes acudan a las urnas deberían emitir su voto responsablemente, ejerciendo por vez primera la potestad de castigar electoralmente a malos gobernantes y pésimas gestiones gubernamentales. Quizá durante el anochecer de este domingo, mis reflexiones ocupen el altar de algunos espacios higiénicos; no obstante, espero que la historia no nos haga nuevamente cómplices de nuestro fracaso, donde el Soberano, titular indiscutible de la soberanía, sea quien pague la factura de su propio actuar.

13/11/06

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¿Y dónde están los mejores cuadros de Alan García?

Cuando se revisa la última propuesta legislativa formulada por el Poder Ejecutivo, surge la inquietud por conocer al ilustre cerebro autor del proyecto. Al fin y al cabo, el otrora candidato aprista, Alan García, prometió que los mejores cuadros del país trabajarían en el aparato administrativo de su gobierno, y siendo el tema electoral algo complejo, era obvio que una pretendida modificación a la ley orgánica de elecciones recaería en un politólogo, experto en sistemas electorales.

Al parecer, nos equivocamos. El proyecto de ley 611/2006-PE no fue de autoría de Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, o Arend Lijphart, sino de la secretaria de Palacio, en coautoría con el conserje de la casa del pueblo y la juventud aprista (JAP). Y es que resulta inconcebible, hasta ahora cuesta entenderlo, cómo el Poder Ejecutivo puede presentar una modificatoria a una ley orgánica, a través de una pobre y mediocre fórmula legal, exposición de motivos, análisis costo beneficio, y los efectos de la vigencia de la norma.

Pero estimo que caeríamos en similar irresponsabilidad si sólo nos centráramos en una crítica de forma, y no hiciéramos una crítica aguda, vinculada al fondo del asunto. El proyecto de ley establece la creación de un nuevo distrito electoral: el distrito de Lima provincias, cuya población electoral de 541 mil votantes sería mérito suficiente, según el gobierno, para que esta nueva circunscripción posea representación parlamentaria.

De esta forma, el departamento de Lima se dividiría en 3 distritos electorales: Lima Metropolitana, Callao, y Lima provincias, además de un distritos especial para la representación de peruanos residentes en el exterior. Conviene advertir que si bien el proyecto de ley recoge la figura de este distrito especial, éste es materia de otra iniciativa legal, también del Ejecutivo, signada con el número 579/2006-PE ¿Son sensatas ambas propuestas?

En un artículo anterior, demostramos lo inviable del distrito electoral especial porque no habría forma de cómo los representantes podrían ejercer la función deliberativa, funciones legislativas, fiscalizadoras, y de control político. Además, si por imperativo constitucional los parlamentarios representan a la nación, ¿A quiénes representarían éstos?; ¿Los peruanos en el exterior gozarán de representación poblacional o territorial?; ¿Representarán a USA, Argentina, España, Italia, independientemente, o a todos a la vez?; ¿Es decir, a estos representantes se les elegirá en distrito único o múltiple? Son cuestiones que no aparecen en la segunda iniciativa legal acotada.

La norma estipula que luego de haber asignado un escaño a cada uno de los 27 distritos electorales, el JNE asignará tantos escaños en proporción al número de electores. De esa manera, a Lima le corresponden 35 curules, Ayacucho se queda con 3, y así sucesivamente. Pero ¿Cuántos escaños le correspondería al distrito especial?
Si tomamos en cuenta que el número aproximado de residentes en el extranjero es de 1 millón 820 mil ciudadanos (7% de las población total), llegamos a la conclusión de que tendría 9 escaños, constituyéndose en el distrito electoral más grande del país, solamente superado por Lima.

Esta propuesta legislativa es por tanto inviable. Primero, porque confunde la diferencia entre ciudadanos con capacidad de sufragio y el ciudadano menor de edad; segundo, supone iniciativa de gasto público al tener que pagar a un número mayor de parlamentarios; tercero, porque presupone que el domicilio electoral de tales residentes es Lima, cuando muchos de ellos son de las provincias del Perú.

El Ejecutivo hace gala del derecho electoral francés para sustentar su propuesta, pero olvida que el viaje de Francia al grueso de países europeos no dura más de 3 horas, además de ser económicamente mucho más barato; y desconoce, también, el sistema electoral francés, que cuenta con un sistema electoral de mayoría absoluta, con ballotage incorporado, no siendo entonces comparable ni en el tipo de sistema, ni en el mecanismo de transformación de votos en escaños, menos en la configuración de distritos electorales.

No hay que olvidar también que Francia es bicameral, y solamente permite la representación de sus ciudadanos residentes en el extranjero a través del Senado, no en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los autores de la propuesta legislativa en mención ni siquiera saben la diferencia existente entre diputados y senadores. Queda al descubierto la bondad de la propuesta para el APRA y UN, ya que ambos tienen militantes en el exterior (por el dinero que manejan y por la organización partidista), sin obviar que la mayoría de organizaciones políticas perderán su registro por el tema de la valla.

Respecto al nuevo distrito electoral Lima Provincias, resulta evidente que las provincias de la metrópoli están subrepresentadas; no obstante, el espíritu centralista de García es tal que olvida que muchos distritos de Lima están subrepresentadas también (San Juan Lurigancho por ejemplo), y lo mismo sucede con los demás departamentos del país, en los cuales la representación lo tienen las capitales, quedando el resto de provincias subrepresentadas e inclusive ignoradas.

Desde esta perspectiva, estoy convencido de que el Perú, en su conjunto, está subrepresentado en el Parlamento. ¿Qué hacer para corregir tal deficiencia? Habida cuenta que entramos a un escenario prescriptivo, no voy a detenerme en explicar cada propuesta, pues ello excedería el espacio del artículo.

Lo primero es instaurar el bicameralismo, por cuestiones funcionales y debido a un tema de representación; segundo, ir a un diseño ficticio de distritos electorales que no guarden relación con la demarcación administrativa o territorial, distritos pequeños preferiblemente, dependiendo de cuántos diputados va a tener nuestro Parlamento y del techo presupuestal que ello conlleva; tercero, si lo que se quiere es efectividad política en la relación mayoría – oposición, pensar en el sistema electoral de mayoría, relativa o absoluta. En cambio, si se quiere que el poder sea compartido por varios partidos, mantener el sistema proporcional; finalmente, si se desea un representación más pura o fidedigna, cambiar la cifra repartidora del modelo del cociente electoral al modelo d’ Hondt.

Pero insisto, si se pretende modificar el tema electoral, hay que dejarlo a los expertos. ¿Por qué? Porque solamente ellos, dado el conocimiento que poseen, pueden realizar diseños electorales que se ajusten al sistema político de un Estado, partiendo siempre de la pregunta ¿Para qué quiero modificar el sistema electoral?, y luego concluir con la respuesta a la pregunta ¿Cómo sería el diseño adecuado? Ello no obsta, de modo alguna, la participación de la ciudadanía en la discusión del tema, cuyo aporte siempre será enriquecedor.

07/11/06

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Psicosociales de Alan García Pérez

Si algo ha demostrado el presidente Alan García Pérez, cabeza de un Poder Ejecutivo monista, con el respaldo y apoyo incondicional de la oligarquía aprista, es su eficacia para crear psicosociales y desatar los efectos perversos que supone, quizá no con el mismo ímpetu de los medios de comunicación que sirvieron al prófugo Alberto Fujimori Fujimori, pero sí de manera suficiente como para sorprender a ciertos incautos.

García aparenta ser tonto, pero no lo es. Al igual que grandes dictadores totalitarios es consciente que la clave para ejercer un dominio absoluto sobre la ciudadanía (poco organizada e inactiva), es privarles de educación y de medios de comunicación demócratas al servicio de una información veraz, incondicional, y oportuna. Para lograr tal propósito, no solamente apela a lanzar medidas populistas de corte electoral, sino que recurre constantemente a campañas psicosociales para encubrir políticas públicas sensibles.

Los psicosociales que más trasuntaron las últimas semanas fueron: la presunta responsabilidad de la marina en el accidente aéreo que enlutara a la familia aliancista; el shock de la descentralización, cuyas 20 medidas no constituyen -como lo demostramos en un artículo anterior- propuestas vanguardista a favor del proceso; la creación de representación parlamentaria para los compatriotas residentes en el exterior; la muerte irremediable de 11 dromedarios donados por Marruecos; la instauración de la pena capital para castigar la acción terrorista; la persecución de las ONGs; entre otros.

Todas estas campañas populistas tuvieron la finalidad, desde mi lectura, de encubrir y preparar, con alfombra y todo, el ingreso de tropas extranjeras estadounidenses a nuestro territorio. Pese a la multiplicidad de psicosociales, abordados muchos de ellos con buena pluma, a partir de disímiles enfoques, en los siguientes párrafos vamos a referirnos sucintamente a las 2 últimas, acaso por el mayor impacto que han tenido en los diferentes actores sociopolíticos.

La exageración del rebrote terrorista y el supuesto copamiento de subversivos al interior de las universidades públicas, fueron la excusa perfecta para que García propusiera la pena de muerte a quienes resultaran sentenciados por delito de terrorismo; no obstante, dicha medida ha sido rechazada por el grueso de juristas nacionales, y ha generado el pronunciamiento de la Federación de Estudiantes del Perú, en el que se afirma una contundente oposición a la incursión de la fuerzas del orden en los respectivos centros de estudio.

¿El gobierno puede instaurar la pena de muerte para los terroristas y violadores? En teoría sí, pero en la práctica no.

SÍ, porque la “Convención Americana de Derechos Humanos” de San José permite a los estados que lo han ratificado denunciar el tratado, con lo cual un país quedaría liberado del cumplimiento de las disposiciones del mencionado instrumento internacional. Y NO, porque en la práctica los costes políticos que supondría la retirada de la convención serían muy altos para el Perú, al punto de ser considerado un paria internacional y quedar excluido de sendos beneficios que otorga una buena imagen supranacional.

García sabe que la convención no permite una denuncia parcial, por lo que la opción no puede ser similar a la escopeta de 2 cañones. Opto por la denuncia total, o por su respeto total e incondicional. Pero claro, como al APRA le gusta dejar en ruinas al país, la responsabilidad del retiro lo asumirían los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al propio tratado, la denuncia supone una serie de procedimientos que deben acatarse.

Se requiere 1 año de preaviso, y por si fuera poco, todos los actos cometidos durante el período de vigencia de la convención, seguirán sometidos al sistema interamericano. De esta forma, vencido el año de preaviso, más los años que demandaría procesar debidamente a un acusado, el sentenciado sería fusilado, asfixiado, inyectado, o electrocutado, durante la presidencia del próximo mandatario.

Por lo tanto, la propuesta de Alan García obedece a un déficit de Litio en el botiquín de Palacio de Gobierno, o en las farmacias de a sol que oferta la casa del pueblo.

De otro lado, el tema de las ONGs ha sido el que más ha concitado la atención pública en los últimos días. ¿Por qué estas organizaciones se mostraron mutis ante la aprobación de la ley que permite el ingreso de las tropas extranjeras? No es porque reciban necesariamente financiamiento norteamericano, sino porque (apelando a la teoría de la elección racional) está en juego la maximización de sus intereses.

Los ataques que han venido de los pro y anti ONGs han obedecido a cierto fundamentalismo que los ha hecho perder racionalidad para encarar el problema. Yo no creo que la ley aprobada sea inconstitucional, como tampoco creo que las ONGs no hayan contribuido a cubrir los vacíos dejados por los gobiernos de turno. Si en algo se ha avanzado, es en el fomento de la participación política de los ciudadanos, sobretodo en los espacios municipales. Al fin y al cabo, no es tarea de las ONGs cubrir la ineptitud gubernamental.

En realidad, para medir el desempeño y el aporte de estas organizaciones no gubernamentales, habría que realizar una investigación empírica; sin embargo, no puede sostenerse, con criterios generalizables, que las ONGs no tengan móviles políticos, pues ello no se condice con la realidad. La motivación política de sus actividades, en no poco casos, obedecen a cierto perfil ideológico, legítimo por cierto, pero veraz también. Del mismo modo, no puedo aceptar la tesis de la persecución debido a cierta imposición tributaria a favor del fisco, o el registro de sus proyectos. Ser partidario de dicha tesis supondría aceptar la persecución de las mineras, en virtud a una imposición tributaria que gravara las sobreganancias.

El registro de las ONGs y de sus proyectos es garantía de transparencia, y la imposición tributaria, o exoneración de la misma, obedece al ius imperium del cual todo Estado está investido. Me sorprende que los dueños de estas organizaciones, muchos de los cuales de ex tendencia y tendencia socialista, apelen al clásico liberalismo económico, en el entendido de evitar a toda costa el control estatal. Con ello han demostrado ser, en sentido metafórico claro, discípulos de Adam Smith, John Stuart Mill, o Jeremy Bentham.

Tampoco estaría tan seguro de afirmar que los dueños o directores de tales organizaciones no saquen jugosas utilidades. De lo que sí estoy convencido es de la existencia de consultores y trabajadores de ONG que no están en planillas, existiendo por tanto un abuso de las contrataciones por servicios no personales y la consiguiente violación de los derechos sociales, sobre todo de seguridad social y sanidad. La existencia de un contrato temporal no es óbice para el atropello a los derechos más elementales de un trabajador, ¿O sí?




03/11/2006

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