Cuando se revisa la última propuesta legislativa formulada por el Poder Ejecutivo, surge la inquietud por conocer al ilustre cerebro autor del proyecto. Al fin y al cabo, el otrora candidato aprista, Alan García, prometió que los mejores cuadros del país trabajarían en el aparato administrativo de su gobierno, y siendo el tema electoral algo complejo, era obvio que una pretendida modificación a la ley orgánica de elecciones recaería en un politólogo, experto en sistemas electorales.
Al parecer, nos equivocamos. El proyecto de ley 611/2006-PE no fue de autoría de Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, o Arend Lijphart, sino de la secretaria de Palacio, en coautoría con el conserje de la casa del pueblo y la juventud aprista (JAP). Y es que resulta inconcebible, hasta ahora cuesta entenderlo, cómo el Poder Ejecutivo puede presentar una modificatoria a una ley orgánica, a través de una pobre y mediocre fórmula legal, exposición de motivos, análisis costo beneficio, y los efectos de la vigencia de la norma.
Pero estimo que caeríamos en similar irresponsabilidad si sólo nos centráramos en una crítica de forma, y no hiciéramos una crítica aguda, vinculada al fondo del asunto. El proyecto de ley establece la creación de un nuevo distrito electoral: el distrito de Lima provincias, cuya población electoral de 541 mil votantes sería mérito suficiente, según el gobierno, para que esta nueva circunscripción posea representación parlamentaria.
De esta forma, el departamento de Lima se dividiría en 3 distritos electorales: Lima Metropolitana, Callao, y Lima provincias, además de un distritos especial para la representación de peruanos residentes en el exterior. Conviene advertir que si bien el proyecto de ley recoge la figura de este distrito especial, éste es materia de otra iniciativa legal, también del Ejecutivo, signada con el número 579/2006-PE ¿Son sensatas ambas propuestas?
En un artículo anterior, demostramos lo inviable del distrito electoral especial porque no habría forma de cómo los representantes podrían ejercer la función deliberativa, funciones legislativas, fiscalizadoras, y de control político. Además, si por imperativo constitucional los parlamentarios representan a la nación, ¿A quiénes representarían éstos?; ¿Los peruanos en el exterior gozarán de representación poblacional o territorial?; ¿Representarán a USA, Argentina, España, Italia, independientemente, o a todos a la vez?; ¿Es decir, a estos representantes se les elegirá en distrito único o múltiple? Son cuestiones que no aparecen en la segunda iniciativa legal acotada.
La norma estipula que luego de haber asignado un escaño a cada uno de los 27 distritos electorales, el JNE asignará tantos escaños en proporción al número de electores. De esa manera, a Lima le corresponden 35 curules, Ayacucho se queda con 3, y así sucesivamente. Pero ¿Cuántos escaños le correspondería al distrito especial?
Si tomamos en cuenta que el número aproximado de residentes en el extranjero es de 1 millón 820 mil ciudadanos (7% de las población total), llegamos a la conclusión de que tendría 9 escaños, constituyéndose en el distrito electoral más grande del país, solamente superado por Lima.
Esta propuesta legislativa es por tanto inviable. Primero, porque confunde la diferencia entre ciudadanos con capacidad de sufragio y el ciudadano menor de edad; segundo, supone iniciativa de gasto público al tener que pagar a un número mayor de parlamentarios; tercero, porque presupone que el domicilio electoral de tales residentes es Lima, cuando muchos de ellos son de las provincias del Perú.
El Ejecutivo hace gala del derecho electoral francés para sustentar su propuesta, pero olvida que el viaje de Francia al grueso de países europeos no dura más de 3 horas, además de ser económicamente mucho más barato; y desconoce, también, el sistema electoral francés, que cuenta con un sistema electoral de mayoría absoluta, con ballotage incorporado, no siendo entonces comparable ni en el tipo de sistema, ni en el mecanismo de transformación de votos en escaños, menos en la configuración de distritos electorales.
No hay que olvidar también que Francia es bicameral, y solamente permite la representación de sus ciudadanos residentes en el extranjero a través del Senado, no en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los autores de la propuesta legislativa en mención ni siquiera saben la diferencia existente entre diputados y senadores. Queda al descubierto la bondad de la propuesta para el APRA y UN, ya que ambos tienen militantes en el exterior (por el dinero que manejan y por la organización partidista), sin obviar que la mayoría de organizaciones políticas perderán su registro por el tema de la valla.
Respecto al nuevo distrito electoral Lima Provincias, resulta evidente que las provincias de la metrópoli están subrepresentadas; no obstante, el espíritu centralista de García es tal que olvida que muchos distritos de Lima están subrepresentadas también (San Juan Lurigancho por ejemplo), y lo mismo sucede con los demás departamentos del país, en los cuales la representación lo tienen las capitales, quedando el resto de provincias subrepresentadas e inclusive ignoradas.
Desde esta perspectiva, estoy convencido de que el Perú, en su conjunto, está subrepresentado en el Parlamento. ¿Qué hacer para corregir tal deficiencia? Habida cuenta que entramos a un escenario prescriptivo, no voy a detenerme en explicar cada propuesta, pues ello excedería el espacio del artículo.
Lo primero es instaurar el bicameralismo, por cuestiones funcionales y debido a un tema de representación; segundo, ir a un diseño ficticio de distritos electorales que no guarden relación con la demarcación administrativa o territorial, distritos pequeños preferiblemente, dependiendo de cuántos diputados va a tener nuestro Parlamento y del techo presupuestal que ello conlleva; tercero, si lo que se quiere es efectividad política en la relación mayoría – oposición, pensar en el sistema electoral de mayoría, relativa o absoluta. En cambio, si se quiere que el poder sea compartido por varios partidos, mantener el sistema proporcional; finalmente, si se desea un representación más pura o fidedigna, cambiar la cifra repartidora del modelo del cociente electoral al modelo d’ Hondt.
Pero insisto, si se pretende modificar el tema electoral, hay que dejarlo a los expertos. ¿Por qué? Porque solamente ellos, dado el conocimiento que poseen, pueden realizar diseños electorales que se ajusten al sistema político de un Estado, partiendo siempre de la pregunta ¿Para qué quiero modificar el sistema electoral?, y luego concluir con la respuesta a la pregunta ¿Cómo sería el diseño adecuado? Ello no obsta, de modo alguna, la participación de la ciudadanía en la discusión del tema, cuyo aporte siempre será enriquecedor.
Al parecer, nos equivocamos. El proyecto de ley 611/2006-PE no fue de autoría de Dieter Nohlen, Giovanni Sartori, o Arend Lijphart, sino de la secretaria de Palacio, en coautoría con el conserje de la casa del pueblo y la juventud aprista (JAP). Y es que resulta inconcebible, hasta ahora cuesta entenderlo, cómo el Poder Ejecutivo puede presentar una modificatoria a una ley orgánica, a través de una pobre y mediocre fórmula legal, exposición de motivos, análisis costo beneficio, y los efectos de la vigencia de la norma.
Pero estimo que caeríamos en similar irresponsabilidad si sólo nos centráramos en una crítica de forma, y no hiciéramos una crítica aguda, vinculada al fondo del asunto. El proyecto de ley establece la creación de un nuevo distrito electoral: el distrito de Lima provincias, cuya población electoral de 541 mil votantes sería mérito suficiente, según el gobierno, para que esta nueva circunscripción posea representación parlamentaria.
De esta forma, el departamento de Lima se dividiría en 3 distritos electorales: Lima Metropolitana, Callao, y Lima provincias, además de un distritos especial para la representación de peruanos residentes en el exterior. Conviene advertir que si bien el proyecto de ley recoge la figura de este distrito especial, éste es materia de otra iniciativa legal, también del Ejecutivo, signada con el número 579/2006-PE ¿Son sensatas ambas propuestas?
En un artículo anterior, demostramos lo inviable del distrito electoral especial porque no habría forma de cómo los representantes podrían ejercer la función deliberativa, funciones legislativas, fiscalizadoras, y de control político. Además, si por imperativo constitucional los parlamentarios representan a la nación, ¿A quiénes representarían éstos?; ¿Los peruanos en el exterior gozarán de representación poblacional o territorial?; ¿Representarán a USA, Argentina, España, Italia, independientemente, o a todos a la vez?; ¿Es decir, a estos representantes se les elegirá en distrito único o múltiple? Son cuestiones que no aparecen en la segunda iniciativa legal acotada.
La norma estipula que luego de haber asignado un escaño a cada uno de los 27 distritos electorales, el JNE asignará tantos escaños en proporción al número de electores. De esa manera, a Lima le corresponden 35 curules, Ayacucho se queda con 3, y así sucesivamente. Pero ¿Cuántos escaños le correspondería al distrito especial?
Si tomamos en cuenta que el número aproximado de residentes en el extranjero es de 1 millón 820 mil ciudadanos (7% de las población total), llegamos a la conclusión de que tendría 9 escaños, constituyéndose en el distrito electoral más grande del país, solamente superado por Lima.
Esta propuesta legislativa es por tanto inviable. Primero, porque confunde la diferencia entre ciudadanos con capacidad de sufragio y el ciudadano menor de edad; segundo, supone iniciativa de gasto público al tener que pagar a un número mayor de parlamentarios; tercero, porque presupone que el domicilio electoral de tales residentes es Lima, cuando muchos de ellos son de las provincias del Perú.
El Ejecutivo hace gala del derecho electoral francés para sustentar su propuesta, pero olvida que el viaje de Francia al grueso de países europeos no dura más de 3 horas, además de ser económicamente mucho más barato; y desconoce, también, el sistema electoral francés, que cuenta con un sistema electoral de mayoría absoluta, con ballotage incorporado, no siendo entonces comparable ni en el tipo de sistema, ni en el mecanismo de transformación de votos en escaños, menos en la configuración de distritos electorales.
No hay que olvidar también que Francia es bicameral, y solamente permite la representación de sus ciudadanos residentes en el extranjero a través del Senado, no en la Asamblea Nacional. Por lo tanto, los autores de la propuesta legislativa en mención ni siquiera saben la diferencia existente entre diputados y senadores. Queda al descubierto la bondad de la propuesta para el APRA y UN, ya que ambos tienen militantes en el exterior (por el dinero que manejan y por la organización partidista), sin obviar que la mayoría de organizaciones políticas perderán su registro por el tema de la valla.
Respecto al nuevo distrito electoral Lima Provincias, resulta evidente que las provincias de la metrópoli están subrepresentadas; no obstante, el espíritu centralista de García es tal que olvida que muchos distritos de Lima están subrepresentadas también (San Juan Lurigancho por ejemplo), y lo mismo sucede con los demás departamentos del país, en los cuales la representación lo tienen las capitales, quedando el resto de provincias subrepresentadas e inclusive ignoradas.
Desde esta perspectiva, estoy convencido de que el Perú, en su conjunto, está subrepresentado en el Parlamento. ¿Qué hacer para corregir tal deficiencia? Habida cuenta que entramos a un escenario prescriptivo, no voy a detenerme en explicar cada propuesta, pues ello excedería el espacio del artículo.
Lo primero es instaurar el bicameralismo, por cuestiones funcionales y debido a un tema de representación; segundo, ir a un diseño ficticio de distritos electorales que no guarden relación con la demarcación administrativa o territorial, distritos pequeños preferiblemente, dependiendo de cuántos diputados va a tener nuestro Parlamento y del techo presupuestal que ello conlleva; tercero, si lo que se quiere es efectividad política en la relación mayoría – oposición, pensar en el sistema electoral de mayoría, relativa o absoluta. En cambio, si se quiere que el poder sea compartido por varios partidos, mantener el sistema proporcional; finalmente, si se desea un representación más pura o fidedigna, cambiar la cifra repartidora del modelo del cociente electoral al modelo d’ Hondt.
Pero insisto, si se pretende modificar el tema electoral, hay que dejarlo a los expertos. ¿Por qué? Porque solamente ellos, dado el conocimiento que poseen, pueden realizar diseños electorales que se ajusten al sistema político de un Estado, partiendo siempre de la pregunta ¿Para qué quiero modificar el sistema electoral?, y luego concluir con la respuesta a la pregunta ¿Cómo sería el diseño adecuado? Ello no obsta, de modo alguna, la participación de la ciudadanía en la discusión del tema, cuyo aporte siempre será enriquecedor.
07/11/06
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