sábado, noviembre 04, 2006

Psicosociales de Alan García Pérez

Si algo ha demostrado el presidente Alan García Pérez, cabeza de un Poder Ejecutivo monista, con el respaldo y apoyo incondicional de la oligarquía aprista, es su eficacia para crear psicosociales y desatar los efectos perversos que supone, quizá no con el mismo ímpetu de los medios de comunicación que sirvieron al prófugo Alberto Fujimori Fujimori, pero sí de manera suficiente como para sorprender a ciertos incautos.

García aparenta ser tonto, pero no lo es. Al igual que grandes dictadores totalitarios es consciente que la clave para ejercer un dominio absoluto sobre la ciudadanía (poco organizada e inactiva), es privarles de educación y de medios de comunicación demócratas al servicio de una información veraz, incondicional, y oportuna. Para lograr tal propósito, no solamente apela a lanzar medidas populistas de corte electoral, sino que recurre constantemente a campañas psicosociales para encubrir políticas públicas sensibles.

Los psicosociales que más trasuntaron las últimas semanas fueron: la presunta responsabilidad de la marina en el accidente aéreo que enlutara a la familia aliancista; el shock de la descentralización, cuyas 20 medidas no constituyen -como lo demostramos en un artículo anterior- propuestas vanguardista a favor del proceso; la creación de representación parlamentaria para los compatriotas residentes en el exterior; la muerte irremediable de 11 dromedarios donados por Marruecos; la instauración de la pena capital para castigar la acción terrorista; la persecución de las ONGs; entre otros.

Todas estas campañas populistas tuvieron la finalidad, desde mi lectura, de encubrir y preparar, con alfombra y todo, el ingreso de tropas extranjeras estadounidenses a nuestro territorio. Pese a la multiplicidad de psicosociales, abordados muchos de ellos con buena pluma, a partir de disímiles enfoques, en los siguientes párrafos vamos a referirnos sucintamente a las 2 últimas, acaso por el mayor impacto que han tenido en los diferentes actores sociopolíticos.

La exageración del rebrote terrorista y el supuesto copamiento de subversivos al interior de las universidades públicas, fueron la excusa perfecta para que García propusiera la pena de muerte a quienes resultaran sentenciados por delito de terrorismo; no obstante, dicha medida ha sido rechazada por el grueso de juristas nacionales, y ha generado el pronunciamiento de la Federación de Estudiantes del Perú, en el que se afirma una contundente oposición a la incursión de la fuerzas del orden en los respectivos centros de estudio.

¿El gobierno puede instaurar la pena de muerte para los terroristas y violadores? En teoría sí, pero en la práctica no.

SÍ, porque la “Convención Americana de Derechos Humanos” de San José permite a los estados que lo han ratificado denunciar el tratado, con lo cual un país quedaría liberado del cumplimiento de las disposiciones del mencionado instrumento internacional. Y NO, porque en la práctica los costes políticos que supondría la retirada de la convención serían muy altos para el Perú, al punto de ser considerado un paria internacional y quedar excluido de sendos beneficios que otorga una buena imagen supranacional.
García sabe que la convención no permite una denuncia parcial, por lo que la opción no puede ser similar a la escopeta de 2 cañones. Opto por la denuncia total, o por su respeto total e incondicional. Pero claro, como al APRA le gusta dejar en ruinas al país, la responsabilidad del retiro lo asumirían los siguientes gobiernos. ¿Por qué? Porque de acuerdo al propio tratado, la denuncia supone una serie de procedimientos que deben acatarse.

Se requiere 1 año de preaviso, y por si fuera poco, todos los actos cometidos durante el período de vigencia de la convención, seguirán sometidos al sistema interamericano. De esta forma, vencido el año de preaviso, más los años que demandaría procesar debidamente a un acusado, el sentenciado sería fusilado, asfixiado, inyectado, o electrocutado, durante la presidencia del próximo mandatario.

Por lo tanto, la propuesta de Alan García obedece a un déficit de Litio en el botiquín de Palacio de Gobierno, o en las farmacias de a sol que oferta la casa del pueblo.

De otro lado, el tema de las ONGs ha sido el que más ha concitado la atención pública en los últimos días. ¿Por qué estas organizaciones se mostraron mutis ante la aprobación de la ley que permite el ingreso de las tropas extranjeras? No es porque reciban necesariamente financiamiento norteamericano, sino porque (apelando a la teoría de la elección racional) está en juego la maximización de sus intereses.

Los ataques que han venido de los pro y anti ONGs han obedecido a cierto fundamentalismo que los ha hecho perder racionalidad para encarar el problema. Yo no creo que la ley aprobada sea inconstitucional, como tampoco creo que las ONGs no hayan contribuido a cubrir los vacíos dejados por los gobiernos de turno. Si en algo se ha avanzado, es en el fomento de la participación política de los ciudadanos, sobretodo en los espacios municipales. Al fin y al cabo, no es tarea de las ONGs cubrir la ineptitud gubernamental.

En realidad, para medir el desempeño y el aporte de estas organizaciones no gubernamentales, habría que realizar una investigación empírica; sin embargo, no puede sostenerse, con criterios generalizables, que las ONGs no tengan móviles políticos, pues ello no se condice con la realidad. La motivación política de sus actividades, en no poco casos, obedecen a cierto perfil ideológico, legítimo por cierto, pero veraz también. Del mismo modo, no puedo aceptar la tesis de la persecución debido a cierta imposición tributaria a favor del fisco, o el registro de sus proyectos. Ser partidario de dicha tesis supondría aceptar la persecución de las mineras, en virtud a una imposición tributaria que gravara las sobreganancias.

El registro de las ONGs y de sus proyectos es garantía de transparencia, y la imposición tributaria, o exoneración de la misma, obedece al ius imperium del cual todo Estado está investido. Me sorprende que los dueños de estas organizaciones, muchos de los cuales de ex tendencia y tendencia socialista, apelen al clásico liberalismo económico, en el entendido de evitar a toda costa el control estatal. Con ello han demostrado ser, en sentido metafórico claro, discípulos de Adam Smith, John Stuart Mill, o Jeremy Bentham.

Tampoco estaría tan seguro de afirmar que los dueños o directores de tales organizaciones no saquen jugosas utilidades. De lo que sí estoy convencido es de la existencia de consultores y trabajadores de ONG que no están en planillas, existiendo por tanto un abuso de las contrataciones por servicios no personales y la consiguiente violación de los derechos sociales, sobre todo de seguridad social y sanidad. La existencia de un contrato temporal no es óbice para el atropello a los derechos más elementales de un trabajador, ¿O sí?




03/11/2006
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