Sin mayores contratiempos concluyó la consulta popular para la conformación de regiones en 16 departamentos del país, y nuestra primera apreciación es que ha ganado la democracia participativa, puesto que no hay mayor reflejo del derecho fundamental a la participación política que la consulta directa al pueblo sobre su propio destino. Tampoco cabe decir que el triunfo del “NO” es un retroceso o boicot al proceso de descentralización, pues la integración de regiones es un elemento importante de aquel, pero no es el todo.
Tres días previos a la consulta, irresponsablemente el Parlamento pretendió alterar las reglas de juego con el argumento de optimizar la estructura orgánica y la organización de lo que serían las futuras regiones. Intereses políticos deleznables de la derecha y el APRA, sin sólidos argumentos técnicos, hicieron imposible alcanzar los 61 votos que se necesitaban para dar luz verde a las enmiendas propuestas.
No era sorpresa esperar tal actitud del Parlamento, al fin y al cabo su ineficiencia, ineptitud y desprestigio social no permitieron ni permiten esperar decisiones políticas trascendentes, y estimamos que la mejor lección para el peor Congreso de la República es la no reelección de sus miembros en abril del 2006, una suerte de censura ciudadana o sanción moral para quienes antepusieron sus intereses personales antes que los intereses colectivos.
No se necesita ser “gurú” de la descentralización, como algunas ONGs y colectivos municipales creen serlo, para avizorar el resultado del referéndum. Aproximadamente el 70% de la población electoral consultada, frente a un 30%, le dijo no a un proceso de integración regional improvisado, impuesto por ciertas élites, con graves deficiencias técnico normativas, ausente de participación ciudadana y sin rumbo adecuado por la inexistencia de un auténtico ente rector.
Para los que nos consideramos socialistas no cabe imaginar como legítimo -socialmente hablando- procesos impulsados desde arriba, dejando de lado la participación de las organizaciones sociales, colectivos, gremios y sindicatos, empresas, partidos políticos, ciudadanos, entre otros actores. Tampoco cabe imaginar procesos de desarrollo carentes de planificación, más aún tratándose de situaciones delicadas que van a trastocar demarcaciones territoriales históricamente implantadas.
Se sobrevaloraron el tema fiscal, el incremento de poder para lograr mayor fuerza en las negociaciones, el desarrollo económico y el aprovechamiento de economías de escala, pero se descuidó la historia y un factor cultural. Compartimos la tesis de que el diseño departamental del territorio, de influencia francesa y adoptado desde la colonia, no es el óptimo; pero somos conscientes que romper una tradición departamentalista de larga data, acompañada de algunos factores de identidad cultural, no se pueden hacer de la noche a la mañana.
La voluntad popular está a favor de la descentralización, quiere integrarse en regiones y en unidades macro regionales, pero no así. El anterior proceso de regionalización también fracasó, porque fue impuesto unilateralmente por el Gobierno Aprista; si hubiera sido un proceso concertado y participativo probablemente el pueblo se hubiera alzado tras la decisión fujimorista de extinguir las regiones, hasta ese entonces formadas, y dar paso a los Consejos Transitorios de Administración Regional (CTAR).
El resultado categórico ha dado una lección de sabiduría. Las campañas millonarias para manipular el voto no rindieron los frutos esperados. Sin embargo, es necesario trabajar ya, haciendo propuestas que conduzcan a un verdadero proceso de conformación regional. El proceso de descentralización es irreversible y gradual; su continuidad depende de todos los actores involucrados en él, por lo que es imperativo no esperar el último momento para el diseño de políticas públicas tendientes a su fortalecimiento.
En ese ánimo, para que el segundo referéndum no nos agarre improvisados, proponemos lo siguiente:
a) Renuncia inmediata del Presidente y asesores del Consejo Nacional de Descentralización (CND). No se requiere una evaluación por resultados para demostrar la ineficiencia de este organismo público adscrito a la Presidencia del Consejo de Ministros. El CND debe ser reestructurado radicalmente en la elección de sus miembros como en su organización.
b) Instalación y funcionamiento del Centro Nacional de Planeamiento Estratégico (CEPLAN), aprobado por ley pero que hasta el momento no funciona por falta de voluntad política. El CEPLAN debe diseñar, acompañar y concertar con todos los actores sociales y políticos los expedientes técnicos de las futuras regiones. Estos expedientes deben estar abiertos al debate y ser fruto del consenso ciudadano.
c) Modificación del artículo 16 de la Ley de Descentralización Fiscal para otorgar mayores ingresos a los departamentos no integrados. La conformación de regiones o macro regiones no debe ser una condición sine qua non para otorgar mayores ingresos tributarios. Dentro de esta lógica, los departamentos deben recibir los siguientes impuestos efectivamente recaudados en sus jurisdicciones: El 17% por Impuesto General a las Ventas (IGV); El Impuesto Selectivo al Consumo (ISC); El Impuesto a la Renta (IR) obtenido por las rentas pertenecientes a las cinco categorías.
d) Descentralización efectiva de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (SUNAT) para que recaude, fiscalice y distribuya departamentalmente el íntegro de los impuestos generados en sus territorios. Al mismo tiempo, debe modificarse la legislación tributaria sobre domicilio fiscal, que obligue a los contribuyentes a tributar en los departamentos donde efectivamente desarrollen sus actividades.
e) Modificación del artículo 10 de la Ley de Descentralización Fiscal a fin de otorgar potestad tributaria a los Gobiernos Regionales en la creación, modificación y extinción de contribuciones y tasas regionales. Resulta antitécnico la intervención del Parlamento tratándose de tributos distintos a los impuestos.
f) Demanda inmediata y puesta en ejecución de un auténtico plan nacional de fortalecimiento de capacidades a favor de los Gobiernos Regionales, con la finalidad de facilitar la acreditación para recibir competencias y funciones del Gobierno Central. Es crucial incentivar las transferencias funcionales, acompañada del traspaso de los recursos respectivos.
g) Enmienda de la segunda disposición final del Proyecto de Ley de Presupuesto Público para el ejercicio fiscal 2006. Estimamos que los proyectos especiales de inversión de impacto multidepartamental -a cargo del Instituto Nacional de Desarrollo (INADE)- deben transferirse a los Gobiernos Regionales involucrados al margen de si éstos están o no integrados en una sola región.
h) Elaboración de un proyecto de reforma constitucional que regule la organización y estructura orgánica de las futuras regiones. Este diseño orgánico debe recaer en gente especializada y no improvisada, sometido a un debate público en el que participen universidades, organizaciones sociales, instituciones privadas y públicas, etc. Con todos los aportes consensuados la comisión parlamentaria especializada debe emitir el respectivo dictamen para luego ser aprobado por el Pleno del Congreso.
i) Modificación de la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones que promuevan y potencien las Juntas de Coordinación Interregional (JCI) como espacios geoeconómicos provisionales, que generen el desarrollo económico vía convenios de cooperación y sean la base de las futuras regiones. La viabilidad, crecimiento económico y eficiencia funcional de las JCI anticiparán la procedencia de una integración regional.
j) Para tal efecto, los incentivos previstos para las regiones -FIDE, facilidades para endeudamiento, 50% de impuestos nacionales, etc.- deben transferirse a las JCI que se formalicen, respetando el Fondo de Compensación Regional (FONCOR), los recursos ordinarios y otras transferencias que se vienen realizando a favor de los Gobiernos Regionales.
k) No estimamos necesario que el Congreso precise cómo debe computarse la votación en un referéndum de integración regional. El Jurado Nacional de Elecciones es autónomo para resolver cuestiones que versen sobre temas electorales. La interpretación de normas está en manos del aplicador del Derecho, dentro de los parámetros permitidos, y no necesariamente requiere la intervención del legislador.
Consideramos que las enmiendas normativas deben estar en manos del Parlamento que nazca el año 2006. Trabajar con el actual sería sumamente irresponsable, habida cuenta que muchas modificaciones apuntan a leyes orgánicas y a reformas constitucionales que requieren mayorías calificadas para su aprobación. El actual Parlamento está en plena campaña electoral, luego en ocho o diez semanas entrará en receso hasta marzo del año próximo, y en la última legislatura -de marzo a junio 2006- debatirán sus remuneraciones, seguridad social y compensación por tiempo de servicios.
1/11/2005
Fuente de la imagen:
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/es/9/92/Regionesperu2002a.png
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