El papel del Estado frente a la vivienda: El caso español

Con la constitución aprobada por el CCD de Jaime Yoshiyama Tanaka, y del ahora Ministro de la Producción Rafael Rey, el rol económico del Estado peruano ha quedado marginado a un segundo plano. Desde 1993 la intervención estatal en el ámbito empresarial es meramente subsidiaria, a diferencia del papel protagónico y cuasi ilimitado que le ha sido reconocido al mercado, cuyas reglas sacrosantas -según los liberales económicos- acabarían con los flagelos de la pobreza, la exclusión social, la ineficiencia de las empresas públicas y la inestabilidad política.

El Estado es ineficaz e ineficiente reza el proverbio neoliberal, siendo clave para el desarrollo económico de un país la reducción de la esfera pública y el ensanchamiento de lo privado. Bajo esta lógica, se instauran instrumentos gerencialistas como la tercerización, la agencialización, las privatizaciones, el outsourcing, entre otros, con el propósito específico de dar solución a la ineptitud del Estado. De esta manera se logra las 3 “e” que postula la nueva gestión pública: economía, eficacia, eficiencia.

Pero, ¿Qué tan cierto es la afirmación de que el desarrollo de un Estado puede lograrse cuando el papel del mismo es mínimo? ¿Es aún vigente la tesis Smithiana que postulaba el “dejar hacer dejar pasar”? A nivel general debo sostener que no hay país en el planeta que no regule las políticas públicas que conforman su agenda, máxime cuando aquellas son sensibles. Estados Unidos otorga millonarias subvenciones para proteger su agricultura; la Unión Europea es proteccionista en cuanto a su política agraria, exigiendo en algunos casos ciertos límites o topes a la producción de un determinado bien, u otorgando subsidios directos a los agricultores comunitarios.

A nivel específico, los 4 grandes problemas que aqueja España son: Terrorismo, inmigración, género, vivienda, aunque esta última es competencia de las comunidades autónomas. En cuanto al primero, las negociaciones de paz que venía ejecutando el gobierno español con el grupo ETA (Euskadi Ta Askatasuna) han quedado paralizadas, acaso frustradas luego del atentado de Barajas. Los españoles desean vivir en paz y terminar con el terrorismo que ha causado cientos de muertes; sin embargo, de ninguna manera se conseguirá la paz con el uso de las armas y otras medidas radicales que algunos extremistas sostienen.

El tema de la inmigración es otro de los problemas en que la presencia del Estado es clave. España conjuntamente con la comunidad de Canarias, vienen implementando una serie de medidas para frenar la ola de inmigrantes que llegan del África subsahariana, muriendo muchos en su intento por arribar a tierra firme y lograr nuevas oportunidades de vida. El problema de los inmigrantes latinoamericanos es igualmente preocupante, pues no son pocos quienes se encuentran en situación de ilegalidad. Antes que deportarlos se prefiere su legalización, dado que la gran fuerza laboral de inmigrantes latinos soporta un porcentaje considerable de la seguridad social española.

A nivel de género, el 12 de diciembre pasado fue aprobada por la comisión de trabajo del Congreso de los Diputados la medida que dispone 15 días de permiso de paternidad, periodo que se ampliará de forma gradual durante los próximos 8 años hasta alcanzar las 4 semanas (similar al modelo noruego). Esta medida de índole laboral, al igual que otros ámbitos de igualdad en la representación política, en los órganos de dirección de las empresas, en el sector público, será incluida en la futura ley de igualdad que viene debatiéndose en las Cortes Generales.

Pero quizá el tema de la vivienda es el que más preocupa al ciudadano español, y es a su vez el más controvertido por estar en juego el derecho a la propiedad privada. Si el metro cuadrado en uno de los distritos exclusivos de Lima oscila entre 300 y 500 dólares, el costo de 1 m2 en Madrid bordea una media de 3,870 euros (más de 4 mil dólares). Un ciudadano que desea poseer un apartamento o piso en España tiene que hipotecar entre 20 y 40 años de su vida para adquirirlo. Lo sorprendente es que hay propietarios que se niegan a alquilarlos, disparándose por tanto el precio de los arrendamientos.

Ante tal especulación los neoliberales dirían que prima la propiedad privada, y que si un titular no desea arrendar un inmueble le asiste todo su derecho. Pues bien, las comunidades autónomas de Cataluña y el País Vasco han tomado el toro por las astas. En el caso de la primera, los propietarios que mantengan sus pisos vacíos 2 años, y que además no acepten la ayuda del gobierno autonómico para rehabilitarlo (en caso de deterioro) ni el aval de la administración para su cesión al mercado de alquiler, corren el riesgo de ser expropiados "temporalmente" por la Generalitat para destinarlos al alquiler.

En Euskadi, el gobierno puso en marcha el programa de arrendamiento “Bizigune”, en virtud al cual ha sacado al mercado de alquiler 2,712 pisos vacíos (10% de los 26,691 que se encuentran desocupados). De las 2,712 viviendas 1,739 ya están alquiladas y el resto se encuentran en proceso de reforma para poder entrar a vivir. El referido programa consiste en un sistema de arrendamiento a través del cual la administración alquila el piso al propietario a precio de mercado, para luego ofertarlo a los solicitantes a un precio menor. La diferencia entre ambos precios corre a cargo del Departamento de Vivienda del Gobierno Vasco.

Para moderar este sistema que involucra el subsidio a cargo del gobierno autonómico, la burocracia vasca analiza la inclusión (en su futura ley de vivienda) de un canon de 3,285 euros por cada año que el piso se mantengan inhabitado, pues resulta claro que quien se da el lujo de no arrendar un piso determinado (el precio promedio de un piso con 3 habitaciones es 900 euros mensual) tiene renta suficiente como para pagar un canon o penalidad impuesta.

Este último ejemplo del derecho a la vivienda nos muestra perfectamente que el papel del Estado importa, y mucho. Cuando está en juego la seguridad ciudadana, la salud pública, el orden público, las distorsiones mercantiles, la especulación económica, o simplemente el abuso del Derecho, el Estado debe hace sentir su “ius imperium” para regular ahí donde los sectores lo requieran. El mercado nunca logrará el beneficio colectivo, porque en sus genes transmite un individualismo exacerbado y el incremento de riqueza que -en nombre de la libre competencia- se concentra en unos pocos.