La agonía del Perú en manos de Alan García

El tránsito del año 2006 al 2007 estuvo cargado de sorpresas al menos en el ambiente político. A la polémica sobre la evaluación de maestros se sumaron el reciente fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH); las declaraciones políticas del Cardenal Cipriani sobre la referida evaluación docente (de haberlas hecho en México habría sido castigado); la presión de los medios de comunicación, el gobierno y Estados internacionales, abogando por la liberación de Rázuri, saludable por cierto, pero que no se habría dado tratándose de Quispe, Mamani, Tupayachi, u otro ciudadano de a pie.

En recientes declaraciones, el gobierno y sus “técnicos” no sólo estudian el desacato al fallo de la CIDH, sino que además han decidido acusar constitucionalmente a Toledo y a su entonces ministro de Justicia Alejandro Tudela, por haberse allanado en el caso de la matanza a los internos del penal Castro Castro. El aprista Javier Velásquez Quesquén o no ha aprendido las lecciones de Derecho Constitucional impartidas en la Universidad Católica, o se trata de una maestría que en lugar de especializar a los estudiantes termina por confundirlos.

¿Podría el Gobierno desacatar el fallo de la CIDH? En principio sí, pero las consecuencias políticas e internacionales serían tan graves que el Perú pasaría a ser un paria internacional. Ante esta situación los peruanos debemos mantenernos firmes para condenar decisiones irresponsables del gobierno, porque no está en juego su honor, el del APRA, o el de García, sino el honor del Perú como Estado y nación. ¿El gobierno de Alemania, Francia, o España, desacatarían el fallo del Tribunal Europeo de Derechos Humanos?; ¿Se le ocurriría a cualquiera de los 27 Estados Miembros de la Unión Europea desacatar el fallo del Tribunal de Justicia de la Comunidad Europea, aunque éste no verse sobre derechos humanos?

Conviene recordarle a Velásquez Quesquén y a Mulder que la acusación constitucional procede únicamente por delito de función o por infracciones constitucionales. ¿El allanamiento del Perú ante la CIDH es un delito de función o una infracción constitucional? NO. Si fuera un delito de función estaría tipificado en el Código Penal, y si fuera infracción constitucional tendría que estar señalado expresamente, pues de otra manera caeríamos en el absurdo de que cualquier comportamiento de quienes tienen la prerrogativa del antejuicio sería sancionable, máxime si estuviera vinculado a una disposición constitucional.

La afirmación de que no se agotó la vía interna para acudir a la CIDH es errónea, pues si fuera cierto el mismo tribunal supranacional no se hubiera pronunciado sobre el fondo del asunto, sino por el contrario, hubiera declarado inadmisible la demanda mientras no se cumpla con el requisito del agotamiento previo. El allanamiento es un mecanismo procesal de culminación anticipada del proceso, en virtud al cual el denunciado reconoce su culpa voluntariamente, allanándose a los efectos que pudiere devenir de la sentencia. No sé si se dé trámite a la susodicha acusación constitucional, pero de la alianza APRA – Fujimori – UN cualquier cosa puede esperarse, menos racionalidad, transparencia, prudencia, responsabilidad.

La actitud de Alan García me recuerda a la del Partido Popular Español (PP) antes del atentado a Barajas. Para oponerse a la política antiterrorista del PSOE dinamitaba constantemente las estrategias del gobierno español, movilizando (cuando ha podido) a los familiares de las víctimas de ETA en contra de las negociaciones de paz. Si el gobierno peruano considera que el fallo de la CIDH es vejatorio hacia el Estado, ¿Por qué García no muestra las mismas garras frente a Telefónica?; ¿Por qué irradia cobardía frente a las multinacionales mineras respecto a las regalías, los contratos de estabilidad tributaria, o la imposición fiscal a las sobreganancias?

Aunque amemos a nuestro Estado no podemos hacernos cómplice de él cuando en su nombre ciertos desadaptados, digitados o no desde el gobierno, cometen genocidio o actos criminales. La vida de un terrorista, de un demócrata, de un acusado, de un sentenciado, etc., vale tanto como la vida de cualquiera de nosotros. ¿O es que ahora hay jerarquía en la valoración del derecho a la vida? Apelar al terrorismo para enfrentar al terrorismo es una medida que conduce a un círculo perverso atemporal.

La práctica cultural del no perdón debemos erradicarla de raíz; la convicción de la efectividad en la mano de hierro para encarar flagelos de distinta índole debe ceder; la actitud de cuestionar al otro y no a sí mismo, a la familia, o al entorno (Luis Bedoya Reyes y los pecadillos del hijo; Alex Kouri y el desatino del hermano Alberto; Keiko Fujimori y las bondades del padre, etc.) tiene que ser expectorado de nuestra mentalidad. El Estado se equivoca, y mucho. Baste como ejemplos la Alemania nazi, la Italia fascista, la ex URSS comunista, o la España franquista.

Pero claro, cuando los medios de comunicación, el gobierno, la derecha, los empresarios, etc., manipulan la información a su antojo, e indisponen al ciudadano haciéndoles creer que los luchadores de la patria tienen inmunidad para matar, no puede haber Estado de Derecho. A pesar del boicot y bloqueo del PP, se viene discutiendo en España la ley de la memoria histórica, la misma que pretende honrar a las víctimas del franquismo. Urge por tanto aprender de estas experiencias, y evitar que los 100 años de adelanto tecnológico que nos llevan los países industrializados, no se conviertan en 100 años de adelanto mental, ético, o moral.

09/01/07