El departamento de Lima Metropolitana concentra aproximadamente 7.8 millones de habitantes, de los cuales algo más de 5 millones cuatrocientos tres mil -sin tomar en cuenta la población electoral de la Provincia Constitucional del Callao- ejercerá su derecho fundamental a elegir representantes al Parlamento el mes de abril del año 2006. Alrededor del 30% de la población total peruana habita en Lima departamento, quedando el 70% restante distribuido en los otros 24 departamentos. La Libertad, segundo departamento con mayor número de electores en el país, posee la quinta parte de lo que tiene Lima, y los electores de Piura -el tercero en número- representa la sexta parte en comparación a la capital. Este desbalance electoral de Lima en comparación con el resto de departamentos no tiene parangón alguno, hecho que de por sí amerita otorgarle a la metrópoli un tratamiento especial.
Tomando en consideración el número de electores hábiles del país, el Jurado Nacional de Elecciones, vía Resolución N° 303-2005-JNE (aprobada el 10 de octubre del 2005), estableció la distribución de escaños parlamentarios por cada departamento, manteniendo el statu quo de un sistema electoral caduco y desfasado, que en lugar de superar la crisis de representación ha terminado por consolidarla.
En efecto, con 120 congresistas el Perú no solo está sub representado, sino además cuenta con 25 distritos electorales al interior de los cuales existe un divorcio real entre representantes y representados. Este problema medular pudo haber sido resuelto en su oportunidad con la aprobación de un nuevo Código Electoral; no obstante, el Parlamento claudicó en su función legislativa y se enfrascó en reformas a la Ley de Partidos Políticos, que además de inoportunas destacaron por su nimiedad.
¿A qué se debe el divorcio entre representados y representantes? Las razones de este divorcio la podemos resumir en: inadecuado sistema electoral en cuanto a la asignación de escaños; diseño de distritos electorales sobre la base de departamentos; estigmatización de los partidos políticos por parte de la ciudadanía; ejercicio de funciones parlamentarias en torno a intereses particulares; ausencia de mecanismos eficaces de rendición de cuentas; inexistencia de revocatoria congresal; entre otras de menor importancia.
Por razones de espacio nos centraremos en las dos primeras razones esbozadas en el párrafo anterior; luego ensayaremos algunas propuestas de solución que podrían aplicarse al caso de Lima por su poblacional electoral sui géneris.
De acuerdo a nuestra Ley Orgánica de Elecciones, la asignación de escaños se produce en base al sistema proporcional en su variante de Hond’t. A diferencia del sistema de mayoría, en el que solo un partido se queda con el escaño en disputa, el proporcional supone el reparto de los escaños entre varios partidos políticos, en base a la votación obtenida por cada uno de ellos dentro de un distrito electoral determinado.
Dada la existencia de un número elevado de partidos políticos en el Perú, y como quiera que una de las ventajas del sistema proporcional es fomentar la participación de partidos minoritarios al interior del Parlamento, nuestro sistema electoral no parece ser inadecuado. Sin embargo, el problema radica en que el sistema, de acuerdo a la doctrina electoral, posee tres variantes, siendo la de Hond’t menos representativa que la variante del resto mayor.
De otro lado, el diseño de distritos electorales está dado sobre la base de los departamentos, siendo por tanto 25 distritos entre los que deben distribuirse 120 escaños, en proporción a sus respectivas poblaciones electorales. No obstante, consideramos que 120 curules parlamentarios para un promedio de 13 millones de electores es poco representativo, puesto que por cada 109 mil habitantes existe un congresista.
A su vez, la centralización de los departamentos ha originado que los representantes provengan en su mayoría de las capitales de departamento o de la provincia principal, quedando el grueso de las provincias -y sus respectivos distritos- al margen de toda representación. ¿Quiénes son los grandes perjudicados? La población rural, las comunidades campesinas y nativas que normalmente habitan las provincias alejadas de los departamentos y castigadas por la pobreza, la inequidad, la exclusión social y el subdesarrollo.
Finalmente, el actual diseño de circunscripciones electorales en base al nivel departamental, conlleva la siguiente paradoja: Distritos de Lima como San Juan de Lurigancho, Villa el Salvador, Comas, poseen más electores que los departamentos de Ucayali, Amazonas, Tumbes, Madre de Dios; sin embargo, carecen de representante alguno en el Parlamento, a pesar de haberse asignado a Lima departamento 35 escaños.
Esta problemática compleja nos lleva a proponer, en primer lugar, la instauración de un Parlamento bicameral, cuyo número de diputados se incremente de 120 a 180, sin que ello suponga de manera alguna el aumento del techo presupuestal de este Poder del Estado. En estas condiciones, tendríamos un aproximado de 75 mil ciudadanos por cada diputado, siendo más factible concretizar mecanismos de rendición de cuentas, vigilancia ciudadana y auditoria social sobre nuestros representantes.
En segundo lugar, estimamos que de mantenerse el sistema electoral proporcional debe cambiarse la fórmula de Hond’t y adoptarse la variante del residuo mayor. Con esta enmienda se logrará que un mayor número de partidos políticos pequeños o menores tengan representación congresal, aunque ello -para algunos politólogos- sea “contraproducente” a la estabilidad del sistema político, al tener al frente un Congreso fragmentado. Finalmente siempre perdurará el enfrentamiento “mayor participación” versus “estabilidad”.
El distrito electoral de Lima Metropolitana debería fragmentarse en tantos distritos electorales como número de escaños tenga asignados. De esta forma, cada sub distrito electoral poseerá una representación en el Parlamento, transitándose por tanto de un sistema proporcional a uno de mayoría o de distritos uninominales. Si se desea mantener distritos plurinominales, el mecanismo sería dividir Lima en cuatro distritos electorales, siendo la asignación de escaños en base a los 4 conos (Norte, Sur, Este y Oeste), repartidos proporcionalmente en base a sus poblaciones electorales.
Estas propuestas de enmienda a nuestro sistema electoral deberían ser consideradas dentro de los lineamientos programáticos de los partidos políticos que aspiran ser gobierno. En aras de salvaguardar el Principio de Seguridad Jurídica la reforma debe operar en las elecciones del año 2011, pues la contienda electoral del año 2006 está a la vuelta de la esquina, y con todas sus imperfecciones habrá que asumirla, aunque los partidos políticos podrían comprometerse a designar para el 2006, y vía primarias, candidatos que representen a los diferentes distritos o conos de Lima.
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