Uno de los factores que contribuyó a la caída del ex presidente Mesa, además de su posición poco firme a la hora de tomar decisiones políticas trascendentes, fue sin duda la exigencia de autonomía proveniente de Santa Cruz. Y es que el peso económico que supone el aporte cruceño al Producto Interno Bruto Nacional, le crea el escenario favorable para demandar una serie de reivindicaciones, proveniente de los diferentes actores socio económicos.Una Asamblea Constituyente o un referéndum autonómico en cada uno de los nueve departamentos son las dos vías posibles a partir de las cuales el pueblo boliviano puede decidir su descentralización regional. Si bien no todos los departamentos han invocado autonomías con la misma vocación que Santa Cruz, la segunda vía parece ser la elegida por el Comité Cívico Cruceño, puesto que la convocatoria y realización de una constituyente supone un tiempo mayor de espera.
Para responder el porqué algunos sectores cruceños (CAO, la COD y FEJUVE, etc.) vienen impulsando dicho proceso, es menester tener una idea, muy sumaria por cierto, de cómo es la actual configuración territorial. Bolivia posee dos niveles de gobierno autónomos: el nivel nacional, y el nivel municipal. El tema de las prefecturas no son stricto sensu órganos de gobierno, pues de acuerdo con la Ley de Organización del Poder Ejecutivo (LOPE) los prefectos son designados por el Presidente de la República, siendo sus funciones meras delegaciones administrativas y acaso ejecutivas.
La autonomía política, económica y administrativa configuran la esencia de un gobierno con poder de decisión. La legitimidad de éstos provienen, en la mayoría de los casos, del sufragio popular, con lo cual se garantiza la absoluta independencia de quienes asumen la titularidad de tales gobiernos respecto de la tutela del poder central. No obstante, en nombre de esta autonomía ningún gobierno subnacional puede actuar al margen de la Constitución y del ordenamiento jurídico vigente.
A la fecha, los actuales prefectos han sido los últimos designados a dedo por el mandatario boliviano, dado que las elecciones generales convocadas para el mes de diciembre próximo será el escenario idóneo para la elección popular de los prefectos. Esta decisión loable, consensuada por las fuerzas políticas y respaldada por el grueso de ciudadanos, constituye un avance en el proceso de descentralización regional, aunque el ojo ciudadano y el debate político del momento se está ciñendo mayormente a las elecciones parlamentarias y a la elección presidencial.
En este contexto, Santa Cruz reclama su autonomía porque ello supondría el mantenimiento de sus ingresos fiscales únicamente al interior del departamento. Su deseo de autonomía no se circunscribe tanto a la descentralización territorial, sino más bien a la descentralización fiscal, habida cuenta que su nivel de producción representa aproximadamente 2,051 millones de dólares, casi la tercera parte del total estatal. Esta posición privilegiada lo vienen interiorizando al punto que van resquebrajando el sentido de solidaridad con las demás regiones, que de seguro en su momento histórico también contribuyeron con la economía boliviana.
Lo que no queda del todo claro y en donde no hay consenso es sobre el modelo de descentralización que aspiran. Se escuchan y leen propuestas federales, acaso influenciadas por los Estados vecinos de Argentina y Brasil, pero parecería inclinarse la balanza a favor del mantenimiento de un Estado Unitario; no obstante dentro de esta última concepción, tampoco hay acuerdo sobre si el modelo ideal sería la conformación de regiones autonómicas similar al español, o sí se adopta por ejemplo el modelo peruano, en el que si bien existen gobiernos regionales autónomos, éstos no poseen Parlamentos locales, sistemas de justicia particulares, ni mucho menos Estatutos Autonómicos.
En todo caso, el tema de las autonomías y la manera de llevarlo adelante dentro de un proceso descentralizador será el reto del nuevo Parlamento Nacional electo en diciembre, y de la voluntad política del nuevo Gobierno. A continuación vamos a ensayar algunos puntos que deberían ser puestos en agenda, de cara a la adopción de un segundo nivel de gobierno -el regional-, pero asumiendo como hipótesis el mantenimiento de un Estado Unitario:
· Resulta crucial determinar la estructura orgánica que van a tener las nueve regiones. Si bien el Prefecto va a desempeñar funciones ejecutivas, es necesario la existencia de un Consejo Regional o Departamental que asuma la función legislativa y fiscalizadora, dentro de su circunscripción jurisdiccional.
· Establecer un sistema electoral que permita superar la crisis de representación que no solamente es monopolio estatal. Es prudente establecer reglas de juego de acceso al poder del Prefecto y de acceso al Consejo Regional (sistema de mayoría versus sistema proporcional).
· Diseñar un adecuado proceso de transferencias sectoriales. Funciones y competencias de alcance regional deberían ser asumidos por los nuevos Gobiernos Regionales, a partir de cronogramas planificados previamente. Se trata de una verdadera descentralización y no solamente de una desconcentración de funciones.
· Implementar un sistema de participación ciudadana que permita una celosa vigilancia ciudadana, pero además que involucre a la sociedad civil en la toma de algunas decisiones de alcance regional.
· Si bien cada región debe recibir los tributos generados en su territorio, deberían adoptarse políticas públicas compensatorias a favor de las regiones menos favorecidas.
· Como quiera que las regiones van a tener que acreditar capacidad de gestión para la asunción de nuevas competencias, es necesario diseñar un Programa Nacional de Capacitación permanente en temas de descentralización fiscal, transferencias, planificación, participación ciudadana, gestión pública regional.
Existen otras medidas no menos importantes, que por razón de espacio no la podemos mencionar. Baste por ahora considerar solamente dichas propuestas, que deberían estar ya en la agenda pública para su debate, debate que no involucre solamente a la clase política e intelectual, sino también se circunscriba en los distintos escenarios sociales como los gremios empresariales, universidades, organizaciones de base, y otros colectivos que forman parte de la sociedad, además del ciudadano individualmente considerado o no organizado.
06/01/2006
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