Un aporte a la agónica descentralización en el Perú

Para impulsar un auténtico proceso de descentralización resulta clave el diseño institucional sobre el que tiene que asentarse. La propuesta de la Red de Municipales del Perú (REMURPE) sobre el Consejo Intergubernamental de Descentralización es una iniciativa saludable, aunque no suficiente. Se hace imperativo, además, la voluntad política del gobierno central, porque un ente sin autonomía o con decisiones que carezcan de carácter vinculante servirán muy poco a los fines del proceso.

La constitución fujimorista de 1993 extinguió el bicameralismo sin argumentos funcionales, pero con intenciones manipuladoras y oscuras. Al fin y al cabo, todo dictador es enemigo de la distribución del poder, sea horizontal o vertical. El resultado: centralismo, ineficiencia, infra representación ciudadana, aprobación desmedida de leyes improvisadas y utilitaristas, ausencia de control y fiscalización a las diferentes entidades públicas.

Contar con un Parlamento unicameral puede ser funcional en poliarquías avanzadas donde no existen problemas de sub representación, y donde los legisladores están altamente profesionalizados (democracias nórdicas por ejemplo). No obstante, en países con alta polarización social y política, presencia de sectores sociales huérfanos de representación, con partidos políticos escasamente disciplinados pero altamente improvisados, el unicameralismo es a todas luces contraproducente.

Si la descentralización supone la distribución vertical del poder, es necesario contar con un bicameralismo que impulse el proceso, pues un Estado que va a conformar autonomías requiere de un órgano político que canalice las demandas de las regiones o entes territoriales de segundo nivel de gobierno. No perdamos de vista que los diputados representan a la Nación, además de los ciudadanos obviamente. Ahora ¿Quién representa a las regiones? En el Perú nadie, pero en sistemas bicamerales lo ejerce el Senado, además de otras tareas.

Esa es la razón por la que el mecanismo de elección de ambas cámaras es distinto. Los diputados se eligen por distritos electorales que responden a criterios de población electoral, mientras que en la elección senatorial la designación obedece no necesariamente al número de electores, sino a la configuración territorial del país. Bajo esta perspectiva, cada región puede tener un número igual de senadores (USA), o además puede introducir el número de electores para generar una mejor representación (Alemania).

Tomando en consideración los estudios comparados, estimo que para garantizar un saludable proceso de descentralización es necesario instaurar un Parlamento bicameral. El nuevo Senado estaría compuesto por 1 ó 2 representantes de las regiones, designados por los miembros de los respectivos consejos regionales.

Quienes argumentan a favor del unicameralismo por cuestiones presupuestarias y para evitar duplicidad de funciones, confunden un bicameralismo perfecto con otro imperfecto. Además no son conscientes que el Perú adolece de una grave sub representación política. Un ejemplo concreto de nuestra actual Cámara de Diputados: Cada diputado representa hoy a algo más de 125 mil ciudadanos (en términos electorales), y a un promedio de 230 mil personas (en términos de población global).

Ello es inaudito en un país que no es pequeño, ni poblacional, ni territorialmente. Bolivia con casi 1/3 de población menos tiene 157 congresistas entre senadores y diputados, Chile tiene 158, Noruega 165, Suecia 349, Finlandia 200, Dinamarca 179. Democracias europeas estas últimas, unicamerales por cierto, que en conjunto no sobrepasan los 25 millones de habitantes, comparado con los casi 28 millones que posee el Perú.

Es necesario acotar que por tratarse de un bicameralismo imperfecto, el Senado peruano no ejercería las mismas atribuciones que la Cámara de Diputados, pero sí tendría participación directa, y acaso derecho de veto, sobre las leyes que versen en descentralización, reparto competencial, federalismo fiscal, y gobierno multinivel. Sólo de esta forma podrá ser sostenible un proceso de descentralización agonizante, sujeto cada vez más al buen humor del demagogo Alan García y a un APRA centralista por vocación.