La evaluación de docentes escolares anunciado por el Ministro de Educación José Antonio Chang y avalado por el gobierno aprista, ha acaparado la atención pública de la ciudadanía y las primeras planas de los medios de comunicación. La importancia del tema es crucial, al punto que una serie de acontecimientos suscitados en torno a él, sin dejar de lado el abierto enfrentamiento entre el SUTEP y el Poder Ejecutivo, han motivado la postergación de la evaluación para el próximo 08 de enero del año 2007.El Gobierno se ha apresurado, acaso por desentenderse de la educación escolar, en someter a una evaluación a los maestros del Perú, pero ¿qué sucedería si a priori evaluáramos al presidente de la República? ¿Acaso sería irrazonable evaluar las capacidades de quien ostenta el más alto rango de la función pública, de acuerdo con la constitución?
Para medir el desempeño de Alan García se requieren 2 evaluaciones paralelas: Una vinculada al factor psicológico para conocer los efectos del Litio, hasta ahora suministrado, y la otra referida a su desempeño propiamente dicho como Jefe de Estado y de Gobierno. En cuanto a derechos humanos, con la propuesta de instauración de la pena capital, el presidente queda desaprobado de lejos, pues es evidente que el Perú como miembro de la Convención Interamericana de Derechos Humanos no puede restaurar la pena de muerte. La Internacional Socialista, que acoge en su seno al APRA, debería darle un jalón de orejas por insistir en dicha medida, proscrita también por la Unión Europea.
En materia de terrorismo, con endurecimiento de penas, reformas al Código Penal, incursión de las fuerzas de seguridad en los recintos universitarios públicos para evitar un supuesto rebrote, saldría también desaprobado. El problema del terrorismo tiene su origen en factores sociales y económicos que ameritan erradicarlos. El Gobierno no es consciente que la mera aprobación de normas penales, con la esperanza de la resocialización del condenado, no resulta del todo convincente.
A nivel tributario, la oposición al establecimiento de impuestos a las sobreganacias de las empresas mineras y a la revisión de sus contratos de estabilidad tributaria -vía reforma constitucional- suscrita irresponsablemente en beneficio de grandes multinacionales, desaprueban de lejos al presidente. Si seguimos evaluándolo en temas como el narcotráfico, la descentralización, el TLC, políticas públicas, reforma del Estado, e inclusive la gestión de su aparato administrativo, Alan García quedaría mal parado.
La medición del desempeño o evaluación por resultados es una lógica impuesta por las corrientes gerencialistas para lograr, dizque, una nueva gestión pública al interior de las administraciones estatales. Al enfocar su atención en los resultados y no en los procesos (propio de la burocracia Weberiana) se lograría un eficaz y eficiente rendimiento de la administración pública. Esta práctica, asentada generalmente en los países angloamericanos, típica del sector privado, tiene una serie de desventajas cuando se pretende extrapolar al sector público, peor aún cuando quienes van a ser sujetos de evaluación son personas.
Es perfectamente factible evaluar por resultados los presupuestos públicos; se puede medir el rendimiento de una obra de infraestructura y su impacto para generar dividendos a favor de una comunidad; es factible medir los efectos de la ejecución de un programa social, o de cierta política pública cuantificable económicamente; se puede evaluar el desempeño de funcionarios públicos cuando en un sistema de carrera pretenden el ascenso; pero ¿puede cuantificarse o medirse la capacidad de un docente escolar?
En principio, resulta demasiado complejo diseñar indicadores efectivos que midan el desempeño de los educadores. La existencia de elementos subjetivos imposibilita una evaluación seria y responsable. ¿En el Perú quién es buen maestro y quién es mal docente?; ¿El maestro que cuenta con más años de docencia es necesariamente mejor que un docente joven?; ¿El profesor egresado de una universidad particular es más eficiente que uno proveniente de un claustro universitario público?; ¿El docente de un colegio urbano es más calificado que uno que presta sus servicios en colegios o escuelas rurales?
Si a la complejidad de establecer indicadores que arrojen un perfil adecuado del buen docente, subyace la pregunta ¿Quién está capacitado para sentar las pautas de la evaluación?, la situación se agrava. El Ministro de Educación que poco o nada sabe de la problemática educativa de nuestro país, ¿estará capacitado y legitimado para ello?; ¿la burocracia que labora en el sector podrá diseñar indicadores de desempeño?; ¿El APRA podrá hacerlo?; O como el reciente descubrimiento de petróleo ¿habrá que esperar la bondad de Dios?
Afrontar el tema educativo es sumamente complejo y sensible. No puede pretenderse evaluar los recursos humanos cuando éstos no han participado en serios programas de capacitación; cuando su retribución por formar nuevas generaciones es irrisoria; cuando poco o nada se ha hecho por ejecutar verdaderos planes de formación y especialización; cuando hay centros de enseñanza superior de dudosa reputación en la formación de educadores; con un diseño curricular desfasado; con un SUTEP que ha capturado el magisterio para beneficio de su oligarquía sindical.
Por lo tanto, El Gobierno y el SUTEP deberían dedicarse más a trabajar por los docentes que a protagonizar enfrentamientos que son parte del problema y no de la solución. Sólo después de sentar los presupuestos básicos de una moderna y eficiente carrera magisterial, puede pretenderse evaluar el desempeño de los maestros, merced a indicadores diseñados por verdaderos especialistas.
20/12/2006
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