Piedra: el convidado del APRA

En este nuevo año 2007, año del deber, la presidenta del Congreso Mercedes Cabanillas dio a conocer a la ciudadanía su satisfacción -como titular del pliego- por cuanto el 92% de los trabajadores del Parlamento (de un universo de 686 empleados) superó el proceso de evaluación de competencias, diseñada y tomada el pasado 17 de diciembre por la ahora Universidad ESAN. Solamente el 8% de servidores públicos no pasaron la prueba, razón por la que serán sometidos a una segunda evaluación que definirá el futuro de los mismos.

Al margen de lo saludable que puede ser someter a evaluación al personal administrativo del Congreso, la iniciativa aprista fue parcial, incompleta y convenida a todas luces, pues los trabajadores de confianza, los asesores de despacho, y todos quienes han entrado en manada desde que García asumió el poder, han quedado exonerados de la evaluación de competencias. ¿Dónde está el valor del deber señora Mercedes Cabanillas?

Seguramente la presidenta del Parlamento me replicará soslayando que la evaluación únicamente tiene sentido a nivel de empleados sujetos a carrera administrativa y no al personal de confianza. Yo responderé que en un Estado donde existe verdadera función pública los puestos de confianza son la excepción y no la regla, siendo una aberración que hayan 240 asesores de despacho (personal de confianza), sin contar los asesores políticos de los grupos parlamentarios, beneficiarios de los mismos derechos que tienen los 686 empleados de carrera, y acaso con retribuciones económicas más generosas.

Ahora bien, conviene preguntarse: ¿Todo el servicio parlamentario fue sometido a prueba?; ¿El Oficial Mayor rindió la susodicha prueba?; ¿El director general parlamentario, o el auditor general del Congreso aprobaron el examen?; ¿El apoderado del Congreso para la defensa de la constitucionalidad de las leyes se habrá sometido a evaluación? ¿El centro de estudios constitucionales y parlamentarios, que aunque sujeto a un régimen especial, fueron evaluados, a pesar de que nadie sabe qué hace?

Fiel a la escopeta de 2 cañones y a un espíritu de mantener el divorcio entre la política y la ética, el APRA suele tener alzheimer cuando de sus militantes y su entorno más cercano se trata. No vamos a mencionar la imposición de la hija de Judith de la Matta en la presidencia de CONAJU -para quien el cargo le queda grande-, o el nombramiento de Omar Quezada -ex presidente regional de Ayacucho, aprista por convicción e inepto por vocación- como director ejecutivo de COFOPRI. Nos referiremos al aparato administrativo del Poder Legislativo.

Se trata del afortunado José Cevasco Piedra, actual Oficial Mayor del Congreso, hombre fuerte del corrupto Alberto Fujimori y ahora allegado al APRA, acaso por un asunto de militancia partidaria y obvio por una cuestión de confianza depositada por Mercedes Cabanillas. De acuerdo al artículo 40 del reglamento del Congreso el nombramiento y remoción del Oficial es potestad exclusiva del Consejo Directivo, órgano presidido por Mercedes Cabanillas.

Lo paradójico es que la presidenta del Congreso parece no recordar sus años de congresista y los sucesos que giraron en torno al otrora ex oficial mayor y ahora nuevamente en el cargo. En efecto, después de la caída de Fujimori y luego de muchos años de bonanza para los bolsillos de Cevasco, el Congreso de Carlos Ferrero y Alejandro Toledo removieron del cargo al funcionario administrativo de mayor rango en el servicio parlamentario, y probablemente en el país.

El sueldo de Cevasco, uno de los más alto en la administración pública, mayor inclusive a lo que percibían en ese entonces los congresistas; el auto negro y la seguridad personal otorgado para el “cumplimiento” de sus funciones; y otros privilegios consustanciales a un burócrata dorado, parece haber sido olvidado por Mercedes Cabanillas, inexplicable por cierto dado la multiplicidad de veces que fue reelecta congresista, merced a una posición partidista privilegiada en la oligarquía aprista.

Aún así, el cuestionamiento no radica en la confianza depositada en tal servidor, pues -aunque lo dudamos mucho- podría tratarse de un burócrata eficiente y eficaz al estilo weberiano, sino en sus vínculos supuestos con el prófugo Fujimori. Cuando el otrora oficial mayor fue destituido y despedido del Parlamento, la asunción de José Élice Navarro como nuevo oficial mayor fue saludada por los congresistas y por la entonces Mesa Directiva. Sin embargo, la astucia de Cevasco Piedra le permitió pocos años después regresar al Congreso con el privilegiado cargo de asesor de una de las vicepresidencias, con lo cual nuevamente empezó a percibir una retribución a cargo del Estado.

Ahora con el nuevo gobierno aprista nuevamente goza del más alto cargo en el servicio parlamentario, siendo “el valor del deber” una burda retórica. Es evidente que el APRA se opone a nuevas formas de hacer política, formas en que la ética pública constituye la piedra angular de la gobernanza y en donde es impensable el divorcio entre la política y la ética. Lo sorprendente no es el valor del deber en sí, sino de quién lo profesa; el problema no es de palabras y buenos deseos sino de hechos y actitudes; el problema no es, por tanto, de lo que debería ser, sino de lo que es.