El proceso de configuración de autonomías regionales en el marco de la descentralización territorial del Estado peruano, merced acaso a una pasión maximalista de los temas afines al mundo municipal, ha quedado rezagado a un segundo plano. Su atención prioritaria en tiempos pre-referéndum y post-referéndum, cuya sumatoria no exceden de 5 meses, demuestran otra vez que en la idiosincrasia peruana no hay visión de futuro, ni un objetivo claro de hacia dónde queremos llegar. Si nuestro punto de llegada resulta inexistente, o en el mejor de los casos muy difuso, mayor será el problema para los decisores políticos que impulsan el aletargado proceso de descentralización, pues resulta complicado diseñar una trayectoria adecuada, capaz de señalar el cauce más o menos racional y técnico del proceso de regionalización (o conformación de autonomías). En estos momento claves, el gobierno, los “analistas políticos”, las ONGs, los “expertos en descentralización” mantienen un mutis casi hereditario.
Estos actores de buena voluntad están esperando las postrimerías del siguiente referéndum para buscar tribunas, y no son conscientes -al menos no lo demuestran- que cuando se asume el reto para descentralizar un Estado, las dificultades no tardan en aflorar. Adoptar un modelo acorde a la realidad social, económica, política y cultural; definir si el modo de implementación va a ser del tipo top-down o bottom-up; establecer los asuntos (issues) y demás lineamientos básicos, la nueva configuración territorial, la intensidad de la descentralización, entre otras tareas, no es sencillo como parece.
Luego de intentos fallidos y retrocesos que afectaron algunos procesos a lo largo del siglo XX, el Perú está atravesando una nueva descentralización del poder. Las disposiciones constitucionales que preveían la existencia de autonomías -dentro de una prescripción unitaria de Estado- y el principio básico de irreversibilidad del proceso, fueron burda retórica para quienes ejercieron el gobierno.
La experiencia descentralista en la primera gestión aprista (1985 – 1990) despertó expectativas en la sociedad y clase política, siendo lo más significativo la conformación de doce regiones “detentadoras” de poder político. No obstante, la debilidad en su ejecución, la confusión entre políticas de gobierno y políticas de Estado, la corrupción campante en el entorno político y la administración pública, y la existencia de una burocracia ineficiente e inepta -de la que Webber sentiría vergüenza ajena- llevaron al gobierno posterior de Alberto Fujimori a extinguir las regiones como órganos de gobierno.
El nuevo proceso que hoy experimentamos, más ambicioso que el de su predecesor aprista -en cuanto a transferencia de poder-, pero más deficiente en cuanto a la configuración territorial, plantea algunas interrogantes que merecen reflexión: ¿Cómo hacer para que este nuevo proceso sea sostenible?; ¿Qué parámetros o pautas debe guiar la configuración de autonomías?; ¿Qué modelo de regionalización resulta viable?; ¿Cuál sería el nuevo papel de las finanzas públicas en un país con regiones conformadas?; ¿Y el sistema tributario para las nuevas regiones?; ¿Cómo serían las reglas de deuda pública y presupuestación para las nacientes autonomías?.
De estas y otras interrogantes he podido advertir que urge realizar estudios comparados sobre descentralización territorial, siendo una opción la experiencia española en la configuración de sus comunidades autónomas. Los estudios comparativos, sin embargo, no deben servir como fundamento para recurrir a izomorfismos miméticos. La importación ligera e improvisada de modelos puede acarrear consecuencias no queridas, habida cuenta que se tratan de realidades disímiles, en donde las particularidades históricas, sociales, económicas, políticas y culturales, predeterminan las condiciones para la implantación de un modelo u otro.
No obstante, siempre subyacen categorías universales y esquemas teóricos con carácter generalizables. Así por ejemplo, el principio de subsidiariedad territorial no es monopolio del proceso de europeización, sino que al lado del principio de exigencia democrática, forma parte del contenido esencial de toda descentralización.
No perdamos de vista que la creación de autonomías regionales en Estados unitarios tiene vinculación directa con la provisión de servicios públicos sociales en beneficio de la comunidad y los ciudadanos. De esta forma, el logro de eficiencia y eficacia en la ejecución de políticas públicas -sociales y sectoriales- es una de las razones cruciales, sino la más importante, que impulsa a los decisores políticos la transferencia de competencias a los niveles de gobierno subnacional, específicamente a las regiones.
En medio de un escenario de mundialización, mercados supranacionales, relaciones económicas de gran escala, tecnologías de la información, se requieren autonomías regionales para encarar nuevos procesos y cambios institucionales. Por lo tanto, la experiencia de las comunidades autónomas en la gestión de políticas públicas es una evidencia empírica de mejora en la eficiente ejecución de competencias transferidas, del cual podría absorberse diseños, mecanismos, herramientas, métodos, generalizables y adaptables a otras realidades no necesariamente homogéneas.
Se avizora un futuro lúgubre para el Perú en su actual intento para descentralizarse. No sólo es el centralismo exacerbado del gobierno nacional que impide su avance, es también la ausencia de voluntad por parte de los policy makers y la carencia de una clase tecnócrata en el diseño e implementación de políticas públicas, sobretodo de aquellas referidas al bienestar social.
La escasa participación ciudadana para involucrarse en la regionalización; el desinterés de las municipalidades para dedicarse medianamente a ella; la inexistencia de especialistas sobre diseño de autonomías; la intervención cuasi política y poco funcional de algunas ONGs; y, la presencia de realidades culturales y socio económicas distintas complican el escenario, al punto que una regionalización improvisada e irresponsable podría traer mayor ineficiencia, agudización de conflictos sociales, e ingobernabilidad.
De estas y otras interrogantes he podido advertir que urge realizar estudios comparados sobre descentralización territorial, siendo una opción la experiencia española en la configuración de sus comunidades autónomas. Los estudios comparativos, sin embargo, no deben servir como fundamento para recurrir a izomorfismos miméticos. La importación ligera e improvisada de modelos puede acarrear consecuencias no queridas, habida cuenta que se tratan de realidades disímiles, en donde las particularidades históricas, sociales, económicas, políticas y culturales, predeterminan las condiciones para la implantación de un modelo u otro.
No obstante, siempre subyacen categorías universales y esquemas teóricos con carácter generalizables. Así por ejemplo, el principio de subsidiariedad territorial no es monopolio del proceso de europeización, sino que al lado del principio de exigencia democrática, forma parte del contenido esencial de toda descentralización.
No perdamos de vista que la creación de autonomías regionales en Estados unitarios tiene vinculación directa con la provisión de servicios públicos sociales en beneficio de la comunidad y los ciudadanos. De esta forma, el logro de eficiencia y eficacia en la ejecución de políticas públicas -sociales y sectoriales- es una de las razones cruciales, sino la más importante, que impulsa a los decisores políticos la transferencia de competencias a los niveles de gobierno subnacional, específicamente a las regiones.
En medio de un escenario de mundialización, mercados supranacionales, relaciones económicas de gran escala, tecnologías de la información, se requieren autonomías regionales para encarar nuevos procesos y cambios institucionales. Por lo tanto, la experiencia de las comunidades autónomas en la gestión de políticas públicas es una evidencia empírica de mejora en la eficiente ejecución de competencias transferidas, del cual podría absorberse diseños, mecanismos, herramientas, métodos, generalizables y adaptables a otras realidades no necesariamente homogéneas.
Se avizora un futuro lúgubre para el Perú en su actual intento para descentralizarse. No sólo es el centralismo exacerbado del gobierno nacional que impide su avance, es también la ausencia de voluntad por parte de los policy makers y la carencia de una clase tecnócrata en el diseño e implementación de políticas públicas, sobretodo de aquellas referidas al bienestar social.
La escasa participación ciudadana para involucrarse en la regionalización; el desinterés de las municipalidades para dedicarse medianamente a ella; la inexistencia de especialistas sobre diseño de autonomías; la intervención cuasi política y poco funcional de algunas ONGs; y, la presencia de realidades culturales y socio económicas distintas complican el escenario, al punto que una regionalización improvisada e irresponsable podría traer mayor ineficiencia, agudización de conflictos sociales, e ingobernabilidad.
02/10/2006
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