La autonomía asfixiada de las Municipalidades

El Poder Ejecutivo ha dispuesto ayer jueves 22 de marzo, vía decreto supremo 025-2007-PCM, los montos que por todo concepto percibirán los alcaldes distritales y provinciales del país. La responsabilidad de aprobar el decreto, tres años después del plazo previsto por la ley 28212 (promulgada en abril del 2004), fue sorteada por un Toledo que quería ser descentralista y no pudo, y ahora es asumida por un García que no puede ser descentralista aunque lo quiera.

Con esta medida continúa el acoso a la autonomía económica de los gobiernos locales, sin que las municipalidades desplieguen esfuerzos necesarios para hacer respetar, en las calles, la garantía institucional de la que están investidas. Ya con la aprobación del DU 038-2006 se puso en cuestionamiento la fuerza modificatoria de un decreto de urgencia sobre una ley del Parlamento, pero ello no fue óbice para un Poder Ejecutivo decidido a gobernar vía decretazos.

La ley 28212, madre del cordero, emitida para desarrollar un equivocado artículo 39 de la constitución, subyuga jerárquicamente a los alcaldes al último escalafón en el servicio a la nación, a pesar de que poseen legitimidad directa otorgada por el voto ciudadano. Los ministros de Estado que no representan a nadie, y cuya designación es a dedo, ostentan el tercer lugar, mientras que los magistrados supremos y los miembros de la junta de fiscales supremos son tomados en cuenta cuando tienen un régimen distinto a los demás altos funcionarios.

Deficiencias como éstas deberían ser subsanadas por los reformadores. Quienes ingresan al sector público para hacer carrera (fiscales y jueces) tienen que estar fuera del alcance de la norma y sujetarse a disposiciones especiales de la administración pública. Los presidentes regionales, los alcaldes, los consejeros regionales y regidores, tienen la misma fuente de legitimidad que el presidente y los parlamentarios. Es irracional, por tanto, que estén por debajo del JNE, TC, CNM, Defensoría, porque no sólo son cargos públicos de representación política, sino que pertenecen a distintos niveles de gobierno.

Tan o más irracional es la fijación del sueldo de alcaldes en base a la población electoral, cuando los criterios pertinentes habrían sido: el nivel de ingresos propios de la municipalidad, el monto de las transferencias ordinarias, y el tamaño del aparato burocrático local. Tres indicadores mínimos que hubieran interactuado sobre un monto máximo consensuado entre el gobierno central y los primeros regidores provinciales, con acuerdo de los respectivos concejos distritales. Si la ley primigenia, con las modificaciones hechas, ya preveía techos máximos, ¿Era necesario un decreto supremo interventor?

Por lo tanto, el decreto supremo 025-2007-PCM no sólo violenta la autonomía económica de las municipalidades, sino además la autonomía política. No hay duda de que al prescribir que las reducciones de ingresos deberán ser aprobadas por Acuerdo del Concejo, se está coactando a los legislativos municipales (los concejos) a emitir normas dentro de los 15 días de entrada en vigor del referido decreto. La potestad legislativa de los regidores ya no obedece a una decisión discrecional y oportuna, sino a la imperatividad de un decreto supremo decido por el gobierno central.

Al igual que muchos demócratas, estamos en contra de la fijación irracional y desmesurada de remuneraciones que se han hecho en algunas jurisdicciones locales, como también en contra de la ejecución de antojadizos proyectos de infraestructura que no justifican enormes inversiones infuncionales, sobretodo en ayuntamientos rurales. Pero nuestra apología no es en beneficio de casos particulares, sino en favor de los fueros municipales.

¿A quién pretende este gobierno darle lecciones de austeridad presupuestaria? Se habla ostentosamente en nombre de la austeridad y el ahorro público, y la señora Mercedes Cabanillas, presidenta del Congreso, ha solicitado a la Comisión de Presupuesto un crédito suplementario para su sector, el mismo que será financiado con ahorros del presupuesto institucional parlamentario del año 2006. Si eso es ahorro público, economistas de la talla de Yunus, Prescott, Stiglitz, Friedman, o Amartya Sen, quedarían estupefactos.

Es más, la cuestionada ley 28212 prevé en su artículo 4, inciso a), que el presidente, al concluir su mandato, recibirá en forma vitalicia una pensión equivalente a la retribución de un parlamentario en ejercicio. Es decir, los ex presidentes cobrarán perpetuamente 15, 600 soles sentados en casa sin hacer nada. Mientras el ciudadano de a pie tiene que sudar la gota para llevarse un pan al hogar, los ex presidentes, aunque hayan sido mediocres, gozarán de tal privilegio. Didáctica lección de austeridad que linda con la falta de ética y con la pérdida de valores solidarios con un país que alberga miles de pobres.

¿Cuál es la motivación que impulsa el doble discurso de Alan García? Al parecer, la única motivación es el solo hecho de ser aprista. La cuestión funcional de su pretendida reforma de Estado, la eficiencia y eficacia de la gestión pública es burda retórica para un pueblo cada vez más engañado. Sino preguntemos al APRA lo funcional que puede ser para nuestro país acreditar, hace algunos días atrás, a un embajador ante el Vaticano ¿Para qué? Probablemente para intermediar por las almas de los pecadores peruanos.