Las municipalidades en la “real politic”: ¿Qué hacer?

Para entender el significado de lo que es una municipalidad o gobierno local, resulta clave diferenciar dos planos no necesariamente coincidentes: El plano formal, según el cual los gobiernos locales son lo que la constitución y su ley orgánica dicen que son; y, el plano sustantivo o material, según el cual los gobiernos locales son lo que la realidad muestra, constituyéndose como parámetro de entendimiento el ejercicio de gobierno dentro de una circunscripción determinada, sea de ámbito provincial o distrital.

De acuerdo con la constitución vigente y su antecesora, la constitución histórica de 1979, el Perú es una república unitaria, representativa y descentralizada. Según la Ley Orgánica de Municipalidades (LOM) las municipalidades rurales tienen un régimen especial y una atención prioritaria por parte del gobierno central. En sentido similar, las disposiciones referidas al FONCOMUN prevén su carácter compensatorio en beneficio de las municipalidades que menos ingresos perciben. La ley de tributación municipal establece que los gobiernos locales tienen potestad para recaudar impuestos, contribuciones y tasas.

En resumen, en el plano formal los gobiernos locales son homogéneos, y las normas que regulan el tema municipal comprenden supuestos de hecho que reflejan escenarios de gobernabilidad, gobernanza e institucionalidad política. Así lo han entendido los gobiernos centrales desde la transición a la democracia en 1980. Pero ¿Es cierto que las municipalidades rurales se autofinancian de tributos y otros recursos administrativos?, ¿Las municipalidades rurales tienen un trato preferente por el gobierno central y las instituciones nacionales?, ¿El Perú es un país descentralizado? NO, ni aspira serlo por voluntad de quienes ejercen el gobierno y por ausencia de un verdadero ente rector.

Si el gobierno central, los actores políticos, inclusive los académicos e intelectuales, conciben a las municipalidades desde el enfoque meramente formal, ¿Qué hacen los gobiernos locales para garantizar condiciones de gobernanza y proveer a los ciudadanos servicios públicos de calidad? Los riesgos que supone un gobierno centralizado como el de García aconsejan dos posibilidades: la unión de las municipalidades rurales para reivindicar poder político; o, darle la espalda al gobierno central para deslegitimar las medidas centralistas que tiene en agenda.

Desde la asunción del prófugo Alberto Fujimori en 1990, los gobiernos centrales gobernaron de espaldas a las municipalidades rurales del país. Desconocieron la autonomía normativa, administrativa, económica y presupuestaria. Si tomamos en cuenta la lógica liberal representativa, cabría preguntarse ¿Si las municipalidades rurales son el 70% del total de gobiernos locales, porqué siempre han estado marginados cuando el gobierno central ha adoptado decisiones políticas en temas municipales?, si las localidades rurales albergan ciudadanos en condiciones de pobreza, ¿Por qué son relegadas al último escalafón en la distribución de recursos?

Todo hacer suponer que los gobiernos centrales abusan porque no ven a los municipios rurales como adversarios políticos sólidos. La AMPE fue tomada por Fujimori en base a dádivas mercenarias y la ANADIS es casi un fantasma. El Acuerdo Nacional ha demostrado ser un foro político completamente infuncional, que responde a intereses de sus participantes y no a intereses de la colectividad. El único espacio que se mantiene firme es la REMURPE, cuya consolidación dependerá de factores contingentes exógenos y endógenos.

La otra opción, acaso más sugerente, es dejar al gobierno central solo y evitar coqueteos políticos por el mero ofrecimientos de mayores recursos o transferencia de políticas sociales sensibles como la salud y la educación. El asentir complaciente a lo que quiere García le otorga legitimidad en esta imitación de descentralización populista que está impulsando. Es hora de hacer sentir el peso q significan las autonomías locales. Una suerte de desobediencia civil de las municipalidades rurales para impulsar un verdadero proceso de descentralización.

El CND ha sido extinguido en el término de la distancia y el protagonismo será asumido por la PCM, cuya burocracia dorada desconoce en mayor medida que su antecesora procesos de autonomía. En todo proceso descentralizador se requiere necesariamente un órgano rector que lo impulse, con decisión política vinculante y con rigor técnico profesional que toda entidad de la administración pública debe tener. En Ecuador es la CONAM; en República Dominicana es la CONARE; en Colombia la DNP, etc.

La conducta de García, probablemente por su entorno neoliberal, rememora a la vieja conservadora Margareth Thatcher: “Reducir el Estado lo máximo que se pueda en pos de lograr la eficacia y eficiencia”, con la diferencia de que ésta agencializó ciertos ámbitos de la administración. Ya fue el CND, pronto serán CONASEV, INDECOPI, CONSUCODE y posteriormente, cuando el APRA se hay empoderado, le tocará el turno a las reguladoras: OSIPTEL, OSITRAN, OSINERG. ¿Qué esperan los gobiernos regionales y locales para movilizarse?

30/01/07