Reforma de Estado: En boca de todos, entendido por pocos

El tema de la reforma de Estado viene ocupando los titulares de los diferentes medios de comunicación. Alan García, su gabinete ministerial, y su entorno político partidista, inflan el pecho por las propuestas que la pandilla neoliberal con la que cogobierna ha puesto en la agenda pública. Algunos constitucionalistas, con las limitaciones que otorga el Derecho, han ejercido su derecho a la libertad de opinión, aunque estén del todo errados. Inclusive un candidato al Tribunal Constitucional, con la intención de capitalizar los votos apristas en el Congreso, ha aplaudido las medidas del gobierno.

Políticos reputados, economistas, profesionales de ONG, columnistas de prensa escrita, “analistas” políticos, han abordado la reforma de Estado, aunque de manera poco acertada. Sostener que la reforma es luchar contra la pobreza, la corrupción, el logro de la igualdad y equidad, etc., es confundir los medios con los fines. La reforma de Estado no es un fin en sí mismo, sino un medio para tener el país que queremos. Las propuestas de García, con la intención de obtener la simpatía de sectores sociales largamente excluidos y postergados por la desidia de quienes fueron gobierno, son populistas a todas luces.

Y es que hablar de reforma de Estado y entenderlo supone ubicarse espacialmente y conocer los antecedentes. En Europa, Estados Unidos, Australia, Canadá, Nueva Zelanda, la reforma se produce en el ámbito de la administración pública. Estos países debido a la sólida institucionalidad política que poseen no necesitan reformas estructurales, sino más bien modernizar sus burocracias a través de herramientas que provienen del gerencialismo. A esto se denomina nueva gestión pública (“New Public Management”), y dependiendo de cada gobierno, el papel del Estado se ha fortalecido o reducido.

Sin embargo, en Latinoamérica se ha pretendido hacer lo mismo a iniciativa del Consenso de Washington y presión de los neoliberales. El éxito que supuso la reducción del Estado en algunos países de Europa, copiado por Chile en su momento, quiere ser aplicado ciegamente por Alan García y su ministra de transportes. Con el afán de lograr la eficiencia y eficacia en la provisión de servicios públicos, insisten en contraer el gasto, reducir la administración pública (no CND, no OPDs, no CEPLAN,), implantar un control por resultados, cuando ni siquiera se han planteado a dónde quieren llegar.

El problema es que en Latinoamérica (pensemos en Perú, Ecuador, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Haití) medidas de este tipo pueden ser peligrosas si se hacen improvisadamente. Nuestros países requieren a priori reformas estructurales en la columna vertebral del Estado, requieren sentar y consolidar institucionalidad política, para luego recién modernizar nuestras burocracias estatales con las herramientas que ofrece la ciencia de la administración y las teorías de organización.

En el Perú, los temas de educación, salud, empleo, están a la orden del día, pero ¿Cómo hablar de reformas educativas, enmiendas en sanidad, creación de empleo, promoción de programas sociales, si el régimen político está agotado y viene demostrando incapacidad patógena para superar la crisis de gobernabilidad? ¿Cómo prometer al pueblo una reforma de Estado si la institución presidencial, como régimen de gobierno, es poco funcional? ¿Cómo levantar las banderas de la democracia representativa si las reglas sustanciales del actual sistema electoral son poco representativas?

¿Cómo pretender crear empleo público si la administración es deficiente, no existe auténtica carrera administrativa, y viene siendo copada por criterios partidistas?; ¿Cómo hablar de empleo digno en el sector privado, si lo más probable es que se generen puestos de trabajo por servicios no personales (denominados en España “contratos basura”), que no reconocen derechos laborales y sociales, y que hacen de la estabilidad laboral un cuento de hadas?; ¿Así quieren TLC?; ¿Cómo ser los adalides de los programas sociales si el Perú está lejos de promover un Estado de bienestar?

Las decisiones gubernamentales sobre políticas públicas son necesarias. Pero ellas no pueden realizarse sin una conexión lógica con reformas estructurales y administrativas que supongan plantear enmiendas al régimen político (gobierno parlamentario, presidencial, semipresidencial), al sistema electoral (sistema de representación mayoritaria o de representación proporcional), a la estructura orgánica del Estado (básicamente evaluar la competencia de los tres poderes), a la distribución territorial del poder (descentralización, autonomías, federalización), al régimen de administración pública (enfoque neo público o neo empresarial), y al sistema de partidos.

Resulta familiar que propuestas de este tipo estén muy difusas o ajenas a los planteamientos del APRA. La situación se agrava si ante una iniciativa vanguardista se le consultara a la ministra de transportes sobre la estrategia para su ejecución. Los asesores del gobierno quedarían inmovilizados si se les preguntara por el cómo, pues es verdad que plantear el qué es mucho más sencillo que el cómo. Los “expertos” en reforma de Estado y las ONGs son campeones en realizar diagnósticos y saber con claridad qué ofrecen o qué requiere el país, pero poseen limitaciones para definir trayectorias de reforma.

Pretender prescindir del Estado es inconcebible en pleno siglo XXI. Solamente cabe esta tentación en la mentalidad de los comunistas ortodoxos (no Estado, sí la dictadura del partido), de los anarquistas (no Estado), y de los neoliberales (no Estado, sí el dios mercado). Por lo tanto, el tema requiere ser debatido con seriedad. Es hora de que los tecnócratas, los partidos, universidades, colectivos, asuman el rol protagónico de pedagogía y diseñen trayectorias claras, eficaces, racionales, que potencien el papel del Estado en beneficio de la sociedad.